De acuerdo con Anyi Ospino, gestora de comunicación de la UCIMED, Dogtor entró a uno de los edificios de la universidad como si fuese su casa.

Inicialmente, según cuenta, la comunidad educativa trató de buscarle una familia, hasta que la Rectoría decidió convertir a la universidad en su hogar.

“Decidimos dejárnoslo, le agarramos cariño y entonces empezamos a buscar una veterinaria donde lo atendieran para que estuviera saludable y pudiera compartir con los muchachos”, contó Ospino.

Tras recibir atención médica, Dogtor fue adpotado por la comunidad educativa, que se puso de acuerdo para comprarle ropa, comida y juguetes.

Ospino cuenta que una estudiante incluso le trajo las tazas de comida de su perito fallecido, con el fin de honrarlo y ayudar a Dogtor.

“Todos en la universidad estamos pendientes de él. Si él necesita cruzar la calle lo vigilamos o lo acompañamos para evitar un accidente, y en los tres edificios de la universidad tiene camita, comida y pañoletas para vestir”.

Asimismo, la gestora contó que su peculiar nombre lo escogieron los estudiantes mediante una dinámica en las redes sociales de la universidad y que diariamente, cuando los alumnos se van, Dogtor acompaña a los guardias de seguridad y escoge dónde prefiere dormir.

Además, la universidad se encarga de llevarlo al veterinario, mientras que varios estudiantes se organizan para la compra de su alimento.

Dogtor visita las clases y da apoyo emocional

De acuerdo con Anyi Ospino, Dogtor es muy amable, no es agresivo e incluso ayuda a los estudiantes a sobrellevar el estrés y la carga académica:

“Muchos de ellos nos han dicho que la llegada de Dogtor es de lo mejor que les ha pasado en la U. Les gusta mucho tenerlo cerca y les levanta el ánimo muchas veces”.

El perrito lleva ya más de dos meses en la UCIMED, y ha llegado a ser parte de las clases:

Beneficios emocionales del acompañamiento de una mascota

Tener una mascota —en este caso un perro— puede reducir el estrés, la soledad, mejorar el ánimo, e incluso, según investigaciones internacionales, puede mejorar la presión arterial y apoyar a personas con algunos tipos de neurodivergencias.

Según Ospino, para la UCIMED la adopción de Dogtor ha sido un gran aporte y representa una herramienta para el buen ambiente dentro de la comunidad universitaria:

“Su presencia es una muestra sobre cómo la dignidad de una especie menor se valora en las ciencias de la salud”, agregó la facultad de Microbiología Farmacéutica de UCIMED.

La comparación del ente emisor recoge índices de precios de organismos como la Comisión Europea, el Banco de Pagos Internacionales, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Consejo Monetario Centroamericano y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como de los bancos centrales de Uruguay, Argentina, Colombia, Nicaragua y Chile.

¿Por qué esa mayor inflación externa no se refleja con la misma intensidad en Costa Rica? La diferencia no significa que el país esté al margen de las presiones internacionales, sino que la apreciación del colón, las condiciones de la demanda interna y la competencia en cada mercado intervienen en la forma en que esos aumentos llegan —o no— al consumidor.

Además, hay una distinción importante: la inflación general de un socio comercial no mide necesariamente cuánto suben los precios de los productos que Costa Rica le compra.

Un colón más fuerte amortigua los aumentos externos

El tipo de cambio es uno de los mecanismos que pueden contener el encarecimiento de las importaciones. Cuando el dólar pierde valor frente al colón, se necesita menos moneda local para comprar un producto cuyo precio en dólares no ha cambiado. Ese ahorro también puede compensar, parcial o totalmente, un aumento de su cotización internacional.

Daniel Ortiz, economista de Cefsa, identificó este efecto como uno de los factores que ayudan a explicar la baja inflación costarricense. Según indicó, la apreciación del colón se acerca al 10% en lo que va del año y ha incidido en los precios de vehículos, otros bienes duraderos y materias primas.

Sin embargo, que una importación resulte más barata no implica que su precio final disminuya automáticamente, ya que la transmisión depende también de las condiciones del mercado en el que se vende.

Róger Madrigal, presidente del BCCR, explicó a El Financiero que no es posible atribuir la diferencia entre la inflación local y la de los socios comerciales a un único factor. Aunque reconoció la influencia del tipo de cambio, destacó la importancia de examinar la competencia en cada actividad.

“Entonces, habría que hacer mercado por mercado, a ver qué parte es doméstica, qué parte es interna, qué parte se liga al cambio”, dijo en referencia a la inflación.

El jerarca mencionó los automóviles como un caso en el que la competencia parece favorecer el ajuste de los precios ante variaciones del dólar y de las cotizaciones internacionales.

“Por ejemplo, está el caso de Colombia, que ha tenido una apreciación de más de 20% en el último año y, más bien, ellos tienen una inflación positiva. Entonces, el comportamiento que hay entre inflación y tipo de cambio no se puede relacionar tan directamente”, añadió Alonso Alfaro, economista del BCCR.

La demanda interna también contiene los precios

Las presiones externas conviven con las condiciones de la economía local. Aunque los productos importados se encarezcan, existen factores internos que pueden contrarrestar ese impulso.

Ortiz señaló la desaceleración del consumo de los hogares como otro elemento que contribuye a contener los aumentos. Una menor presión de la demanda interna ayuda a explicar por qué los precios no avanzan al mismo ritmo que en otras economías.

Por su parte, Rodrigo Cubero, economista y expresidente del BCCR, puso el énfasis en la política monetaria. A su criterio, esta ha sido insuficientemente expansiva, lo que frena la demanda de crédito para consumo e inversión y, con ello, el crecimiento de la demanda de bienes y servicios.

Su explicación parte de que la inflación externa sí importa: Costa Rica compra tanto bienes destinados al consumo final como insumos que las empresas incorporan a su producción. El encarecimiento de esas compras puede presionar los precios locales de forma directa e indirecta.

“Entonces, el hecho de que en Costa Rica no haya habido más inflación no es porque la mayor inflación de los socios comerciales sea irrelevante. Claro que eso presiona al alza la inflación en Costa Rica. Es porque hay otros factores que están, digamos, mitigando o cancelando el efecto de la mayor inflación en nuestros socios comerciales”, explicó Cubero.

El expresidente también vinculó la postura monetaria con la apreciación cambiaria. Según su análisis, ambos mecanismos se complementan: mientras se modera la demanda interna, el fortalecimiento del colón amortigua el costo de las importaciones.

Esto no equivale a que las presiones externas desaparezcan, sino a que su efecto puede quedar compensado por fuerzas que actúan en sentido contrario.

¿Qué mide la inflación de los socios comerciales?

La comparación entre países tiene una limitación: sus índices de precios al consumidor reflejan el comportamiento de los bienes y servicios que adquieren sus habitantes, no específicamente el de los productos que exportan a Costa Rica.

Por ejemplo, un aumento de los alquileres, los servicios médicos o la educación en Estados Unidos puede elevar la inflación de ese país sin que necesariamente se encarezcan los bienes que llegan al mercado costarricense, como explicó Ortiz.

Incluso dentro de una economía con inflación positiva, algunos productos pueden bajar de precio mientras otros aumentan. Por eso, el movimiento del índice general no implica una variación equivalente en el costo de las importaciones.

Cubero coincidió en la distinción, aunque aclaró que comparar las tasas de inflación no es equivocado: ofrece una referencia sobre la dirección general de los precios en las economías de origen.

“No se trata de una comparación equivocada, pero sí podría ser inexacta o imprecisa, en el sentido de que las tasas de inflación de nuestros socios comerciales reflejan los movimientos en el nivel general de precios de esos socios comerciales y no específicamente en los precios de los bienes que Costa Rica importa de esos países”, señaló.

Así, la inflación de los socios comerciales sirve como punto de partida, pero no basta para medir la inflación importada. Para entender cuánto de esa presión llega al consumidor costarricense, también es necesario observar qué compra el país, a qué precio y bajo cuáles condiciones se vende en el mercado local.

Presentado por: liberty

Liberty Empresas amplió su portafolio en Costa Rica con un servicio de nube híbrida desarrollado junto a AWS, diseñado para apoyar a empresas e instituciones en sus procesos de transformación digital. La solución combina nube privada y pública, permitiendo a las organizaciones decidir dónde almacenar y procesar sus datos según sus necesidades operativas, de seguridad y cumplimiento regulatorio.

La creciente digitalización de los servicios exige plataformas con altos estándares de disponibilidad, seguridad y escalabilidad. En este contexto, Liberty Empresas ofrece una propuesta que integra conectividad, infraestructura, nube, ciberseguridad y servicios gestionados, con soporte local y facturación en Costa Rica. Esto permite a las organizaciones responder a escenarios de alta demanda y fortalecer la continuidad de sus operaciones.

“Las empresas requieren mucho más que conectividad para avanzar en su transformación digital. Con esta solución de nube híbrida junto a AWS, ponemos a su disposición capacidades de clase mundial respaldadas por nuestra infraestructura, conectividad y soporte local”, afirmó Jairo Agüero, gerente senior de Producto e Ingeniería de Liberty Empresas.

La propuesta está orientada a sectores que manejan información crítica o están sujetos a requisitos regulatorios específicos, ofreciendo opciones de residencia de datos, respaldo, recuperación ante desastres y continuidad del negocio. Las capacidades de nube pueden aplicarse en industrias como servicios financieros, comercio, salud, gobiernos locales e instituciones públicas, permitiendo gestionar altos volúmenes de transacciones, consultas y trámites sin afectar la operación.

Además, las organizaciones pueden acceder a estas capacidades sin realizar grandes inversiones en infraestructura física, apoyándose en modelos más flexibles y escalables.

El portafolio incluye soluciones como seguridad híbrida, Zero Trust, continuidad del negocio, recuperación ante desastres, monitoreo 24/7 y servicios gestionados. También contempla servicios de estrategia y evaluación de nube, migración, transformación de datos e inteligencia artificial, administración de entornos híbridos y gestión continua de plataformas en la nube.

Con esta nueva oferta, Liberty reafirma su compromiso de contribuir al desarrollo tecnológico y la digitalización de la economía costarricense, facilitando que empresas e instituciones adopten soluciones innovadoras para mejorar su eficiencia, resiliencia y competitividad.

Para

BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.

Sospecho que esa combinación, informalidad en el trato y rigidez en el proceso, produce tantos malentendidos en los equipos globales como cualquier diferencia de idioma. En más de 15 años liderando equipos multiculturales, he escuchado muchos “sí” que no lo eran.

El tema pesa en la economía. Según un informe de Procomer divulgado en 2025, el régimen de zonas francas aportó el 15% del PIB y empleó directamente a unas 197.000 personas en 2024. Cada “sí” mal leído entre esas empresas y sus socios se paga en semanas de atraso y en decisiones que hay que repetir.

Para poner la sospecha a prueba consulté tres “mapas” culturales, modelos que ordenan a los países según cómo manejan el poder, la ambigüedad y el desacuerdo: los de Geert Hofstede, del proyecto GLOBE y de Erin Meyer. Ninguno retrata a Costa Rica por sí solo.

La sospecha: lo que dicen los puntajes

En mi artículo de octubre mostré que Costa Rica puntúa 15 en individualismo y 86 en evitación de la incertidumbre, que mide qué tan incómoda se siente una cultura con la ambigüedad, según el modelo de Geert Hofstede (Cultures and Organizations, 2010). Hoy quiero profundizar en otra dimensión de ese mismo modelo: la distancia al poder, que mide cuánta desigualdad de poder aceptan y esperan quienes tienen menos. Según la tabla de puntajes, Costa Rica marca 35 en una escala de 0 a 100, el mismo valor que Alemania.

Dos de esos puntajes juntos, 35 y 86, dibujan un perfil poco común: un país donde la jerarquía pesa poco en el trato, pero la incertidumbre pesa mucho en las decisiones. Con 86 en evitación de la incertidumbre, improvisar sobre la marcha suena menos a plan y más a amenaza. De ahí la paradoja: informales en el trato, rígidos en el proceso. Es solo una sospecha, construida con puntajes y no con un estudio, y al final usted decide si sobrevivió.

Primera prueba: el espejo regional

Muchos gerentes costarricenses lideran equipos en México (81 en distancia al poder) o Guatemala (95). En el trato diario se sienten en casa, pero la jerarquía pesa distinto. Quien viene de una cultura de baja distancia suele esperar que lo contradigan en la reunión. Cuando nadie lo hace, concluye que hay consenso. Es probable que lo que haya sea deferencia, que se parece muchísimo al consenso hasta que llega la fecha de entrega.

Desde afuera pasa algo parecido, aunque por otra razón. Un socio de Estados Unidos (40 en distancia al poder, casi igual que Costa Rica) ve a un interlocutor accesible y cordial, y supone que si hay desacuerdo se dirá y que si hay acuerdo se actuará. Aquí no pesa la distancia al poder sino la evitación de la incertidumbre: la necesidad de más información y más garantías convierte el “sí” cordial en un “todavía no”. El socio lo anota como luz verde; era un semáforo en amarillo.

Erin Meyer, experta en comunicación intercultural, ofrece una razón para separarlos. En The Culture Map (2014), su mapa mide por separado cómo se lidera, de lo igualitario a lo jerárquico, y cómo se discrepa, de la confrontación abierta a evitarla. Se puede ser horizontal con el jefe y aun así evitar el desacuerdo abierto.

Segunda prueba: lo que cuesta el silencio

Un estudio de Xiao-Ping Chen, de la Universidad de Washington, con 85 equipos de cinco empresas tecnológicas en China, publicado en el Journal of Applied Psychology en 2015, encontró que quienes aceptan más la jerarquía dudan más antes de opinar. El hallazgo útil es que delegar poder y responsabilidad aumentó la disposición a proponer ideas, sobre todo en esos empleados. Dicho de otro modo: la gente opina más cuando se le confía. Parece obvio, pero ahora tenemos un estudio para citar en la próxima reunión.

Contraprueba: lo que dice otro mapa

Una sospecha construida con un solo modelo es frágil, así que busqué uno que pudiera contradecirla. El proyecto GLOBE (House y colegas, 2004) reunió a 170 investigadores en más de 60 países y datos de 17.000 gerentes. Costa Rica forma parte de su bloque latinoamericano, que muestra una distancia al poder relativamente alta en la práctica. Es decir, las organizaciones de la región serían más jerárquicas de lo que sugiere el 35 de Costa Rica.

Hay un matiz que me interesa más: ese bloque registra, en lo deseable, una de las distancias al poder más bajas de todos. La región dice querer organizaciones más planas de las que tiene. Si eso aplica a Costa Rica, el trato informal sería un deseo o un estilo y no una estructura, aunque GLOBE reporta por bloque y no puedo afirmarlo para un solo país.

Todos estos mapas describen promedios nacionales, no personas. Los datos de Hofstede salieron de una sola empresa, IBM, y varios críticos dudan de que eso baste para describir países enteros. Un ingeniero joven de San José puede ser más jerárquico que su jefe alemán. Los puntajes sirven para formular preguntas, no para etiquetar a nadie.

Veredicto: separe el trato del proceso

¿Sobrevivió la sospecha? A medias. La evidencia sobre el silencio respalda una mitad: donde la distancia al poder es alta se calla más. Pero ningún estudio que cité mide a Costa Rica por separado: el de Chen se hizo en China y GLOBE agrupa al país en un bloque. Hay, además, una explicación rival: que ese ‘sí’ sea respeto a la jerarquía, el de quien no quiere contradecir al jefe. Desde afuera se ven igual, pero piden remedios distintos: a quien necesita certeza hay que darle información; a quien respeta la jerarquía, permiso para discrepar. Con esa salvedad, esto es lo que haría.

La salida no es volver a las jerarquías ni callarse ante quien grita más fuerte. Es dejar de pedirle a la informalidad que haga el trabajo del proceso. Tres movimientos:

• Escriba quién decide, con qué información y para cuándo. Los derechos de decisión claros calman la necesidad de certeza sin sumar firmas.
• Convierta el desacuerdo en un paso del proceso. En un “pre-mortem” se pide al equipo imaginar que el proyecto fracasó y explicar por qué. Criticar el plan deja de ser un acto de valentía frente al jefe.
• Traduzca el “sí”. Pida que cada compromiso llegue con fecha y condición: “Sí, siempre que tengamos los datos a tiempo”.

La próxima vez que escuche un “sí” cordial en una reunión global, pregunte qué es: acuerdo, respeto o “todavía no”. Anote cuál de los tres predomina. Esa respuesta vale más que cualquier puntaje.

La pregunta que dejo abierta

Queda la duda más grande. Costa Rica trabaja todos los días con empresas y casas matrices extranjeras, pero los mapas existentes promedian países o bloques regionales, y ninguno retrata por sí solo cómo se decide y se discrepa en nuestros equipos. ¿Hace falta un estudio costarricense sobre nuestra idiosincrasia laboral? ¿Debería la interculturalidad enseñarse a quienes se forman para dirigir personas?

Yo creo que sí a ambas. Un país que vive de trabajar con el mundo no debería descubrir sus propias costumbres por prueba y error, una reunión fallida a la vez. Y la lección no se queda en la oficina: opinar con respeto y con argumentos, sin esperar a que otro nos dé permiso, es también un ejercicio ciudadano.

La salida, dentro y fuera del trabajo, no es obedecer a quien grita más fuerte ni a quien supuestamente sabe. Es aprender a pronunciarnos nosotros: opinar y manifestarnos ante lo que no nos parece, también cuando callar sería más cómodo. Yo empiezo por lo que sí está a mi alcance: seguir poniéndole nombre a estas diferencias. Si usted dirige equipos, enseña administración o reconoce ese “sí” que resultó ser un “todavía no”, la conversación está abierta. Sabrá dónde encontrarme.

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Li Grasse es consultora empresarial y facilitadora del Global Team Alignment Framework™. Acompaña procesos de colaboración y comunicación en equipos globales de multinacionales en Costa Rica, Estados Unidos y Alemania.

El estudio constata que la representación femenina al frente de las compañías mejoró durante la última década.

Este avance se refleja en el porcentaje de consejos de administración en el mundo presididos por una mujer, cifra que pasó de un 13,1% en el 2013 a un 30,9% en el 2025.

Asimismo, la proporción de empresas dirigidas por una mujer aumentó de un 23,4% a un 28,2% durante el mismo periodo analizado.

OCDE: rezago laboral femenino reduce en 0,5 puntos el crecimiento potencial del PIB

Brecha en la representación general

A pesar de los incrementos en la alta dirección, la población femenina sigue estando globalmente subrepresentada en los puestos directivos en general.

Actualmente, las mujeres ocupan un 30,5% de estos cargos, lo que representa una ligera mejora frente al 24,5% registrado en el año 2000.

“La igualdad de género es un derecho fundamental, y los datos demuestran claramente que también es un poderoso motor de sostenibilidad empresarial y crecimiento económico”, declaró el director general de la OIT, Gilbert Houngbo.

Compromisos corporativos frente a la realidad

El documento, elaborado a partir de una encuesta realizada a 11.957 empresas de 99 países, revela que la brecha entre los compromisos corporativos y su aplicación real se agranda con el paso de los años.

Para el 2025, 74,8% de las empresas afirmaba disponer de una política de igualdad y diversidad, o de un mecanismo equivalente en su estructura interna.

5 profesiones y 16 plataformas para encontrar empleo remoto y de ‘freelancer’ desde Costa Rica

Sin embargo, la proporción de compañías que realmente aplicaban iniciativas y acciones concretas en este ámbito cayó de un 37,4% en el 2018 a un 26,5% en el 2025, lo que evidencia un rezago en la ejecución de las metas de equidad dentro del sector privado.

El incremento se compone de dos ajustes: uno general del 1,70%, aprobado para todos los salarios mínimos del sector privado, y otro adicional del 4,18%, destinado específicamente a las personas trabajadoras domésticas. De esta forma, el salario mínimo de esta ocupación pasará a ¢284.532 mensuales.

El ajuste adicional responde a una propuesta que la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Mercedes Flores Badilla, presentó el pasado 26 de octubre ante el Consejo, en representación del Gobierno.

La iniciativa pretende acortar el plazo para reducir la brecha entre el salario mínimo del servicio doméstico y el de las demás ocupaciones, así como fortalecer el poder adquisitivo de los ingresos de este grupo de trabajadores.

¿Cómo se calcula el salario del servicio doméstico?

Para establecer el pago diario de una persona trabajadora doméstica, se divide el salario mínimo mensual entre 30. A partir de esa operación se obtiene el monto correspondiente a una jornada diaria, que luego puede dividirse entre ocho para calcular el valor de cada hora.

En 2027, el salario mínimo mensual para esta ocupación será de ¢284.532. Esto equivale a ¢9.484 por día y aproximadamente ¢1.185 por hora.

A ese pago puede sumarse una remuneración en especie cuando el patrono proporciona bienes o servicios de consumo personal inmediato que representan un beneficio para la persona trabajadora, como alimentación o habitación.

Sin embargo, este reconocimiento no permite reducir el salario mínimo que debe pagarse en dinero. El artículo 105 del Código de Trabajo establece que la remuneración en especie no puede utilizarse para completar un pago inferior al mínimo legal.

La legislación dispone que, mientras no se determine el valor de esa remuneración en cada caso concreto, se estimará equivalente al 50% del salario que recibe la persona trabajadora en dinero.

Durante la entrevista, Giacomin enfatizó que la estrategia del banco no se limita a la rentabilidad, sino que se rige bajo el propósito de “enriquecer la vida con integridad”.

Esto se traduce en acciones concretas, como que el banco apuesta por la descarbonización, con una cartera sostenible que supera los 200 millones de dólares y proyectos de restauración ecológica. También programas como Cultivarte, que buscan proteger a la niñez y adolescencia, ofreciendo espacios seguros de desarrollo cultural y tecnológico.

Giacomin destacó cómo la innovación digital, nacida en gran parte de ideas locales como el Pagaré Digital, permite acercar los servicios a los clientes. Para el ejecutivo, la confianza es el activo intangible más valioso de cualquier entidad bancaria y la base para construir relaciones duraderas.

El presidente de Davivienda relató la historia de su padre, un inmigrante italiano y pastelero cuyas “manos trabajadoras” sirvieron como garantía para su primer crédito bancario. Este recuerdo es, para Giacomin, un recordatorio constante de que, más allá de los procedimientos, el banco debe enfocarse en ayudar a otros seres humanos a progresar.

Vea aquí la conversación completa:

Infiltrados es un videopodcast de El Financiero en unión con los comunicadores Luis Mastroeni Camacho y Juan Pablo Ferrari Saavedra. Presenta conversaciones sin filtro ni guion con líderes empresariales sobre negocios y liderazgo. Su objetivo es ofrecer un espacio de periodismo sin permisos para conocer el lado humano, los retos y las visiones de las figuras más destacadas del sector empresarial costarricense.

Puede seguirlo en YouTube y Spotify.

El cambio obedece a la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicada en agosto por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con base en junio de 2026. La nueva estructura incorpora cambios en los patrones de consumo de los hogares y modifica el peso que tiene cada producto o servicio en el cálculo del indicador.

Eso significa que una variación de precios de igual magnitud puede tener ahora una incidencia distinta sobre la inflación general, dependiendo de si el artículo ganó o perdió participación dentro de la canasta. El ajuste no implica, por sí mismo, que los precios aumenten o disminuyan, sino que cambia cuánto influye cada movimiento en el resultado del índice.

Vehículos ganan protagonismo

Uno de los cambios más relevantes es el aumento en la ponderación de los automóviles nuevos, que se convirtieron en el segundo artículo con mayor peso dentro del IPC. Su participación subió 2,3 puntos porcentuales respecto a la canasta anterior.

Según el BCCR, los precios de estos vehículos presentan una correlación de 96% con el tipo de cambio en el período examinado. El mayor peso de ese artículo amplía, por tanto, la incidencia que podrían tener las variaciones cambiarias sobre el indicador general.

También aumentó, aunque en menor medida, la importancia relativa de la gasolina, los servicios de plataformas digitales y los seguros de gastos médicos. Estos tres grupos representan, en conjunto, más de 5% de la nueva canasta.

El Banco Central plantea que esta composición podría hacer que el IPC responda más a los movimientos del dólar que con la estructura anterior. Se trata de una mayor sensibilidad potencial: el informe no establece que cada variación cambiaria se trasladará de manera automática o completa a los precios.

Menor incidencia de productos agrícolas frescos

El efecto contrario se observa en los productos agrícolas frescos, cuya participación en la canasta se redujo en casi dos puntos porcentuales entre 2020 y 2026.

Estos artículos se caracterizan por presentar precios muy variables. De acuerdo con el análisis, 74% de los productos agrícolas frescos se encuentra entre los 25 artículos del IPC con mayor volatilidad, calculada para el período de julio de 2015 a junio de 2026.

Con su menor ponderación, un aumento o una disminución de igual magnitud tendrá una incidencia más reducida sobre el índice general. Esto atenuaría el efecto de perturbaciones transitorias relacionadas con condiciones climáticas o ciclos de cosecha, tanto cuando los precios suben abruptamente como cuando bajan tras normalizarse la oferta.

Una misma evolución de precios puede arrojar resultados distintos

Para examinar el alcance de los cambios, el BCCR construyó un índice hipotético que aplicó las nuevas ponderaciones a la evolución histórica de los precios de la canasta anterior. El ejercicio encontró una diferencia media de 0,7 puntos porcentuales entre ambas series durante el período analizado.

La separación fue mayor entre julio de 2022 y octubre de 2023, cuando la diferencia media alcanzó 1,6 puntos porcentuales. Según el Banco Central, las menores tasas del índice hipotético respondieron a la combinación de una mayor ponderación de productos sensibles al tipo de cambio y la caída histórica registrada por este último.

Para la autoridad monetaria, comprender estos cambios es relevante para interpretar la evolución de los precios y distinguir entre fluctuaciones transitorias y presiones inflacionarias más persistentes. La nueva canasta, concluye el análisis, requiere un seguimiento especial de los factores cambiarios y una lectura ajustada de la incidencia de los precios agrícolas.

Para quien planea una escapada, entender qué cubre realmente cada boleto es el primer paso para no llevarse sorpresas en el bolsillo. El Financiero cotizó ambas alternativas para volar o viajar por tierra del 28 de noviembre al 2 de diciembre, que precisamente incluye el feriado por la Abolición del Ejército.

En el caso del trayecto aéreo, la consulta se realizó con Copa Airlines, aerolínea que conecta ambos países con nueve operaciones diarias desde el Juan Santamaría. Para la vía terrestre, la referencia utilizada fue la empresa Tica Bus.

Los números sobre la mesa

Ir y volver a Panamá en autobús tiene un costo fijo de $130 en viaje redondo (alrededor de ₡60.000) con Tica Bus, aunque la empresa también permite adquirir los boletos por sentido. Por su parte, la cotización con Copa para salir el 28 de noviembre y regresar el 2 de diciembre arranca en los ₡121.000 por el itinerario completo.

Sin embargo, la brecha económica no es el único matiz: el equipaje permitido, las horas de traslado y el punto de desembarque marcan diferencias sustanciales.

Según explicó Josef Valdez, gerente comercial de Tica Bus para Centroamérica, el pasaje terrestre cubre estrictamente el traslado punto a punto entre terminales. La gran ventaja del autobús es que cada pasajero tiene derecho a transportar dos maletas de hasta 15 kilos cada una sin costo adicional.

En la opción aérea, las tarifas varían según el tamaño del equipaje. El vuelo de ida parte de los ₡59.000 si solo se viaja con un artículo personal y una maleta de mano de 10 kilos, pero sube a ₡80.000 si se necesita facturar equipaje en bodega (de hasta 23 kg). Para el regreso, los precios se ubican en ₡62.000 y ₡83.200, respectivamente. De esta forma, el tiquete aéreo completo fluctúa entre los ₡121.000 y los ₡163.200 según lo que cargue en la maleta.

Vale recalcar que estas cifras corresponden a la ventana de fechas consultada y están sujetas a la variación dinámica de la industria aérea.

Exceder el peso en carretera también tiene su costo: en el bus, una tercera maleta de hasta 15 kilos implica un cobro extra de $50, un detalle que puede alterar el presupuesto final si se viaja con mucho equipaje.

El factor tiempo: horas en carretera frente a un vuelo de 50 minutos

El gran contrapeso del viaje terrestre radica en el reloj. Tica Bus calcula un tiempo estimado de 16 horas y 30 minutos por sentido entre San José y Ciudad de Panamá. Al sumar la ida y el regreso, el viajero invierte aproximadamente 33 horas en carretera, lo que en un viaje corto de cuatro días significa sacrificar prácticamente dos días enteros en el traslado.

Las salidas en autobús desde San José se realizan todos los días a las 11:50 p.m., mientras que desde la capital panameña los buses parten a las 7:00 a.m.

En contraste, la ruta aérea reduce drásticamente los tiempos de tránsito. El vuelo cotizado sale de San José a las 5:55 p.m. y aterriza en suelo panameño a las 8:20 p.m. (hora local). Al regreso, el avión despega de Tocumen a la 1:28 p.m. y llega a Costa Rica a la 1:52 p.m; típicamente el tiempo de vuelo de esta ruta es de 50 minutos por sentido.

Por supuesto, al tiempo de vuelo hay que añadir la logística previa: presentarse al aeropuerto tres horas antes para cumplir los trámites migratorios respectivos, desplazarse hasta la terminal aérea y realizar los controles de ingreso al país vecino. En el autobús, la empresa solicita abordar con una hora de anticipación para el chequeo de equipaje.

¿Cuál transporte conviene más?

El autobús se consolida como la opción ideal para quien busca estirar el presupuesto y necesita llevar más equipaje: el tiquete de $130 incluye 30 kilos divididos en dos piezas. Su desventaja evidente es el desgaste físico y el tiempo consumido en el trayecto y el paso por la frontera.

El avión, por su parte, se impone por la inmediatez. En una visita corta de cuatro días, volar permite aprovechar al máximo la estancia en el destino, aunque exige una inversión significativamente mayor en el boleto y el pago de traslados adicionales desde y hacia los aeropuertos.

Un análisis difundido por Tica Bus sugiere evaluar la foto completa de los gastos antes de tomar una decisión, argumentando que el ahorro en el boleto terrestre puede destinarse a mejorar la categoría del hospedaje o realizar más actividades en Panamá.

“El viaje por tierra tiene una ventaja que no siempre se ve en el precio del boleto: el costo final. Cuando el viajero suma todo, descubre que con el mismo presupuesto puede llegar a más destinos. Además, el recorrido deja de ser un simple traslado y se convierte en parte de las vacaciones”, afirmó Valdez.

Según el representante de Tica Bus, en los últimos años, la demanda del servicio ha experimentado cambios significativos. Antes de la pandemia, muchos pasajeros preferían viajar de forma directa y mostraban cierta resistencia a realizar transbordos. Sin embargo, tras la pandemia y los cierres de fronteras, tanto los clientes costarricenses como panameños se adaptaron a esta modalidad de viaje, identificando que les permite reducir costos y contar con más opciones de transporte.

“Adicionalmente, ha incrementado la competencia en el mercado, ya que el transporte aéreo tiene constantes promociones. A pesar de ello, el impacto del alto costo de vida, ha llevado a los pasajeros a buscar alternativas más económicas para sus desplazamientos y el transporte terrestre es una excelente opción”, agregó.

Logística fronteriza y recomendación de compra

En San José, la terminal de Tica Bus se ubica en Paseo Colón (200 metros norte y 100 oeste de Torre Mercedes). En Panamá, la llegada es en la Gran Terminal de Transporte de Albrook, en Ancón.

Durante el paso por la frontera en Paso Canoas, todos los pasajeros deben descender del autobús para realizar sus trámites migratorios de forma personal, acompañados por el personal de la empresa que los guía hacia las ventanillas.

Los requisitos de entrada dependen de la nacionalidad del viajero, por lo que es imprescindible verificar la vigencia del pasaporte, la necesidad de visa, el tiquete de salida del país y los comprobantes de hospedaje o solvencia económica antes de abordar.

Finalmente, la compañía recomienda comprar los pasajes con suficiente antelación para asegurar espacio y asiento, especialmente de cara a los picos de alta demanda de diciembre, enero, Semana Santa y los feriados nacionales, períodos donde la ruta registra su mayor ocupación.

En el caso de los viajes de avión, la recomendación siempre es comprarlo con la mayor antelación posible, para evitar que los precios se disparen.

Como ha señalado el historiador Steven Shapin, se trató de una revolución tanto social como intelectual. La ciencia comenzó a reconfigurar nuestro sistema de valores compartido en torno a la idea de que la investigación y el rigor son virtudes. Empezamos a exigirnos a nosotros mismos, y a nuestras instituciones más importantes, que se ajustaran a los estándares de la indagación científica.

Ningún sistema político refleja mejor este cambio que la democracia. El ideal de la soberanía popular se basa en el principio de que cada uno de nosotros es capaz de comparar candidatos o propuestas políticas y llegar a su propia conclusión informada.

Hoy en día, nos encontramos en la cúspide de una revolución similar. En septiembre, uno de los modelos de OpenAI tardó menos de una semana en resolver un problema matemático que había desconcertado a los científicos durante décadas; y los sistemas de IA ya están identificando nuevos candidatos a antibióticos mediante la exploración de espacios químicos demasiado vastos que resultan inabarcables para cualquier equipo de investigación. En un número cada vez mayor de campos, las máquinas generan información nueva de forma autónoma. Si bien los seres humanos seguimos planteando las preguntas y evaluando los resultados, el acto generativo -el salto creativo hacia lo desconocido- es impulsado cada vez más por sistemas que no piensan como nosotros o que, en realidad, ni siquiera piensan.

Como vimos con la Revolución Científica, los nuevos sistemas de información suelen dar lugar a nuevos sistemas epistemológicos y éticos. La IA nos enseña, de forma implícita, a valorar la facilidad, la rapidez y la externalización, y estos valores ciertamente tienen su lugar en determinados contextos. Ningún ser humano puede procesar tal cantidad de datos con la misma rapidez que una IA, y en sectores como la medicina, la velocidad a menudo salva vidas.

Pero, como bien sabe cualquiera que haya observado la evolución de Internet en los últimos años, avanzar rápido puede significar que haya cosas que se rompan. No podemos permitir que nuestras instituciones democráticas se conviertan en una de esas cosas.

La mayor habilidad de la IA es el reconocimiento de patrones. Le introducimos al algoritmo una pregunta o una ecuación, y este compara los datos introducidos para identificar una respuesta. Lo que no puede hacer es decidir qué preguntas vale la pena plantear, qué resultados vale la pena buscar o qué tipo de futuro deberíamos intentar construir. Estas son precisamente las preguntas que la democracia exige que consideremos.

Muchas de las cuestiones más importantes a las que se enfrentan los seres humanos no pueden tercerizarse. Por ejemplo: ¿qué políticas pueden mitigar la polarización política? ¿Cómo debería una democracia liberal equilibrar la vigilancia y las libertades civiles? ¿Y qué le exige la justicia a una sociedad plagada de una desigualdad cada vez más profunda?

No se trata de problemas que el reconocimiento de patrones pueda resolver, porque ninguno tiene una solución única. Requieren el juicio humano -por muy imperfecto, controvertido, en constante evolución e incierto que pueda ser-, así como un contexto que solo las personas que forman parte de las comunidades pueden reconocer y sentir. Sea cual sea el sistema de valores que adoptemos para nuestra nueva era de la información, tendremos que tener en cuenta la incapacidad de la IA para responder a las preguntas más importantes de la humanidad.

Ya hemos pasado por esto antes, y más recientemente de lo que mucha gente cree. Desde que Internet se ha vuelto omnipresente en nuestras vidas personales y profesionales, hemos tenido que descifrar cómo asimilar cada vez más información, al mismo tiempo que protegemos la verdad. Hemos tenido que encontrar formas de garantizar que la economía digital sirva al interés público, y no solo a los intereses corporativos y a los resultados económicos. Afortunadamente, los litigantes y los tribunales han comenzado por fin a responsabilizar a las grandes plataformas de redes sociales por los daños causados a los niños.

Al mismo tiempo, las tecnologías digitales han aportado muchos beneficios. La Biblioteca Pública Digital de Estados Unidos ha garantizado el acceso a libros que están prohibidos o no están disponibles en algunas partes del país. La Wayback Machine de Internet Archive nos permite localizar en la web un artículo de hace décadas. Wikipedia ha puesto a nuestra disposición de forma gratuita una gran riqueza de conocimiento colectivo. Y Khan Academy ha utilizado las tecnologías digitales para democratizar la educación.

Estos proyectos son testimonio de los valores que adoptamos hace siglos durante la Revolución Científica. A pesar de que la desinformación y la información errónea se han vuelto omnipresentes en Internet, tomamos la decisión de proteger la verdad y las pruebas para que no quedaran ocultas, de hacer que los hechos estuvieran disponibles libremente y de dar la bienvenida a cualquiera que quisiera aprender más.

La IA nos obliga a tomar una decisión similar. Mientras que Internet nos ha inundado de información -verdadera y falsa, benigna y maliciosa-, la IA nos ofrece externalizar por completo el análisis.

Debemos resistirnos a esa tentación. Las respuestas, independientemente de cómo se obtengan, no son tan valiosas como la visión (tal como han señalado los matemáticos al reaccionar ante los avances de OpenAI). No deberíamos valorar el producto por encima del proceso de aprendizaje y descubrimiento. La democracia exige que todos los ciudadanos participen, ya sea en las urnas, en las reuniones del consejo escolar o en la mesa durante la cena.

Nuestras instituciones, por su propia naturaleza, no pueden funcionar por inercia. La democracia, al igual que la ciencia, se nutre de personas insatisfechas que siempre se plantean la siguiente pregunta: ¿cómo podemos ser mejores, más inteligentes, más rápidos y más libres? Cuando dejamos de participar o empezamos a sustituir las opiniones fundamentadas por respuestas generadas por la IA, ese motor se detiene.

La filantropía puede ayudar. Junto con otros nueve financiadores, en la Fundación MacArthur apoyamos a Humanity AI, una iniciativa de 500 millones de dólares destinada a garantizar que la humanidad siga ocupando un lugar central en el desarrollo de la IA en los años venideros. Dos de las áreas clave en las que nos enfocamos desde el principio son la democracia y la educación. Estas instituciones deben evolucionar para estar a la altura de las circunstancias, y la propia IA debe diseñarse e implementarse siempre de tal manera que los seres humanos sigan teniendo el control.

En última instancia, la IA puede dotarnos de los medios para crear un mundo mejor, más inteligente y más seguro. Pero haríamos bien en recordar que se construyó sobre la base de la revisión por pares y las universidades públicas de investigación.

Los frutos de la Revolución Científica no pueden suplantar ni el proceso ni los principios que los crearon. Ese proceso es valioso y debe ser protegido.

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John Palfrey es presidente de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur.

Basta entrar en un supermercado para encontrar yogures, helados, cereales, batidos y postres que destacan en letras grandes su contenido proteico. Casi todos los grandes lineales dedican ya zonas específicas a alimentos con el reclamo “alto en proteína” o, incluso, han desarrollado líneas propias de alimentos “altos en proteínas” entre sus marcas.

En redes sociales circulan recetas high protein, desayunos que presumen de sus abundantes gramos de proteína y recomendaciones para aumentar la ingesta diaria de este nutriente.

La proteína se ha convertido en un argumento de venta. Pero ¿qué hay detrás de esta tendencia? ¿Cuándo responde a una necesidad real y cuándo estamos comprando un extra que quizá no necesitamos?

La buena fama de las proteínas tiene una explicación

A diferencia de otras modas alimentarias, el interés actual por las proteínas no surge de la nada.

Hace apenas unos años, términos como “anabolismo muscular”, “síntesis proteica” o “recuperación” parecían exclusivos de gimnasios y revistas deportivas. Hoy forman parte del vocabulario de millones de personas. Este cambio refleja algo más profundo: cada vez somos más conscientes de que mantener una buena masa muscular no solo importa para correr más rápido o levantar más peso, sino también para conservar la movilidad, la autonomía y la salud a medida que envejecemos. Hacer la compra, subir escaleras o levantarse de una silla son ejemplos cotidianos de lo que está en juego.

Y cuando se habla de fuerza, inevitablemente se habla de proteínas. El músculo necesita un aporte adecuado de aminoácidos para mantenerse y renovarse. La alimentación los proporciona; la actividad física aporta el estímulo. Ambos se complementan.

Que las proteínas sean importantes no significa que más sea siempre mejor, ni que cualquier producto enriquecido vaya a mejorar nuestra salud. Ningún yogur, batido o postre proteico puede reproducir por sí solo los beneficios de una vida activa. A veces, el mensaje se simplifica demasiado. Y es precisamente ahí donde la investigación empieza a plantear preguntas más interesantes que cuántos gramos de proteína contiene un alimento.

Más allá de los bíceps

Conservar la función muscular forma parte del envejecimiento saludable. Otra pregunta, menos visible, es cómo se relaciona la alimentación proteica con capacidades como la memoria o la planificación de tareas.

Recientes evidencias apuntan a que una apropiada ingesta de proteínas favorecen algunas capacidades físicas y aspectos de la cognición como la memoria verbal o la capacidad de planificar y organizar tareas en personas mayores. Pero ¿de cuánta proteína estamos hablando?

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés) recomienda una ingesta de 0,83 gramos por cada kilogramo de peso al día, lo que equivale a 58 gramos al día para una persona que pese 70 kilos. Sin embargo, estudios recientes sugieren que, en personas mayores, incrementar la ingesta a 1 gramo por kilogramo del peso al día puede ser aconsejable.

Antes de buscar un extra, conviene mirar el plato

Muchos alimentos que anuncian un alto contenido proteico incorporan proteínas de buena calidad (leche, suero, caseína). Sin embargo, unos gramos más de proteína no convierten por sí solos a un alimento en saludable.

La calidad nutricional depende del conjunto del producto: azúcares añadidos, grasa saturada, sal, fibra y grado de procesamiento. La palabra “proteico” no debería funcionar como un sello automático de calidad. Conviene comparar productos similares –la composición para 100 gramos– y comprobar, después, cuánto aporta la ración que realmente tomamos.

Además, muchas personas se preguntan si realmente necesitan estos productos para cubrir sus necesidades. La respuesta suele ser más sencilla de lo que parece: a menudo consumimos más proteína de la que creemos, porque no solemos pensar en ella cuando está presente en alimentos habituales. Una mujer de mediana edad puede cubrir una parte importante de sus necesidades diarias con un menú cotidiano: tostadas con café con leche, un plato de lentejas, un yogur como tentempié y una tortilla francesa para cenar.

La pregunta relevante no es solo cuánta proteína tiene un producto, sino si de verdad aporta algo que nuestra alimentación habitual no está proporcionando o cubre una necesidad que realmente tenemos (por ejemplo, en caso de deportistas o personas mayores).

Cómo aprovechar la tendencia con criterio

La creciente atención que reciben las proteínas tiene un aspecto positivo: nos recuerda que la alimentación es clave para mantener la salud y la funcionalidad a medida que envejecemos.

En la mesa resulta útil incluir fuentes proteicas variadas a lo largo del día (legumbres, pescado, huevos, lácteos, tofu, carnes magras), sin olvidar frutas, verduras y alimentos ricos en fibra, y acompañarlo de ejercicio de fuerza adaptado.

La proteína merece la popularidad que ha ganado. Pero la pregunta más útil quizá no sea cuántos gramos añade un producto a su etiqueta, sino si realmente necesitamos ese extra. En una época en la que este nutriente aparece destacado en envases, anuncios y redes sociales, la idea más útil puede seguir siendo la más sencilla: gran parte de la proteína que necesitamos sigue estando donde siempre ha estado, en nuestro plato.

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Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

La oposición demócrata espera lograr una mayoría en la Cámara de Representantes (435 curules) e incluso alberga buenas perspectivas para el Senado, que renueva 35 de sus 100 escaños.

Si los demócratas consiguen al menos cuatro de esas 35 curules en disputa, volverían a controlar todo el Congreso, lo que podría poner en aprietos al republicano Trump, de 80 años y en la recta final de su presidencia.

Trump estuvo casi un mes entero de campaña, a veces con varios mítines diarios, para las elecciones legislativas de medio mandato más caras de la historia, más de 11.000 millones de dólares.

Son las elecciones “más importantes de nuestra vida”, declaró el republicano el lunes, antes de volver a pedir la movilización de los suyos.

“Solo le pido a todo el mundo que se imagine que estoy en la papeleta”, dijo en entrevista televisiva el presidente, pese a su baja popularidad.

Los demócratas acarician la revancha política tras el varapalo que supuso en 2025 el retorno de Trump a la Casa Blanca, donde no ha dado descanso a la oposición con campañas militares de éxito desigual, en Venezuela e Irán, recortes de impuestos y decenas de decretos presidenciales.

Trump jugó fuerte, pero las principales preocupaciones de los votantes, la economía y el coste de la vida, no han desaparecido, sino todo lo contrario.

La peor cota de popularidad

Trump enfrenta la peor cota de popularidad de un presidente a medio mandato, con cerca de un 70% de descontentos, y solo puede apostar por la movilización de sus seguidores incondicionales si no quiere perder ambas cámaras.

Por su lado, los demócratas han entregado sus esfuerzos de campaña en buena parte al entusiasmo del ala más izquierdista, que ha aportado fondos y una intensa campaña de inscripción de votantes.

Esa movilización tiene sus riesgos, puesto que ese ala izquierdista tiene puntos de vista sobre la policía migratoria, la relación con Israel o los impuestos que se desmarcan abiertamente del electorado promedio demócrata.

El 53% de los votantes hispanos se declaran “extremadamente motivados” para acudir a las urnas, un alza apreciable frente al 41% de hace cuatro años, según el centro de estudios Pew.

Trump ganó casi la mitad de esos votos en 2024. Ahora solo el 24% de los votantes de esa importante minoría aprueba su acción de gobierno.

En su última proyección previa al día de las elecciones, la firma de pronósticos Decision Desk HQ preveía que el Senado cambiaría a una mayoría de 52-48 a favor de los demócratas, y que el partido opositor lograría una cómoda ventaja de 241-194 en la Cámara de Representantes.

¿El principio del fin?

En caso de victoria, la oposición quiere abrir investigaciones contra el presidente Trump, su gobierno y su familia, e intentar bloquear sus nombramientos, así como la financiación de la guerra en Irán.

Los republicanos esperan mantener al menos el control de una de las dos cámaras, y obligar así a los demócratas a negociar los presupuestos.

Una derrota estrepitosa podría significar el principio del fin de la presidencia Trump, al que los demócratas intentaron en dos ocasiones destituir durante su primer mandato.

Desafiante, el republicano ha advertido que puede convertirse en “Mr Veto” para frenar las iniciativas legislativas de la oposición.

Además del Congreso, los estadounidenses están invitados a renovar 36 gobernaciones estatales, y a emitir su voto en numerosos referéndums.

Estas elecciones podrían suponer el despegue de jóvenes promesas, como el demócrata James Talarico, que podría darles un triunfo clave en Texas.

La velada electoral arrancará a partir de las 18H00 en la Costa Este (01H00 GMT), pero los votantes podrían tardar días en conocer su veredicto.

Además de las apretadas votaciones en algunos estados, en Alaska el gobierno federal quiere impugnar preventivamente el resultado, después de que los demócratas presentaran un candidato con un nombre idéntico al del republicano.

La estrategia del conglomerado se ha volcado hacia la descentralización de los servicios fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), la apertura de formatos ajustados al perfil socioeconómico de cada comunidad y el fortalecimiento de alianzas estratégicas internacionales, como la que mantienen con la corporación estadounidense Sanford Health.

En entrevista con El Financiero, George Durman, director de operaciones de la división salud de Grupo Montecristo, profundiza en la distribución operativa de la red, las dinámicas de segmentación comercial para evitar la canibalización entre sus submarcas y la presión estructural que genera la falta de médicos especialistas en el país.

La división de salud atendió 2,5 millones de citas en el último año. ¿Cómo se distribuye esa carga operativa entre sus distintas marcas y centros?

La mayoría de las consultas se otorgan a través de nuestra red hospitalaria y de clínicas. Contamos con dos hospitales principales en el Gran Área Metropolitana —San José y Lindora—, acompañados por una red de clínicas periféricas de menor escala y los centros de Atención Médica Primaria (AMP). A esto se suman ubicaciones en zonas de alta demanda como Quepos, Huacas, Liberia y San Carlos.

Adicionalmente, operamos marcas en el segmento de salud retail, como el Centro de Nutrición Clínica (CNC), clínicas odontológicas bajo la firma Drs. Dent y cadenas ópticas (Ópticas Max y Combo Ópticas), las cuales aportan un volumen muy significativo al total de pacientes atendidos.

Ante las listas de espera en el sistema de salud pública y la búsqueda de opciones privadas, ¿cuáles servicios médicos han registrado el mayor crecimiento en la red?

La demanda ha crecido de manera importante en el área de imágenes médicas y en el bloque quirúrgico. La democratización del acceso a la salud privada ha sido clave, y un facilitador determinante para esto ha sido la oferta de opciones de financiamiento para que los pacientes puedan costear procedimientos de mayor complejidad.

Por otro lado, la plataforma Medismart ha cambiado la dinámica de acceso, conectando a los usuarios con una amplia red nacional de médicos especialistas y generales a precios preferenciales, lo que permite atender a personas que de otro modo tendrían que esperar en el sector público o abstenerse de la atención.

¿Cómo ha evolucionado la afiliación empresarial a plataformas como Medismart dentro de sus volúmenes de crecimiento?

Medismart opera bajo dos vías: la afiliación individual o familiar directa, y el canal corporativo. Hemos visto un crecimiento sostenido en el sector empresarial, especialmente en compañías ubicadas en zonas francas, que buscan complementar sus pólizas de seguro privado con este beneficio de medicina prepagada para sus colaboradores. Es un esquema bien recibido que impulsa directamente la escala de la plataforma.

En materia de infraestructura, la red ha mostrado un interés particular por expandirse fuera del GAM y en zonas costeras. ¿Bajo qué lógica eligen los formatos y ubicaciones?

El principio para expandir la infraestructura es garantizar que el servicio sea sostenible en el tiempo, y para eso debe ser rentable y operativo. La eficiencia interna se traduce directamente en menores costos para el paciente.

Analizamos el perfil del cliente potencial en cada comunidad y elegimos entre un formato grande, mediano o pequeño. En muchos casos ingresamos con un módulo básico de servicios; si la receptividad de la comunidad es positiva, vamos añadiendo especialidades conforme el mercado lo demanda. Este enfoque gradual evita encarcelar capital o encarecer la operación desde el primer día. Un ejemplo de diversificación reciente fue la apertura de C3 en Cariari y la creación de Zenit, un centro especializado en medicina deportiva y rehabilitación física.

Al operar una red multimarca en categorías similares, como en el caso de las ópticas, ¿cómo evitan la canibalización de clientes entre sus propios negocios?

La clave es la segmentación precisa del paciente. Ópticas Max ofrece un catálogo amplio de aros, lentes y marcas de gama alta; mientras que marcas como Combo Ópticas manejan un inventario más reducido y enfocado en volumen y precio. Al ajustar la estructura de costos de inventario de cada marca, nos dirigimos a segmentos socioeconómicos distintos. Existe un margen muy pequeño de canibalización, pero la segmentación adecuada nos permite cubrir diferentes nichos sin competir contra nosotros mismos.

Una de las incorporaciones recientes a la red fue el Centro de Nutrición Clínica. ¿Tienen interés en seguir sumando nuevas áreas médicas mediante compras o alianzas?

Siempre estamos abiertos a evaluar alternativas y oportunidades en el mercado, siempre y cuando vengan a complementar el “sistema solar” de servicios que ofrecemos en el área de salud. Si identificamos un servicio nuevo o una oportunidad para ampliar nuestra penetración, la analizamos. Si hace sentido financiero y clínico, y profundiza nuestra oferta, no dudamos en incorporar esa nueva marca o área al grupo.

Grupo Montecristo cuenta con la firma estadounidense Sanford Health como socio accionarial. ¿Cuál es el papel operativo y estratégico de esta alianza?

Sanford Health es un socio estratégico activo. Su aporte se concentra principalmente en la parte clínica, la transferencia de protocolos de atención y la asesoría en adquisición de tecnología médica de vanguardia. Nos ayudan a evaluar qué equipamiento de última generación hace sentido financiero y clínico implementar en Costa Rica y cómo adaptarlo al mercado local. Poseen una participación accionaria sólida que se ha mantenido estable y enfocada en fortalecer la calidad del servicio.

¿Han mostrado interés en adquirir una mayor participación accionaria en la división?

No lo han mostrado así. Lo que ellos buscan es mantener una participación activa e importante en la gestión y en la parte clínica, pero no han manifestado el deseo de crecer más de la participación que ya poseen.

¿Cuál es el valor diferenciador de la división frente a otros actores?

La competencia es positiva porque eleva la vara de calidad para el país. Nuestro objetivo es ser más eficientes para mantener costos accesibles sin sacrificar estándares clínicos. La diferenciación radica en la gestión diaria de casi 3.000 colaboradores para garantizar que el paciente reciba una atención integral en el momento de mayor vulnerabilidad de su vida.

De cara a los próximos años, ¿cómo evalúa la disponibilidad de talento médico para sostener esta expansión?

Existe una presión estructural real por la escasez de médicos especialistas en Costa Rica. El sistema de formación nacional presenta un cuello de botella que afecta tanto al sector público como al privado. La demanda de atención médica crece a un ritmo mayor que la oferta de profesionales graduados en ciertas ramas.

¿Cómo impactará la transición demográfica del país en las necesidades de la red médica?

La población costarricense envejece progresivamente, lo que reconfigurará la demanda de especialidades médicas. El cambio demográfico exigirá un enfoque mucho mayor en la atención del adulto mayor, lo que pondrá una presión todavía más fuerte sobre la disponibilidad de especialistas en el mediano y largo plazo.

El ingreso per cápita es el resultado de dividir dos variables: el ingreso general del hogar entre el número de sus integrantes.

El resultado de esa operación matemática es el que permite conocer si una familia está dentro de un quintil u otro.

EF elaboró la siguiente herramienta para que haga su propio cálculo. Para usarla, solo necesita conocer el ingreso mensual de su familia y su número de integrantes.

¿Cómo funciona la calculadora?

La calculadora utiliza los ingresos mensuales per cápita del hogar y los divide entre la cantidad de integrantes del hogar. A partir de ese cálculo, ubica el resultado en un determinado quintil, según los límites publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para cada escalón, con los datos recolectados este año.

Un hogar de tres personas que recibe ¢1,5 millones mensuales, por poner un ejemplo, tiene un ingreso per cápita de ¢500.000 y se ubica en el cuarto quintil, según los parámetros de la Enaho.

El ingreso mensual per cápita de una familia tendría que superar los ¢654.764 mensuales para pertenecer al 20% de los hogares de mayores ingresos; por ejemplo, un hogar de cuatro integrantes necesitaría percibir ¢2,62 millones mensuales para entrar en ese grupo.

En el extremo contrario, los hogares con ingresos mensuales inferiores a ¢135.203 por persona se sitúan en el primer quintil, que corresponde al 20% de menores recursos. Tal sería el caso de un hogar que recibe unos ¢500.000 mensuales y debe repartirlos entre cuatro personas.

Como la clasificación depende al mismo tiempo de la cantidad de integrantes de la familia y de sus ingresos totales, dos hogares que reciben exactamente el mismo dinero pueden terminar en diferentes quintiles si no están integrados por la misma cantidad de personas.

Los resultados de la calculadora corresponden a los datos nacionales de 2026, los más recientes desde este 27 de octubre. No hacen distinciones regionales de ningún tipo.

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EF desarrolló esta herramienta con ayuda de inteligencia artificial y no recolecta datos individuales ni colectivos que se indiquen en ella.

Hacienda agradeció su aporte a la institución y al país durante sus años de gestión, pero no detalló las razones específicas de su salida.

A partir de ahora, las funciones del Viceministerio de Egresos serán asumidas por Víctor Julio Carvajal Porras, quien actualmente ocupa el Viceministerio de Ingresos.

De esta manera, Carvajal tendrá bajo su responsabilidad las dos áreas de la cartera: la relacionada con los ingresos públicos y la encargada de los egresos del Gobierno.

El anuncio se produce en medio de versiones sobre una eventual salida de Rodrigo Chaves del Ministerio de Hacienda, donde también se desempeña como ministro de la Presidencia.

El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, aseguró el viernes 30 de octubre, mediante un video difundido en sus redes sociales, que Chaves habría tomado la decisión de abandonar el Ministerio de Hacienda.

“Rodrigo Chaves se va. Rodrigo Chaves va a abandonar el Ministerio de Hacienda”, afirmó Guillén.

El dirigente liberacionista vinculó la supuesta salida con las presiones económicas que enfrentan los hogares por el encarecimiento de los combustibles, los pasajes de autobús y los costos de la electricidad.

También cuestionó la conducción de las finanzas públicas y la discusión presupuestaria que enfrenta el país.

Pilar Cisneros desmintió eventual salida

Sin embargo, las afirmaciones del secretario general del PLN fueron rechazadas por Pilar Cisneros, asesora ad honorem de la Presidencia y cercana al mandatario.

Ante consultas de medios de comunicación como La Nación, Cisneros calificó de falsas las declaraciones de Guillén y aseguró que Chaves continuaba al frente de sus dos ministerios.

La asesora indicó que incluso había compartido un almuerzo con el jerarca ese viernes y que no existía ninguna decisión de abandonar sus responsabilidades.

Hasta el momento, la eventual salida de Chaves de Hacienda no cuenta con una confirmación oficial. Por tanto, la renuncia anunciada este lunes corresponde a Molina Chacón y no debe interpretarse como un anuncio de salida del ministro

Quienes deseen participar deben contar con una licenciatura en Contaduría Pública o en Administración de Negocios o de Empresas, con énfasis o especialidad en Contabilidad o Contaduría Pública.

También se requiere un mínimo de tres años de experiencia profesional en labores relacionadas con auditoría interna o externa, tanto en el sector público como en el privado. De ese periodo, al menos dos años deben corresponder a funciones de supervisión de personal profesional.

Las personas interesadas podrán consultar los detalles del concurso, los requisitos y la documentación necesaria en el sitio web del Comex, en el apartado ‘Transparencia Institucional – Recursos Humanos – Contratación de Personal’, donde encontrarán la oferta de servicios y la guía del concurso.

La recepción de documentos se realizará entre el 23 de noviembre y el 04 de diciembre de 2026, mediante el correo electrónico rH@comex.go.cr. Los aspirantes deberán enviar la oferta de servicios, sus atestados, certificaciones y cualquier documentación adicional solicitada.

Entre las condiciones para ocupar el cargo figuran la incorporación al colegio profesional correspondiente, la presentación de la declaración de bienes y la rendición de una garantía o póliza de fidelidad, requisitos establecidos para el ejercicio de estas funciones.

Según se informó, las operaciones serían de lunes a domingo, saliendo del Aeropuerto Internacional Harry Reid (LAS), a las 11:20 de la noche, para llegar al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a las 6 a.m. Desde Costa Rica, los vuelos se programaron de vuelta a Las Vegas entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde del día siguiente. La duración aproximada del vuelo es cercana a las 7 horas.

Este medio pudo confirmar que el vuelo no apareció en el cronograma oficial del ICT, por lo que se consultó a la entidad a qué se debía esa ausencia. Según la compañía aérea, decidieron cancelar la ruta debido a que no tuvo la recepción esperada de parte de los viajeros y valorarán en un futuro volver a lanzarla al mercado.

De esta forma, actualmente Southwest vuela directo a Orlando y a Houston desde San José diariamente y también a Houston desde Liberia, pero los sábados y domingos.

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Presentado por: MASTERCARD

El sector pyme en Costa Rica vive una dualidad que merece ser intervenida para romper una brecha en el crecimiento de estos negocios. Si bien, el 98% de ellas ya adoptó la digitalización como una parte esencial de su desarrollo, casi la mitad de ellos confiesa que el temor a ser víctima de un fraude se ha convertido en su mayor barrera para seguir creciendo.

Estas cifras se desprenden del Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook, encuesta en la que participaron 200 emprendedores durante el segundo trimestre del año en curso y del que Costa Rica fue parte. En este el foco fueron las pequeñas y medianas empresas (pymes) donde se confirma que todos ya integran el comercio digital, pero no se han reforzado en temas de ciberseguridad y esto puede llegar a traducirse en estancamiento para muchos de ellos.

Específicamente, el temor a fraudes o ciberataques les está frenando de seguir creciendo. El estudio indica que más de la mitad tiene claro que con una protección adecuada frente a estos males, podrían lograr un crecimiento de un 25% o más en sus negocios, mientras que el 33% identificó el aumento de las ventas en línea y digitales como una de sus mayores oportunidades para los próximos dos años.

Para Kattia Montero, Country Manager de Mastercard para Costa Rica y Nicaragua, más que un problema operativo, esto representa una oportunidad comercial que se está perdiendo con clientes que no se están captando.

“Se trata de todas las ventas que las pymes están dejando sobre la mesa porque no están pudiendo crecer y no están transmitiendo esa confianza al consumidor”, explicó.

Desde su visión, la clave está en que los dueños de negocios dejen de ver esto como una decisión excluyente entre cuidarse o generar ingresos, y que entiendan que el crecimiento y la protección deben avanzar de forma conjunta en todas las pymes.

“Es un costo de oportunidad que tienen que realmente valorar y tienen que incorporar en todos los planes de negocio que están haciendo. No importa qué tan pequeña sea la empresa, realmente tienen que ir incorporando eso como una capa importante y una capa realmente necesaria y fundamental dentro del plan de negocio de la empresa”, agregó Montero.

Ataques recientes

El recelo de los empresarios no se queda únicamente en una percepción, ya que las amenazas han estado tocando su puerta, así lo reveló el 37% de las pymes costarricenses que durante el último año sufrieron al menos un incidente relacionado con la ciberseguridad. Entre las modalidades más comunes para atacarlas destacan el fraude en pagos, con un 53%, y los ataques de phishing, con un 49%. Incluso, estas amenazas suelen llegar por diferentes canales a un mismo negocio.

Pese a la recurrencia de estos casos, existe una contradicción marcada entre lo que se sabe y lo que se hace. Aunque el 96% de los empresarios afirma estar familiarizado con la ciberseguridad, apenas un 15% se siente verdaderamente preparado para proteger su negocio, y una de cada cinco pymes reconoce no tener ningún plan de respuesta ante una eventualidad.

Herramientas a su alcance

El lado positivo es que fortalecer su sistema de gestión en ciberseguridad no es un proceso que tiene que hacer solo, para ello hay diversas herramientas que Mastercard pone a su disposición con tecnologías y servicios para prevenir y responder ante amenazas.

Además, cuentan con el Mastercard Trust Center de educación y recursos sobre ciberseguridad para pymes de América Latina y el Caribe en el que los usuarios podrán acceder a investigaciones, capacitaciones y orientación práctica para mejorar sus procedimientos y estar preparados ante estas situaciones.

Asimismo, en alianza con instituciones financieras y socios locales, se facilitan herramientas como My Cyber Risk, impulsada por RiskRecon, y soluciones de protección de identidad digital, diseñadas para que las empresas detecten sus puntos débiles a tiempo y puedan anticiparse a cualquier ataque.

Como recomendación final, Montero hizo un llamado para que el sector asuma este reto apoyándose en la experiencia de la industria.

“Mi recomendación es que las pequeñas y medianas empresas estén mejor preparadas para que puedan hacer crecer sus negocios de una forma sana. En Mastercard siempre van a encontrar un aliado, no solamente en innovación o métodos de pago, sino también en ciberseguridad, con soluciones diseñadas específicamente para las pymes”, concluyó Kattia Montero.

Para

BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.

Sidney Viales, jefe de Seguros Obligatorios del INS, indicó que el cambio se visualizará entre la noche de este lunes y madrugada del martes.

La decisión se tomó después de que la institución recibiera cuestionamientos de los usuarios por incluir una cobertura que no habían solicitado y que, pese a ser voluntaria, se sumaba automáticamente al total del derecho de circulación.

“Pusimos atención a los comentarios de las personas, lo analizamos a lo interno y también el señor superintendente general de Seguros, (Tomás Soley), nos hizo un llamado respecto del prellenado y por eso se tomó la decisión de quitarlo a partir de la noche madrugada”, afirmó Viales en conferencia de prensa.

Con este cambio, los propietarios de vehículos ya no tendrán que ingresar a la plataforma y desmarcar el seguro para evitar que los ₡11.900 se incorporen automáticamente al monto del marchamo.

INS incluyó un seguro voluntario adicional en la plataforma de cobro del marchamo: ¡así puede eliminarlo!

¿Qué cubre el seguro Más Protección?

La póliza Más Protección es un seguro voluntario que complementa la cobertura del Seguro Obligatorio Automotor (SOA).

Marchamo 2027: consulte cuánto debe pagar y los detalles del seguro adicional que incluyó el INS

Su costo es de ₡11.900 y ofrece hasta ₡6 millones adicionales por persona y por evento para la atención de víctimas de accidentes de tránsito.

Entre sus coberturas se encuentran:

• Atención médica complementaria.
• Incapacidad temporal, con cobertura del 40% del salario.
• Viáticos y traslados relacionados con la atención del accidente.

La póliza no forma parte de los componentes obligatorios del derecho de circulación, por lo que su contratación depende de la decisión de cada propietario.

Aunque el Instituto recomienda adquirir esta cobertura, su contratación es voluntaria.

Por lo tanto, los propietarios de vehículos pueden eliminarla y evitar que ese monto se sume al pago del marchamo.

El seguro amplía la protección del Seguro Obligatorio Automotor (SOA) con hasta ₡6 millones adicionales por persona y por accidente, para cubrir gastos médicos, viáticos e incapacidad temporal.

¿Cómo quitar el seguro adicional del marchamo 2027?

El procedimiento se realiza directamente en la plataforma del INS y debe completarse antes de efectuar el pago.

1. Ingrese al sitio web del INS y consulte el monto del marchamo con el número de placa.
2. Seleccione la opción para pagar el derecho de circulación.
3. Revise la lista de coberturas y servicios adicionales que muestra la plataforma.
4. Identifique el seguro Más Protección, que aparece inicialmente con la etiqueta «Agregado».
5. Haga clic sobre esa etiqueta para desactivar la cobertura.
6. El sistema le consultará si desea continuar sin el seguro. Seleccione «Continuar» para confirmar que no desea contratarlo.

Una vez realizado este procedimiento, el monto del seguro adicional dejará de formar parte del total que deberá cancelar.

Los seguros adicionales no son nuevos y el INS los ha ofrecido durante varios años como alternativas para ampliar las coberturas.

La particularidad de este período es que Más Protección aparece premarcado en la consulta, por lo que se incorpora automáticamente al total que muestra el sistema.

Consultado sobre las razones para incluirlo de esa manera, el INS no explicó por qué aparece seleccionado de forma predeterminada.

La institución reiteró que los propietarios tienen la posibilidad de quitarlo.

¿Qué cubre el seguro Más Protección?

Esta cobertura funciona como un complemento del Seguro Obligatorio Automotor (SOA), que se incluye en el derecho de circulación.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

• Atención médica: amplía la protección disponible para las víctimas de accidentes de tránsito.
• Cobertura adicional: hasta ₡6 millones por persona y por evento.
• Incapacidad temporal: contempla el pago del 40% del salario, según las condiciones de la póliza.
• Viáticos y traslados: contempla ayuda para gastos relacionados con la atención del accidente.

La cobertura básica del SOA, por su parte, contempla hasta ₡6 millones por persona y por evento para la atención de víctimas de accidentes de tránsito.

Los propietarios pueden consultar el monto por medio de los siguientes canales:

• Sitio web: www.grupoins.com.
• WhatsApp: 2287-6100.
• Aplicación INS Móvil.
• Línea gratuita: 800-MARCHAMO (800-6272-4266).
• Línea 800-TELEINS (800-835-3467).

El pago también puede realizarse en la página web y la aplicación del INS, así como en los 2.407 puntos de cobro distribuidos en el país.

La convocatoria establece que las personas interesadas deben contar con una licenciatura o maestría en Administración de Empresas, Mercadeo Internacional, Comercio Internacional, Relaciones Internacionales, Economía, Derecho o una carrera afín.

También se solicitan más de diez años de experiencia en labores relacionadas con el puesto, dentro de empresas u organizaciones con actividades internacionales. De ese periodo, al menos tres años deben corresponder a posiciones de alto nivel.

Entre los demás requisitos figuran:

• Incorporación al colegio profesional correspondiente.
• Visa estadounidense.
• Pasaporte.
• Licencia de conducir B1.
• Dominio avanzado del inglés.

La firma consultora Doris Peters & Asociados dio a conocer la vacante mediante LinkedIn. Las personas interesadas pueden consultar los detalles y presentar su candidatura a través de este enlace.

¿Cuáles serán las funciones del nuevo gerente general?

Quien asuma el cargo tendrá a su cargo la conducción estratégica y operativa de Procomer, así como la administración de sus recursos. Entre sus responsabilidades estará definir las prioridades de trabajo, coordinar los programas de la organización y velar por el cumplimiento de sus objetivos.

El puesto también exige una relación directa con la Junta Directiva. El nuevo gerente deberá presentarle el plan estratégico, el plan anual operativo y el presupuesto de la entidad, además de informar sobre los avances de los proyectos, las actividades pendientes y los asuntos que requieran su conocimiento o aprobación.

La convocatoria también contempla conocimientos adicionales que se consideran deseables para el puesto. Entre ellos figuran la administración pública, la contratación administrativa, los regímenes de incentivos y la legislación comercial.

Asimismo, se valoran los conocimientos sobre la legislación costarricense contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, la experiencia en sistemas de gestión de calidad y el dominio intermedio de un tercer idioma, específicamente mandarín, francés o alemán.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) habilitó este lunes 2 de noviembre los canales para verificar el monto correspondiente a cada placa e iniciar el pago del derecho de circulación.

Los usuarios pueden realizar la consulta por medio de la plataforma del marchamo del INS, así como a través de los siguientes canales:

Para consultar el monto por Internet, el propietario debe ingresar a la plataforma del marchamo del INS, seleccionar el tipo de vehículo y digitar el número de placa, sin guiones ni espacios.

El sistema desplegará el monto correspondiente al derecho de circulación y permitirá continuar con el proceso de pago.

Este año, el trámite incorpora un cambio importante: la tradicional calcomanía anual será sustituida por una etiqueta electrónica que podrá permanecer instalada en el parabrisas durante un período de hasta diez años.

Sin embargo, la digitalización no significa que los conductores deban pagar una sola vez durante ese período.

La obligación de cancelar el marchamo se mantiene todos los años, aunque ya no será necesario retirar una calcomanía nueva en cada renovación.

El documento que acredita el pago también cambiará de formato: dejará de entregarse impreso y será enviado al correo electrónico que proporcione el propietario al realizar el trámite.

Además de estas modificaciones, los conductores deberán prestar atención al monto que aparece en la plataforma del INS, debido a que puede incluir seguros voluntarios que no forman parte del derecho de circulación obligatorio.

¿Qué debe revisar antes de pagar el seguro adicional?

El seguro Más Protección aparece inicialmente incorporado en el total que muestra el sistema, aunque el propietario puede desmarcarlo si no desea contratarlo.

Por ejemplo, para un vehículo Toyota modelo 2019, con un valor fiscal de ¢8.750.000, el derecho de circulación consultado fue de ¢230.483.

Sin embargo, la plataforma también incorporó ¢11.900 correspondientes al seguro Más Protección.

De esta manera, el monto total destacado en pantalla ascendió a ¢242.383.

La diferencia es importante: los ¢230.483 corresponden al derecho de circulación, mientras que los ¢11.900 adicionales son una cobertura voluntaria.

La propia plataforma indica que el seguro está incluido en el total y que el usuario puede desmarcarlo al continuar con el pago.

Los seguros adicionales no son nuevos, desde hace varios años el INS los ha incluído como una opción para agregar en el pago. Sin embargo, en esta ocasión aparece premarcada para los usuarios por lo que agrega el monto adicional al total en la consulta.

Quienes deseen evitar ese pago primero deben hacer la consulta y posteriormente desmarcar una casilla en la que se incluye ese seguro adicional.

El seguro incluiría las siguientes coberturas:

• Atención médica: Funciona como un complemento al Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA).
• Límite máximo: Hasta ₡6.000.000 por persona y por evento.
• Incapacidad temporal: Cubre el 40% del salario.
• Viáticos y traslados: Ayuda con gastos relacionados con la atención del accidente.

¿Qué cambia con el marchamo digital?

La principal novedad del marchamo 2027 es la sustitución de la calcomanía tradicional por una etiqueta electrónica.

El nuevo dispositivo se adhiere en la parte interna del parabrisas y tendrá una vida útil de hasta 10 años, siempre que conserve su vigencia y permanezca correctamente instalado.

El INS informó que la orden de compra contempla 1,6 millones de etiquetas para el despliegue del sistema.

La primera etapa comprende vehículos con parabrisas, entre ellos automóviles, buses y camiones.

Las motocicletas tendrán un proceso diferente: participarán en un plan piloto para comprobar el funcionamiento y la vida útil de la etiqueta en condiciones adversas. Por ello, no están incorporadas de la misma manera que los vehículos con parabrisas en esta fase inicial.

Otro cambio es la eliminación del documento impreso del derecho de circulación. A partir de este año, el comprobante se enviará en formato digital al correo electrónico que proporcione el propietario al realizar el pago.

Por esa razón, es importante verificar que la dirección electrónica registrada sea correcta.

El INS también anunció que habilitará otras formas de descarga para quienes no puedan recibir el documento por correo electrónico.

El SOA aumenta un 4,03%, pero no para todos los vehículos

Otro de los cambios del marchamo 2027 corresponde al Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA).

La Superintendencia General de Seguros (Sugese) informó que las tarifas tendrán un incremento promedio del 4,03%, aunque el ajuste dependerá del tipo de vehículo.

Los mayores aumentos se presentarán en las siguientes categorías:

• Buses: 12,4%.
• Vehículos particulares: 5,4%.
• Motocicletas y bicimotos: 4,5%.

Por el contrario, algunas categorías tendrán reducciones en sus tarifas:

• Carga liviana: -8,9%.
• Carga pesada: -2,4%.
• Taxis: -7,5%.
• Equipo especial: -9,6%.

El ajuste responde, entre otros factores, al comportamiento de la siniestralidad vial.

“Incide en el incremento en las primas el aumento del 15% en la cantidad de lesionados entre el 2024 y 2025, lo cual evidencia lo estrechamente relacionado que está este cobro con lo que ocurre en las carreteras, ya que una mayor siniestralidad tiene consecuencias humanas e incide en los recursos necesarios para atender a las personas lesionadas. La prevención es, por tanto, una responsabilidad compartida entre peatones y quienes utilizan algún método de transporte público y privado”, dijo Tomás Soley Pérez, superintendente de seguros.

¿Hasta cuándo se puede pagar el marchamo 2027?

Los propietarios tienen hasta el 31 de diciembre de 2026 para cancelar el derecho de circulación correspondiente al 2027. A partir del 1.° de enero, quienes circulen sin haberlo pagado se exponen a las consecuencias de transitar con el marchamo vencido.

¿Cómo se distribuye el dinero que usted paga por el marchamo?

El derecho de circulación no corresponde exclusivamente a un impuesto. Está integrado por diferentes componentes que se distribuyen entre instituciones y conceptos.

Según la información suministrada, estos son los porcentajes que representa cada rubro dentro del monto total:

El impuesto a la propiedad de vehículos y el SOA representan conjuntamente el 85,70% del monto del marchamo.

¿Qué necesita para pagar el marchamo 2027?

Antes de realizar el trámite, los propietarios deben tener disponibles los siguientes datos y documentos:

• Cédula de identidad de la persona que realizará el pago. Si no cuenta con este documento, puede presentar la cédula de residencia o el pasaporte.
• Número de placa del vehículo.
• Datos de identificación del propietario.
• Certificado de revisión técnica vehicular aprobado y vigente.

Antes de cancelar, revise el desglose del monto que aparece en la plataforma del INS. Así podrá distinguir cuánto corresponde al derecho de circulación y cuánto a coberturas voluntarias, para decidir si desea contratarlas.

Más allá de la distinción socioeconómica que se suele relacionar con el pago de un colegio privado, algunos adolescentes crecen en hogares con decenas o cientos de libros y con familias que esperan que alcancen estudios universitarios, mientras que otros viven en entornos donde esos recursos escasean y las expectativas son menores. Esas diferencias también profundizan la brecha entre unos y otros.

Un análisis de EF con los microdatos de las pruebas PISA 2025 le muestra cómo se relacionan los diferentes puntos de partida de los estudiantes con sus resultados en las pruebas estandarizadas y en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ ampliamos sobre este tema.

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El origen familiar pesa en las notas: la brecha que se esconde detrás de los colegios públicos y los privados

La digitalización no significa que desaparezca la etiqueta física ni que el propietario pueda pagar una sola vez por toda la vida útil del dispositivo. El cambio modifica la identificación del vehículo y la entrega del comprobante, pero mantiene la obligación de cancelar el marchamo cada año. Estas son las respuestas a siete preguntas sobre su funcionamiento.

1. ¿Qué es el marchamo digital y qué cambia a partir de hoy?

El sistema combina una etiqueta electrónica, que se adhiere a la parte interna del parabrisas, con un documento digital del derecho de circulación. Este último llegará al correo electrónico que la persona proporcione al realizar el pago.

La diferencia frente al esquema anterior es que ya no será necesario retirar una calcomanía nueva cada año. Tras recibir la primera etiqueta, el propietario podrá mantenerla instalada durante su período de vigencia y efectuar los siguientes pagos en línea o mediante los canales habituales. Según el Instituto Nacional de Seguros (INS), el dispositivo tendrá una vida útil de hasta diez años.

2. ¿Cuáles vehículos recibirán la nueva etiqueta?

La primera etapa comprende vehículos con parabrisas, entre ellos automóviles, buses y camiones. El INS informó que la orden de compra incluye 1,6 millones de etiquetas para el despliegue del sistema.

Las motocicletas tendrán un proceso diferente: participarán en un plan piloto para comprobar el funcionamiento y la vida útil de la etiqueta en condiciones adversas. Por ello, no están incorporadas de la misma manera que los vehículos con parabrisas en esta fase inicial.

3. Si la etiqueta dura diez años, ¿hay que seguir pagando todos los años?

Sí. Los diez años corresponden a la vida útil del dispositivo, no a la vigencia del pago. La obligación de cancelar el derecho de circulación se mantiene anualmente, aunque el propietario conserve la misma etiqueta.

Tampoco debe confundirse la renovación tecnológica con los ajustes en el monto del recibo. El marchamo reúne distintos rubros, entre ellos el impuesto a la propiedad de vehículos y el Seguro Obligatorio Automotor (SOA). En consecuencia, una variación en la tarifa del seguro no equivale necesariamente al mismo cambio porcentual en el total que debe pagar cada propietario.

4. ¿Cómo se recibe el comprobante y qué debe presentar el conductor ante una autoridad?

El documento del derecho de circulación dejará de entregarse en papel como parte del nuevo esquema y se enviará al correo electrónico indicado al pagar. Por eso, será importante verificar que la dirección suministrada sea correcta.

El INS señala que el conductor deberá mantener ese documento disponible cuando lo solicite una autoridad. La institución también anunció que habilitará otras formas de descarga para quienes no puedan recibirlo por correo electrónico. La digitalización cambia el formato del comprobante, pero no elimina la obligación de tenerlo disponible.

5. ¿La etiqueta tiene GPS o permite rastrear el vehículo?

No. Según el INS, el dispositivo no cuenta con GPS ni monitorea la ubicación de los vehículos. La etiqueta incorpora tecnología UHF y mecanismos de seguridad destinados a mejorar la identificación y reducir las posibilidades de fraude, falsificación o manipulación.

Uno de esos mecanismos consiste en que el dispositivo se autodestruye si se despega del parabrisas. Por tanto, no está diseñado para retirarse y colocarse nuevamente.

6. ¿Cómo se coloca y qué ocurre si queda mal pegada?

La etiqueta debe adherirse por dentro del parabrisas, como se hace con la calcomanía actual. Antes de colocarla, el propietario debe limpiar el vidrio, de acuerdo con las indicaciones del INS.

Si queda mal pegada, será necesario acudir a una oficina de la institución para gestionar la reposición. Intentar corregir su posición despegándola puede inutilizarla, debido al mecanismo de autodestrucción que incorpora.

7. ¿Dónde se puede consultar y pagar el marchamo 2027 y cuál es la fecha límite?

El cobro comienza este lunes 2 de noviembre. El INS mantiene canales digitales y presenciales para consultar y pagar, entre ellos su plataforma oficial, sucursales y puntos autorizados de recaudación. Al efectuar el trámite, el propietario debe revisar la información del vehículo y proporcionar correctamente el correo al que llegará el documento digital.

Los propietarios tienen hasta el 31 de diciembre de 2026 para cancelar el marchamo correspondiente al 2027 sin exponerse a las consecuencias de circular con el derecho de circulación vencido. Aunque el pago pueda hacerse por medios electrónicos, en esta primera entrega será necesario obtener la nueva etiqueta física; en los años siguientes podrá conservarse la misma, durante su período de vigencia.

La diferencia está en qué hace cada fondo con ese dinero, ya que algunos buscan aumentar el capital con el paso del tiempo, otros repartir ingresos periódicos y otros mantener los recursos disponibles para necesidades de corto plazo, de modo que la elección depende tanto del objetivo del ahorrante como del tiempo que puede esperar para recuperar su inversión.

Para conocer cuáles registran los mayores rendimientos, El Financiero revisó los datos anualizados total de los últimos 12 meses disponibles en la Superintendencia General de Valores (Sugeval), con corte a la primera quincena de octubre de 2026, y seleccionó los cinco primeros de cada categoría sin separar por moneda, salvo en desarrollo de proyectos y corto plazo, donde solo hay cuatro y dos registros, respectivamente.

Cabe destacar que para los fondos inmobiliarios se utilizó el rendimiento líquido, debido a que refleja los ingresos que el fondo distribuye al inversionista, a diferencia del rendimiento total, que también incluye los aumentos o las pérdidas de valor de los inmuebles, aunque estos cambios no se traduzcan en dinero recibido.

De crecimiento

En esta categoría, el objetivo es aumentar el capital con el tiempo, en lugar de distribuir ingresos periódicos, por lo que el plazo de inversión y los cambios en el valor de las participaciones son parte del análisis.

1. BCT Renta Variable USA

Rendimiento anualizado: 14,24%

Administrado por BCT SAFI, está denominado en dólares y es no diversificado, con una estrategia vinculada a las acciones estadounidenses; su resultado depende del comportamiento de esas inversiones y no equivale a una tasa fija.

2. Davibank Exposición a Acciones Globales (Serie A)

Rendimiento anualizado: 13,71%

Esta serie pertenece a DAVIbank SAFI y está en dólares, con la clasificación de no diversificada; su exposición a acciones globales busca el crecimiento del capital, aunque también supone variaciones en el valor de la inversión.

3. DAVIbank Exposición a Acciones Globales (Serie B)

Rendimiento anualizado: 13,43%

También bajo la administración de DAVIbank SAFI, está denominada en dólares y es no diversificada; comparte con la Serie A la exposición a acciones globales, pero registró un rendimiento distinto, por lo que las condiciones particulares de cada serie deben revisarse en el prospecto.

4. BN ETF500

Rendimiento anualizado: 12,10%

BN SAFI administra este producto en dólares y no diversificado. Es importante recordar que, para valorar su desempeño, interviene cómo cambia el valor de la participación, no únicamente si entrega dinero al inversionista.

5. Millennium BAC Credomatic

Rendimiento anualizado: 12,07%

Lo administra BAC San José SAFI, está en dólares y lleva la clasificación de no diversificado; como fondo de crecimiento, puede interesar a quien tiene una meta de inversión a mediano o largo plazo y no busca retirar ganancias periódicamente.

Mercado de dinero

Esta categoría está pensada para administrar dinero que se necesitará en el corto plazo, pues Sugeval describe estos fondos como abiertos y líquidos, con reembolsos en un máximo de dos días después de la solicitud; eso no significa que todos tengan la misma cartera o el mismo riesgo.

1. DAVIbank Certifondo D

Rendimiento anualizado: 11,74%

Es un fondo de DAVIbank SAFI denominado en dólares y no diversificado, que encabeza la categoría según los datos suministrados.

2. DAVIbank Certifondo C

Rendimiento anualizado: 9,96%

También lo administra DAVIbank SAFI, pero está denominado en colones y es no diversificado. Puede servir como alternativa de comparación para quien busca colocar recursos de corto plazo en moneda costarricense, después de revisar sus condiciones de retiro y riesgos.

3. Liquidez Colones Vista

Rendimiento anualizado: 3,47%

Pertenece a Vista SAFI, está en colones y se identifica como no diversificado. Por su categoría, puede interesar a quien busca administrar dinero temporalmente y conservar acceso a sus recursos mediante los mecanismos de reembolso del fondo.

4. BCR Mixto Dólares

Rendimiento anualizado: 3,01%

Este producto de BCR SAFI está denominado en dólares y es no diversificado; puede entrar en la comparación de quien necesita manejar recursos de corto plazo en esa moneda, aunque la palabra “mixto” no permite determinar por sí sola cómo está distribuida su cartera.

5. Ahorro BCT D

Rendimiento anualizado: 3,00%

Lo administra BCT SAFI, está en dólares y lleva la etiqueta de no diversificado. Debido a las características de su categoría, puede interesar a quien busca una alternativa para administrar liquidez temporal, entendida como dinero que podría necesitar pronto, sin confundir esa disponibilidad con ausencia de riesgo.

De ingreso

Estos fondos buscan distribuir ingresos periódicos, aunque la frecuencia y el monto de los pagos dependen de las condiciones y los resultados de cada producto.

1. Ingreso Cerrado C Multifondos

Rendimiento anualizado: 6,46%

Multifondos administra este fondo en colones, cerrado y no diversificado, que registra el mayor rendimiento de ingreso; puede interesar a quien busca pagos periódicos en moneda costarricense y puede mantener la inversión sin depender de un reembolso directo del fondo.

2. Propósito BAC Credomatic

Rendimiento anualizado: 5,50%

Lo administra BAC San José SAFI, está en colones, es abierto y no diversificado. Por pertenecer a la categoría de ingreso, puede interesar a quien busca recibir rendimientos periódicos, pero antes debe confirmar tanto el calendario de pagos como la forma de retirar su inversión.

3. Prival Cerrado de Rentas Colones

Rendimiento anualizado: 5,25%

Este producto de Prival SAFI está en colones y se identifica como cerrado, mientras que el registro no especifica su clasificación de diversificación; el perfil del inversor es quien busca ingresos en esa moneda y comprende que, para salir antes de la liquidación del fondo, normalmente deberá vender sus participaciones en el mercado secundario.

4. Ingreso Cerrado Multifondos

Rendimiento anualizado: 5,18%

A diferencia del fondo que encabeza esta categoría, este producto de Multifondos está en dólares, aunque también es cerrado y no diversificado; puede ser considerado por quien busca ingresos en esa moneda y no necesita disponer del capital mediante un retiro directo ante la SAFI.

5. Cerrado de Productos Financieros Multifondos

Rendimiento anualizado: 4,92%

Multifondos también administra esta opción en dólares, cerrada y no diversificada; por su clasificación de ingreso, puede interesar si se buscan pagos periódicos y acepta el mecanismo de salida de un fondo cerrado, sin asumir que el rendimiento equivale al monto que recibirá en cada pago.

Inmobiliarios

Esta categoría permite participar en inversiones inmobiliarias sin comprar directamente una propiedad- Se utilizó el rendimiento líquido, que muestra los ingresos distribuidos al inversionista y no los cambios en el valor de los inmuebles.

1. Inmobiliario Centros de Salud INS

Rendimiento anualizado: 15,03%

INS-Inversiones SAFI administra este producto cerrado y en dólares, cuyo nombre lo vincula con el sector salud; como inversión inmobiliaria, su evaluación requiere conocer los inmuebles y arrendatarios de la cartera, además del ingreso distribuido.

2. Inmobiliaria de Renta y Plusvalía

Rendimiento anualizado: 8,61%

Pertenece a Vista SAFI, está denominado en dólares y es cerrado. El porcentaje utilizado en esta comparación corresponde a los ingresos distribuidos, sin incorporar las ganancias o pérdidas por cambios en el valor de las propiedades.

3. Popular Inmobiliario

Rendimiento anualizado: 7,19%

Popular Sociedad de Fondos de Inversión administra esta opción cerrada y en dólares. Recuerde que, al analizar sus resultados, el ingreso distribuido debe acompañarse de una revisión de la ocupación de los inmuebles y las condiciones de sus arrendamientos.

4. INS Inmobiliario

Rendimiento anualizado: 5,42%

Es el segundo producto de INS-Inversiones SAFI en la selección y está denominado en dólares, con la condición de cerrado.

5. Improsa Inmobiliario Cuatro

Rendimiento anualizado: 4,98%

Administrado por Improsa SAFI, está en dólares y es cerrado; además de los ingresos que reparte, su evaluación requiere considerar los riesgos de la cartera inmobiliaria y las condiciones para vender las participaciones.

Desarrollo de proyectos

En esta categoría, los recursos se vinculan al desarrollo de proyectos, por lo que el avance de las obras, el financiamiento y los plazos de ejecución son parte del análisis, más allá del rendimiento registrado.

1. Multifondos Secrt Escalante

Rendimiento anualizado: 20,61%

Multifondos administra este producto en dólares, que encabeza la categoría; según la descripción de su administradora, está dirigido a personas o empresas con conocimiento del mercado inmobiliario y de valores, un horizonte de largo plazo y que no necesitan utilizar el fondo como fuente de dinero disponible en el corto plazo.

2. Parque Empresarial Lindora

Rendimiento anualizado: 14,66%

Pertenece a BCR SAFI y está denominado en dólares. Como fondo de desarrollo, su evaluación debe considerar el estado del proyecto, los riesgos de ejecución y el plazo previsto para recuperar los recursos, información que no se resume en el rendimiento anualizado.

3. Desarrollo de Proyectos BN I

Rendimiento anualizado: 10,59%

BN SAFI administra este fondo en dólares, cuyo resultado debe analizarse junto con las características de los proyectos que financia.

4. Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Pública-1

Rendimiento anualizado: 5,29%

También bajo la administración de BN SAFI, está denominado en dólares y se vincula, por su nombre, con infraestructura pública. No obstante, esto no significa que el capital o los rendimientos estén garantizados, por lo que deben revisarse las condiciones y los riesgos de los proyectos.

De corto plazo

Estos productos se enfocan en administrar dinero temporalmente, con la posibilidad de solicitar su reembolso según las condiciones establecidas por cada fondo.

1. Improcash Dólares

Rendimiento anualizado: 3,21%

Improsa SAFI administra este producto en dólares, abierto y no diversificado; su condición de abierto permite solicitar el reembolso de las participaciones, aunque la devolución está sujeta a los plazos y requisitos del fondo.

2. Improcash Colones

Rendimiento anualizado: 2,95%

También pertenece a Improsa SAFI, es abierto y no diversificado, pero está denominado en colones; puede entrar en el horizonte de quien busca administrar dinero de corto plazo en moneda costarricense.

En el proceso 2025-2026, Microbiología, Ingeniería en Biotecnología y Música con énfasis en la Ejecución y Enseñanza del Instrumento Viola encabezaron los cortes de admisión de la UCR, el TEC y la UNA, respectivamente. Aunque las tres universidades utilizan los resultados de la prueba y las calificaciones de secundaria para determinar la nota de admisión, la ponderación y la escala de evaluación varían entre instituciones.

En la UCR, el resultado se compone de dos partes con el mismo peso: el 50% corresponde al puntaje obtenido en la PAA y el otro 50% al promedio de presentación de la educación diversificada que el colegio reporta al Ministerio de Educación Pública (MEP).

En cambio, el TEC y la UNA asignan un 60% de la nota a la PAA y el 40% restante al promedio de las calificaciones de educación diversificada. Sin embargo, sus escalas no son iguales: mientras que la nota máxima en la UCR y el TEC es de 800 puntos, en la UNA alcanza los 900.

Esta diferencia es importante al comparar los cortes de admisión. En la UNA, Música con énfasis en la Ejecución y Enseñanza del Instrumento Viola registró el más alto, con 898,29 puntos. En la UCR, Microbiología encabezó la lista con 771,9 puntos. Ambos resultados se aproximaron al máximo posible en sus respectivas escalas, pero no pueden compararse directamente como si pertenecieran a una misma medición o escala.

Los cortes de admisión reflejan la competencia por los cupos disponibles en cada carrera. Las universidades ordenan a las personas aspirantes según su nota y, conforme se asignan los espacios, la calificación de la última persona admitida establece el corte correspondiente al proceso.

Obtener una nota igual o superior a ese umbral permite identificar a quienes tienen un resultado competitivo, aunque no significa necesariamente que todas esas personas hayan solicitado la carrera o conseguido un cupo.

Carreras UCR

En la UCR, las cinco carreras con los cortes de admisión más altos del proceso 2025-2026 se ubicaron entre los 735,3 y los 771,9 puntos. En conjunto, 278 aspirantes procedentes de distintos colegios del país conformaron el grupo de referencia para analizar las posibilidades de ingreso a estas disciplinas.

No obstante, alcanzar una nota sobresaliente no representa las mismas posibilidades frente a todas las carreras. Solo el 10% de ese grupo de 278 aspirantes obtuvo una calificación superior al corte de Microbiología, establecido en 771,9 puntos. Una proporción similar alcanzó el umbral de Medicina, cuyo corte fue de 770,9.

La diferencia entre ambas carreras y las que les siguen muestra cómo las variaciones en los puntajes de admisión delimitan el grupo de personas que podría competir por un cupo. En Imagenología Diagnóstica, que ocupó el tercer lugar entre los cortes más altos, el porcentaje de aspirantes de ese grupo con una nota suficiente ascendió al 15,4%.

La procedencia educativa también aporta otra perspectiva sobre los resultados. Más de la mitad de los aspirantes cuyas calificaciones les permitían competir por un espacio en alguna de estas carreras provenía de colegios públicos. Esto evidencia que los resultados más altos no se concentraron exclusivamente en el sistema educativo privado, aunque por sí solo el dato no permite establecer diferencias generales en el desempeño de ambos sectores.

En el proceso de admisión 2025-2026, un estudiante del Colegio Científico de Alajuela obtuvo la nota máxima de 800 puntos. Le siguió un aspirante del Colegio Científico Bilingüe Reina de los Ángeles, del sistema privado, con 789,7 puntos.

Disciplinas en el TEC

En el TEC, las cinco carreras con los cortes más altos se ubicaron entre los 682 puntos de Ingeniería en Computación y los 742,3 de Ingeniería en Biotecnología.

El corte de Ingeniería en Computación permite dimensionar la amplitud del grupo de aspirantes con notas competitivas frente a otras disciplinas. Un total de 1.372 personas alcanzó o superó ese umbral; sin embargo, solo el 19% de ese grupo obtuvo una calificación que le permitía competir por un cupo en Ingeniería en Biotecnología, la carrera con el corte más alto.

Ingeniería Mecatrónica ocupó el segundo lugar, con un corte de 721,4 puntos. En este caso, el 38% del grupo de 1.372 aspirantes alcanzó una nota suficiente para competir por un espacio en esa disciplina. La comparación muestra que, incluso entre personas con resultados que superan el corte de una carrera, las posibilidades de concursar por otras opciones pueden reducirse conforme aumenta la calificación exigida.

Al igual que en la UCR, el puntaje máximo del proceso fue de 800 puntos y lo obtuvo un estudiante del Colegio Científico de Alajuela. En segundo lugar se ubicó un aspirante del Colegio Humanístico Campus Chorotega, con 799,7 puntos, mientras que el tercer puesto correspondió a un estudiante del colegio privado Isaac Martín, con 788,6 puntos.

Los cortes más altos en la UNA

En la UNA, la escala de admisión permite alcanzar hasta 900 puntos. Durante el proceso 2025-2026, 13 aspirantes obtuvieron esa calificación máxima, lo que los situó en el nivel más alto de resultados del concurso de admisión.

Después de ese grupo, el corte más elevado correspondió a Música con énfasis en la Ejecución y Enseñanza del Instrumento Viola, con 898,29 puntos. La disciplina de Música, con distintos énfasis, predominó entre las cinco carreras con los cortes más altos de esta universidad.

El segundo corte más alto correspondió a Música con énfasis en la Interpretación y Enseñanza de la Dirección Coral, con 850,05 puntos. En esta carrera, 131 personas superaron el umbral de referencia.

Esa cifra no debe interpretarse automáticamente como el número de personas que concursó por un cupo en Dirección Coral. Tener una nota suficiente para competir por una carrera y haberla seleccionado como opción son situaciones distintas.

Por ello, los resultados permiten dimensionar el nivel de calificación exigido, pero no necesariamente determinar cuántas de las personas con notas competitivas buscaron ingresar a cada disciplina.

Esos puestos abarcan ministerios, presidencias ejecutivas, asesorías, juntas directivas, instituciones autónomas y representaciones diplomáticas; algunas de ellas, con remuneraciones de varios millones de colones mensuales.

Las designaciones han generado todo tipo de cuestionamientos. En algunos casos, se han reprochado los vínculos políticos o familiares de las personas seleccionadas; en otros, incluso han existido dudas sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos para ocupar los cargos, los procedimientos de selección o los antecedentes de los funcionarios.

EF elaboró un recuento de los nombramientos que han generado controversia en los primeros meses del gobierno de Laura Fernández, a partir de las publicaciones oficiales y los reportes de prensa publicados desde el 8 de mayo pasado. Estos fueron los resultados.

De la Asamblea a lo público

Varios diputados de oposición que coincidieron con el oficialismo durante el gobierno de Rodrigo Chaves han pasado a ocupar cargos públicos en la nueva administración. El recuento incluye ocho que incluso votaron en contra de levantar la inmunidad del expresidente, cuando así lo solicitaron la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por presuntas irregularidades en una contratación con recursos del BCIE y por denuncias de beligerancia electoral.

Los ocho exdiputados en cuestión han sido Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN); Yonder Salas, Olga Morera y David Segura, del Partido Nueva República (PNR); y Carlos Andrés Robles, María Marta Carballo, Melina Ajoy y Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Dos de los exdiputados incluso fueron nombrados en el gabinete del gobierno de Fernández. Carolina Delgado, que además fue precandidata presidencial liberacionista, pasó a ser la nueva presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu); mientras que Robles fue seleccionado como ministro de Costas, Mares y Pesca.

Carballo asumió como directora nacional de los Centros de Educación y Nutrición y de los Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinai); Ajoy pasó a ser la directora de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura; y Alvarado fue designado como nuevo embajador de Costa Rica en Guatemala.

Salas también asumió como director regional del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), mientras que Morera fue contratada como asesora del presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Segura fue nombrado como asesor del Banco Popular, para seguimiento de proyectos legislativos, con un contrato por 11 meses.

A esos casos se suma el de Sonia Rojas, exdiputada del PLN, que también fue contratada como asesora del ministro de Educación, Leonardo Sánchez. Ella no votó en contra del desafuero de Chaves, pero sí se ausentó en la segunda de las votaciones.

Las actuaciones de estos exdiputados fueron reprochadas dentro de sus propios partidos y algunos de los socialcristianos y los liberacionistas incluso terminaron siendo expulsados de sus fracciones o de sus partidos. En todos los casos, sin embargo, los antiguos diputados han rechazado que sus designaciones constituyan una recompensa por sus decisiones legislativas y han defendido que sus trayectorias profesionales y su experiencia explican los nombramientos.

Hasta ahora, solo hay cinco exdiputados de oposición que votaron en contra de levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves que no ocupan puestos conocidos en instituciones relacionadas con el Ejecutivo. Se trata de Fabricio Alvarado, José Pablo Sibaja y Rosalía Brown, del PNR; Leslye Bojorges, del PUSC; y Gilberth Jiménez, del PLN. Jiménez sí fue postulado por el Gobierno para la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (Sica), pero la elección terminó favoreciendo a Lina Ajoy, diplomática de carrera y hermana de Melina Ajoy.

El exalcalde del PLN en Río Cuarto, que apoyó a Fernández en campaña, y el antiguo jefe de prensa de la fracción del PNR también protagonizaron otros nombramientos. José Miguel Jiménez pasó a ser presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (Ifam) y Juan Diego López pasó a ser presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) en los últimos meses.

Financistas a altos cargos

Empresarios que aportaron recursos a la campaña de Laura Fernández y del Partido Pueblo Soberano (PPSO) también han sido designados en cargos públicos.

Boris Marchegiani Carrero, empresario hotelero, ahora es representante del país ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York; mientras que Marcos Vargas Borges ahora se desempeña como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Marchegiani había financiado vallas publicitarias que pedían la renuncia de jerarcas de instituciones públicas adversados por Rodrigo Chaves, adquirió certificados de cesión de deuda política y realizó donaciones durante la campaña; mientras que Vargas también adquirió certificados y dio dinero sin opciones de recuperación.

No obstante, el Gobierno rechazó en ambos casos que hubiese una conexión entre el financiamiento y las designaciones. En el caso específico de Marchegiani, la presidenta Fernández aseguró que la decisión correspondió a la oportunidad de nombrar a una persona de confianza en el cargo.

Familiares a otros cargos

Familiares de integrantes del Gobierno, legisladores y empresarios cercanos al oficialismo también han pasado a ocupar cargos en instituciones públicas.

Esteban Aguilar Vargas, hermano del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, fue contratado como asesor de la Gerencia General del ICE.

Aguilar había trabajado en el Ministerio Público como fiscal de delitos informáticos y, durante la administración Chaves, protagonizó enfrentamientos con el fiscal general Carlo Díaz, a quien acusó de hostigamiento laboral. Antes de incorporarse al ICE, también había pasado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Francisco Martínez Bertozzi y Luis Carlos Bogantes Zamora también fueron nombrados en puestos de confianza del Ministerio de Educación Pública (MEP). El primero es hermano del jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Pablo Martínez, y había ingresado al despacho ministerial desde marzo de 2026, pero recibió un nuevo nombramiento a partir de mayo; mientras que el segundo es hermano de la ministra del Micitt, Paula Bogantes, y fue contratado desde mayo pasado en la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas.

El MEP defendió ambas contrataciones y señaló que los funcionarios cumplen los requisitos establecidos para sus cargos.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) también contrató como asesora a Keren Melissa Rodríguez Esquivel, hija de la diputada oficialista Ana Ruth Esquivel. La institución, sin embargo, defendió la designación y sus formas.

El Consejo de Gobierno también nombró como integrante de la junta directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) a Jean Franco Vásquez Guzmán, quien es hijo de del empresario Giovanni Vásquez, propietario de la empresa Publiex, que suministró vallas publicitarias durante la campaña electoral de Rodrigo Chaves y posteriormente estuvo vinculada con la instalación de los anuncios financiados por Marchegiani en contra de jerarcas adversados por el expresidente. El directivo sostuvo que participó en una convocatoria pública y negó cualquier intervención de su padre en el proceso, que incluyó el envío de sus atestados y una entrevista.

De ministros a embajadores

Varios antiguos integrantes del gobierno de Rodrigo Chaves también han sido nombrados en el servicio exterior.

Mario Zamora, quien dirigió el Ministerio de Seguridad Pública, fue nombrado como representante ante la ONU en Ginebra, Suiza; mientras que el excanciller Arnoldo André fue designado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

La exvicepresidenta y exministra de Salud, Mary Munive, fue destacada como embajadora en Italia, y la exministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, fue designada en Perú.

El exdiputado oficialista Jorge Rojas también asumió una embajada, en Honduras.

Todos estos casos se suman a otros ya señalados en puestos diplomáticos como los del exdiputado opositor Horacio Alvarado o el financista Boris Marchegiani; así como el vicepresidente Douglas Soto, que ahora está en Estados Unidos.

La Cancillería ha defendido públicamente las designaciones y ha argumentado que se han tomado en cuenta criterios de experiencia, trayectoria e idoneidad. La presidenta Laura Fernández, además, ha subrayado que es su potestad nombrar “tanto a personas diplomáticas de carrera como a personas que sean de su confianza”.

Esa respuesta la dio precisamente luego de que un periodista de La Nación le consultó si estaba considerando nombrar a Manuel González Mata, hijo del secretario general del partido de gobierno, Freddy González, para un puesto diplomático en España.

Salarios variados

Las remuneraciones de las personas mencionadas en este recuento son muy variadas. Mientras algunos de los nuevos funcionarios reciben salarios que no superan el millón de colones mensuales, otros ocupan cargos con sueldos de varios millones, especialmente en instituciones autónomas y embajadas.

Uno de los salarios más bajos documentados por la prensa es el de Luis Carlos Bogantes, hermano de la ministra del Micitt, que apenas recibe unos ¢560.000 mensuales. En esa misma institución, Sergio Martínez recibe ¢1,3 millones como asesor del ministro.

En instituciones autónomas, el exdiputado David Segura fue contratado por ¢2,2 millones mensuales en el Banco Popular; mientras que otros como Olga Morera y Esteban Aguilar reciben más de ¢4 millones en el ICE. Todos estos datos constan en reportajes de medios como La Nación y CRHoy.

Los embajadores, por otra parte, reciben un mínimo de $8.500 mensuales (¢3,9 millones), pero los montos pueden aumentar significativamente mediante complementos asociados al costo de vida del país de destino. Embajadas como las de la ONU en Ginebra y en Nueva York, la de Italia o la de España, por ejemplo, son remuneradas con montos de entre ¢4,5 y ¢6,3 millones mensuales.

EF remitió varias consultas a Casa Presidencial relacionadas con los nombramientos este 26 de octubre.

Entre otras cuestiones, se le consultó qué criterios utiliza la administración Fernández para seleccionar a las personas que ocupan puestos de confianza, presidencias ejecutivas, juntas directivas y representaciones diplomáticas. Además, se le consultó cómo responde a los cuestionamientos sobre las designaciones de antiguos diputados de oposición que respaldaron a Rodrigo Chaves en votaciones decisivas, financistas de campaña y familiares de jerarcas en entidades públicas. No obstante, no se recibió una respuesta hasta el cierre de esta edición.

Con un déficit anual de casi ¢1.000 millones, 66 de sus 134 comités auxiliares en riesgo de cierre técnico y el fantasma de una parálisis operativa rondando sus sedes, la benemérita institución enfrenta una tormenta perfecta provocada por la rigidez de la regla fiscal, las ineficiencias del sistema hospitalario, el bajo apoyo municipal y el naufragio de iniciativas clave de financiamiento.

A pesar de que presta un servicio público esencial y gratuito —con más de medio millón de incidentes anuales—, hoy la Cruz Roja opera bajo un esquema de insolvencia sostenida y los auditores externos advierten sobre un riesgo inminente no solo para la estabilidad de una entidad icónica, sino para la continuidad de un servicio prehospitalario y de rescate que salva miles de vidas en todo el país.

Tras cuatro años consecutivos de pérdidas millonarias, la benemérita institución analiza alternativas como contener el gasto operativo, brindar menos horas de servicio, reducir plazas administrativas y suspender rescates, en espera de una solución a largo plazo que la socorra en esta emergencia.

Modelo operativo y financiamiento de la Cruz Roja Costarricense

Para comprender la coyuntura económica de la Cruz Roja Costarricense se debe analizar la normativa de la institución y su estructura de ingresos. Según la Ley de la Cruz Roja Costarricense N.° 10632, se trata de una asociación privada sin fines de lucro que brinda servicios “de carácter humanitario, de bienestar social, de interés y utilidad pública”, actuando como auxiliar de los poderes públicos.

Entre sus funciones y servicios están la atención prehospitalaria y de emergencias médicas 24/7, a través del sistema 911 y el transporte de pacientes; así como la respuesta a desastres y emergencias nacionales, crisis humanitarias, disturbios internos, tensiones sociales y conflictos armados.

El financiamiento de la institución se compone de un modelo mixto establecido por diversas normativas vigentes, donde un 40% de sus recursos provienen de fondos públicos. Entre esas fuentes de financiamiento que dicta el marco legal costarricense están impuestos y cargas tributarias específicas como el impuesto rojo a las telecomunicaciones (Ley N.º 8690), el impuesto único a los combustibles (Ley N.º 8114) y el impuesto a bebidas alcohólicas y cigarrillos (Ley N.º 7972).

Además, la Ley de Tránsito estipula el traslado a la Cruz Roja de un porcentaje de las multas recaudadas por las infracciones viales en todo el país; y la Ley N.º 5649 (y sus reformas) fija una contribución obligatoria mediante un timbre físico o digital que se aplica obligatoriamente a varios trámites legales.

“Tenemos fondos aproximadamente de diez leyes y cada una da un porcentaje, pero también pone las reglas del juego; por ejemplo, la Ley 8114 dice que del 100% que recibimos, un 85% va para los comités, un 10% para la Dirección de Socorros y un 5% a la sede central. Entonces, el financiamiento viene condicionado y, si un comité tiene buen apoyo municipal, no se pueden tomar esos fondos para invertirlos en otro comité necesitado; esos mecanismos hacen que no podamos ser lo más eficientes a la hora de utilizar los recursos”, explicó Walter Fallas Bonilla, gerente general de la organización.

El financiamiento privado

Cerca del 60% de los fondos de la organización provienen de fuentes privadas. Esto incluye la venta de servicios especiales, capacitaciones, traslados privados y donaciones.

La mayor parte de esos ingresos se obtiene del traslado de pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante un contrato de servicios. Los bingos institucionales representan otra de las principales arterias de liquidez para la Cruz Roja. Las actividades en Alajuela y la sede central, sumadas a los sorteos locales autorizados, componen el 19% de sus fondos autogestionados. Aunque esa cifra podría ser superior.

“Se generan iniciativas de bingos en muchos de nuestros comités auxiliares en el país, y las comunidades responden. Además, según la Ley 7395, las terceras personas que organizan bingos deben solicitar una autorización al comité auxiliar de su zona; este le extiende el documento y se recibe una donación voluntaria. Sin embargo, en lo que va del año, los comités auxiliares que han extendido la nota de autorización han sido solo diez, cuando en todo nuestro país se juega bingo”, aseguró Evelyn Vargas Rojas, tesorera general.

Otro mecanismo importante de ingresos privados ha sido la consolidación de alianzas con entidades como Coopesantos, Coopealfaroruiz, Coopeguanacaste y Coopelesca, que permiten canalizar donaciones voluntarias a través de la facturación de servicios públicos, garantizando a los comités locales de esas regiones un flujo de caja mensual más estable y predecible.

Además, en el sector corporativo, la institución apalanca las donaciones empresariales mediante incentivos tributarios, como los aportes deducibles del impuesto sobre la renta, una herramienta fiscal que capta el 10% del total de los ingresos propios de la Cruz Roja.

Un déficit creciente

En el año 2025, la Cruz Roja Costarricense reportó ingresos por ¢24.636 millones. Sin embargo, de acuerdo con Fallas, la institución requiere cerca de ¢30.000 millones anuales para mantener su nivel operativo nacional.

La sostenibilidad del esquema mixto de financiamiento de la institución ha quedado en duda durante el contexto económico pospandemia. Según los estados financieros, el 2022 cerró con un déficit de ¢524 millones; el 2023, con ¢704 millones; el 2024, con ¢865 millones; y el 2025, con ¢936 millones. Las cifras empeoraron este año, pues a julio del 2026 la institución acumuló ¢943 millones en pérdidas.

Ese grave panorama financiero fue evidenciado por el Consorcio EMD, en una auditoría externa elaborada en el 2025, en la que advierte sobre una “incertidumbre material” para garantizar la continuidad de sus operaciones a mediano y largo plazo.

“Desde el 2022 empezaron a generarse alertas. Esos números revelaron que necesitamos mayores ingresos para mantener la operación, pero además que necesitamos controlar los gastos y ambos significan un gran desafío porque, ¿cómo controlo los gastos donde cada día tengo más incidentes?”, reconoció la tesorera.

Aunque en los últimos años los fondos públicos que recibió la Cruz Roja mostraron un leve crecimiento, los estados financieros revelaron que la institución tuvo mayores gastos operativos y financieros.

En el 2025, por ejemplo, los salarios y las cargas sociales representaron más del 57% de los ¢25.816 millones ejecutados por la entidad. Según detalló Fallas, la nómina de la institución está conformada por cerca de 6.300 colaboradores, de los cuales 5.000 son voluntarios —a quienes se les garantizan seguros laborales y viáticos, sin percibir un salario— y 1.300 forman parte del personal de planta.

Precisamente, este rubro de salarios y cargas sociales ha sido el principal detonante del desequilibrio que dejó el déficit de ¢936 millones al cierre del 2025. Debido a la necesidad de mantener el servicio de emergencias ininterrumpido en todo el país, el gasto en planillas pasó de ¢12.681 millones (un 51%) en el 2022 a dominar casi seis de cada diez colones gastados en la actualidad (57%).

“En el 2020 hubo un incremento, cuando se hizo la reforma a la Ley 8690, pero ese ingreso adicional iba en razón de contratar socorristas para completar la mayor cantidad de ambulancias de soporte básico, que están conformadas por el vehículo, la camilla, el conductor y el socorrista. Con ese monto ya tenemos 180 socorristas contratados y anualmente nos cuesta ¢1.655 millones”, justificó Fallas.

Esta dinámica refleja un problema estructural severo: el gasto operativo crece a un ritmo mucho más acelerado que la capacidad de la institución para generar recursos propios. A esta presión sobre la liquidez se suma el peso de la partida de “Otros gastos específicos”, la cual consumió un 8,8% de los egresos institucionales en el 2025. Según los informes financieros, este rubro experimentó alzas significativas por el registro de gastos legales y millonarias provisiones por litigios laborales, una obligación derivada de la reciente implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Circunstancias que drenan a la institución

Desde la Cruz Roja aseguran que la disparidad entre el crecimiento demográfico —con una población de mayor edad que requiere atención— y el aumento en la cantidad y complejidad de las emergencias atendidas han drenado el capital de la institución.

Durante el 2025, la Cruz Roja atendió más de 500.000 incidentes al año —aproximadamente uno por minuto— procedentes del sistema 911. “El sistema lo registra como una llamada al 911, pero no necesariamente un incidente está asociado a la atención de una sola persona; puede ser una atención múltiple y eso implica que los gastos cada vez sean mayores”, aseguró Walter Fallas.

El gerente añadió que el colapso en las áreas de recepción de la red hospitalaria pública también se ha convertido en una fuga de recursos crítica. Durante el 2025, la retención forzada de camillas en los centros médicos acumuló 16.000 horas, mientras que para el primer semestre del 2026 esa cifra ya alcanzaba las 10.000 horas.

El desgaste logístico se profundiza por el abuso ciudadano de las líneas de emergencia. Al 28 de septiembre del 2026, la institución atendió 2.666 llamadas falsas, lo que se tradujo en un despliegue innecesario de personal, desgaste de flota y gasto de combustible por un valor estimado de ¢173 millones.

A todo esto se suma el estancamiento de los ingresos privados ante la disminución de donaciones y contratos por servicio de atención o traslado.

“Es complejo porque competimos con otras 91 empresas. En las contrataciones de la Caja son 100% por precio, sin tomar en consideración que, en nuestro caso, no hay fin de lucro, sino que reinvertimos esos fondos en el servicio público que brindamos. Con los eventos privados también es complejo, porque voy a negociar con equipos de fútbol o el Estadio Nacional, por ejemplo, y tienen contratada una empresa privada que también aporta como patrocinador”, detalló Fallas.

A nivel territorial, la ausencia de una legislación que obligue a las municipalidades a financiar las emergencias de su cantón genera asimetrías severas. “Mientras cantones como Santa Ana subvencionan casi la totalidad de su comité, la Municipalidad de San José no aporta recursos directos pese a concentrar la mayor densidad poblacional del país y ser el comité que atiende más casos en Costa Rica”, detalló Evelyn Vargas.

Esta disparidad financiera local ya cobró sus primeras bajas estructurales. En septiembre pasado, la falta de apoyo municipal en la provincia de Heredia obligó a la Dirección Nacional de la Cruz Roja a decretar el cierre operativo definitivo de los comités de San Pablo y San Rafael, suprimiendo la cobertura primaria en dichas jurisdicciones.

“Cuando cerramos estas edificaciones, sale una noticia de que era ‘un balde de agua fría’ para la población. ¡No, señor! Yo me reuní con ellos hace un año y les expliqué que la situación financiera estaba muy compleja y que iban a cerrar con ¢95 millones de déficit. Ahora, después de todo, nos estamos reuniendo con los alcaldes y sí tienen presupuestos; y nos dicen que ya están gestionando para apoyar que reabramos el comité. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a tomar este tipo de decisiones? Las comunidades son los primeros llamados a abrazar a la Cruz Roja”, reiteró Fallas.

Impacto de la regla fiscal y disputa con el Ministerio de Hacienda

El panorama financiero de la Cruz Roja se ha agravado debido a las políticas de contención del gasto. La aplicación estricta de la regla fiscal ha impedido que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, transfiera la totalidad de los recursos que la ley destina a la institución.

En agosto pasado, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Ángela Aguilar pidió a la presidenta de la República, Laura Fernández, intervenir para que el Gobierno gire cerca de ¢3.300 millones que permanecen pendientes de transferir a la Cruz Roja. En una carta enviada a la mandataria, Aguilar detalló que casi ¢1.800 millones corresponden a recursos establecidos mediante leyes de destino específico.

“Le solicito, respetuosamente, señora presidenta, interponer sus buenos oficios para que se giren, sin más dilación, los recursos correspondientes a las leyes de destino específico creadas a favor de la Cruz Roja Costarricense; así como los ¢1.500 millones adicionales aprobados en la Ley de Presupuesto Nacional, para el ejercicio económico 2026, cuya transferencia se encuentra aún pendiente”, escribió la legisladora.

Según datos de la organización, un ejemplo claro de la afectación debido a las restricciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se refleja en los recursos provenientes de la ley antitabaco: la estimación inicial alcanzaba los ¢712,4 millones, pero la aplicación del tope presupuestario limitó la transferencia a solo ¢95,8 millones, generando un desfase presupuestario de ¢616 millones.

Considerando el impacto en la atención de un servicio de emergencia nacional, El Financiero consultó al Ministerio de Hacienda sobre los criterios técnicos y de priorización social para aplicar la regla fiscal a los fondos específicos creados para financiar a la Cruz Roja Costarricense, así como el monto que se proyecta retener en el 2027 y el destino que tendrán esos fondos recaudados a nombre de la institución, pero al cierre de edición no obtuvo respuesta.

Durante la conferencia de prensa del pasado 7 de octubre, la presidenta Laura Fernández se refirió a la situación de la Cruz Roja y aseguró que no es una institución pública que rinda cuentas sobre los fondos públicos recibidos.

“La Cruz Roja no es una institución pública; es una asociación de naturaleza privada. (...) El gasto que hace la Cruz Roja, cómo invierte, qué salarios paga, qué trabajo hace, a mí no me rinde cuentas, yo no le marco metas y no le fijo objetivos”, apuntó la mandataria.

Por su parte, la Cruz Roja aseguró que sí rinde cuentas sobre los fondos públicos que recibe ante los entes de control y fiscalización del Estado, como la Contraloría General de la República, la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, los ministerios y otras entidades públicas.

“Nuestros estados financieros se auditan externamente cada año. Asimismo, nuestra información financiera está publicada en la página web institucional, de modo que cualquier persona pueda consultarla y revisarla”, añadió Fallas.

Medidas de contingencia ante la crisis presupuestaria institucional

El nivel de iliquidez ha llevado a la gerencia de la Cruz Roja Costarricense a tomar medidas que rozan la descapitalización corporativa. Para mantener las ambulancias en las calles durante el último año, la institución tuvo que proceder con la liquidación de fondos de inversión. Fallas reconoció que estas reservas históricas, generadas en gran medida por la venta de activos inmobiliarios, fueron sacrificadas para cubrir el gasto corriente.

Las medidas de austeridad se reflejan en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, Vargas explicó que la dirección debe priorizar el pago de planillas por encima de la reparación de flotilla o la construcción de infraestructura. En ocasiones, esto obliga a los técnicos en emergencias médicas a laborar con uniformes remendados y operar desde instalaciones con deterioro eléctrico severo y edificios calificados como insalubres.

Como medida de contingencia adicional, la institución ha ejecutado desvinculaciones laborales estratégicas.

“Es una situación un poco compleja, ya que desde nuestro rol de ser un auxiliar de los poderes del Estado, donde damos un servicio público gratuito a la población, lo hacemos parcialmente subvencionados por el Estado y por algunos gobiernos locales, no todos. El problema no es nuevo, se ha acrecentado del 2021 a la fecha, y hemos tenido que tomar decisiones y, realizando algunas reorganizaciones estructurales y geográficas, varios recortes de personal”, confesó el gerente.

El 7 de octubre, el Ministerio de Hacienda anunció que realizará un giro de ¢1.500 millones a la Cruz Roja, luego de que la presidenta Fernández ordenara una modificación presupuestaria para transferir esos dineros. Sin embargo, el ministro Rodrigo Chaves cuestionó que ese giro para aportar liquidez a la entidad enfrentó a diputados oficialistas y de oposición.

“Los diputados de gobierno, de manera muy responsable, dijeron: ‘El dinero de los contribuyentes se manejará de acuerdo con lo que establecen las leyes que demandan procedimientos específicos para esos dineros’. Y entonces los opositores al gobierno de doña Laura tejieron ambos argumentos diciendo que nosotros no queremos a la Cruz Roja. Eso es una mentira enorme”, agregó el ministro.

Paralelamente, el Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció la compra de 40 ambulancias nuevas, pero asignadas al Cuerpo de Bomberos, con el fin de expandir su participación en la atención prehospitalaria, señalando un posible reacomodo en la estrategia de atención estatal de emergencias. El financiamiento provendrá del 4% de las primas de seguros que, por la Ley N.° 8228, ya se destinan a Bomberos.

Fracaso e intentos de nuevos financiamientos

Un proyecto de ley presentado en la anterior legislatura por el diputado Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (expediente N.° 25417), planteaba una reforma a la distribución de las primas de seguros, gravando con un 0,5% las pólizas emitidas en el mercado nacional para brindar ingresos a la Cruz Roja Costarricense.

Sin embargo, a pesar del apremio económico de la entidad, el proyecto enfrentó una férrea oposición por parte del Ejecutivo y de diversas cámaras empresariales y acabó archivado por la Comisión de Asuntos Económicos en febrero pasado.

El 29 de septiembre, en respuesta al cerco normativo que tiene retenidos más de ¢1.800 millones, la subjefa de fracción del PLN, Iztarú Alfaro, presentó el proyecto de ley 25.806 para excluir de la regla fiscal siete fuentes de recursos destinados al financiamiento de la Cruz Roja, permitiendo que el 40% de sus fondos asignados por ley entren de manera directa a la institución. El proyecto se encuentra en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

En la benemérita institución ven con buenos ojos este tipo de iniciativas. No obstante, insisten en que los “parches presupuestarios” y las colectas públicas no resolverán el colapso inminente si no se implementan reformas de financiamiento estructural a largo plazo.

“La organización requiere de soluciones permanentes que nos permitan seguir. Hay medidas que pueden revertirse si las condiciones financieras mejoran, si las organizaciones de base y la comunidad responden, si los gobiernos locales nos ayudan, pero puede ser que tengamos que seguir tomando decisiones que no queremos”, confirmó Fallas.

“No podemos mantener una operación 24/7 a nivel nacional si no tenemos las cosas básicas; reiterando que la Cruz Roja es un auxiliar de los poderes del Estado. Hablamos de propuestas y escenarios en el corto plazo, en el mediano plazo, y tenemos la fe de que los tiempos mejoren”, concluyó.