Las intervenciones, enfocadas en el mantenimiento y reubicación de postes, impactarán comunidades en las provincias de San José y Heredia.

La empresa estatal confirmó la ejecución de trabajos de infraestructura eléctrica que exigirán interrupciones temporales y focalizadas del suministro. Estas labores responden a las metas de modernización, mantenimiento preventivo y obras por contrato que desarrolla la compañía en su área de concesión.

Las suspensiones afectarán parcialmente distintos cantones josefinos como Vázquez de Coronado, Escazú y distritos centrales como Pavas y Zapote. En la provincia herediana, los trabajos se concentrarán en el cantón de Santo Domingo.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía y comercios de las áreas involucradas tomar previsiones para mitigar las afectaciones logísticas.

A continuación, se detalla el cronograma oficial y las áreas específicas de trabajo anunciadas por la CNFL para esta semana:

Lunes 21 de septiembre

San José, Vázquez de Coronado, Dulce Nombre (Parcial)

• Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
• Sector afectado: Dulce Nombre, del Palí 75 metros al este y 75 metros al sur (Urbanización La Cañada).
• Clientes afectados: 51.
• Motivo: Mantenimiento preventivo de obras eléctricas.

Heredia, Santo Domingo, Santo Domingo (Parcial)

• Horario: 8:00 a. m. - 4:00 p.m.
• Sector afectado: Avenida 6 Gaspar Chacón, desde el mural histórico cultural hacia el noreste, hasta el Ministerio de Salud.
• Clientes afectados: 13.
• Motivo: Obras por contrato y extensión de líneas secundarias.

Martes 22 de septiembre

San José, Central, Pavas, Urbanización Santa Catalina (Parcial)

• Horario: 7:30 a. m. - 5:00 p. m.
• Sector afectado: De la entrada del parqueo del Colegio Británico, 50 metros al oeste y 50 metros al norte.
• Clientes afectados: 54.
• Motivo: Relocalización de postes y obras por contrato.

San José, Escazú, Trejos Montealegre (Parcial)

• Horario: 7:30 a. m. - 4:30 p. m.
• Sector afectado: Zonas aledañas al Condominio Elizabeth, Indigo Armonía, Terruño Empanadas y Parrilladas, Casa Tropical y Condominio Quartier
• Clientes afectados: 336.
• Motivo: Traslado de cableado secundario e instalación de línea trifásica.

San José, Central, Zapote (Parcial)

• Horario: 8:00 a. m. - 4:00 p. m.
• Sector afectado: 100 metros al sur de panadería La Selecta en Barrio Córdoba.
• Clientes afectados: 1.062.
• Motivo: Relocalización de postería y construcción de obras eléctricas.

San José, Montes de Oca, San Pedro (Parcial)

• Horario: 8:00 a. m. - 4:30 p. m.
• Sector afectado: De la Universidad Creativa, sobre vía nacional 203, 1,4 kilómetros hasta 50 metros antes del Condominio La Alameda al norte y 450 metros al sur, hasta el cruce de los semáforos.
• Clientes afectados: 1.879
• Motivo: Mantenimiento preventivo.

San José, Central, Carmen (Parcial), Catedral (Parcial)

• Horario: 8:00 a. m. - 4:00 p. m.
• Sector afectado: Calle 1 a Calle 7, Avenida 2 a Avenida 3
• Motivo: Mantenimiento de red de media tensión subterránea.

Miércoles 23 de septiembre

San José, Central, Pavas, Urbanización Santa Catalina (Parcial)

• Horario: 7:30 a. m. - 5:00 p. m.
• Sector afectado: De la entrada del parqueo del Colegio Británico, 50 metros al oeste y 50 metros al norte.
• Clientes afectados: 54.
• Motivo: Relocalización de postes.

San José, Goicoechea, Calle Blancos (Parcial)

• Horario: 8:00 a. m. - 4:00 p. m.
• Sector afectado: Desde el Bar Cinco Esquinas, 1,2 km al este hasta las cercanías de la Parroquia San Rafael Arcángel en Calle Blancos, servicios parciales al recorrido indicado.
• Clientes afectados: 708.
• Motivo: Mantenimiento preventivo.

Heredia, Santa Bárbara, San Juan (Parcial)

• Horario: 8:00 a. m. - 4:00 p. m.
• Sector afectado: Del cruce, San Pedro 175 metros al norte.
• Clientes afectados: 128.
• Motivo: Relocalización de postería.

Jueves 24 de septiembre

San José, Central, Pavas, Urbanización Santa Catalina (Parcial)

• Horario: 7:30 a. m. - 5:00 p. m.
• Sector afectado: Del costado este de Presto Cash, 200 m al norte.
• Clientes afectados: 54.
• Motivo: Extensión de líneas secundarias.

San José, Escazú, San Rafael (Parcial)

• Horario: 8:00 a. m. - 3:00 p. m.
• Sector afectado: Country Day 300 metros al sur del restaurante Vista de Oro.
• Clientes afectados: 16.
• Motivo: Extensión de líneas secundarias.

San José, Moravia, San Jerónimo (Parcial)

• Horario: 8:00 a. m. - 3:00 p. m.
• Sector afectado: Calle Braulio Carrillo.
• Clientes afectados: 118.
• Motivo: Relocalización de postería.

San José, Alajuelita, San Felipe (Parcial)

• Horario: 8:00 a. m. - 4:00 p. m.
• Sector afectado: Las urbanizaciones Tejarcillos, García Monge y Urbanización Juan Rafael Mora.
• Clientes afectados: 1.992.
• Motivo: Mantenimiento preventivo.

San José, Central, Carmen (Parcial), Catedral (Parcial)

• Horario: 8:00 a. m. - 3:00 p. m.
• Sector afectado: Calle 01 a calle 07, avenida 00 a avenida 02.
• Clientes afectados: 91.
• Motivo: Mantenimiento de red de media tensión subterránea.

Viernes 25 de septiembre

San José, Escazú, San Rafael (Parcial)

• Horario: 8:00 a. m. - 3:00 p. m.
• Sector afectado: De La Paco, 1 km al norte y 75 metros al oeste.
• Clientes afectados: 28.
• Motivo: Mantenimiento preventivo.

La CNFL recuerda que los usuarios del servicio eléctrico ubicados en zonas cercanas a los sectores directamente afectados podrían experimentar ligeras perturbaciones.

Se recomienda desconectar los equipos eléctricos sensibles como medida de precaución.

La última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) determinó que solo un 13% de la población mayor de 18 años se considera “chavista”, mientras que solo un 12% se dice “antichavista”.

En otras palabras, hasta un 75% —tres de cada cuatro costarricenses— no se coloca ninguna de las etiquetas.

Según el CIEP-UCR, el dato es relevante “en un contexto de aparente polarización”. Contrario a lo que se podría sospechar, “la población, en general, no se matricula mayoritariamente en dos bandos”.

Cuestión de intensidades

Solo un 13% de la población costarricense se dice “chavista”.

Esa proporción apenas supera una tercera parte de la población que votó por la continuidad del proyecto del expresidente Rodrigo Chaves en el poder (un 33,3% del padrón total) y una quinta parte de quienes dicen tener una opinión favorable del Gobierno según los cálculos del CIEP (59%).

Esto ocurre porque el apoyo puede tener distintos tipos de intensidades, al igual que pasa en otros ámbitos sociales o políticos. De la misma forma que un equipo de fútbol puede tener al mismo tiempo el respaldo de una barra organizada, de fanáticos y de personas que apenas ven un partido de vez en cuando, un movimiento político puede contar con el respaldo de personas que se adhieren completamente a él y de otros que solo se suman en el momento de la votación o que reconocen algunos de sus aspectos positivos, sin llegar a votarlo.

Ronald Alfaro, politólogo del CIEP, explicó la situación en una entrevista con EF previa a las elecciones.

Según decía, era poco probable que el 60% de la población que respaldaba al gobierno del expresidente Chaves saliera en masa a votar por la candidatura continuista de Laura Fernández, justamente porque una porción importante de las personas que valoran correctamente una administración pueden valorar aún mejor a otra opción política o hacerlo de una forma tan tenue que no es suficiente para que quieran salir de su casa en el día de la elección.

En palabras más sencillas, una persona puede tener una percepción positiva de un gobierno, pero no lo suficiente como para movilizarse o convertirlo en parte de su identidad.

El antichavismo

Algo similar ocurre con “el antichavismo”, en el otro extremo.

Si bien hay un 41% de la población que no opina positivamente del Gobierno, solo un 24% tiene una percepción completamente negativa sobre él. El 17% asegura tener una visión neutra; es decir, ni le gusta ni le disgusta la administración.

Y la proporción de personas que se dicen abiertamente “antichavistas” es todavía menor. Solo un 12% de la población mayor de 18 años se describe de esa manera.

Especialistas del Observatorio de la Política Nacional de la UCR (OPNA) sostienen que la administración del expresidente Rodrigo Chaves y la continuidad impulsada por la presidenta Laura Fernández han desarrollado una estrategia polarización y campaña permanente, con el objetivo de consolidarse como un movimiento político de largo plazo. Confrontar con otras identidades políticas en nombre de “el pueblo”, explican, justifica y valida su existencia política para muchas personas.

Sin embargo, los datos parecen demostrar que esa polarización apenas es parcial hasta este momento. El chavismo y el antichavismo sí existen, pero solo aglutinan a uno de cada cuatro costarricenses en conjunto; mientras que el resto de la población se mantiene relativamente ajena de esa disputa.

Ronald Alfaro explicó que el chavismo es una “identidad” política que recién nace y que se va desarrollando en Costa Rica. Si continúa con su dinámica de confrontación, añadió, es probable que también surjan otros movimientos antagónicos diferentes a los que ya conocemos.

Para Alfaro, un ejemplo de esa dinámica es la que se ha visto en Estados Unidos, tras el surgimiento de Donald Trump dentro del Partido Republicano.

El presidente estadounidense construyó el movimiento político MAGA (Make America Great Again) a partir de su confrontación con otros actores políticos más tradicionales y, conforme pasaron los años, en la oposición han ido ganando terreno actores distintos a los demócratas liberales tradicionales, como los demócratas socialistas y los socialdemócratas.

Un respaldo que cuestiona

Las cifras que revela el estudio del CIEP implican un reto importante para el chavismo que encabezan el expresidente Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, y la presidenta Laura Fernández.

Solo un 13% se matricula al 100% con su proyecto político, pero el resto de las personas que hoy respaldan al Gobierno lo hace con intensidades muy variadas, que podrían resultar volátiles en los próximos años.

Eso se evidencia en otros datos del estudio de opinión del centro universitario.

A pesar de que casi un 60% de la población respalda al Ejecutivo, solo un 45.3% de la población dice tener “alguna” o “mucha” confianza en que el Ejecutivo logre resolver el principal problema del país.

Además, hasta cuatro de cada 10 de las personas que dicen apoyar al Gobierno (un 39% de ese grupo) asegura que su opinión podría “empeorar” en caso de que las condiciones de vida de la población “se mantengan igual”. Es decir, el respaldo a la administración no implica un voto de fidelidad, una fe ciega, ni un cheque en blanco.

El país mejoró un poco en ciencias desde 2022, aunque ese avance fue bastante menor que las mejoras observadas en los países que más progresaron. En lectura y matemática no hubo cambios estadísticamente significativos, y las tres materias presentan resultados inferiores a los de 2012. Por ende, deben preocupar tanto la persistencia de los bajos niveles de aprendizaje como el deterioro observado en algunas áreas durante más de una década.

Parte de esta trayectoria, sin embargo, tiene una explicación que merece reconocerse. Durante la última década, Costa Rica amplió el acceso a secundaria hacia poblaciones antes excluidas, lo que puede reducir el promedio al incorporar estudiantes con mayores rezagos que antes no habrían participado en PISA. Al enfocarse en el 25% de jóvenes de 15 años con mejor desempeño, un grupo que probablemente habría sido elegible para PISA incluso antes de la expansión, la OCDE encuentra una trayectoria más favorable que la que muestran los promedios generales. Esto no permite determinar cuánto de la caída de los promedios responde a la expansión del acceso, ni implica que, sin ella, el desempeño del país sería estelar.

Pero reconocer este matiz sobre la expansión del acceso no reduce la responsabilidad del sistema. Al contrario, haber ampliado el acceso aumenta la responsabilidad de enseñar bien a quienes llegan con trayectorias y condiciones de origen muy distintas. Por ejemplo, en ciencias, la mayor parte de la variación del desempeño se encuentra entre estudiantes de un mismo centro educativo, lo que significa que dentro de una misma institución conviven niveles de aprendizaje muy diferentes. Por ello, identificar los colegios con mayores necesidades sigue siendo importante, pero no es suficiente. También tenemos que reconocer a los estudiantes que se están quedando atrás dentro de cada institución y ofrecerles apoyos acordes con lo que saben y necesitan aprender.

Tampoco resulta convincente atribuir estos resultados simplemente al desinterés de los jóvenes. Los estudiantes costarricenses reportan mayores niveles de curiosidad y perseverancia, y una valoración más positiva del colegio, que sus pares de la OCDE. Estas actitudes conviven con problemas serios de inasistencia y acoso escolar, pero muestran una disposición sobre la cual podemos trabajar. Nos corresponde preguntarnos por qué ese interés no se traduce en mejores aprendizajes y qué necesitan los docentes para aprovecharlo.

Aprovechar esa disposición también requiere atender las carencias materiales, aunque existe una fuerte base de evidencia científica que muestra que más recursos por sí solos no garantizan mejores aprendizajes. El 68% de los estudiantes asiste a centros cuyos directores reportan que la falta de materiales educativos dificulta la enseñanza. Pese a la obligación de financiamiento establecida en nuestra Constitución Política, el gasto público en educación pasó del 7,1% del PIB en 2017 al 5,3% en 2023. Recuperar parte de ese terreno puede ayudar, pero la discusión no puede terminar en cuánto gastamos, pues también importa mucho qué hacemos con esos recursos. La evidencia internacional muestra que proporcionar equipos y otros insumos sin atender las dificultades de enseñanza e implementación suele producir pocos avances en aprendizaje. Financiar adecuadamente la educación y exigir que esa inversión se traduzca en mejores aprendizajes son responsabilidades complementarias.

La buena noticia es que no tenemos que diseñar las reformas desde cero. Existe conocimiento acumulado sobre intervenciones que ajustan la enseñanza al nivel de aprendizaje de los estudiantes y acompañan a los docentes con materiales, formación y apoyo continuo, con resultados favorables en distintos países con niveles de desarrollo parecidos al nuestro. Costa Rica puede aprovechar esa experiencia para diseñar apoyos focalizados, adaptarlos a nuestro contexto y evaluar sus resultados antes de ampliarlos.

La propia riqueza de PISA ilustra otra parte de la respuesta: necesitamos mejores datos y usarlos mejor. Una evaluación puede identificar rezagos, reconocer fortalezas y cuestionar explicaciones que parecían evidentes. Necesitamos esa capacidad de diagnóstico mucho antes de los 15 años, y con mayor frecuencia y cobertura que la que ofrecen las evaluaciones internacionales. Para ello, hacen falta evaluaciones oportunas desde los primeros grados, cuyos resultados ayuden a los docentes a decidir qué reforzar y a quién apoyar. También necesitamos comprobar rigurosamente si los programas que implementamos funcionan. Detectar dificultades cuando ya se han acumulado durante años reduce nuestras posibilidades de atenderlas y aumenta el costo para los estudiantes y sus familias.

Las consecuencias de estos resultados trascienden al sector educativo. Menos del 1% de los estudiantes alcanza los niveles más avanzados en al menos una de las tres materias, una base demasiado reducida para un país que aspira a sostener su desarrollo mediante actividades de mayor innovación y productividad. Al mismo tiempo, el rezago extendido puede dificultar que muchos jóvenes continúen formándose y aprovechen los cambios tecnológicos. Costa Rica ha construido buena parte de su desarrollo sobre la educación. Sostener esa apuesta exige que ampliar el acceso sea solo el comienzo, y que cada etapa de la trayectoria educativa se traduzca en capacidades reales para la vida y el trabajo.

---

El autor es economista especializado en educación y desarrollo.

Aunque no alcanzó la mayoría absoluta no podrá formar gobierno por la oposición del resto de partidos. Estos comicios provocan importantes ondas de choque.

El impacto sobre la estabilidad alemana es grande. El golpe para los partidos tradicionales ha sido significativo y fragiliza el equilibrio político. Alimenta las tensiones en la coalición gobernante y refuerza presiones sobre los moderados, acusados de no frenar el avance populista.

Las fuertes raíces de la extrema derecha, en un estado que fue parte de la Alemania comunista, refuerza su avance en el Este de Alemania. Aún aislada, logra imponer temas como la inmigración, oposición a las políticas climáticas y sentimiento de marginación en el centro del debate nacional.

Las repercusiones para Europa resuenan con fuerza; el debilitamiento de la tradicional imagen de estabilidad alemana es una de ellas, para sus socios de la Unión Europea envía el mensaje de que Alemania sufre también de polarización y fragmentación.

La línea dura de AfD sobre la inmigración empuja a los partidos tradicionales a endurecer sus posiciones, a más control de fronteras de la UE y a políticas de asilo restrictivas.

Un nuevo énfasis de Berlín sobre sus políticas internas, pensando en las próximas elecciones, limitaría el rol del país en los temas de integración y reestructuración europea.

Otros países europeos viven situaciones similares de ascenso de las ultraderechas. Aunque estos procesos nacionales guardan similitudes, su desarrollo está vinculado al sistema electoral, la estructura de clases y las historias concretas.

Esta subida ha resucitado los fantasmas del regreso a los años treinta y algunos han aplicado a Alemania la expresión de Zar Nicolas I de Rusia, a mediados del siglo XIX, refiriéndose al Imperio Otomano, como el enfermo de Europa, por pérdidas de territorios y crisis.

Alemania vive todavía los problemas de su reunificación, sufre del estancamiento del PIB, altos costos de energía, de la crisis en Ucrania y de la competencia con China.

¿Es una enfermedad parecida a la otomana?

---

Constantino Urcuyo Fournier es abogado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París. Catedrático de la Universidad de Costa Rica, exdiputado y director académico del Ciapa. Profesor visitante en las universidades de Tulane y Salamanca. También es consultor internacional y nacional para diversas empresas.

Es normal que tanto ejecutivos como colaboradores busquen herramientas que les permitan trabajar más rápido, con mayor comodidad, productividad y agilidad, en comparación con las soluciones corporativas disponibles que consideran inadecuadas.

O que lo hagan porque la adquisición de activos tecnológicos es lenta, esperan encontrar en el entorno laboral la misma experiencia de aplicaciones intuitivas que tienen en su vida personal. El trabajo remoto, favorecido por la computación en la nube, también impulsa a las personas a usar herramientas personales para acceder a la información y a los sistemas corporativos desde distintas ubicaciones.

Puede ser que ejecutivos y colaboradores busquen tecnologías para cumplir sus funciones en áreas del negocio como mercadeo, ventas, finanzas o recursos humanos o simplemente consideren que sus dispositivos o software personales son más fáciles de usar que las herramientas corporativas.

Esta práctica se conoce como Bring Your Own Device (BYOD) cuando hay una autorización y como Shadow IT cuando no la hay. El común denominador es que unos y otros desconocen los peligros para sus organizaciones.

“En nuestra experiencia, el crecimiento del Shadow IT suele ser una consecuencia de una demanda legítima del negocio que no es atendida con la velocidad esperada”, dijo Miguel Caldentey, socio de asesoría y consultoría para Deloitte.

¿Cuál es la solución? “El equilibrio se alcanza mediante una política formal de BYOD y el uso controlado de aplicaciones”, dijo Erick Argüello, gerente de ESET Costa Rica.

Los peligros son permanentes. Por ejemplo, los ciberdelincuentes pueden utilizar técnicas mediante pantallas falsas para robar información sin que el usuario lo note, lo que se conoce como el Screen Overlay. Así capturan claves y contraseñas de cuentas bancarias.

“Son una evolución de las técnicas tradicionales de fraude digital”, explicó José Amado, gerente de la práctica de identidades digitales en Sisap. “Ya no se trata únicamente de engañar al usuario mediante correos electrónicos falsos. Ahora los atacantes buscan infiltrarse en los dispositivos y aprovechar la confianza que las personas depositan en sus aplicaciones cotidianas”.

Un informe global de la firma Deloitte, basado en una consulta a 1.058 líderes de negocio y tecnología en 43 países, mostró que solo el 70% de las organizaciones reportaron haber implementado ampliamente acciones concretas de preparación. Aún así, el 78% reportó al menos una brecha de ciberseguridad durante 2025. El país no está libre de este tipo de situaciones.

Las empresas de Costa Rica se encuentran dentro del foco de interés de los ciberatacantes. Según Fortinet, durante la primera mitad de 2026 se detectaron en el país 313 millones de eventos maliciosos.

“Existe una actividad automatizada buscando constantemente infraestructura expuesta, servicios disponibles y posibles vulnerabilidades”, advirtió Arturo Torres, director regional de inteligencia de amenazas de Fortinet.

Amenazas al por mayor

Si bien para una empresa puede ser menos costoso que sus ejecutivos y el personal recurran a sus propios equipos y sistemas tecnológicos, enfrenta cuatro tipos de riesgos de protección de la información corporativa.

Un dispositivo personal suele carecer de actualizaciones, cifrado, antivirus, autenticación robusta o controles de acceso. Además, se almacena información en servidores externos, se comparte con terceros o se utiliza para entrenar modelos de inteligencia artificial. A partir de ahí, todo puede suceder.

El primer tipo de riesgo es propiamente de ciberseguridad, que incluye la posibilidad de fuga, filtración o pérdida de información sensible, robo de credenciales, accesos no autorizados a datos corporativos, incremento de la superficie de ataque para ciberdelincuentes, infecciones por software malicioso y secuestro de datos para extorsión (ransomware). Además, si un empleado abandona la empresa, se produce la pérdida de información comercial. En caso de incidente, la capacidad de respuesta se ve limitada.

El segundo es de cumplimiento, lo que abarca incumplimiento de normativas de protección de datos, violaciones a políticas internas de seguridad y gobierno corporativo, y exposición a sanciones regulatorias.

El tercero es operacional, incluyendo duplicidad de información, falta de respaldo y recuperación de datos, dependencia de herramientas no gestionadas y dificultades para garantizar continuidad del negocio.

Y el cuarto es de carácter financiero y reputacional, con costos asociados a incidentes de seguridad, pérdida de confianza de clientes y socios e impacto en la reputación corporativa.

El problema más preocupante es que muchas organizaciones desconocen el volumen real de aplicaciones utilizadas fuera de los controles oficiales, lo que genera puntos ciegos dentro de su ecosistema digital.

Todos esos peligros no implican que se deba prohibir totalmente el uso de herramientas digitales personales.

“No son situaciones contrarias. De hecho, las organizaciones más maduras buscan precisamente ese equilibrio”, dijo Caldentey, de Deloitte. “La visión moderna de la seguridad no consiste en prohibir, sino en habilitar el negocio de manera segura”.

Un enfoque extremo de control reduce la productividad e incentiva todavía más el uso de móviles y computadoras a espaldas de la organización, mientras la flexibilidad sin controles adecuados puede incrementar exponencialmente las amenazas.

El punto de equilibrio se logra cuando la organización entiende las necesidades reales de los usuarios, cuando existen mecanismos ágiles para aprobar nuevas herramientas, cuando los dispositivos y aplicaciones se incorporan bajo esquemas de gestión y monitoreo, y cuando se aplican controles de seguridad. En otras palabras, el objetivo debe ser transformar el BYOD en un entorno gobernado y visible para la organización.

“La empresa puede permitir dispositivos personales siempre que cumplan requisitos mínimos de seguridad, como cifrado, actualizaciones, bloqueo de pantalla y autenticación multifactor. También se puede separar la información personal de la corporativa mediante contenedores seguros o perfiles de trabajo”, dijo Argüello.

La opción es la “gobernanza inteligente”, que abarca acciones clave como escuchar y entender por qué los usuarios buscan herramientas alternativas, simplificar los procesos de aprobación tecnológica, reduciendo tiempos y burocracia, e implementar modelos de autoservicio controlado donde los usuarios soliciten y adopten herramientas aprobadas de forma ágil.

Asimismo, se debe aumentar la visibilidad tecnológica mediante la identificación de los sistemas y dispositivos utilizados dentro de la organización; capacitar continuamente a los colaboradores; y aplicar monitoreo basado en riesgos, dejando controles más rigurosos sobre los datos y procesos críticos. “La clave es ofrecer una experiencia digital segura y también sencilla”, recalcó Caldentey.

Es decir, ofrezca alternativas corporativas que sean seguras, accesibles y fáciles de utilizar. “Cuando las herramientas aprobadas son demasiado complejas o no responden a las necesidades del negocio, los usuarios buscan soluciones por su cuenta”, recalcó Argüello.

Enfoque integral

Implemente un enfoque integral que incluya:

Gobierno y políticas: definir una política formal sobre Shadow IT, BYOD y el uso de servicios en la nube; establecer responsabilidades claras entre negocio, TI y ciberseguridad; crear procesos ágiles para la evaluación y aprobación de nuevas aplicaciones.

Tecnología: implementar herramientas de descubrimiento de activos y aplicaciones; adoptar soluciones de gestión unificada de dispositivos; utilizar mecanismos de gestión de acceso e identidad; implementar autenticación multifactor y aplicar principios de Zero Trust.

Protección de datos: clasificar la información según su criticidad, implementar controles de prevención de pérdida de datos y cifrar información sensible tanto en tránsito como en reposo.

Cultura organizacional: capacitar periódicamente a los colaboradores; promover una cultura de responsabilidad digital; y convertir al departamento de tecnología de la información en un socio estratégico del negocio y no solamente en una función de control.

Monitoreo continuo: identificar aplicaciones no autorizadas; revisar periódicamente riesgos emergentes; desarrollar indicadores de adopción y cumplimiento; crear un inventario de dispositivos, aplicaciones y cuentas utilizadas.

Medidas puntuales

—Implementar autenticación multifactor y acceso basado en identidad.

—Utilizar soluciones de gestión de dispositivos, como MDM o UEM.

—Separar la información corporativa de los datos personales.

—Aplicar cifrado tanto en los dispositivos como en las comunicaciones.

—Mantener sistemas y aplicaciones actualizados.

—Limitar privilegios y aplicar el principio de mínimo acceso.

—Utilizar soluciones de detección y respuesta en endpoints.

—Controlar el uso de aplicaciones SaaS y herramientas de inteligencia artificial.

—Establecer procedimientos para borrar información corporativa de manera remota.

—Capacitar a los colaboradores sobre phishing, protección de credenciales y manejo de información sensible.

—Revisar periódicamente los permisos y retirar accesos cuando una persona cambia de función o abandona la empresa.

Fuente: Deloitte y Eset

El nombramiento es por tiempo indefinido, condicionado a la aprobación de un periodo de prueba.

La persona que resulte seleccionada asumirá funciones relacionadas con la planeación, organización, control y evaluación de la planificación estratégica y operativa de la institución.

Entre sus tareas específicas destacan formular y dar seguimiento al Plan Anual Operativo (PAO), desarrollar el sistema de indicadores institucionales y administrar el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional.

Requisitos para aplicar

Para postularse a la vacante de categoría Profesional 2, los aspirantes deben contar con el grado de licenciatura o maestría en áreas vinculadas al cargo.

Específicamente, se requiere formación disciplinar en planificación económica y social o planificación y promoción social. También pueden aplicar profesionales en administración pública, administración de empresas, dirección de empresas o gestión de proyectos, siempre y cuando posean formación y conocimientos indispensables en planificación.

Sinaes valorará como un aspecto deseable que los candidatos posean una maestría en gestión de la innovación, prospectiva estratégica, administración de proyectos, evaluación de políticas públicas o ciencia de datos aplicada.

A nivel legal, es obligatorio estar incorporado y activo en el colegio profesional respectivo, así como contar con una póliza de fidelidad y rendir la declaración jurada de bienes.

Finalmente, la institución exige un mínimo de cuatro años de experiencia en labores relativas al cargo. De este periodo, al menos dos años deben haberse ejercido dentro de la administración pública, con énfasis en procesos de planificación, formulación de planes operativos, indicadores y gestión de proyectos.

Los interesados deben presentar certificados que validen sus conocimientos en el manejo de herramientas tecnológicas, como Microsoft Project, Excel avanzado y Power BI, y es obligatorio dominar metodologías de planificación y vinculación presupuestaria.

El dominio de la legislación nacional también es un requisito excluyente, pues los postulantes deben certificar conocimientos en normativas como la Ley del Sistema Nacional de Planificación, la Ley General de la Administración Pública (6227) y la Ley General de Control Interno (8292).

Condiciones salariales y aplicación

La plaza de gestor de planificación opera bajo el régimen de salario único y cuenta con una remuneración bruta de ¢1.479.500 mensuales.

Entre los beneficios asociados al cargo se encuentran el régimen de pensiones de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), el acceso a la asociación solidarista y la posibilidad de acogerse a un contrato de teletrabajo, según la política vigente de la entidad.

El periodo de recepción de atestados estará habilitado hasta el próximo 25 de setiembre a las 4 de la tarde y todo el trámite es completamente digital, pues la institución no recibirá documentos físicos.

Las personas que cumplan con todos los requisitos deben ingresar al sitio web del Sinaes, dirigirse al apartado de Talento Humano y leer el cartel del concurso CA-03-2026.

En esa misma sección encontrarán el formulario de declaratoria de interés, el cual debe ser completado durante el proceso. Únicamente los oferentes que superen el filtro inicial serán contactados mediante correo electrónico para que presenten sus atestados completos.

La actividad se extenderá de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en el tercer piso de Plaza San Pedro (también conocido como Outlet Mall).

La feria es organizada por la Unidad de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de Montes de Oca y cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Empleo (ANE).

Durante la jornada, las personas participantes podrán conocer la oferta de diversas compañías y postular a sus puestos disponibles, además de conocer a los equipos de reclutamiento.

Talleres de preparación laboral

Además de las oportunidades laborales, el evento también ofrecerá espacios de capacitación y charlas orientadas a fortalecer las herramientas de empleabilidad de los asistentes.

La programación de talleres, cuya inscripción es gratuita, es la siguiente:

• A las 11 de la mañana: Taller de preparación para entrevistas laborales.
• A las 2 de la tarde: Taller para la elaboración y mejora del currículum vitae (CV).

A lo largo del día también se impartirán charlas de orientación con recomendaciones para optimizar los procesos de búsqueda de empleo y mejorar la presentación del perfil profesional.

Las personas interesadas en asistir deben completar de forma previa el siguiente formulario de registro en línea.

Se trata de las partidas 4, 5 y 6 correspondientes a los elementos de la conectividad (conocidos como backhaul) y que permitirán conectar las radiobases con el núcleo, así como transmitir la información con la capacidad, velocidad y disponibilidad que requiere esta tecnología.

Este bloque fue otorgado a la empresa IT Servicios de Infocomunicación S. A. por $38,8 millones. En este proceso, el operador público recalcó que se concluyeron las etapas correspondientes del procedimiento de contratación tramitado mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

El Instituto recalcó que la contratación de este componente sigue los lineamientos de la Contraloría General de la República.

“Es un paso fundamental para completar la infraestructura que sustentará la red 5G”, dijo Óscar Romero, gerente de Telecomunicaciones del ICE. “Avanzamos con responsabilidad técnica y administrativa en un proyecto estratégico que fortalecerá la conectividad del país y permitirá su transformación digital”.

Las partidas 1, 2 y 3 corresponden a la infraestructura o core de esta red de 5G y fueron otorgadas a la firma Ericsson y su adjudicación fue ratificada por la Contraloría.

El ICE comercializa un servicio de 5G basado en la red de su subsidiaria Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa).

Entre tanto, sus competidores Claro y Liberty anunciaron esta semana que continúan con la expansión de sus propias redes en esta tecnología.

Claro informó que duplicó la cobertura de su red de 5G y que alcanza a más de 2,6 millones de personas en las siete provincias del país, incluyendo usuarios de postpago y prepago, para quienes el servicio está disponible sin costo adicional.

“A tan solo un año del lanzamiento de nuestra red 5G, en Claro ya brindamos cobertura al 50% de la población”, dijo Marcelo Mouzo, Director País de Claro Costa Rica.

Por su parte, Liberty comunicó que continúa con la ampliación de la cobertura de su servicio 5G, incorporando nuevo espectro y optimizando el servicio.

En todos los casos, se requiere que el usuario tenga un dispositivo para 5G. En las zonas sin cobertura de los nuevos servicios, los móviles siguen operando en 4G LTE.

Recuento

En el caso del ICE, el camino a su propia red de 5G se dividió en dos momentos y no fue expedito.

La entidad inició un primer proceso de licitación que se vio frenado durante 17 meses debido a controversias geopolíticas e impugnaciones legales derivadas del decreto ejecutivo de ciberseguridad que excluyó a proveedores chinos como Huawei.

En febrero de 2025, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó las medidas cautelares interpuestas contra dicho decreto, permitiendo reactivar el trámite. Cinco meses después, el Instituto ratificó la declaratoria para dejar desierto el primer concurso, argumentando el surgimiento de nuevas necesidades técnicas y la prioridad de concursos abiertos.

En julio de ese año, la institución publicó el nuevo pliego de condiciones con el objetivo de recibir ofertas a mediados de septiembre. Esta licitación se dividió en dos grupos: el core y la red de acceso radioeléctrico (RAN, líneas 1, 2 y 3) y la conectividad o backhaul (líneas 4, 5 y 6).

Para el primer bloque, recibió ofertas de Ericsson, Samsung, Nokia, Huawei y el consorcio Datasys-Ciberc-ITC.

Para el segundo, recibió ofertas del consorcio Coasin-Nokia, Ribbon, GBM, Huawei, IT Servicios de Infocomunicación, Ericsson y el consorcio Sisap-Infosec.

En mayo de 2026, la junta de adquisiciones otorgó los contratos iniciales del core y el RAN a Ericsson por un monto de $97,8 millones y el backhaul al consorcio Coasin-Nokia por $24 millones.

Dos meses después, la Contraloría resolvió los recursos de apelación interpuestos por Samsung, Nokia, Datasys, IT Servicios de Infocomunicación y Sisap-Infosec.

Ahí ratificó la escogencia de Ericsson para la red principal (core y RAN) al señalar que ninguno de los otros oferentes logró acreditar que sus ofertas cumplían con las condiciones necesarias para adjudicarse el contrato. El ICE quedó facultado para formalizar el contrato con Ericsson.

Al mismo tiempo, para el bloque de conectividad o backhaul, la Contraloría desestimó los cuestionamientos directos de las empresas apelantes.

Además, anuló de oficio la selección como proveedor del consorcio Coasin-Nokia debido a que el propio ICE reconoció la existencia de un incumplimiento en los precios ofrecidos por la empresa ganadora.

Readjudicación

Debido a esa resolución, el ICE debía reevaluar las ofertas elegibles en el concurso y emitir una nueva adjudicación, la cual acaba de adjudicar a favor de IT Servicios de Infocomunicación.

Sobre la mesa estuvieron las ofertas de Huawei, Ribbon, Ericsson, GBM, Coasin, Sisap Infosec, IT Servicios de Infocomunicación y Datasys Ciberc ITC, de acuerdo con la recomendación del 10 de setiembre pasado incluida en el expediente de Sicop.

A pesar del impedimento para Huawei (por el decreto de ciberseguridad indicado arriba), el ICE realizó un análisis de todas las propuestas.

Los cuatro primeros oferentes cumplían las condiciones del cartel en la parte legal, pero no en lo técnico; los dos siguientes (Coasin y Sisap Infosec) cumplían en lo técnico, aunque no en lo legal; y los dos últimos (IT Servicios y Datasys) cumplían en ambas áreas, según lo consignado en el documento.

Al final, después de una mejora en el costo propuesto, las ofertas de Datasys Ciberc ITC y de IT Servicios de Infocomunicación presentaban costos totales estimados “de consumo trianual” de $42,6 millones y de $38,8 millones, respectivamente. Aquí se inclinó la balanza.

“Se concluye que la oferta presentada por IT Servicios de Infocomunicación Sociedad Anónima cumple con los aspectos técnicos y legales establecidos para las partidas 4, 5 y 6. Por lo anterior, se recomienda su adjudicación, dado que ocupa el primer lugar en precio entre las ofertas elegibles”, indica el documento de la división de desarrollo y construcción de la red.

Ahora la decisión deberá volver a la Contraloría para su refrendo, etapa en la que podría enfrentar recursos de objeción de otras firmas que participaron en el concurso.

En Costa Rica operan unas 2.000 organizaciones comunales encargadas de los servicios de agua rurales, incluyendo Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas), de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Energía.

Estas entidades abastecen al 33% de la población y su cobertura equivale a más de 500.000 conexiones, pero administran los servicios mediante documentos, archivos físicos, hojas de cálculo, mensajes de WhatsApp y procesos manuales.

Esto dificulta la conversión de datos operativos en indicadores estructurados para planificar mantenimientos, identificar riesgos en fuentes hídricas y proyectar inversiones.

“Las Asadas realizan una labor fundamental para garantizar el acceso al agua potable”, dijo Luis Restrepo, encargado de alianzas y finanzas de la firma Cowdragon. “Pero deben administrar una gran cantidad de información, infraestructura, documentos, mantenimiento, incidencias y obligaciones utilizando herramientas que muchas veces están fragmentadas“.

La firma desarrolló una solución llamada MiasadaCR, la cual compite en el certamen internacional Premios Verdes LATAM 2026, impulsado por la Fundación Latinoamericana Verde, una organización sin fines de lucro de origen ecuatoriano que realiza el evento y otorga los reconocimientos. El proyecto figura entre los 50 finalistas seleccionados de más de 2.000 postulaciones. Los ganadores se darán a conocer del 19 al 22 de octubre de 2026 en Ecuador.

En 2022, la Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, organización costarricense que tiene un programa de financiamiento y acompañamiento a pequeñas empresas con productos y servicios sostenibles, fue reconocida en ese mismo concurso.

MiasadaCR también se postula para el Global Prize for Innovation in Water (GPIW), el Water Breakthrough Challenge y espacios como el AI for Good, una iniciativa global que utiliza la inteligencia artificial (IA) para resolver problemas sociales, ambientales y humanitarios.

Hacia una solución

Ya hace 10 años, el Instituto Tecnológico de Costa Rica estudió a 21 Asadas y encontró problemas en infraestructura, capacitación y administración de los servicios. En ese momento, se propuso una herramienta informática predictiva que indicara las áreas a mejorar.

Otras investigaciones realizadas en 2019 y 2025, como parte de un proyecto de tesis en ingeniería ambiental en el mismo TEC y del posgrado de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, confirmaron las “limitaciones administrativas”.

Los desafíos de gestión llevaron a la desarrolladora Cowdragon a diseñar MiasadaCR. La firma tiene más de 10 años de operación, sedes en San Carlos y Cartago, y siete colaboradores especializados en diseño y programación en Costa Rica, Argentina, Colombia y México.

El portafolio de productos abarca software a la medida, aplicaciones web, automatización de procesos, integración de IA y agentes virtuales, análisis de datos, sistemas de información geográfica, herramientas educativas e integración de tecnologías para organizaciones, empresas e instituciones.

“Su enfoque está en transformar necesidades reales de organizaciones y comunidades en herramientas digitales sencillas y operativas”, dijo Restrepo. “El valor de la empresa no estaría únicamente en desarrollar software, sino en crear soluciones adaptadas a problemas específicos y convertir procesos que normalmente se realizan de forma manual o dispersa en sistemas digitales más fáciles de administrar”.

Para el diseño, validación y pruebas piloto se trabajó con el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena) como socio estratégico. Así se corroboró la utilidad y funcionalidad de la solución.

La solución, diseñada incluso para personas con poca experiencia tecnológica, integra módulos para la gestión de abonados, inventarios de infraestructura, registro de incidencias, programación de mantenimiento, evaluación de riesgos, control documental, cartografía digital, avisos comunitarios e indicadores de desempeño.

Además, incorpora un asistente de IA denominado Asada 360 para consultas administrativas y operativas, al tiempo que facilita la integración de la aplicación WhatsApp para que administradores, operadores y fontaneros ingresen a determinadas funciones utilizando una herramienta que ya conocen, reduciendo las barreras tecnológicas.

También contempla un módulo educativo llamado UNDA, el cual está estructurado mediante lecciones cortas y gamificación para que niños, jóvenes y adultos aprendan sobre conservación del agua, saneamiento, contaminación, cambio climático y consumo responsable mediante microlecciones, retos, niveles y puntos.

Otra facilidad es que transforma los registros diarios en información útil para conocer el estado de los sistemas de agua, infraestructura, riesgos, mantenimiento, ambiente, necesidades de las comunidades y bases de datos e indicadores agregados.

La información estará disponible —cumpliendo con medidas de privacidad, seguridad y anonimización— para municipalidades, organizaciones no gubernamentales, universidades, instituciones públicas e investigadores con el propósito de identificar tendencias, detectar territorios vulnerables, anticipar riesgos, comparar necesidades, medir resultados y fundamentar decisiones de inversión y políticas de gestión hídrica.

La firma estableció un modelo escalable según el tamaño de cada Asociación. Además, impulsa un modelo de financiamiento donde las empresas privadas apoyen implementaciones de la solución en comunidades mediante sus programas de responsabilidad social. Así, bajo el marco de Cedarena, los aportes financieros se tramitan como gasto deducible del impuesto sobre la renta.

“Buscamos que las empresas no solamente financien tecnología, sino que puedan invertir en proyectos de impacto hídrico medible, respaldados por información verificable sobre las comunidades beneficiadas y con potenciales beneficios dentro de sus estrategias”, explicó Restrepo.

La meta inicial es implementar MiasadaCR en 150 acueductos comunales que tienen una cobertura de 350.000 personas, digitalizar la gestión local del agua en Costa Rica y luego trasladar el modelo a países como Ecuador, Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Son precisamente las patentes comerciales las que representan la mayor fuente de ingresos tributarios para el gobierno local. Entre 2023 y 2025, este impuesto aportó entre el 47% y el 49% del monto total recaudado cada año, de acuerdo con los Estados Presupuestarios de la Municipalidad.

A pesar de las cifras millonarias que ingresan a las arcas municipales, el alcalde del cantón, Diego Miranda, consideró imposible enfrentar la creciente cantidad de personas habitantes de calle en el cantón que lidera. Ante esto, le solicitó ayuda a la presidenta de la República, Laura Fernández, para abordar el problema.

Miranda señaló, en un video publicado en sus redes sociales, que las más de 2.300 personas que viven en calles, alcantarillas y edificaciones abandonadas del cantón central de San José son el resultado de una “política fracasada”.

De acuerdo con la información suministrada por la Municipalidad, las remuneraciones correspondientes a seguridad y vigilancia y a la administración general forman parte de los programas en los que se distribuyen los recursos provenientes de los impuestos.

En el caso de las tasas, el destino está más directamente vinculado con el servicio que las origina. Los recursos provenientes del alcantarillado pluvial, la recolección de basura y el aseo de vías y parques se utilizan para financiar esos mismos servicios.

Ingresos de los últimos tres años

Los datos suministrados por la Municipalidad muestran que en 2023 el gobierno local percibió ¢61.503 millones a través de los tributos municipales pagados por los contribuyentes del cantón.

En 2024, la recaudación aumentó a ¢64.739 millones, mientras que en 2025 sumó ¢64.592 millones.

En el acumulado de esos tres años, los impuestos sobre patentes y bienes inmuebles representaron, en conjunto, el 68,9% de los recursos recaudados. El porcentaje restante correspondió a los servicios de alcantarillado, recolección de basura, aseo de vías y parques.

La Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Ley N.° 7.509) establece, en su artículo 2, que están sujetos a este gravamen los terrenos, así como las instalaciones o construcciones fijas y permanentes que existan sobre ellos.

La Ley de Impuestos Municipales de San José (N.° 5.694), por su parte, establece que, a más tardar el 15 de enero de cada año, las personas físicas o jurídicas que desarrollen cualquier actividad lucrativa en el cantón central de San José y cuenten con la respectiva licencia deben presentar ante la Municipalidad una declaración jurada con el monto de sus ventas o ingresos brutos y el impuesto trimestral que les corresponde pagar por concepto de patente.

“La renta líquida gravable y las ventas o los ingresos brutos anuales determinarán el monto del impuesto de patente que le corresponde pagar a cada contribuyente”, establece la legislación.

La norma fija una tarifa de 0,25% para el primer año, 0,30% durante el segundo y 0,35% a partir del tercer año sobre las ventas o ingresos brutos. El resultado, dividido entre cuatro, determina el impuesto trimestral por pagar.

Patentes

Los negocios ubicados en el cantón han representado más de ¢30.000 millones anuales en ingresos para la Municipalidad desde 2023. En el acumulado de ese año y hasta el cierre de 2025, la recaudación por patentes alcanzó ¢91.813 millones.

La mayor parte de esos recursos se concentra en las remuneraciones de la administración general. En cada uno de los tres años analizados, este rubro representó más del 30% de lo recaudado por concepto de patentes, convirtiéndose en el principal destino de esos ingresos.

La segunda partida con mayor peso corresponde a los servicios de la administración general. Entre 2023 y 2025, este rubro absorbió entre el 10% y el 11% de los recursos provenientes de las patentes municipales.

Otro componente relevante es el superávit, es decir, los recursos que no fueron ejecutados al cierre del periodo presupuestario. En 2023 representó un 15% del total recaudado mediante patentes. En 2024, la cifra subió a 25,67%, mientras que en 2025 se ubicó en 19,28%.

Bienes inmuebles

La legislación sobre bienes inmuebles establece que corresponde a las municipalidades realizar las valoraciones, facturar, recaudar, tramitar el cobro judicial y administrar, dentro de sus respectivos territorios, los tributos derivados de este impuesto.

Sin embargo, la normativa también establece límites sobre el uso de esos recursos.

El artículo 3 señala que los gobiernos locales “podrán disponer para gastos administrativos hasta de un 10% del monto que les corresponda por este tributo”.

En 2024 y 2025, las remuneraciones de la administración general representaron un 10% y un 9,98%, respectivamente, de los recursos provenientes del impuesto sobre bienes inmuebles. Esto convirtió a ese rubro en el segundo destino con mayor peso dentro de la distribución de esos ingresos.

El principal destino corresponde a las remuneraciones de los programas de seguridad y vigilancia. En 2023, este rubro representó el 36,6% de los recursos recaudados por el impuesto sobre bienes inmuebles; en 2024, el 32,6%.

Para 2025, la proporción descendió hasta el 16,32%, aunque se mantuvo como el rubro de mayor inversión dentro de los recursos provenientes de este tributo.

La Municipalidad también indicó que un 14% de estos recursos se destina a compromisos con el Estado. De ese porcentaje, un 1% corresponde al Ministerio de Hacienda, un 2% a la Junta Administrativa del Registro Nacional, un 1% a movilidad peatonal y el 10% restante a las Juntas de Educación.

Así, detrás de los más de ¢60.000 millones que San José recauda cada año existe una estructura de gasto en la que pesan principalmente las remuneraciones, la seguridad y vigilancia, los servicios administrativos y las obligaciones que la legislación asigna al gobierno local. La composición del gasto también varía según la fuente de los ingresos y el año, mientras una parte de los recursos permanece sin ejecutar al cierre del periodo presupuestario.

Los servicios de inteligencia estadounidenses habían señalado que el buque transportaba componentes relacionados con armas nucleares, lo que llevó a las fuerzas de Estados Unidos a preparar su interceptación, según el medio, que cita a cuatro fuentes anónimas conocedoras del incidente.

La operación se canceló luego de que se descubriera que un asistente conversacional de IA utilizado por un analista había identificado erróneamente el material transportado por el buque.

Una de las fuentes citadas por CNN afirma que el informe de inteligencia era “completamente falso”, pero “estuvo a punto de desencadenar una guerra”.

La cadena no precisó qué transportaba el buque ni cuál era su destino.

Al ser interrogado por la AFP sobre este incidente, el ejército estadounidense no respondió de inmediato.

Esta información de CNN llega en un momento en que, desde hace una semana, se multiplican las advertencias sobre los riesgos vinculados a la IA.

El presidente Donald Trump y varios republicanos han reiterado, no obstante, su deseo de no regular el sector, oficialmente por temor a que China tome la delantera.

Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y quien solicitó una licencia de su cargo en la UNCTAD (Organismo de Comercio y Desarrollo de la ONU) para hacer campaña, también encabezó la primera votación informal secreta.

La exministra de Relaciones Exteriores de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, había tomado la delantera en la segunda votación del Consejo de 15 miembros.

Varios integrantes del órgano más poderoso de la ONU han manifestado su deseo de que, por primera vez, Naciones Unidas elija una mujer para ocupar la secretaría general, sucediendo a Antonio Guterres, cuyo mandato expira a finales de diciembre.

Grynspan obtuvo nueve votos a favor, pero aún enfrentaba una fuerte oposición, recibiendo cinco votos en contra y una abstención, según la fuente diplomática, que confirmó informes de medios especializados.

Rodrigues-Birkett recibió ocho votos de respaldo y seis de desaprobación, así como una abstención, añadió la fuente, que prefirió permanecer en el anonimato debido a la delicadeza del asunto.

También compiten por el cargo el actual jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi; la expresidenta chilena y ex alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet; la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa; el destacado diplomático ugandés Olara Otunnu; el expresidente senegalés Macky Sall; y la diplomática y exministra de Comercio de Ecuador Ivonne A-Baki.

¿Candidato de compromiso?

Se especula con la posibilidad de que, a petición de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho de veto -Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos-, aparezca en el proceso un candidato de compromiso.

“Si eso ocurre de forma poco transparente (...) entonces tendremos un problema”, declaró un diplomático que pidió no ser identificado.

Incluso si un candidato obtiene los nueve votos necesarios de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, también debe evitar el veto de cualquiera de las cinco grandes potencias, profundamente divididas.

Una vez que un candidato supere estos filtros, su nombre será sometido a la Asamblea General, en la que están representados todos los miembros de la ONU, para su confirmación.

Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró el jueves que los candidatos “deben devolver a la ONU a su propósito primordial de mantener la paz y la seguridad en el mundo, en lugar de la ideología absurda, politizada y progresista que ha socavado la eficacia de la institución”.

Entre el 2019 y el 2025, la cantidad de clientes con acceso a plataformas web o aplicaciones móviles en ocho entidades financieras privadas de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) pasó de 1,28 millones a 2,55 millones, lo que representa prácticamente el doble de usuarios.

Este crecimiento se mantuvo constante en el último periodo analizado.

Solo entre el 2024 y el 2025, la cantidad de personas que utilizan estas plataformas tecnológicas experimentó un incremento del 12%.

Crecimiento de usuarios activos

El comportamiento es todavía más significativo cuando se analiza el número de usuarios que efectivamente utilizan estos servicios.

Los usuarios digitales activos, aquellos que registraron actividad en los últimos 90 días, aumentaron de 659.000 en 2019 a 1,68 millones en 2025, un crecimiento acumulado de aproximadamente 154%—, señaló Daniela Gutiérrez, economista de la ABC.

Esta es la calificación que le da la OCDE a Costa Rica en gobierno digital (no es buena)

Esto significa que, además de tener acceso a las plataformas, una proporción cada vez mayor de los clientes las utiliza de manera habitual.

En el 2019, el 52% de los perfiles digitales registraba actividad reciente; para el 2025, esa proporción ya había aumentado al 66%.

Millones de ingresos anuales

La evolución del sector también se evidencia de forma directa en la frecuencia con la que los usuarios ingresan a las plataformas.

Durante el 2025, se registraron 689,5 millones de ingresos o inicios de sesión, frente a los 281,2 millones contabilizados seis años antes. Esto representa un repunte acumulado del 145%.

Si se compara únicamente con el 2024, los accesos aumentaron un 15%, lo que equivale a un promedio cercano a 1,9 millones de ingresos diarios a las aplicaciones y sitios web de las entidades participantes.

Banco Central de Costa Rica identifica nuevos riesgos tecnológicos: conozca cuáles son y las acciones para enfrentarlos

Para la agrupación bancaria, este cambio confirma la importancia que adquirieron las herramientas tecnológicas en el país para facilitar el uso de los servicios financieros, reducir los costos de desplazamiento de los ciudadanos y agilizar los medios de pago.

“La digitalización bancaria no solo ha transformado la relación de los clientes con las entidades financieras, sino que también ha contribuido a una economía más eficiente, conectada y moderna”, concluyó Gutiérrez.

El negocio era conocido entre generaciones de heredianos por su oferta de materiales para manualidades, pasamanería, decoración, artesanías y artículos para proyectos creativos. La noticia fue comunicada por medio de las redes sociales del establecimiento.

Por ahora, un almacén bajo el nombre de José Barguil mantiene sus operaciones en San José, frente al Mercado Borbón (calle 8, avenidas 3 y 5).

Otra empresa que no está ligada al local de San José, Plastibar Barguil, cerró varias de sus sucursales. En mayo pasado fue la sede de Alajuela la primera en cerrar; posteriormente a finales de junio la compañía le puso candado a su local en Cartago; en agosto fue el turno para la tienda de San José.

Este cierre operativo es independiente al del almacén José Barguil de Heredia.

Hasta ahora no se ha informado públicamente la razón que llevó al cierre. Lo confirmado es que el negocio dejó de operar tras completar la liquidación de su inventario.

Con su salida, Costa Rica y la provincia de Heredia pierden otro comercio de larga trayectoria, de esos que sobrevivieron a los cambios en el ciudades y quedaron ligados a los recuerdos de clientes que durante años entraron al local para buscar materiales, adornos o inspiración para una manualidad.

Historia del negocio

Según el sitio web de la compañía y el blog Mi Costa Rica de antaño, la historia de Barguil comenzó en 1931, cuando el inmigrante sirio José Barguil Chaljub llegó a Costa Rica para tratarse de tuberculosis en el Sanatorio Durán, en Cartago. Tras recuperarse, se afincó en la zona, aprendió el oficio de zapatero y abrió un pequeño taller y venta de materiales para calzado.

Con el paso del tiempo, el negocio evolucionó hacia una tienda departamental dedicada a materiales de tapicería, calzado y bienes para el hogar.

Para 1986, el grupo dio un paso clave en su integración vertical con la creación de Plastibar S.A., una planta dedicada a la fabricación de espumas de uretano y colchones para abastecer sus tiendas y distribuidores en todo el territorio nacional, manejada por la familia del fundador.

---

Nota del editor: esta información fue actualiza posterior a su primera publicación para precisar que el cierre corresponde solamente a la marca Plastibar Barguil.

Es innegable que la confianza en la tecnología está en caída. Existe entre la gente una creciente sensación de ser usada por la tecnología en vez de usarla. Sus datos personales se emplean para entrenar grandes modelos de lenguaje; sus comunidades soportan los costos de centros de datos con alto consumo de electricidad, y no pasa un día sin noticias de estafas y fraudes en línea.

En tanto, las empresas tecnológicas más poderosas del mundo están tomando decisiones trascendentales, a menudo con escasa participación de expertos técnicos y del público en general. El desarrollo de la IA de frontera, por ejemplo, está en manos de unos pocos gobiernos y empresas lanzados a una carrera por consolidar su dominio. Tal vez inviten a investigadores y organizaciones civiles a expresar su opinión, pero no está nada claro que tengan en cuenta sus aportes o cómo.

Sin embargo, la protección del interés público no es incompatible con la innovación. Sirve de prueba Internet: su modelo multisectorial es un ejemplo de cómo gestionar un cambio tecnológico profundo de forma que sirva al interés público creando al mismo tiempo un enorme valor económico.

Internet no fue creación de un único gobierno ni de una única empresa. Surgió de la cooperación entre gobiernos, empresas y la sociedad civil. Esa cooperación ayudó a crear y mantener los componentes de la red global que conocemos hoy: estándares técnicos abiertos e interoperables, sistemas seguros y una infraestructura resiliente.

Un buen ejemplo es la World Wide Web. Nació en el entonces denominado Consejo Europeo de Investigación Nuclear (CERN), como una vía para el intercambio de información entre científicos de distintas instituciones. En 1993, el CERN renunció a los derechos de propiedad intelectual sobre el software de la web y lo puso a disposición de quien quisiera usarlo, modificarlo o distribuirlo. Esa decisión contribuyó a convertir una herramienta que había sido creada para investigadores en una fuerza que sigue transformando economías y sociedades.

Esto conlleva una enseñanza útil para la era de la IA. La difusión y el desarrollo de tecnologías transformadoras son más rápidos cuando la infraestructura en la que se basan es abierta y está a disposición de quien quiera usarla. Muchas de las tecnologías que facilitaron el surgimiento de la IA (incluidas algunas cuyo propósito original fue convertir a Internet en un espacio más accesible y participativo) deben mucho a esta tradición de colaboración internacional abierta al público.

Por eso, la Internet Society lleva décadas trabajando con una multiplicidad de partes interesadas en todos los niveles, desde comunidades locales hasta la ONU, para mantener la apertura e interoperabilidad de Internet (un recurso del que dependemos todos). A pesar de las dificultades que esto conlleva (ya que la búsqueda de consensos no siempre puede seguir el ritmo a los avances en el sector), la alternativa de ceder la toma de decisiones a un puñado de gobiernos y empresas poderosos sería mucho peor.

Lamentablemente, parece que es allí a donde nos dirigimos. A la par de una consolidación del control de Internet, la fragmentación geopolítica impulsa intentos gubernamentales de dividir la red en partes aisladas. Cambios que, a su vez, ponen en riesgo todas las tecnologías que dependen de Internet, en particular la IA.

Las consecuencias ya son visibles. «Jardines vallados» y redes internas (intranets) nacionales que determinan a qué partes de Internet puede acceder la gente y convierten una red global en un mosaico de compartimentos estancos; gobiernos que cortan Internet y aíslan a la población de la vida económica y cívica por varios días o incluso más. Muchas comunidades todavía ni siquiera tienen conexión a Internet, por falta de infraestructuras adecuadas.

Para recuperar la confianza en la tecnología no basta que los sistemas individuales sean más seguros o fiables. También es necesario proteger los cimientos de los que dependen estas tecnologías y garantizar que su futuro no lo determinen los intereses de empresas y gobiernos. Manteniendo su apertura y accesibilidad, Internet podrá servir de base a una economía digital próspera, donde las ideas y la innovación circulen con libertad a través de las fronteras y personas de todo el mundo puedan desarrollar nuevas tecnologías al servicio del bien público.

El nacimiento de Internet fue una prueba de lo que es posible cuando se dan las condiciones correctas. Su carácter abierto ha dado a generaciones de innovadores la libertad de experimentar y crear cosas que ni siquiera sus artífices hubieran podido imaginar. Conforme el desarrollo de la IA se acelera, no debemos olvidar que esa apertura es un requisito y no un obstáculo para la innovación.

---

Sally Wentworth es presidenta y directora ejecutiva de la Internet Society y de la Internet Society Foundation.

El debate sobre los peligros de la inteligencia artificial se ha intensificado en meses recientes, impulsado por varios incidentes y advertencias alarmantes formuladas por profesionales del sector.

Anthropic indicó que su chatbot Claude participa ya en más de una cuarta parte de sus actividades de investigación y desarrollo y colabora con empleados humanos en más del 90% de las tareas.

La empresa explicó que publica esta información para ofrecer “una mayor visibilidad sobre el ritmo del desarrollo de la IA”, en un momento en que el mundo “considera desacelerar” ese proceso.

El director general de Anthropic, Dario Amodei, pidió este mes ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial, mientras los rápidos avances de la tecnología alimentan inquietudes por la pérdida de empleos, el creciente consumo energético y el impacto ambiental de los centros de datos.

El temor a que los diseñadores de agentes de inteligencia artificial pierdan el control sobre sus creaciones también ha aumentado después de que varios modelos de Anthropic y de su rival OpenAI supuestamente escaparan por sí solos de entornos restringidos, accedieran a internet e interactuaran con sitios web y plataformas.

“Los modelos que aceleran su propio desarrollo podrían dificultar que los seres humanos comprendan o controlen estos sistemas”, señaló Anthropic en un informe.

“Por ello es importante compartir estas métricas para entender cuán cerca está el mundo de alcanzar la auto-mejora recursiva (un modelo capaz de construir de forma totalmente autónoma a su sucesor)”, añadió.

En agosto, Claude estaba al frente de 26% de las tareas de investigación y desarrollo de Anthropic, lo que significa que puede completar la mayor parte de un trabajo de principio a fin bajo supervisión humana.

No obstante, Anthropic indicó que Claude todavía no puede operar “de manera plenamente autónoma”.

La empresa señaló además que dispone de unos 30.000 agentes de inteligencia artificial dedicados a labores de investigación e ingeniería, en referencia a programas capaces de ejecutar tareas de forma autónoma.

Se espera que Anthropic se adelante a OpenAI en su salida a bolsa, prevista para finales de este año, pese a las preocupaciones existentes en torno a la regulación del sector.

La intrusión, confirmada a la AFP por OpenAI, se produjo en el marco de un ejercicio organizado por la propia empresa con el fin de identificar vulnerabilidades en sus sistemas con la ayuda de especialistas informáticos externos.

El caso se suma a la creciente preocupación entre los expertos en seguridad de que las herramientas de IA están haciendo que sea más rápido y barato llevar a cabo ciberataques sofisticados que antes requerían equipos especializados y meses de trabajo.

Los investigadores de Hacktron dijeron que encontraron una vulnerabilidad en el foro público de ayuda de OpenAI, gestionado por la plataforma Discourse, que les permitió tomar el control del sitio.

“Informamos de inmediato la vulnerabilidad inicial a OpenAI y a Discourse y trabajamos con ellos” para coordinar la solución, explicó Hacktron en una entrada de blog.

“Agradecemos su atención al detalle y la rápida resolución de este problema”, añadió la publicación.

OpenAI confirmó que la falla fue corregida en unas 14 horas desde que fueron notificados y pagó a los investigadores una recompensa de $6.500.

“Agradecemos a los investigadores por contactarnos y compartir sus hallazgos”, dijo Drew Pusateri, portavoz de OpenAI, al explicar la solución adoptada.

Los investigadores de Hacktron afirmaron que inicialmente utilizaron Claude Opus 4.8 de Anthropic para identificar y explotar la falla de software, pero tuvieron dificultades para lograr que funcionara de forma consistente.

Luego recurrieron a Claude Opus 5, el modelo más reciente, que según los investigadores produjo un ataque funcional en tres horas.

Los hackers no utilizaron Claude Mythos, un modelo de Anthropic más avanzado que está restringido a un pequeño grupo de organizaciones de ciberdefensa evaluadas.

Anthropic ha descrito Mythos como el modelo con las capacidades de ciberseguridad más sólidas de todos los que ha desarrollado.

Hacktron indicó que continúa realizando pruebas similares en otras compañías.

Presentado por: BCR

El Banco de Costa Rica (BCR) y Visa apuestan por la modernización del sector público costarricense, durante la segunda edición del Foro Soluciones BCR – Punto País, un encuentro que reunió más de 100 representantes de instituciones púbicas, municipalidades, clientes corporativos y especialistas en innovación financiera de toda la región.

Bajo la premisa “Generamos conexiones, creamos valor, transformamos realidades”, la actividad fue el punto de encuentro para discutir el futuro de la digitalización estatal, en torno a cuatro ejes centrales: inteligencia artificial, ciberseguridad, inclusión digital y sostenibilidad.

El Subgerente Comercial del BCR, Fabio Montero, abrió la jornada recordando que el foro “nace de la alianza estratégica entre el Banco de Costa Rica y Visa, reafirmando que el BCR trabaja arduamente para que las entidades públicas sean cada vez más ágiles, seguras y eficientes, en beneficio directo de la ciudadanía.” En la misma línea, el Country Manager de Visa Costa Rica, Carlos Pardo, calificó a Punto País como “un ecosistema pensado para que las instituciones públicas cuenten con las herramientas necesarias para digitalizar sus procesos, optimizar la experiencia de sus usuarios y fortalecer la seguridad de cada transacción”.

La agenda incluyó ponencias de alto nivel técnico: Kattia Ajoy, Gerente Corporativa de Transformación Digital del BCR, expuso sobre la ruta de la transformación digital comercial; Alfredo Dellepiane, Director de VBS Products de Visa, presentó soluciones comerciales de tarjetas corporativas; el economista Joel Virgen, de Visa para América Latina, compartió perspectivas económicas para la región; Minor Morales, Gerente Corporativo de Riesgo del BCR, abordó la anticipación de riesgos emergentes; Johnny Chavarría, Gerente Corporativo de Tecnología del BCR, expuso un caso de ciberresiliencia institucional y Laura Florez, Directora y socia de BCG, cerró el bloque técnico con una charla sobre inteligencia artificial como herramienta estratégica para gobiernos. Un panel de casos de éxito complementó la jornada con experiencias concretas de digitalización en instituciones como la Junta de Protección Social, Correos de Costa Rica y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

Al cierre del encuentro, el Gerente General del BCR, Julio César Trejos, recordó que “los casi 150 años de historia de la entidad reafirman que su propósito no es solamente ofrecer productos financieros: es ser un socio estratégico del desarrollo del país”. Trejos enfatizó que la modernización del Estado “pasa por instituciones que puedan pagar, cobrar, gestionar y servir a la ciudadanía de forma más ágil, segura y humana”, y agradeció la alianza con Visa, “que ha caminado con nosotros construyendo un ecosistema de pagos cada vez más moderno”.

Con esta segunda edición, el Foro Soluciones BCR – Punto País se consolida como una plataforma de referencia para la transformación digital del sector público en Costa Rica y confirma que la colaboración entre la banca estatal y una red global de pagos puede traducirse en resultados tangibles: menos trámites, mayor seguridad y una ciudadanía mejor atendida.

Lo anterior, lo confirman instituciones como la Junta de Protección Social, el IMAS, la Universidad de Costa Rica, el CFIA, Correos de Costa Rica, la CNFL, el ICE, la Imprenta Nacional y ASEGOSEP entidades que ya habilitaron servicios de aceptación de pagos, con lo cual han logrado impactar de manera positiva la experiencia de sus usuarios, consolidando así el modelo de alianza público-privada que impulsan el BCR y Visa.

Para

BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.

Presentado por: banco nacional

Lo que comenzó como una iniciativa para abrir una conversación sobre el bullying se convirtió, durante 2026, en un movimiento que llevó ese mensaje a cerca de 20.000 estudiantes en todo Costa Rica.

Diario Adolescente culminó su campaña 2026 después de recorrer las siete provincias del país, con un énfasis especial en comunidades costeras y territorios fuera de la Gran Área Metropolitana, llevando a los centros educativos espacios de conversación, herramientas y mensajes de prevención para enfrentar una problemática que continúa afectando a miles de adolescentes.

Para Leonora Jiménez, directora de Diario Adolescente, alcanzar a cerca de 20.000 estudiantes representa mucho más que una cifra “Para nosotros son cerca de 20.000 jóvenes que tuvieron la oportunidad de escuchar que lo que sienten importa, que no están solos y que pedir ayuda no los hace débiles. Desde el inicio quisimos que esta campaña fuera mucho más que hablar sobre bullying. Queremos generar conversaciones, abrir espacios seguros y cambiar la forma en que como sociedad entendemos el acoso escolar”, afirmó Jiménez.

La expansión territorial fue uno de los grandes objetivos de esta edición. Llevar la iniciativa a las siete provincias permitió acercarse a comunidades con realidades distintas y recordar que el acceso a herramientas para prevenir y enfrentar el bullying no debería depender del lugar donde vive un adolescente.

La gira pasó por comunidades como Pavas, Tirrases, Liberia, Quepos, Matapalo, Platanares y Limón, entre otras, y dejó un aprendizaje claro: no existe una única realidad desde la cual se pueda hablar del acoso escolar.

“Cada comunidad tiene sus propias circunstancias, pero las emociones que viven los adolescentes son sorprendentemente similares. Encontramos jóvenes con una enorme necesidad de expresarse, de ser escuchados sin sentirse juzgados y de saber que lo que están viviendo tiene solución”, explicó Jiménez.

Como parte de esta visión integral, la campaña 2026 incorporó también charlas de educación financiera junto al Banco Nacional, entendiendo que hablar de planificación, toma de decisiones, autonomía y futuro también contribuye al desarrollo de adolescentes más seguros de sí mismos.

“Los jóvenes necesitan herramientas para crecer con seguridad, tanto en sus relaciones como en sus decisiones. Por eso, iniciativas como Diario Adolescente que promueven la prevención del bullying y la educación financiera son complementarias: una fortalece la autoestima y el respeto hacia los demás, mientras la otra les enseña a planificar, ahorrar y alcanzar sus metas. En el BN creemos que invertir en la formación integral de la juventud es invertir en un mejor futuro para Costa Rica”, indicó Silvia Chaves Herra, Directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas del Banco Nacional.

A esta labor se sumó el Instituto Nacional de Seguros (INS), fortaleciendo una alianza orientada al bienestar y al desarrollo de las personas adolescentes en Costa Rica.

El mensaje también encontró eco en figuras cercanas a las nuevas generaciones. Deikeel (cantante y compositor costarricense de música urbana), Fátima Pinto (cantante y compositora costarricense de pop urbano), Feth (creador de contenido de TikTok), Mariale Acosta (Miss Costa Rica 2026) y Disto (Dj costarricense) se unieron a la campaña para compartir sus experiencias y acercar la conversación a los jóvenes desde un lenguaje con el que pueden identificarse.

“Cuando un adolescente escucha a alguien que admira hablar de sus propias inseguridades, de momentos difíciles o de cómo logró salir adelante, el mensaje adquiere otra dimensión. Deja de ser simplemente un adulto diciéndole qué debe hacer y se convierte en alguien cercano diciéndole: ‘yo también he pasado por momentos difíciles y puedes salir adelante’”, comentó Jiménez.

La campaña culminó con un evento gratuito dedicado a adolescentes que atraviesan situaciones de acoso, que no se sienten bien en sus colegios o que simplemente necesitaban encontrar un espacio donde sentirse escuchados.

El encuentro permitió cerrar esta edición con una jornada de aprendizaje, convivencia y reflexión, en la que los jóvenes pudieron compartir, disfrutar de distintas actividades y conocer historias y referentes que demostraron que una etapa difícil no define quiénes somos ni quiénes podemos llegar a ser.

Para

BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.

En un comunicado de prensa, la Agencia indicó que mantiene una constante comunicación y coordina las acciones correspondientes con la Dirección Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Las diligencias iniciaron el pasado lunes 14 de septiembre, fecha en la que la Prodhab solicitó información a la Dirección Nacional de Ciberseguridad.

Como resultado, la Agencia ya recibió el primer informe técnico elaborado a partir de la actividad detectada en la dark web.

Nueva amenaza cibernética en Costa Rica: Micitt investiga masiva filtración de datos y cómo evitar fraudes

Con base en estos insumos, el miércoles 16 de septiembre se ordenó la apertura del expediente y se realizó un requerimiento formal de información para esclarecer los hechos.

El caso se encuentra actualmente bajo investigación administrativa por parte de la Prodhab. De manera simultánea está siendo abordado por las autoridades judiciales en el ámbito penal.

La información analizada hasta el momento no permite atribuir de manera definitiva el origen de los datos vulnerados a una entidad determinada. Para confirmar la procedencia de la filtración, será indispensable contar con los resultados finales de los análisis técnicos y forenses correspondientes.

El objetivo de la institución es recabar y analizar la evidencia para establecer las circunstancias del tratamiento de esta información y determinar si existió algún incumplimiento de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (N.º 8968) y su reglamento, siempre resguardando el debido proceso y sin adelantar criterio.

Recomendaciones a la población

Como medida preventiva, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para la población.

En primer lugar, se solicita a los ciudadanos que se mantengan especialmente alerta ante comunicaciones inesperadas, intentos de suplantación de identidad y la recepción de llamadas, correos o mensajes que pidan información personal o financiera.

Asimismo, se sugiere evitar enlaces de procedencia desconocida, emplear contraseñas robustas y distintas para cada servicio, activar la autenticación multifactor y revisar los ajustes de privacidad de las cuentas.

Prodhab recordó que si una persona considera que sus datos personales fueron tratados incumpliendo la normativa, puede ejercer sus derechos e interponer una denuncia formal comunicándose al 2234-0189 o ingresando a su sitio web.

Tasas de interés: se esfuma la esperanza de dinero barato

El mercado financiero enfrenta a consumidores que han ajustado sus previsiones sobre el costo del crédito. Según el reporte, disminuyó el porcentaje de personas que espera una reducción en las tasas de interés en los próximos 12 meses. Apenas un 10,8% de los encuestados prevé que las tasas bajen, lo que representa una caída de 7,2 puntos porcentuales en comparación con la encuesta de mayo anterior.

Esta menor expectativa de reducción en las tasas de interés puede añadir cautela a las decisiones de financiamiento, gasto e inversión de los hogares. Sin embargo, la encuesta no mide directamente el efecto sobre las carteras de crédito de los bancos ni sobre la actividad de sectores específicos.

Inmovilismo en bienes duraderos

En bienes duraderos, persiste una valoración mayoritariamente negativa sobre el momento actual para adquirir vivienda y vehículo. Congruente con la tendencia observada desde que inició la medición en 2002, son más las personas que consideran desfavorable la compra de casa y carro. Además, en los últimos tres meses no se detectaron cambios significativos en estas percepciones.

Mercado automotriz: Un 47,3% de los consumidores cree que actualmente es un “mal momento” para adquirir un vehículo. Apenas un 30,7% considera que son buenos tiempos para esta compra, mientras un 15,8% respondió con una valoración neutral: ni buen ni mal momento.

Sector vivienda: La adquisición de bienes raíces enfrenta una cautela similar. Un 45,2% de los entrevistados dijo que son malos tiempos para adquirir casa. Por el contrario, un 34,0% considera que es un buen momento y un 16,4% lo califica como un escenario ni bueno ni malo.

Estas percepciones reflejan cautela ante compras de alto valor, aunque el estudio no permite atribuirlas exclusivamente al comportamiento del crédito ni medir su efecto directo en las ventas de los sectores automotor e inmobiliario.

Presiones adicionales: combustibles y dólar

Al análisis se suman expectativas sobre variables que pueden incidir en el costo de vida y en las decisiones financieras de los hogares. Un 60,3% de la población espera que los precios de los combustibles —gasolina y diésel— aumenten durante los próximos 12 meses. La UCR señala que esta expectativa está probablemente asociada al conflicto entre Estados Unidos e Irán, el cual ya superó su sexto mes.

Finalmente, la expectativa de aumento en el precio del dólar se mantuvo estable frente al trimestre anterior. Casi un tercio de la muestra, un 29,0%, prevé alzas en el precio del dólar durante los próximos 12 meses.

La propuesta, que estudian los diputados bajo el expediente 25.669, busca reducir los tiempos de acción de la Administración Tributaria. La idea he levantado críticas de especialistas que consideran que afecta la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

El mecanismo de apremio se activaría sobre deudas que ya se encuentran completamente en firme; es decir, montos sobre los cuales el contribuyente ya agotó sus plazos para presentar apelaciones y defenderse.

Actualmente, existen cerca de 770.000 expedientes en cobro judicial, muchos de los cuales pueden tardar más de cinco años en resolverse, según se explica en la exposición de motivos del proyecto de ley.

¿Considera que esta reforma podría traducirse en un aumento efectivo de la recaudación tributaria?

Sí, claro, ya que la propuesta está orientada a fortalecer las acciones de control y de cobro a los contribuyentes que no pagan a tiempo sus obligaciones con el fisco y, aunque no hay un monto definido, lo que sí se puede indicar es que la cartera morosa asciende a ¢732.000 millones y esperamos que se reduzca.

El proyecto de ley está orientado a dotar a la Administración Tributaria de mecanismos eficaces de ejecución patrimonial y garantizar la recuperación de los impuestos y deudas de los contribuyentes.

Contribuirá a recobrar el dinero de los costarricenses más rápido, evitando la prescripción, lo que ayudará con la liquidez y sostenibilidad fiscal.

¿Considera que existe el riesgo de que no se proteja el debido proceso y la proporcionalidad?

No. En todo el procedimiento se respeta el debido proceso, por cuanto el cobro coactivo se aplica con posterioridad al período de determinación de la obligación tributaria, en el cual el contribuyente ha tenido la oportunidad de interponer sus alegatos y de presentar los recursos que considere pertinentes en forma oportuna.

El proceso tiene como objeto la recuperación de créditos líquidos, exigibles y no prescritos de aquellas personas que se han negado a pagar voluntariamente sus obligaciones.

¿Por qué algunos abogados tributarios han pedido a los diputados revisar cuidadosamente el texto y garantizar de forma expresa el derecho de defensa?

El procedimiento de apremio delimita muy bien cada etapa, respetándose en todo momento el debido proceso y la posibilidad de interponer defensas procesales que permitan concluir el trámite.

Adicionalmente, se contempla una etapa previa al inicio del procedimiento, de carácter disuasorio, a efecto de que el contribuyente regularice su situación previa al inicio del procedimiento, y se brinda la oportunidad al deudor de realizar arreglos de pago y rendir garantías, etc.

La Administración Tributaria ejerce su potestad de autotutela mediante los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos, en pro del interés público, ya que se ejecuta el cobro de deuda de fondos que le pertenecen al Estado. Nunca el proceso versa sobre créditos dudosos, sino sobre créditos líquidos y exigibles.

¿Qué bienes podrían ser embargados?

El proyecto de ley permitiría embargar los siguientes bienes:

• Dinero en efectivo y cuentas bancarias.
• Sueldos, salarios y pensiones, dentro de los límites establecidos por ley.
• Créditos y derechos realizables a corto plazo, hasta por seis meses.
• Sumas adeudadas por terceros, incluidas las operadoras de tarjetas.
• Ingresos provenientes de espectáculos públicos.
• Otros bienes muebles y semovientes.
• Bienes inmuebles.
• Establecimientos mercantiles o industriales.
• Créditos y derechos a largo plazo.

El Ministerio de Hacienda estima en la exposición de motivos del proyecto de ley que, mediante un procedimiento más ágil, podría recuperar recursos superiores a los ¢400.000 millones.

Sin embargo, esa estimación dependerá del texto que finalmente apruebe la Asamblea Legislativa y de la forma en que se implemente.

Mientras el debate avanza en la Asamblea Legislativa, Solís aseguró que la recomendación es revisar bien sus estados financieros, de manera que se puedan reducir los riesgos de que se inicie un proceso administrativo y se haga un embargo.

Sin embargo, la decisión exige revisar factores que en un carro de combustión no suelen tener tanto peso: de dónde proviene el vehículo, cuál es la salud real de su batería o si conserva garantía, entre otros.

En esto coinciden Alejandro Barboza, gerente de Red Motors Usados, y Roberto Sánchez, gerente de mercadeo de Grupo Cori Motors: antes de comparar precios, el comprador debe confirmar que adquiere un vehículo que podrá mantener y reparar localmente.

La batería es el centro del análisis, pero no el único componente que puede convertir una buena oferta en una compra riesgosa.

El precio no cuenta toda la historia

El atractivo principal de un eléctrico usado es claro: el comprador puede encontrar modelos relativamente recientes, con pocos kilómetros y buen equipamiento, a un precio menor que el de un vehículo nuevo.

Alejandro Barboza, gerente de Red Motors Usados, atribuye esa oportunidad a una depreciación más acelerada de los eléctricos frente a los automóviles de combustión, ligada a la evolución tecnológica del segmento y a un mercado secundario todavía en formación.

Para quien compra, esa depreciación puede jugar a favor. Para quien vende, en cambio, obliga a valorar bien la unidad y tener expectativas realistas sobre su precio de mercado.

Para Roberto Sánchez, gerente de mercadeo de Cori Motors, un vehículo con historial de mantenimiento en agencia, trazabilidad y garantía de batería vigente tiene mejores condiciones para conservar su valor de reventa.

En los vehículos BYD, por ejemplo, la garantía de batería indicada por la empresa es de ocho años.

No obstante, una compra conveniente no se define únicamente por cuánto cuesta el vehículo al firmar el contrato. También depende de su autonomía actual, del estado de la batería, de la garantía que acompaña al automóvil y de la posibilidad real de recibir servicio técnico si ocurre una avería.

Dicho de otra forma: dos carros eléctricos del mismo modelo, año y kilometraje aparente pueden tener valores muy distintos si uno conserva garantía, diagnóstico de batería y respaldo local, mientras el otro no.

Primero: confirmar de dónde viene

El primer filtro recomendado por los expertos es verificar la procedencia del vehículo. En particular, aconsejan confirmar si la unidad fue importada y comercializada por el canal autorizado de la marca para el país o la región.

El mecanismo más directo para hacerlo es revisar el número de identificación vehicular, conocido como VIN o número de chasis, y consultarlo con la agencia oficial de la marca antes de cerrar la negociación.

Este paso cobra especial relevancia ante los llamados vehículos de “importación gris” o de mercado paralelo: unidades que ingresan al país sin haber sido asignadas originalmente a la región por el fabricante.

Aunque pueden resultar atractivas por su precio, las agencias consultadas advierten que su soporte local puede ser limitado o inexistente.

“Si bien estos vehículos pueden parecer atractivos en precio, representan un riesgo significativo que muchos compradores descubren demasiado tarde: son unidades que no fueron asignadas originalmente a nuestra región, lo que significa que no cuentan con el respaldo técnico, las actualizaciones de software ni los repuestos que el fabricante garantiza para los mercados oficiales. Y esto en un eléctrico importa más que en cualquier otro tipo de vehículo”, explicó Barboza.

Es verdad que el mantenimiento periódico puede ser menor porque no hay cambios de aceite ni filtros de combustible, pero un diagnóstico de batería, una reparación del sistema de gestión de energía o una actualización de software requieren equipos y personal especializado.

Por eso, el comprador no solo debería preguntar si el vehículo funciona bien hoy. También debe averiguar quién podrá atenderlo si surge una falla dentro de uno, dos o varios años.

La salud de la batería

La batería es el componente más importante —y potencialmente más costoso— de un vehículo eléctrico usado.

Por eso, las agencias recomiendan solicitar un diagnóstico profesional de su estado de salud, denominado State of Health o SOH.

Este reporte permite conocer qué porcentaje de la capacidad original conserva la batería y debe obtenerse mediante diagnóstico computarizado en una agencia o taller autorizado por la marca.

Sin ese dato, el comprador tendría dificultades para saber si la autonomía que ofrece el carro corresponde a un desgaste normal o si existe una degradación acelerada que afecta su valor y uso futuro.

Barboza comenta que entrega ese certificado con los vehículos eléctricos que comercializa y que, en la mayoría de los casos de su flota, las baterías superan el 97% de su capacidad original.

De hecho, la ausencia de un certificado de salud de batería —o la imposibilidad del vendedor de conseguirlo— debe ser una señal para reconsiderar la compra.

Sánchez agrega que la evaluación debe comparar el precio solicitado con la autonomía que el vehículo entrega en la actualidad y no con el rango anunciado en la ficha técnica cuando el carro salió nuevo.

“Una batería con una degradación normal para su kilometraje es una compra razonable; una con degradación acelerada cambia por completo la ecuación”, afirma Sánchez.

Por otro lado, un vehículo eléctrico tiene menos componentes mecánicos que un automóvil de combustión, pero sigue siendo un vehículo usado. Por ende, la inspección no debe limitarse a conectar un escáner y revisar la batería.

Los consultados recomiendan evaluar la suspensión, amortiguadores, frenos, neumáticos, dirección, carrocería e historial de reparaciones o colisiones.

También es relevante hacer una revisión del cargador, los puertos de carga, el historial de actualizaciones de software y los golpes en la parte baja del chasis, donde se ubica la batería. Asimismo, las llantas y los frenos merecen atención especial por el peso y el efecto del frenado regenerativo.

La recomendación práctica es no asumir que un carro con bajo kilometraje necesariamente está en mejores condiciones. En el caso de un eléctrico, el historial técnico y el diagnóstico profesional pesan tanto como los kilómetros recorridos.

El ahorro existe, pero requiere planificación

El costo de operación es otra de las razones que puede impulsar la compra. De acuerdo con Barboza, a partir de reportes de sus clientes, quienes migraron a un eléctrico indican ahorros de entre 60% y 75% frente a su gasto mensual en gasolina.

“Para ponerlo en números reales: un cliente que gastaba alrededor de ¢130.000 mensuales en combustible, nos cuenta que hoy paga aproximadamente ¢20.000 (en electricidad)”, comentó.

Además, resalta que los eléctricos de segunda conservan las ventajas operativas de un vehículo nuevo: sin cambios de aceite, sin filtros de combustible y sin revisiones periódicas de motor.

Sin embargo, para aprovechar esa reducción de gasto, el nuevo dueño debe considerar cómo y dónde cargará el vehículo.

La recomendación es instalar un cargador doméstico conectado a una toma de 220 voltios, mediante un electricista certificado. Bajo esa lógica, el hogar se convierte en el punto principal de carga y la red pública queda como apoyo para recorridos más largos.

Las dos agencias consideran que el mercado secundario de eléctricos está en crecimiento, aunque todavía no tiene la madurez ni la fluidez del segmento de vehículos de combustión, que acumula décadas de operación.

Desde la perspectiva de Red Motors, hay un incremento en las consultas por eléctricos usados; además, la expansión del parque vehicular eléctrico, la experiencia de propietarios, los talleres especializados y la infraestructura de carga están creando las condiciones para un mercado de segunda mano más sólido.

Cori Motors apunta que los primeros compradores masivos de hace tres o cuatro años comienzan a renovar sus vehículos, lo que alimenta la oferta de unidades usadas.

No obstante, identifica retos pendientes: herramientas estandarizadas para diagnosticar baterías, criterios de valoración más uniformes y más talleres independientes capacitados.

La conclusión para el consumidor es que el vehículo eléctrico usado puede ser una oportunidad, pero no debe comprarse como si fuera un carro convencional. La regla central es sencilla: antes de negociar el precio se debe comprobar el origen, el estado de la batería, la garantía y el respaldo técnico disponible.

Una oferta barata puede ser conveniente si viene acompañada de esos elementos. Si no los tiene, el descuento inicial podría no compensar el riesgo de quedar con una unidad sin soporte, con problemas de software o con una batería cuya condición real nadie puede certificar.

Los inmuebles tienen precios publicados que van desde ¢13.695.200 hasta ¢33.331.000. Sus características varían tanto en tamaño como en condiciones, por lo que algunas propiedades requieren que la persona compradora realice trabajos adicionales.

Terreno en Florencia por ¢13,6 millones

Una de las propiedades disponibles es un terreno ubicado en Florencia de San Carlos, Alajuela, específicamente 75 metros al este y 350 metros al sur de las oficinas de la ASADA de San Juan de Platanar.

El lote tiene un área de 544 m², con un frente de 20,47 metros y un fondo de 26,91 metros. Su uso es residencial y presenta una topografía plana.

El precio inicial publicado es de ¢14.416.000, pero actualmente cuenta con un descuento del 5%, equivalente a ¢720.800. De esta manera, el precio final queda en ¢13.695.200.

El BCR advierte que la persona que adquiera el inmueble deberá asumir la delimitación de los linderos y la limpieza de la finca.

La propiedad corresponde al folio real 2-593445-000 y aparece publicada bajo el código BCR-BA-8459090826.

Casa de tres habitaciones en Venecia

Por ¢22.422.000, el banco ofrece una casa en Venecia de San Carlos, ubicada desde la Iglesia Católica de La Unión de Venecia, 175 metros al suroeste, 175 metros al noroeste y posteriormente 400 metros al suroeste.

La vivienda es de una planta y dispone de tres habitaciones, un baño, sala, comedor y cocina, además de zona verde.

El terreno alcanza los 1.601,59 m², mientras que la construcción tiene un área de 102,90 m². La ficha también reporta un frente de 93,71 metros y un fondo de 25 metros.

En este caso existen condiciones adicionales que deberá considerar la persona compradora. El BCR señala que será necesario efectuar mejoras a la vivienda para poder aplicar por la póliza de incendio en caso de requerir financiamiento.

La persona compradora también deberá asumir la limpieza de la finca y la delimitación de los linderos.

El inmueble corresponde al folio real 2-275279-000 y su código de publicación es BCR-BA-9350050826.

Casa en Limón por ¢32,7 millones

Otra de las propiedades disponibles es una vivienda ubicada en Urbanización Vista del Mar, en Limón, 155 metros al noroeste de la esquina noroeste de la cancha multiusos de Los Laureles, sobre el costado izquierdo, lote 15.

La casa es de una planta y cuenta con dos habitaciones, un baño, sala, comedor y cocina. También posee área de lavado, corredor, cochera, área de pilas y zona verde.

El terreno mide 182,90 m² y la construcción alcanza los 152,11 m². La ficha registra un frente de ocho metros y un fondo de 21,16 metros.

La vivienda no forma parte de un condominio y su precio final publicado por el BCR es de ¢32.743.000.

La propiedad está registrada bajo el folio real 7-35925-000 y tiene el código BCR-BA-4226740926.

Terreno de 745 m² en Siquirres

También se encuentra disponible una propiedad en Siquirres, Limón, 200 metros al sur y 158 metros al oeste de la entrada principal de la Escuela Justo Antonio Facio.

Se trata de un lote residencial con 745 m² de terreno, un frente de 28,92 metros y un fondo de 23,45 metros. Su topografía es ondulada.

El precio final publicado es de ¢33.331.000.

El BCR indica que existen construcciones dentro de la propiedad; sin embargo, no les asignó valor debido a su estado de conservación.

El terreno corresponde al folio real 7-148731-000 y está identificado con el código BCR-BA-4698910926.

¿Cómo presentar una oferta?

Para cada propiedad, el portal de Bienes BCR pone a disposición de las personas interesadas documentos como el plano, el estudio de registro, el avalúo y el formulario para presentar una oferta de compra.

Las propiedades de Limón y Siquirres tienen asignado como ejecutivo de venta a Rafael Brenes Barboza, mientras que las de Venecia y Florencia están a cargo de Johan Quesada Córdoba.

En ambos casos, el BCR publica el teléfono 2547-7099 y el correo consultasbienesbcr@bancobcr.com para realizar consultas.

Los inmuebles y sus respectivos documentos pueden revisarse en el portal de Bienes BCR.

Según informó la aerolínea, esa conexión se convertirá en una ruta regular permanente durante todo el año, a partir de octubre de 2026.

El anuncio confirma que la aerolínea dejará de operar bajo el esquema estacional previo para mantener vuelos continuos entre el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y el Aeropuerto Internacional de Heathrow.

El plan operativo contempla cinco frecuencias semanales de octubre de 2026 a marzo de 2027 (temporada de invierno europeo) y tres frecuencias semanales de abril a septiembre de 2027.

La ampliación de la ruta es resultado de las negociaciones entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el gestor aeroportuario Aeris y la aerolínea.

A la permanencia anual se suma el cambio de la base de operaciones en Londres, ya que la ruta se trasladará desde el Aeropuerto de Gatwick hacia Heathrow.

Esta modificación facilitará las conexiones a más de 130 destinos internacionales de la aerolínea y aumentará la capacidad para el transporte de carga aérea hacia el continente europeo.

Para cubrir este trayecto, British Airways utilizará una aeronave Boeing 787-800 con capacidad para 204 pasajeros. La configuración de la cabina se distribuye en 31 asientos en categoría Business (Club World), 37 en turista superior (World Traveller Plus) y 136 en clase económica (World Traveller).

En el horario previsto para la temporada de invierno, los vuelos saldrán de Heathrow a las 11:10 a. m. y aterrizarán en el Juan Santamaría a las 4:40 p. m. El trayecto de regreso despegará de Costa Rica a las 6:40 p. m., para arribar a Londres a las 10:50 a. m. del día siguiente.

El ajuste busca responder a la demanda del mercado británico, que se posiciona como el tercer emisor de viajeros hacia Costa Rica desde Europa. Entre enero y agosto de este año, el país registró el ingreso por vía aérea de 47.753 turistas procedentes del Reino Unido, dentro de un flujo europeo total de 319.552 visitantes, lo que representa un crecimiento del 8,8% en comparación con el mismo periodo del año previo.