Este entendimiento resuelve la mayor parte de las múltiples acusaciones contra todas las redes, señaladas de provocar una crisis de salud mental entre los jóvenes estadounidenses.

El acuerdo, que aún debe ser validado por la justicia, crea un precedente histórico para YouTube, TikTok y también Snapchat, igualmente objeto de miles de demandas en todo el país.

Además, pone fin a casi cinco años de pulso tras una investigación abierta a finales de 2021 por las revelaciones de la denunciante Frances Haugen sobre las investigaciones internas de Meta, seguida de las demandas presentadas en 2023 por varias decenas de estados.

La firma Meta fue acusada de diseñar plataformas adictivas para los adolescentes, de mentir sobre sus efectos y de violar una ley federal sobre los datos de menores de 13 años, que se supone que deben estar ausentes de las plataformas.

El monto acordado fue de $16.700 millones para poner fin a un juicio que podría haber costado $200.000 millones al gigante de las redes.

Protección de menores

La empresa que agrupa a Facebook e Instagram acordó, en el marco de este arreglo, hacer cambios importantes con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos, según el documento conocido este miércoles.

“Meta aceptó hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.

Según Bonta, el resultado será un “cambio real, transparencia verdadera, y protecciones seguras para los niños”.

El texto, firmado por 51 estados y territorios, se aplicará solo a los adolescentes de los estados firmantes y no crea ningún precedente fuera de Estados Unidos.

Los cambios en la forma en que los jóvenes utilizan sus aplicaciones van más allá de cualquier cosa que Meta haya aceptado antes y se producen tras años de críticas de padres y expertos sobre los efectos de las mayores plataformas de redes sociales en los niños.

Meta aceptó así impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumuladas.

La larga lista de nuevas medidas de protección cambiará sustancialmente el funcionamiento de las aplicaciones para los jóvenes estadounidenses.

El bloqueo nocturno será automático e impedirá que los adolescentes accedan a Facebook e Instagram entre la medianoche y las seis de la mañana.

En relación al tiempo máximo de dos horas de uso diario acumuladas, que se aplicará por defecto, no se contabiliza el envío de mensajes o el visionado de videos de formato largo.

Ambas restricciones se endurecerán si el resto del sector sigue el mismo camino.

Si plataformas competidoras —como TikTok, YouTube o Snapchat— adoptaran compromisos equivalentes, el bloqueo nocturno se ampliaría de las 10:00 p.m. a las 7:00 a.m. y el tiempo diario acumulado se reduciría a 60 minutos por aplicación, con un límite máximo de dos horas en total.

El cumplimiento de estas medidas estará sujeto a supervisión durante 10 años por parte de un auditor independiente elegido conjuntamente por Meta y los estados y pagado por la empresa.

La indignación por el impacto de Instagram y Facebook —así como de Snapchat y TikTok— impulsa las limitaciones de edad para su uso y las prohibiciones de teléfonos en las escuelas en todo el mundo.

Trasfondo económico

Con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, Meta enfrentaba acusaciones de una coalición de 29 estados.

Del total que pagará Meta, $12.000 millones serán abonados en 10 cuotas hasta 2035. Y el restante solo será exigible si Snap, TikTok y YouTube, que en absoluto están obligados, aceptan normas y pagos comparables.

El fiscal Bonta dijo haber mantenido “intercambios con TikTok”, sin revelar su contenido.

El texto no constituye una admisión de responsabilidad ni de conducta indebida por parte de Meta, que niega de forma constante las acusaciones en su contra.

La jueza federal de Oakland, Yvonne Gonzalez Rogers, dijo que espera validar el acuerdo “rápidamente”, pues es una “excelente forma” de resolver cuestiones “realmente espinosas”.

El acuerdo llega una semana después de la apertura de este juicio de gran repercusión y se suma a otros dos casos similares en los que Meta ya ha sido condenada, en Santa Fe (Nuevo México) y Los Ángeles (California).

Numerosos procedimientos siguen en curso en EE. UU., iniciados por jóvenes usuarios que reprochan a Meta provocar una adicción a las redes sociales y agravar trastornos psicológicos y de conducta.

El tratamiento llamado Rasonque, desarrollado por la start-up estadounidense Revolution Medicines, ha duplicado la supervivencia de los pacientes, según su ensayo clínico.

Aunque no se trata de una cura, este tratamiento despierta entusiasmo entre los oncólogos y las asociaciones de pacientes, ante la perspectiva de mayor sobrevida.

Podrá tomarse en forma de comprimidos y es apto para pacientes que sufran una forma agresiva pero frecuente de cáncer de páncreas.

No obstante, estos pacientes tendrán que haber recibido un tratamiento previo o no poder recibir quimioterapia combinada, precisó la FDA.

“La autorización ofrece una nueva opción esencial a los pacientes que se enfrentan a un cáncer extremadamente grave e históricamente difícil de tratar”, celebró Kyle Diamantas, alto responsable de la FDA, en un comunicado.

Este tratamiento, que implica una nueva molécula llamada daraxonrasib, ha demostrado ser mucho más eficaz que una quimioterapia clásica, durante su ensayo clínico.

La mitad de los pacientes que lo tomaron sobrevivieron más de 13 meses, es decir, el doble de tiempo que el grupo que estuvo bajo quimioterapia.

Estos resultados constituyen el primer avance notable contra el cáncer de páncreas en varias décadas.

También alimentan la esperanza de contribuir al desarrollo de tratamientos para otros enfermos, ya que la molécula estudiada actúa contra una proteína implicada en varios tipos de cáncer y contra la que no se había logrado actuar hasta muy recientemente.

Se trata del puesto de jefe de mantenimiento, mismo que exige una combinación de habilidades técnicas y administrativas, pues la persona responsable deberá coordinar al equipo de trabajo, gestionar las reparaciones necesarias y optimizar los recursos para garantizar que la operación comercial no se detenga.

Entre las principales responsabilidades que detalla la organización se encuentran:

• Administrar y controlar el presupuesto del departamento para asegurar un uso eficiente de los recursos.
• Liderar al equipo técnico y supervisar a los proveedores externos, evaluando el desempeño y la calidad de los servicios brindados.
• Gestionar cotizaciones, procesar órdenes de trabajo y validar el pago de facturas vinculadas a los servicios de mantenimiento.
• Realizar visitas periódicas a los diferentes restaurantes de la cadena para evaluar las condiciones de la infraestructura y coordinar los trabajos necesarios.
• Atender emergencias, presentar informes de gestión y dar seguimiento a los requerimientos de las autoridades sanitarias nacionales.

Requisitos y competencias

Para ser tomado en cuenta en el proceso de selección, los candidatos deben cumplir con un perfil académico y profesional específico establecido por la compañía.

El requisito educativo principal es contar con un grado de bachillerato universitario en alguna de las siguientes carreras: ingeniería mecánica, ingeniería electromecánica, ingeniería industrial o una especialidad afín.

A nivel de experiencia, la empresa solicita que los aspirantes tengan un historial laboral comprobado en operaciones que involucren múltiples sedes, idealmente dentro del sector comercial, hospitalidad o de servicios alimenticios.

Además, es indispensable contar con las siguientes habilidades técnicas y blandas:

• Conocimiento avanzado en infraestructura y mantenimiento de sistemas de refrigeración.
• Manejo fluido de herramientas de ofimática (Microsoft Office).
• Liderazgo, pensamiento estratégico y atención al detalle.
• Facilidad de comunicación y espíritu de colaboración.

Si desea enviar su postulación, puede hacerlo a través del sitio web de la cadena de pizzas.

Presentado por: POPS

POPS continúa fortaleciendo su estrategia de crecimiento e innovación con el lanzamiento de Softy, su nueva marca de helado suave, creada para ofrecer una alternativa práctica, accesible y de calidad que invite a las personas a disfrutar de su Momento Suave del Día.

La nueva propuesta ofrece helado suave en sabores vainilla, chocolate o combinado, acompañado de una amplia variedad de toppings para personalizar cada orden. Con conos desde ₡350 y sundaes desde ₡950, Softy busca convertirse en una opción ideal para quienes desean disfrutar un antojo de forma rápida, deliciosa y al alcance de todos.

Softy ya abrió sus tres primeros puntos de venta en Mall San Pedro, Paseo de las Flores y Plaza Rofas en San José, donde los consumidores pueden conocer esta nueva propuesta.

Softy opera en puntos de venta independientes desarrollados bajo un concepto propio para ofrecer una experiencia enfocada en el helado suave. Tras la apertura de sus tres primeras ubicaciones, la marca proyecta sumar más de 20 nuevos puntos de venta en Costa Rica durante los próximos doce meses, con el objetivo de estar cada vez más cerca de sus consumidores.

“Con Softy buscamos ofrecer una nueva forma de disfrutar un gusto cotidiano. Es una marca pensada para quienes quieren darse un gusto en cualquier momento del día, con la calidad y el respaldo de POPS, pero con una propuesta ágil, accesible y personalizable. Este lanzamiento refleja nuestro compromiso de seguir innovando y de crear nuevas ocasiones para compartir momentos de felicidad”, comentó Luis Alejandro Rojas, gerente general de POPS.

Con Softy, POPS amplía su presencia en una categoría de alto potencial de crecimiento y continúa desarrollando propuestas que responden a las nuevas formas de consumo, manteniendo su compromiso de ofrecer productos de calidad y experiencias memorables para sus consumidores.

Para

BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.

En esta nueva etapa tiene como objetivo fortalecer el crecimiento de la empresa y ampliar sus capacidades comerciales, operativas y tecnológicas en el mercado nacional.

AutoXperience se especializa en la compra y venta de vehículos usados con una antigüedad máxima de cinco años, con un enfoque en las marcas y los modelos de mayor demanda en el país.

Desde su creación en el 2019, la firma ha comercializado más de 2.000 unidades.

La integración le permite a Nacascolo Holdings consolidar su participación en el sector automotriz, ampliar sus capacidades y alcance, mediante la integración de una compañía con más de 6 años de trayectoria en el mercado de vehículos usados.

“Estamos muy entusiasmados por iniciar esta nueva etapa junto a AutoXperience. Encontramos una empresa con una visión clara, una amplia experiencia en el sector y un compromiso con brindar confianza y respaldo a sus clientes. Esta oportunidad nos permitirá unir fortalezas, crecer en conjunto y continuar desarrollando una propuesta que responda a las necesidades de las personas al comprar o vender un vehículo”, afirmó Rodrigo Volio, CEO de Nacascolo Holdings.

Como parte de su oferta, AutoXperience cuenta con vehículos bajo el sello “probados y certificados”.

Cada unidad es evaluada por un tercero especializado mediante una inspección de 70 puntos y pruebas en carretera, realizadas después de completar las revisiones y ajustes necesarios.

Dependiendo del tipo y modelo del automóvil, la oferta puede incluir planes de mantenimiento de 10.000 o 20.000 kilómetros, o con una vigencia de hasta un año, así como coberturas extendidas de 6 meses o un año.

Herramientas tecnológicas y certificación

El modelo de negocio de la compañía busca simplificar el proceso de adquisición y venta de automóviles mediante el uso de canales digitales.

A través de su plataforma en línea, los usuarios pueden explorar el inventario, solicitar cotizaciones y evaluar opciones de financiamiento sin la necesidad de visitar una sucursal física.

Además, la empresa dispone de asistentes virtuales habilitados las 24 horas para resolver dudas sobre los modelos, las coberturas y los créditos.

El fundador de AutoXperience, Erick Xirinachs, explicó que desde el inicio el propósito de la compañía ha sido transformar la experiencia de compra, para responder a la necesidad de los clientes de contar con información clara, acompañamiento y respaldo.

Para garantizar la calidad del inventario, la oferta incluye unidades bajo un sello de certificación.

Para las personas interesadas en vender su vehículo, la plataforma ofrece una sección que permite iniciar el trámite de manera remota.

Los usuarios cargan la información y las fotografías de la unidad y, si cumplen con los criterios establecidos, reciben una oferta inicial en un plazo máximo de 48 horas.

Luego, esta frase fue confirmada en el estudio Guía del Consumidor de la firma White Rabbit cuando demostraron que las marcas que cuentan con un vínculo o conexión con el consumidor tienen tres veces más probabilidades de que les den una segunda oportunidad.

¿Entonces cómo resumimos en una palabra ese querer y esa conexión? Yo diría que estamos en el terreno de los intangibles y en uno que es de los más poderosos: la reputación. La práctica consistente de una marca por ser admirada, confiable y respetada hace que goce de una reputación positiva por parte de sus públicos de interés.

Sin embargo, cada vez que un empresario escucha sobre estos temas hace preguntas puntuales: ¿cuál es el retorno sobre la inversión?, ¿cómo lo medimos?, ¿cuánto dinero me deja?

A lo mejor, a esos empresarios nadie les ha contado que los activos intangibles cobran, cada vez más, un mayor valor para los negocios. Según datos de Brand Finance, el valor total de los activos intangibles en el 2025 alcanzó la cifra de $97,6 billones.

Es decir, los temas como confianza, imagen, marca empleadora, percepción positiva, bienestar, etc, empiezan a figurar como características medulares para que el negocio sea posible y alcance niveles de aceptación que lo hagan perdurable en el tiempo.

Momento de cambio

La reputación le está generando a las organizaciones un retorno visible pues los consumidores están empezando a elegir por la forma en que las empresas se comportan y no solamente, por el producto o servicio que ofrecen. La ecuación de la venta cambió y hay que empezar a integrarle otros valores, la reputación en primer lugar.

Vivimos un momento único en el que se comprueba que los temas mal llamados “suaves” cobran una importancia fundamental para el futuro de la compañía. ¿Quién diría que una cafetería tuvo que cerrar establecimientos de manera temporal para dar una capacitación sobre derechos humanos?

Nadie vio venir el día en que las personas dejaron de comprar porque no están de acuerdo con la manera en que se empaca un producto o por su contenido de alguna sustancia catalogada como dañina para la salud.

Los hechos anteriores tienen un denominador común: una marca. Detrás de cada una de las situaciones que se presentaron, hay un momento complejo para el negocio. Y en todos los casos el resultado también es común: perdieron dinero. Antes de padecer los nuevos problemas del empresariado, debemos estar claros de que la estrategia reputacional no es una opción, es una necesidad para que se pueda continuar haciendo negocios.

Existe toda una metodología que permite medir, diagnosticar, dar seguimiento en tiempo real y además generar planes que hagan que la reputación pueda mejorar y tener resultados, que al final, impactarán el retorno sobre las inversiones de las empresas.

Sin embargo, nada de esto funciona sin el aspecto más relevante de todos: vivir lo que se dice, predicar con el ejemplo, walk the talk; llámelo de la forma que quiera, si la empresa no está dispuesta a operar de una manera consistente, no podrá en el largo plazo vivir los retornos de tener una reputación positiva y apreciada. Cuando hablamos de reputación no podemos olvidar que lo que se percibe debe coincidir con lo que se practica. La reputación empieza a sufrir cuando una y otra vez encuentro que discurso y acción no van de la mano. Y luego de ello, vendrá la negación, la no elección de un producto o servicio y por ende la disminución en ventas y la pérdida de retorno.

Reputation Day

Por todo lo anterior es que Agencia Interamericana de Comunicación y mi persona estamos organizando el Reputation Day Costa Rica 2026, un evento en el que hablaremos de cómo gestionar este tema con profundidad y además conoceremos de primera mano, las últimas tendencias sobre la gestión de intangibles.

Lo que deseamos dejar claro durante esa jornada es que el retorno sobre la inversión de las empresas no está garantizado a punta de vender todo lo que se pueda, con el precio más alto. El retorno hoy pasa por procurar un adecuado balance entre tres aspectos, que al final crean reputación: la experiencia de la marca, lo que digo de mí mismo como empresa y lo que otros dicen sobre mí.

La percepción positiva sobre la marca parte de un principio fundamental: he logrado darle al público aquello que espera. Y ojalá, más bien, hayamos superado las expectativas de nuestros grupos de interés. El retorno vendrá siempre que esté dispuesto, como empresario, a dar un paso al frente y liderar una nueva gestión del negocio.

Llegó la hora de valorar los intangibles y en el Reputation Day nos dedicaremos, junto a invitados nacionales e internacionales, a probar con datos actualizados que las empresas están urgidas de gestionar el tema y demostrar que están haciendo todo lo posible por ubicarse del lado correcto de la historia.

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Luis Mastroeni es Business Trainer.

Presentado por: BCR

BCR Valores Puesto de Bolsa continúa demostrando excelencia y liderazgo en el mercado de valores. En esta oportunidad se enorgullece de ser puesto de bolsa colocador de un bono estandarizado emitido por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por un monto de ₡35 000 millones.

Durante todo el proceso de estructuración, gestión y estrategia comercial, BCR Valores desempeñó un papel clave en la distribución de la emisión, facilitando el acceso de inversionistas costarricenses a una oportunidad de inversión respaldada por una de las instituciones multilaterales más relevantes de América Latina y el Caribe.

“En alianza con Citi, hemos logrado este nuevo hito de colocación de recursos de una entidad que atiende a múltiples negocios con una amplia cartera de clientes constituida por 25 países miembros, empresas privadas e instituciones financieras”, mencionó Vanessa Olviares, Gerente General de BCR Valores.

La colocación de esta emisión demuestra una vez más la confianza que los inversionistas depositan tanto en CAF (emisor), como en la capacidad de distribución y ejecución de BCR Valores.

“Nuestro compromiso es seguir acercando al mercado costarricense opciones de inversión sólidas, competitivas y respaldadas por emisores de alta calidad crediticia”, finalizó Olivares.

Información técnica:

• BCR Valores: puesto de bolsa colocador
• Tipo de operación:bono estandarizado emitido por CAF
• Tipo de contrato: Suscripción al mejor esfuerzo
• Monto: ¢35 mil millones
• Plazo: 3 años
• Tasa de interés: 5,49%
• Tipo de bono: estandarizado

Para

BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.

A principios de 2026, The Washington Post reveló una de estas estrategias a partir de documentos judiciales relacionados con Anthropic, la empresa responsable del asistente de IA Claude. La investigación sacó a la luz “Project Panama”, un proyecto secreto iniciado en 2024 para adquirir libros impresos a gran escala. Los ejemplares se escaneaban y sus textos se incorporaban a los procesos de desarrollo de modelos de IA. Para acelerar el proceso, millones de libros fueron cortados, digitalizados y después enviados a reciclar.

El procedimiento muestra un cambio importante en la forma de valorar el libro. El objeto físico pierde importancia frente a su contenido. El texto puede extraerse, convertirse en datos y utilizarse para alimentar modelos de inteligencia artificial.

Anthropic no es la única compañía interesada en acceder a grandes colecciones de libros. En mayo de 2026, cinco grandes editoriales estadounidenses y el escritor Scott Turow demandaron a Meta y Mark Zuckerberg. Los acusaron de utilizar millones de libros y artículos procedentes de repositorios piratas para entrenar a su modelo Llama. Otros litigios contra empresas de IA apuntan en la misma dirección.

Los libros han adquirido así un nuevo valor estratégico. Ya no son solo objetos que contienen y transmiten conocimiento. También son grandes conjuntos de datos en la competición por desarrollar mejores modelos de inteligencia artificial.

¿Qué tienen los libros que no tenga internet?

Los grandes modelos de lenguaje necesitan enormes cantidades de texto. Sin embargo, cantidad y calidad no son necesariamente lo mismo.

Internet ofrece una diversidad difícil de encontrar en otro lugar. Pero también contiene textos breves, repetidos o poco revisados.

Además, desde 2022, cada vez hay más contenidos creados con IA en internet. Un estudio publicado en 2026 analizó páginas web aparecidas entre 2022 y 2025. A mediados de 2025, alrededor del 35% de las nuevas páginas estudiadas incluían textos generados o modificados con IA. Esto no significa que el 35% de internet haya sido creado por máquinas, pero sí muestra que estos contenidos tienen cada vez más presencia en la red.

El problema no es solo distinguir quién ha escrito qué. Una investigación publicada en Nature ya mostró en 2024 que entrenar sucesivas nuevas generaciones de modelos con contenidos producidos por modelos anteriores puede provocar una degradación progresiva de los resultados.

En este contexto, los libros anteriores a la expansión de la IA generativa adquieren un nuevo valor. Ofrecen a las empresas tecnológicas contenidos extensos y estructurados que, en muchos casos, han pasado por procesos profesionales de edición y corrección. Además, han sido escritos por personas.

Cuando el patrimonio se convierte en datos

Durante siglos hemos creado bibliotecas, archivos y universidades para conservar una parte de nuestra memoria colectiva. Estas instituciones no se limitan a almacenar sus fondos, también los catalogan, los preservan y los hacen accesibles.

La inteligencia artificial está dando un nuevo valor a ese patrimonio. No interesa el ejemplar físico; importa la información que contiene. Al digitalizarlo, el texto puede convertirse en datos y utilizarse para entrenar modelos de IA.

Desde la pasada primavera, libreros de España, Alemania, Australia y Nueva Zelanda han alertado de pedidos masivos y poco habituales realizados por la empresa canadiense Zoom Books. Esta compañía se dedica a la venta de libros de segunda mano por internet. Sus compras suelen realizarse a través de grandes plataformas como AbeBooks o Biblio. En ellas se pueden encontrar desde títulos baratos hasta ediciones raras y difíciles de conseguir.

Estos patrones de compra –y el precedente de Anthropic– han despertado sospechas. Sobre todo, por su volumen y por el interés en obras antiguas, descatalogadas o que no están disponibles en formato digital. Zoom Books niega que sea para alimentar a la IA y, por el momento, no existen pruebas concluyentes que permitan atribuirle ese fin.

Pero el fenómeno muestra hasta qué punto el contenido de los libros ha adquirido un nuevo valor. La información puede extraerse del objeto, convertirse en datos y circular de forma independiente. Muchos de estos textos nunca se han digitalizado, y algunos contienen conocimientos locales, especializados o publicados en lenguas con poca presencia en internet. Ofrecen información que todavía no está disponible en grandes bases de datos digitales.

Una nueva carrera por el conocimiento

Durante los últimos años hemos hablado de la carrera de la IA en términos de procesadores, energía, centros de datos y algoritmos. Pero la compra masiva de libros pone sobre la mesa otro recurso estratégico, mucho menos visible: el conocimiento humano.

Destruir un ejemplar puede parecer poco relevante cuando existen miles de copias. Pero no todos los libros están en esa situación. Muchos están descatalogados, tuvieron tiradas pequeñas o pertenecen a editoriales y ámbitos locales. Otros son difíciles de encontrar. En estos casos, cada ejemplar que desaparece dificulta el acceso a su contenido.

También importa qué libros se eligen. No todos los conocimientos están igual de representados en los datos que utilizan los modelos de IA. La selección puede reforzar desequilibrios que ya existen en internet.

La lengua es un buen ejemplo. También lo son el origen geográfico, la época o el tipo de conocimiento. Algunas culturas, perspectivas y formas de entender el mundo pueden estar muy presentes. Otras, mucho menos. Y otras pueden quedar al margen.

A esto se suma el debate sobre los derechos de autor. Escritores, editoriales y otros creadores cuestionan que sus obras puedan utilizarse para entrenar sistemas comerciales de IA sin permiso ni compensación. En Europa, la normativa sobre inteligencia artificial intenta aportar algo más de transparencia. Entre otras medidas, exige a las empresas responsables de los grandes modelos informar sobre los contenidos utilizados para entrenarlos y adoptar medidas para respetar la legislación europea sobre derechos de autor.

La cuestión, en todo caso, no es solo qué pueden aprender las nuevas herramientas tecnológicas de nuestros libros. Debemos preguntarnos qué ocurre con ellos tras su digitalización y procesamiento masivo, qué se conserva, qué puede llegar a desaparecer y qué conocimientos quedan fuera. Porque seleccionar los contenidos con los que aprende una IA también significa decidir qué voces estarán más presentes en sus respuestas y qué sesgos puede reproducir.

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Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

Cuando se reunió con Kim durante su primera presidencia, el objetivo de Trump era lograr el desarme nuclear de Corea del Norte; y fracasó. Desde entonces, la cantidad de ojivas norcoreanas tuvo un incremento notable (hasta 57, según Trump), lo mismo que el alcance y la precisión de los misiles capaces de arrojarlas sobre blancos de toda la región o del mundo.

Todo indica que el resultado de una iniciativa similar ahora será el mismo. Se puede dar por sentado que Kim está convencido de que su seguridad depende de contar con un poder de disuasión nuclear creíble. No le pasó inadvertido que Estados Unidos atacó a Irán (que no poseía armas nucleares), que hizo lo mismo con Irak y que la OTAN hizo lo mismo con Libia después del abandono del programa nuclear libio. Asimismo, Rusia invadió Ucrania en 2014 y de nuevo en 2022, después de que Ucrania entregara su arsenal nuclear postsoviético a cambio de garantías de seguridad que no se cumplieron.

Kim también comprende que nadie se interesaría por él si Corea del Norte no tuviera armas nucleares. La relevancia y el prestigio internacional de Kim (y de su país) dependen en gran medida de contar con un arsenal creciente.

Trump exagera dos factores de su confianza en la eficacia de la diplomacia. El primero es el atractivo de la diplomacia personal. Casi todos los presidentes estadounidenses dan mucha importancia a su capacidad de persuasión y a su relación personal con líderes extranjeros; pero la historia sugiere que lo contrario se acerca más a la verdad.

Trump también parece exagerar el atractivo del desarrollo económico al que podría acceder Corea del Norte si se levantaran las sanciones internacionales. Pero lo que más importa a Kim es la continuidad de su dominio (y el de la persona que elija para sucederlo), más que la prosperidad y la felicidad de los norcoreanos. Al contrario, abrir el país sería un riesgo para su poder. Las revoluciones son más probables en un contexto de expectativas en alza que bajo una represión eficaz.

De modo que si el desarme no es un objetivo realista, es posible que se esté buscando alguna forma de control de armamentos. Establecer límites a la cantidad y calidad de las fuerzas nucleares y misilísticas norcoreanas puede ser un objetivo valedero. Pero no está exento de riesgos, ya que se interpretaría como una legitimación y aceptación de la decisión norcoreana de abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear y desarrollar un programa de armamentos, algo que en Corea del Sur y Japón generaría amplio malestar (o algo peor).

También habría que mencionar el apoyo de Corea del Norte a la guerra de agresión de Rusia en Ucrania, aunque es improbable que Kim lo cancele, si se tiene en cuenta la ayuda en lo referido a la energía y las armas nucleares que aparentemente recibe su régimen a cambio. Aquí también es pertinente la duda respecto de lo que podría lograr la diplomacia y a qué costo.

Lo que nos trae a Corea del Sur, un aliado crucial de Estados Unidos desde hace largo tiempo. La península coreana fue escenario del primer conflicto «caliente» de la Guerra Fría. Perdieron allí la vida más de 36.000 estadounidenses, primero en la liberación de Corea del Sur y después en un intento fallido de unificar el país por la fuerza.

Hoy Corea del Sur es un modelo de éxito, un caso de estudio sobre la transformación desde el autoritarismo corrupto y la pobreza extrema hasta una democracia pujante y una economía próspera (decimocuarta del mundo en la actualidad). Al parecer, Trump ve esta relación como un juego de suma cero: cree que sacrificar la relación de Estados Unidos con Corea del Sur aumentará sus chances de alcanzar sus objetivos con Corea del Norte. Lo más probable es que ocurra justo lo contrario.

Pero la historia no detiene a Trump. Impuso aranceles a Corea del Sur a pesar de un acuerdo de libre comercio, retiró los sistemas de defensa antimisiles frente a una creciente amenaza misilística norcoreana y, más cerca en el tiempo, redujo y restringió un importante ejercicio militar conjunto que consideró costoso e innecesariamente provocador.

Los motivos de Trump no están claros. Quizá vea en Corea del Norte una oportunidad para anotarse un triunfo en política exterior que le permita desviar la atención de su fracaso en Irán. O tal vez sólo actúe por resentimiento ante la negativa de Corea del Sur a colaborar con una guerra a la que se opone (y que generó un encarecimiento de la energía y escasez de insumos industriales clave).

Lo que sí está claro es que Trump parece no comprender que el poder de disuasión depende de una capacidad de defensa creíble. Y esto es peligroso, sobre todo porque hay 28.000 soldados estadounidenses estacionados en Corea del Sur, país con el que Estados Unidos firmó un tratado por el que se comprometió a defenderlo.

Si el éxito de la jugada diplomática de Trump se define como convencer a Kim de que renuncie a sus armas nucleares, fracasará. Además, es probable que con el tiempo, el fondo y la forma de esta diplomacia (unilateral y sin preaviso al gobierno surcoreano) terminen restando credibilidad a las garantías de seguridad estadounidenses. En vez de una sola Corea con armas nucleares, podríamos tener dos, con el consiguiente aumento del riesgo de una guerra en la península, tres cuartos de siglo después de la primera. Peor aún, reproducir las condiciones que hicieron posible la estabilidad nuclear durante la Guerra Fría será muy difícil, y resurgirá así el fantasma de que se vuelva a usar un arma nuclear por primera vez desde 1945.

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Richard Haass, presidente emérito del Council on Foreign Relations, es asesor sénior en Centerview Partners, académico distinguido de la Universidad de Nueva York y autor del boletín semanal Home & Away en Substack.

Durante la fase en que la oruga se transforma en mariposa, el calor puede alterar el resplandor de las alas, indicó el estudio del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés).

Estas mariposas tienen principalmente alas azules, aunque también las hay de tonos marrones y anaranjados.

Cuando las mariposas “fueron expuestas a temperaturas altas que simulaban las predichas bajo un futuro escenario de cambio climático, emergieron con alas de color alterado y más apagadas”, explicó a la AFP la bióloga estadounidense y principal autora de la investigación, Juliette Rubin.

Ese brillo, advierten los científicos, es un arma de defensa que tiene esta especie para confundir a sus enemigos naturales. Por ello, con colores más opacos, podrían ser más susceptibles a la depredación de aves y otros depredadores.

“Esto podría tener importantes implicaciones para su biología”, afirmó Rubin sobre esta especie que habita bosques y selvas tropicales de México, Centroamérica, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, entre otros.

El cambio incluso puede hacer que estos animales, que miden hasta 20 centímetros, resulten menos atractivos para posibles parejas, agregó el informe.

“También observamos que las Morpho que se desarrollaron bajo estas condiciones cálidas murieron con mayor frecuencia” en la etapa de crecimiento, indicó Rubin.

Esta investigadora aseguró que para el estudio se expusieron crisálidas de mariposas a temperaturas de 35ºC durante el día y 28ºC por la noche, simulando un escenario futuro de cambio climático en el lugar donde habitan.

Luego se las comparó con otro grupo que fue analizado bajo 28ºC, tanto de día como de noche, la temperatura promedio que hay actualmente en los trópicos.

“Descubrimos que los cambios de color inducidos por altas temperaturas (...) serían detectables por los depredadores aviares”, sostuvo Rubin.

Sin embargo, agregó que se necesitan más estudios para determinar con exactitud el grado de amenaza que supondrían las aves para las mariposas por su cambio de color.

Sumado al calentamiento global por la actividad humana, El Niño tiene el potencial de provocar en los siguientes meses eventos meteorológicos extremos en distintas regiones del planeta, según los expertos.

Esto podría convertir a 2027 en el año más caluroso de los registros.

En Panamá, el gobierno dijo que activó la emergencia para abreviar los procesos burocráticos y aligerar las respuestas a las consecuencias económicas y ambientales derivadas del evento natural.

El Niño no solo provocará inundaciones sino también acarreará “complejidades con (...) la sequía”, afirmó la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo en rueda de prensa.

El fenómeno ha provocado en los últimos meses un aumento del 25% de las lluvias en el Caribe. En el Pacífico, por el contrario, ha ocasionado una escasez del 60% en las precipitaciones, según la directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, Luz de Calzadilla.

El Canal de Panamá, por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial y funciona con agua de lluvia que almacenan dos lagos artificiales, bajará a partir del 3 de septiembre el número de tránsitos diarios de 36 a 34 barcos, y doce días después a 32, según la autoridad que administra el cruce interoceánico.

El Niño es un fenómeno natural que eleva las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, lo que genera cambios globales en los vientos y las lluvias.

Cultivos afectados

De su lado, la Protección Civil de El Salvador también declaró la “alerta roja (máxima) por sequía meteorológica y agrícola en todo el territorio nacional”.

Así podrá redoblar la vigilancia de las fuentes hídricas y cultivos, además de identificar comunidades en situación crítica y aumentar la vigilancia epidemiológica.

Con seis millones de habitantes, El Salvador afronta una sequía generalizada y registró 14 récords de temperatura en agosto, según las autoridades ambientales.

La falta de lluvias ha provocado la pérdida de cultivos y por ello el Ministerio de Agricultura anunció previamente apoyo alimentario para las familias afectadas que no cuentan con sistemas de riego.

Según la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, la primera cosecha de granos básicos registrará una pérdida de alrededor de 20%.

En Honduras, la sequía también ha provocado pérdidas de cultivos de maíz y frijol en comunidades del sur y el oeste del país, y llevó al gobierno a declarar en alerta casi el 80% del territorio.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU estimó recientemente que Centroamérica “será probablemente la región más afectada en términos de aumento relativo de la inseguridad alimentaria” por El Niño.

Desde México hasta el norte de Brasil, pasando por las costas del Pacífico y el escudo guayanés, unos 110 millones de personas vivieron el mes de julio más caluroso de toda la historia de los registros.

El Salvador, Nicaragua y Honduras batieron sus récords de temperatura mensual tanto en junio como en julio, lo que ha agravado los temores de hambruna.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que, por primera vez desde la creación de esta medida, el feriado coincidirá con un lunes. Por esa razón, la restricción vehicular no estará vigente durante esa jornada.

La medida establece qué vehículos pueden circular por determinadas zonas de San José según el último dígito de su placa.

Restricción regresará el martes

La aplicación de la restricción vehicular se retomará con normalidad el martes 1.º de septiembre.

Ese día corresponderá la restricción a los vehículos cuyas placas terminen en 3 o 4.

La medida se mantendrá bajo el calendario habitual durante el resto de la semana, por lo que los conductores deberán revisar el último número de su placa antes de desplazarse por las zonas sujetas a la restricción.

El MOPT recordó que la suspensión de este lunes responde exclusivamente a la condición de feriado. A partir del martes 1.º de septiembre, la medida volverá a aplicarse según la terminación de las placas.

El RNC, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cubre principalmente a personas mayores de 65 años que no pudieron cotizar para una pensión, aunque también atiende a personas con discapacidad y casos de desamparo, y el monto de sus pensiones ordinarias ronda los ¢82.000 mensuales por persona.

Según Fernández, el Banco Popular le indicó al Gobierno que ya no necesita el aporte especial y que no le hace “ni cosquillas” dejar de percibirlo. En cambio, se liberarían unos ¢37.500 millones —el monto recaudado en 2025— para atender el rezago de más de 30.000 personas que actualmente solicitan una pensión no contributiva y no logran conseguirla, por falta de presupuesto.

El Gobierno ya presentó el proyecto de ley para realizar la “redistribución” de los recursos.

Problema estructural

La presidenta Fernández anunció la iniciativa desde el 19 de agosto pasado, día en que realizó un acto especial para marcar sus primeros 100 días de mandato.

Según dijo, la iniciativa es relevante para resolver un problema estructural en materia de pobreza y de pobreza extrema.

“Por más fuentes de empleo que generemos, tenemos bloques de pobreza que son personas adultas mayores que no cotizaron y que no pueden trabajar”, analizó.

Esa situación, añadió, puede empeorar en los próximos años, debido a una población que “envejece aceleradamente”. “Cada día tenemos menos niños y más ancianos, y debemos prepararnos”, arguyó.

Las afirmaciones de la presidenta se corresponden con la información estadística disponible. La población mayor de 65 años hoy supera el 10% del total de los habitantes del país, pero se proyecta que subirá a un 25% para 2050, debido a los mejores indicadores de esperanza de vida y la menor tasa de fecundidad.

Estimación de atención

En la exposición de motivos del proyecto, el Gobierno asegura que una inyección de ¢37.500 millones al RNC permitiría financiar 31.221 pensiones nuevas.

El cálculo contempla que cada pensión del RNC suele tener un costo de ¢1,2 millones anuales, sumando aspectos como el aguinaldo.

“Con ello”, alega el Ejecutivo, se atendería “la totalidad del rezago reportado” para el cierre de 2025.

En la iniciativa, el Gobierno también subraya que la intención no es sustituir el financiamiento actual del RNC, sino complementarlo. Es decir, que el nuevo dinero que reciba el régimen sirva exclusivamente para nuevas pensiones y no para pagar las que ya se han otorgado.

Asimismo, el Gobierno sostiene que quitar el dinero al BPDC no le provocaría presiones relevantes a esa entidad financiera.

Según el Ejecutivo, cambiar el destino de los recursos responde a criterios de “uso racional, solidario y eficiente de los recursos que se deducen del salario de las personas trabajadoras”.

“El Banco Popular cuenta con una capacidad suficiente para sostener su operación y su crecimiento proyectado en el mediano plazo, sin requerir refuerzos patrimoniales adicionales de carácter permanente”, se lee en el proyecto de ley que envió el Gobierno al Congreso.

“En contraste”, añade, “el Régimen No Contributivo de Pensiones enfrenta riesgos estructurales de mayor magnitud, cuyo impacto potencial recaería directamente sobre las personas adultas mayores que se encuentran en situación económica desfavorable”.

Dicha devolución se hará de manera automática al realizar la compra del artículo y no por medio de una solicitud mensual de devolución, como se viene haciendo hasta ahora.

Las iniciativas fueron entregadas por parte de los viceministros Víctor Julio Carvajal y Alejandro Barrantes.

Modificación al valor fiscal del vehículo

El proyecto a la propiedad de vehículos pretende eliminar vacíos legales que facilitan la elusión y evasión.

Su principal objetivo es evitar que se calcule sobre valores fiscales artificialmente bajos, especialmente cuando el declarado durante la importación fue inferior al valor real del vehículo.

El proyecto busca adicionar el artículo 9 bis a la Ley (7088) para autorizar a la Dirección General de Tributación a ajustar el valor fiscal de vehículos, aeronaves y embarcaciones.

El cambio tiene como fin equiparar el valor fiscal de los bienes al valor promedio de mercado que posean características similares.

“El procedimiento no crea nuevas cargas tributarias, sino que pretende corregir la base imponible vigente para que corresponda a la verdadera capacidad contributiva”, explica el texto en la exposición de motivos.

La Dirección General de Hacienda estima que esta corrección podría generar un incremento en la recaudación del impuesto que oscila entre ¢2.455 millones y ¢3.289 millones.

Esta proyección se basó en el análisis de 171.210 registros de importaciones de vehículos del periodo comprendido entre 2025 y 2026.

Con este nuevo proyecto de ley, Hacienda busca cerrar el portillo que abrió a mediados de setiembre del 2024, cuando derogó tres decretos que definían las diferentes clases tributarias para la importación de vehículos.

Cambios en aduanas

La segunda iniciativa reforma la Ley General de Aduanas para actualizar el régimen de infracciones, sanciones y delitos relacionados con el contrabando y la defraudación aduanera.

Uno de los cambios más relevantes del proyecto consiste en elevar de $5.000 a $20.000 el monto mínimo para que el ingreso ilegal de mercancías sea perseguido como delito de contrabando.

Actualmente, cualquier operación que supere los $5.000 puede dar lugar a un proceso penal, lo que, según el Gobierno, ha provocado que numerosos casos de menor cuantía terminen en los tribunales, ralentizando la recuperación de impuestos y saturando al sistema judicial.

Con la reforma, las operaciones inferiores a los $20.000, como regla general, dejarían de tramitarse penalmente y pasarían a resolverse en la vía administrativa mediante multas y otras sanciones.

También, fortalece las potestades de control de la Dirección General de Aduanas y moderniza el procedimiento administrativo.

Devolución en IVA

La tercera propuesta, tramitada bajo el expediente 25.735, pretende facilitar a los hogares en condición de pobreza la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) pagado por útiles escolares, uniformes, y dispositivos electrónicos: computadoras, tabletas y teléfonos celulares.

La principal modificación consiste en sustituir el mecanismo de devolución mensual por una devolución automática en el mismo momento de la compra.

El mecanismo vigente contempla la devolución posterior del impuesto, lo que obliga a las personas beneficiarias a esperar y realizar gestiones administrativas para recibir los recursos.

Según la exposición de motivos, este procedimiento puede retrasar el acceso efectivo al beneficio y generar cargas adicionales tanto para los hogares como para la Administración Tributaria.

El texto vigente tampoco establece con suficiente precisión algunos controles, como un monto máximo de compra de útiles y uniformes, la exigencia de que los estudiantes estén matriculados y activos, y los períodos de uso del beneficio para equipos tecnológicos.

Esta situación podría facilitar abusos o el uso del incentivo con fines distintos a los previstos.

Para recibir la devolución automática, la persona deberá:

• Pertenecer a un hogar clasificado por el Sinirube como pobre.
• Comprar alguno de los bienes contemplados en la reforma.
• Pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta IBAN donde recibe el beneficio estatal.
• Cumplir con los límites de uso establecidos para cada tipo de producto.
• Adquirir bienes identificados mediante el código tributario correspondiente.
• En el caso de útiles y uniformes, no haber agotado el monto máximo autorizado para el curso lectivo.
• En el caso de equipos tecnológicos, respetar los límites de precio y el período de 3 años.

A partir de su presentación, los tres expedientes iniciarán su respectivo trámite y discusión en las comisiones de la Asamblea Legislativa, donde los diputados deberán analizar, realizar eventuales ajustes y dictaminar las propuestas del Poder Ejecutivo antes de su votación en el plenario.

Este movimiento estratégico, diseñado para hacer frente a nuevas obligaciones legales y al crecimiento del ecosistema de pagos, representará una factura anual de unos ¢1.500 millones para el ente emisor.

Así se manifestó en la sesión del 5 de agosto, según consta en el acta correspondiente, donde además se señaló que el impacto presupuestario se desglosa en un aumento del costo salarial anual al cual se suman los gastos derivados de espacio físico y costos corporativos.

En total, la planilla de la autoridad monetaria crecerá con la creación de 42 nuevas plazas netas, la reclasificación de ocho puestos para elevar su categoría profesional y la sustitución de dos plazas de manera equivalente.

Una de las principales justificaciones para este incremento en el gasto operativo es la necesidad de fortalecer la regulación en el mercado financiero.

La División de Sistemas de Pago absorberá 15 de las nuevas plazas. De estas, 13 estarán destinadas a la creación de un nuevo departamento exclusivo para el Sistema de Tarjetas de Pago, cuya misión central será aplicar la Ley de Comisiones Máximas (Ley 9831) de forma separada a la operativa del Banco.

Las otras dos plazas de esta división se asignarán al Área de Vigilancia para supervisar el explosivo crecimiento del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe), que actualmente procesa más de 1.000 millones de transacciones anuales y conecta a unas 125 entidades.

Respuesta a saturación de capacidad actual

El grueso de las contrataciones se concentrará en la División Transformación y Estrategia, que sumará un total de 24 plazas nuevas.

Departamentos como Planeamiento y Control de Gestión (siete plazas), Calidad y Mejora Continua (siete plazas) y Relaciones Institucionales (cinco plazas) reportaron sobrecargas críticas de trabajo.

Durante la sesión, se argumentó que el cumplimiento de las nuevas disposiciones de la Contraloría General de la República, la carga operativa impuesta por la transición hacia la Ley Marco de Empleo Público y las crecientes exigencias de rendición de cuentas han saturado la capacidad instalada del personal actual.

El reacomodo de personal también alcanza a áreas de soporte, como el Departamento de Servicios Institucionales, con la creación de cuatro plazas y la reclasificación de tres asistentes a técnicos, con el fin de robustecer el control de más de 28.000 activos fijos, seguros y la fiscalización global sobre la Fundación Museos del BCCR.

Por su parte, el Fondo de Garantía de Depósitos reclasificó a un profesional ante la mayor complejidad que supone el crecimiento del patrimonio del fondo y el desarrollo de protocolos para actuar en escenarios de tensión o crisis bancaria.

Según la justificación técnica aprobada por la Junta Directiva, estos cambios no solo atienden brechas operativas puntuales, sino que se catalogan como “habilitadores de la modernización institucional” y son necesarios para sostener el modelo operativo del Banco Central proyectado hacia 2030.

El Departamento de Estado anunció el martes que revocará las visas de negocios y turismo de un gran número de extranjeros que solicitaron asilo en Estados Unidos, en el marco de la política antimigratoria del presidente Donald Trump.

“Estamos colaborando con el DHS (Departamento de Seguridad Nacional, ndlr.) para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente”, declaró a la AFP el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmando informaciones de prensa.

“Obtener una visa con el fin de solicitar asilo constituye fraude, lo cual es motivo para la revocación”, agregó Pigott.

La Casa Blanca dio a entender en una publicación en X que “hasta 200.000 visas” se verían afectadas y afirmó que sería la “mayor revocación masiva de visas de la historia”.

El Departamento de Estado no ha confirmado esta cifra, pero tampoco la ha desmentido. Subrayó que el proceso se llevará a cabo “de manera progresiva”.

A comienzos de agosto, el Departamento de Estado anunció que, desde el regreso al poder de Donald Trump en enero de 2025, a unos 175.000 extranjeros les fueron revocadas sus visas por motivos tan diversos como actividades delictivas, infracciones a la ley como conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, o incluso por haber “celebrado” el asesinato del conservador Charlie Kirk.

Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración clandestina una prioridad y ha expulsado masivamente a inmigrantes en situación irregular.

También ha restringido de manera amplia la entrada legal de ciudadanos extranjeros.

1. Anthropic. Su investigación demuestra que existe una enorme diferencia entre el alcance teórico de la IA y su utilización real. Aunque muchas ocupaciones son técnicamente automatizables, la adopción eficaz continúa siendo limitada. El estudio no encuentra una destrucción masiva del empleo, sino cambios graduales en la contratación y en la composición de determinadas profesiones.

2. Edelman Trust Barometer. La confianza en la IA disminuye conforme aumenta el sentimiento de incertidumbre e inconformidad social. Muchos trabajadores sospechan que las empresas no están comunicando con transparencia el verdadero impacto de la IA sobre el empleo. En ese contexto, los empleadores emergen como una de las pocas instancias capaces de reconstruir confianza.

3. Forbes. Vivimos una paradoja inédita: nunca habíamos contado con tantos datos para dirigir organizaciones y, al mismo tiempo, nunca había sido tan difícil inspirar a las personas. En la era de la IA, la capacidad de los líderes para construir narrativas que otorguen propósito a sus colaboradores se convierte en una ventaja competitiva tan importante como cualquier innovación tecnológica.

4. Harvard Business Review. Introduce el concepto de workslop: grandes volúmenes de contenido generado por IA aparentan calidad, pero obligan a invertir tiempo corrigiendo errores, verificando información y rehaciendo tareas. Otra paradojas una herramienta diseñada para la productividad genera trabajo improductivo, por la ausencia de criterios de calidad, supervisión y responsabilidad.

5. Gartner. Destaca tendencias como despidos anticipados basados en expectativas exageradas sobre la IA, el deterioro de la salud mental, el fraude impulsado por herramientas generativas durante los procesos de reclutamiento y la aparición de los llamados “dobles digitales” (cantantes, actores). La gestión de personas deberá anticipar riesgos éticos, psicológicos y culturales.

6. PwC. Los colaboradores que encuentran propósito en lo que hacen muestran niveles muy superiores de motivación, mientras que el agotamiento, el aburrimiento y la frustración reducen significativamente su compromiso. Hay que rediseñar experiencias laborales dotándolas de significado, que muevan a las personas a percibir crecimiento, seguridad psicológica y oportunidades reales para reinventarse.

7. Gallup. América Latina registra uno de los mayores niveles de bienestar y optimismo laboral del mundo. Aquí yace la gran oportunidad: aprovechar ese optimismo para impulsar procesos de transformación tecnológica sin perder de vista el componente humano. La IA puede acelerar procesos, pero solo los equipos comprometidos convierten esa eficiencia en resultados sostenibles.

8. Mercer. La función de gestión humana corre el riesgo de perder relevancia estratégica si continúa enfocándose únicamente en procesos administrativos mientras la alta dirección discute IA, crecimiento y transformación. Es imperativo alinear las expectativas de ejecutivos, colaboradores e inversionistas alrededor de una visión compartida donde la tecnología fortalezca, y no sustituya, el potencial humano.

9. Deloitte. El aprendizaje dejará de ser un evento aislado para convertirse en una experiencia integrada dentro del flujo cotidiano del trabajo. La IA permitirá ofrecer retroalimentación personalizada, acompañamiento en cada contexto de trabajo y procesos de aprendizaje adaptados a cada individuo en tiempo real. Esto implica abandonar los modelos tradicionales de capacitación.

10. Josh Bersin. La transformación más profunda de todas: el nuevo rol del liderazgo. El verdadero valor de los directivos consistirá en coordinar la colaboración entre personas y sistemas inteligentes. El denominado supermanager diseña ecosistemas donde la tecnología amplifica las capacidades de los equipos, fortalece la confianza y libera tiempo para actividades de mayor valor agregado.

En conjunto, estos diez análisis coinciden en una clave estratégica: comprender que el futuro del trabajo continúa siendo, esencialmente, un proyecto profundamente humano.

Si desea profundizar en estos análisis, aquí puede encontrar las fuentes:

1. Anthropic.https://www.anthropic.com/research/labor-market-impacts
2. Edelman. https://www.edelman.com/newsroom/richard-edelmans-6am-blog/insularity-next-crisis-trust
3. Forbes.https://www.forbes.com/sites/afdhelaziz/2026/04/27/the-hope-gap-why-the-most-informed-leaders-in-history-are-inspiring-the-least-belief/
4. Harvard Business Review.https://hbr.org/2025/09/ai-generated-workslop-is-destroying-productivity
5. Gartner.https://www.gartner.com/en/articles/future-of-work-trends
6. PwC.https://www.pwc.com/gx/en/issues/workforce/hopes-and-fears.html
7. Gallup.https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace.aspx
8. Mercer.https://www.mercer.com/en-hk/insights/people-strategy/future-of-work/global-talent-trends/
9. Deloitte.https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/talent/human-capital-trends/2025.html
10. Bersin.https://joshbersin.com/supermanager/

Una de las particularidades de este 2026 es que se trata del primer 31 de agosto que se paga y se celebra como tal en día hábil, ya que durante los últimos dos años la conmemoración cayó en fin de semana.

De acuerdo con lo estipulado en el Código de Trabajo, es un derecho de todas las personas trabajadoras disfrutar de este feriado, sin importar la actividad laboral en la que se desempeñen ni si su patrono es una empresa nacional, transnacional o internacional que opera en el país.

Reglas para el pago del salario

Para efectos de la remuneración económica, el MTSS aclaró que el trato salarial dependerá de la modalidad de pago que tenga estipulada cada centro de trabajo.

• Pago semanal en actividad no comercial: Este modelo reconoce en el salario únicamente el tiempo efectivamente laborado en la semana. Si la persona no trabaja el feriado, la empresa debe pagar los días trabajados sin incluir el 31 de agosto. Si el empleado sí labora durante la fecha festiva, se debe agregar a su salario el pago ordinario por ese día.
• Pago mensual, quincenal o semanal dedicado al comercio: Estos centros de trabajo reconocen económicamente todos los días del mes, incluidos los descansos. En este escenario, el patrono debe cancelar el salario completo del periodo, incluyendo el 31 de agosto. Si la persona labora durante el feriado, se le debe sumar el salario de un día sencillo adicional para así completar el pago doble.

Horas extra y derechos del trabajador

Las reglas de remuneración también varían si la jornada se extiende más allá del horario regular durante el día festivo.

Bajo la modalidad de pago semanal no comercial, si se trabajan horas extra en este feriado, estas deben remunerarse a tiempo y medio de manera ordinaria.

Por el contrario, para quienes reciben pago mensual, quincenal o trabajan en comercio, las horas adicionales laboradas durante el 31 de agosto se deben pagar a tiempo y medio doble, lo que en la práctica representa un pago triple.

Las autoridades laborales enfatizan que ninguna persona trabajadora está obligada a laborar este día. Si un empleado no está de acuerdo y se niega a trabajar en esta fecha, el patrono no puede aplicar ningún tipo de sanción. Esta regla general solo contempla las excepciones puntuales establecidas en los artículos 150 y 152 del Código de Trabajo.

El Departamento de Estado de EE. UU. habilitó en Costa Rica un plan piloto para que solicitantes elegibles de visas de visitante B-1/B-2 puedan pagar $750 adicionales y optar por una entrevista consular dentro de los siguientes 10 días hábiles, siempre que haya cupos. El pago acelera la fecha de entrevista, pero no garantiza ni la disponibilidad inmediata ni la aprobación de la visa.

9 preguntas y respuestas sobre el nuevo sistema para adelantar la cita de la visa a Estados Unidos

Los costarricenses que necesiten una entrevista más próxima para solicitar una visa de turismo o negocios a Estados Unidos cuentan con una nueva alternativa de pago. La Embajada de Estados Unidos en San José fue incluida desde el 18 de agosto en el Nonimmigrant Visa Expedited Appointment Pilot Program, un plan piloto del Departamento de Estado que permite adelantar la cita consular a cambio de un cargo adicional.

A continuación, las principales preguntas sobre cómo opera el mecanismo, cuánto cuesta y qué no cubre.

1. ¿Qué es el nuevo sistema?

Es un programa piloto de citas aceleradas para visas de no inmigrante de visitante. Permite que personas elegibles para una visa B-1/B-2 paguen una tarifa adicional para programar una entrevista consular en un plazo de hasta 10 días hábiles.

El mecanismo es voluntario y se suma a las vías ordinarias de solicitud de visa y de petición de citas urgentes. No sustituye el proceso regular: quien no quiera o no pueda pagar el cargo adicional puede continuar utilizando las citas disponibles en el calendario normal.

2. ¿Ya está disponible para solicitantes en Costa Rica?

Sí. San José fue añadido al programa el 18 de agosto de 2026, junto con puestos consulares de Canadá, Colombia, Guatemala y Honduras. México había sido incorporado previamente, el 21 de julio.

La incorporación significa que quienes tramiten su visa en la Embajada de Estados Unidos en San José pueden encontrar, si cumplen las condiciones y hay espacios, la opción de cita acelerada pagada dentro de la plataforma de programación.

3. ¿Cuánto cuesta adelantar la entrevista?

El cargo por utilizar la cita acelerada es de $750 por persona, adicional a la tarifa regular de la solicitud de visa B-1/B-2, que es de $185.

En consecuencia, una persona que opte por esta ruta deberá pagar $935 solo en tarifas consulares:

El recargo de $750 equivale a aproximadamente 4,1 veces el precio de la solicitud ordinaria. El desembolso total, por tanto, ronda cinco veces la tarifa regular de visa.

4. ¿A qué tipos de visa aplica?

El piloto está dirigido a solicitantes elegibles de visas B-1/B-2, la categoría utilizada para viajes temporales de negocios o turismo.

La visa B-1 puede cubrir, entre otras actividades permitidas, reuniones de negocios, convenciones, negociaciones o consultas con socios comerciales. La B-2 se emplea para turismo, visitas familiares, tratamiento médico y actividades recreativas permitidas. En muchos casos, ambas se emiten como una visa combinada B-1/B-2.

El nuevo pago no aplica, según la información divulgada sobre el piloto, para todas las categorías de visa de no inmigrante, como estudiantes, trabajadores temporales, tripulantes o participantes de intercambio.

5. ¿El pago garantiza una entrevista dentro de 10 días?

No de manera absoluta. El Departamento de Estado plantea como objetivo que el solicitante pueda programar la entrevista dentro de los 10 días hábiles posteriores, pero la posibilidad depende de la disponibilidad de citas aceleradas en la sede consular.

En otras palabras, pagar no crea un cupo si no lo hay. La persona debe ingresar al sistema, verificar que la opción esté disponible y seleccionar una fecha ofrecida bajo la modalidad de cita acelerada. El programa también opera con cupos limitados.

6. ¿Pagar $750 asegura que otorguen la visa?

No. El pago solo se relaciona con la programación de una entrevista más cercana; no altera los requisitos migratorios ni obliga al oficial consular a emitir la visa.

Cada solicitud sigue siendo evaluada individualmente. El oficial consular debe determinar que la persona cumple los requisitos de la categoría solicitada y que no tiene impedimentos legales para recibir la visa. Para los solicitantes de visitante, esto incluye evaluar el propósito temporal del viaje y los vínculos que demuestren que regresarán a su país de residencia.

Además, la cita acelerada no adelanta eventuales verificaciones adicionales, controles de seguridad, procesamiento administrativo ni la emisión física de la visa después de una eventual aprobación.

7. ¿Cómo se solicita una cita acelerada pagada?

El procedimiento descrito para el piloto sigue esta secuencia:

1. Completar el formulario electrónico DS-160.
2. Pagar la tarifa ordinaria de solicitud de visa, conocida como MRV.
3. Tener una cita regular programada o contar con un comprobante MRV vigente y no vencido.
4. Ingresar a la plataforma de programación de citas.
5. Buscar la alternativa de cita acelerada pagada, identificada como “Paid Expedite”, si aparece disponible para el solicitante.
6. Elegir una fecha acelerada disponible.
7. Pagar los $750 adicionales dentro del plazo que defina el sistema.

La opción no necesariamente aparecerá para todos los usuarios: depende de que la sede participante tenga espacios y de que el solicitante cumpla las condiciones del programa.

8. ¿El cargo se paga por familia o por persona?

Se paga por persona y por cita. Una familia de cuatro integrantes que requiera entrevistas aceleradas, por ejemplo, tendría que asumir $3.000 solo por el recargo de $750, además de $740 en tarifas ordinarias de solicitud. El costo conjunto en tarifas consulares sería de $3.740.

Esto vuelve el sistema particularmente oneroso para grupos familiares, aunque puede ser una alternativa para viajeros con una necesidad de fecha concreta y capacidad de cubrir el cargo.

9. ¿Sigue existiendo la cita urgente sin pagar $750?

Sí. La nueva modalidad no reemplaza las solicitudes ordinarias de cita expedita por circunstancias urgentes. La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica mantiene un proceso separado para evaluar peticiones de adelanto cuando existen razones calificadas, como emergencias médicas, determinados viajes de negocios, eventos únicos en la vida, tripulaciones y casos de estudiantes o intercambio.

Estas solicitudes se analizan individualmente, requieren evidencia de la urgencia y dependen de la disponibilidad. La embajada indica que ese mecanismo regular de urgencia no está disponible para viajes puramente turísticos.[

Lo que debe considerar

El nuevo sistema puede tener valor para una persona que enfrenta una fecha impostergable —por ejemplo, una reunión de negocios relevante o una visita familiar con fecha definida— y que no califica para una cita urgente gratuita. Sin embargo, no equivale a “comprar” la visa ni elimina las demás etapas del proceso.

La principal diferencia es esta: la tarifa de $750 compra la posibilidad de buscar una entrevista más cercana, no el derecho a obtener la visa, ni una exención de los requisitos consulares, ni una entrega más rápida del documento después de la entrevista. El programa es temporal y está previsto para operar hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para el adelanto deberán pagar $750 adicionales por una cita acelerada. El mecanismo no garantiza ni disponibilidad inmediata ni aprobación de la visa.

La Embajada de Estados Unidos en San José fue incorporada el 18 de agosto de 2026 al Nonimmigrant Visa Expedited Appointment Pilot Program, un plan piloto del Departamento de Estado que ofrece a solicitantes elegibles de visas B-1/B-2 la posibilidad de optar por una entrevista en un plazo de hasta 10 días hábiles, sujeto a que existan espacios disponibles.

La medida representa una alternativa pagada a las citas ordinarias y a los procesos de urgencia que ya operaban para circunstancias específicas, como necesidades médicas, viajes corporativos urgentes, estudiantes o eventos excepcionales. Sin embargo, el nuevo mecanismo tiene un costo considerable: los $750 se suman a la tarifa regular de solicitud de visa, de $185.

En términos prácticos, una persona que elija la cita acelerada deberá desembolsar $935 solo en tarifas consulares, antes de considerar otros gastos como traslado a San José, fotografías, preparación de documentos o el costo de un eventual viaje.

Pago no asegura la visa

El programa aplica a solicitantes elegibles de visas de visitante B-1/B-2, utilizadas para turismo, visitas familiares, atención de asuntos de negocios, participación en reuniones, convenciones u otras actividades permitidas bajo esa categoría.

No obstante, pagar la tarifa adicional no equivale a comprar una aprobación consular. La decisión final continúa en manos del oficial de visas, quien debe determinar si la persona cumple los requisitos de la legislación estadounidense y si demuestra vínculos suficientes con su país de residencia, entre otros elementos de evaluación.

Tampoco supone que todos los solicitantes podrán obtener de inmediato una cita temprana. El Departamento de Estado señala que el acceso al servicio depende de la disponibilidad y que la meta del piloto es ofrecer entrevistas dentro de los 10 días hábiles posteriores a la selección de la cita acelerada.

San José entra al piloto

La Embajada de Estados Unidos en San José figura entre los puestos consulares agregados al piloto el 18 de agosto. En la misma actualización fueron incluidos Bogotá, Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa y la misión estadounidense en Canadá —que comprende la embajada y sus consulados—. México ya formaba parte del programa desde el 21 de julio.

La entrada de Costa Rica abre un canal formal de pago para quienes necesitan acortar el tiempo de espera, pero tienen capacidad de asumir un cargo que multiplica por más de cinco la tarifa ordinaria de la visa.

El cobro acelerado equivale a cerca de 4,1 veces el precio de la solicitud ordinaria. Es decir, el solicitante pagaría aproximadamente cinco veces la tarifa regular en total si utiliza esta vía.

Cómo se solicita

Los interesados deben completar el formulario DS-160, pagar la tarifa regular de visa y contar con una cita programada o con un comprobante MRV vigente. Después, desde la plataforma de programación de entrevistas, deben identificar la opción de cita acelerada pagada —conocida como Paid Expedite—, elegir un espacio disponible y pagar los $750 dentro del plazo definido por el sistema.

La tarifa corresponde a cada solicitante. Por ello, una familia que requiera entrevistas separadas deberá multiplicar el costo adicional por el número de personas que vaya a utilizar el mecanismo.

El programa no sustituye la posibilidad de pedir una cita urgente sin este pago cuando existen circunstancias calificadas. La Embajada en Costa Rica mantiene un esquema de citas expeditas para casos que justifiquen urgencia, tales como atención médica, eventos únicos en la vida, determinados viajes de negocios, tripulaciones aéreas o marítimas y estudiantes o participantes de intercambio. Las solicitudes se evalúan individualmente y están sujetas a disponibilidad.

Una opción para quien prioriza tiempo

Para una persona con un viaje turístico flexible, el pago de $750 difícilmente elimina el riesgo de esperar o de que la visa sea denegada. En cambio, para alguien que debe asistir a una reunión de negocios, visitar a un familiar ante una situación relevante o viajar en una fecha que no puede mover, la alternativa puede tener valor si logra acceder a un cupo y obtiene una decisión favorable.

La principal advertencia para los solicitantes es clara: esta es una opción para adelantar la entrevista, no para asegurar el documento. La cita acelerada depende de cupos; la aprobación, de la evaluación consular; y el monto adicional no se debe interpretar como una garantía de resultado.

Pero contra lo que se podría suponer, la experiencia de los últimos setenta años ofrece pocos argumentos en respaldo de este consenso pesimista. La disminución de las tasas de natalidad durante ese período no frenó el crecimiento general del PIB. Que las poblaciones envejecieran y disminuyera su ritmo de crecimiento no se trasladó necesariamente a las economías.

Al evaluar cualquier proyección económica a largo plazo, hay que tener presente la famosa frase del legendario beisbolista Lawrence «Yogi» Berra: «Es difícil hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro». Por ejemplo, prever los efectos de la inteligencia artificial sobre el crecimiento o la deuda pública es un proceso muy incierto si se tiene en cuenta el poco tiempo transcurrido desde el surgimiento de esta tecnología y la rapidez de su evolución.

Pero el cambio demográfico es diferente, porque disponemos de abundantes datos históricos con los que evaluar sus consecuencias económicas. En un trabajo reciente en coautoría con el Premio Nobel de Economía Daron Acemoglu, David Autor y Keelan Beirne (todos ellos del MIT), examinamos décadas de datos de cambio demográfico en distintos países y regiones para analizar los efectos de las variaciones en las tasas de natalidad y en las estructuras etarias sobre el desempeño económico.

Los resultados son sorprendentes. En la comparación entre países y entre áreas de mercado laboral en los Estados Unidos, las zonas con tasas de fecundidad más bajas experimentaron un crecimiento más rápido del PIB per cápita o de las ganancias por persona, mientras el crecimiento del PIB general y el total de ganancias se mantuvieron casi sin cambios. Parece existir una respuesta sistemática de las economías a la disminución de la fecundidad y el consiguiente envejecimiento relativo de la fuerza laboral: aumentan la productividad y la inversión de capital, y la actividad se desplaza de los sectores con uso intensivo de mano de obra a la exportación de alta tecnología.

Impulsa estas tendencias un cambio en los procesos de innovación y en la concesión de patentes, que muestran un desplazamiento hacia tecnologías de ahorro de mano de obra como la automatización y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Es decir, aunque las transiciones demográficas reducen la cantidad de trabajadores y frenan el crecimiento de la población, el progreso tecnológico aumenta la productividad de los que quedan; eso compensa la reducción de la fuerza laboral y sostiene el crecimiento del PIB.

La respuesta tecnológica a la disminución de las tasas de fecundidad no se condice con la tesis habitual del dividendo demográfico inicial. Según la idea tradicional, en las primeras etapas de una transición demográfica, disminuye la cantidad de niños, mientras la proporción de personas mayores se mantiene en niveles relativamente reducidos. Esto, a su vez, aumenta el tamaño relativo de la población en edad de trabajar e impulsa el crecimiento del PIB. Una reducción de las tasas de fecundidad puede reforzar ese dividendo al alentar el ingreso a la fuerza laboral de más mujeres y aumentar la inversión en la educación de cada niño.

Pero el dividendo es temporal. Al persistir las bajas tasas de natalidad y aumentar la esperanza de vida, crece la proporción de personas mayores y se genera la carga económica que suele asociarse al envejecimiento de la población.

El mecanismo que identificamos apunta en una dirección diferente. Hallamos que la escasez de mano de obra puede alentar cambios tecnológicos y generar mejoras de productividad que perduran mucho después de la desaparición del dividendo demográfico inicial.

Un buen ejemplo de este fenómeno parece ser China, un país que está experimentando una de las transiciones demográficas más rápidas y drásticas de la historia; se prevé que su población en edad de trabajar (entre 15 y 64 años) disminuya desde un máximo de unos 1.000 millones de personas hasta unos 300 millones en 2100. Es difícil no vincular esta tendencia con la extraordinaria apuesta de China por la robótica. El parque de robots industriales del país se duplicó entre 2021 y 2024, y ya representa más o menos la mitad del total mundial.

Por supuesto, hay buenas razones para cuestionar el poder predictivo del pasado. Algunos países, entre ellos China, enfrentan un cambio demográfico más rápido y amplio que cualquier otro que hayamos visto en los últimos setenta años. La adaptación tecnológica puede compensar gran parte de la presión económica resultante, pero quizá no toda.

Aun así, no tener en cuenta los datos de los últimos setenta años al hacer pronósticos para los próximos setenta implica un riesgo de permitir que el instinto sustituya el análisis. Muchas veces, el pesimismo en relación con el envejecimiento poblacional parece obedecer no sólo a factores económicos reales sino también a las connotaciones que evoca la palabra. Es como si la economía estuviera destinada a envejecer junto con la población, desde la vitalidad juvenil hasta una senectud frágil y un declive inevitable.

Es verdad que estamos entrando en territorio demográfico inexplorado. Por ejemplo, se prevé que en los próximos 75 años, la proporción de estadounidenses mayores de 65 años aumentará del 17 % al 29 %. Pero en los 75 años anteriores la proporción se había más que duplicado (de 8 % a 17 %), sin que se desacelerara el crecimiento económico. ¿Por qué dar por sentado automáticamente que esta vez será diferente?

Ya sea con una respuesta tecnológica a la escasez de mano de obra, con cambios institucionales frente al aumento de la esperanza de vida o con más inversión en capital humano, las economías han demostrado una y otra vez su capacidad para adaptarse al cambio demográfico. Es probable que esta capacidad influya más en nuestro futuro económico que el supuesto obsoleto de que una sociedad senescente tiene que generar una economía senescente.

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Andrew J. Scott es profesor de Economía en la London Business School e investigador principal en Economía en el Ellison Institute of Technology.

La criptomoneda más grande por capitalización de mercado subió un 1,12% alrededor de las 9H35 GMT, alcanzando los 79.812,50 dólares, tras haber ganado casi una cuarta parte de su valor desde el miércoles y gracias al apoyo del presidente Donald Trump a la Ley CLARITY, un proyecto de ley para regular las monedas digitales en Estados Unidos.

Bitcoin también se beneficia del descenso en los rendimientos de los bonos estadounidenses tras el anuncio del Tesoro el miércoles de un programa ampliado de compra de bonos, lo que ejerce presión sobre el dólar.

Las repercusiones de esta intervención “reavivan el fantasma de una mayor devaluación del dólar”, aunque este conserva su posición como moneda dominante, señala Chris Beauchamp de IG.

Paralelamente a la preocupación por la deuda federal estadounidense, el analista observa que esta situación beneficia a activos alternativos al dólar, como las criptomonedas y el oro, si bien el metal precioso retrocedió ligeramente el martes.

Por su parte, el dólar se mantiene estable frente a las principales divisas, cediendo un 0,04% frente a la moneda única europea, hasta situarse en 1,1669 dólares por euro.

El mercado de divisas permanece tranquilo ante la nueva ronda de sanciones denominadas “secundarias” anunciada el lunes por el ministro de Finanzas Scott Bessent, que no afectan directamente a Irán, sino a sus socios comerciales, en materia de oro, tecnología, activos digitales, aviación y transporte marítimo.

El gobierno estadounidense pretende “cortar todos los recursos económicos” a Irán y sus aliados, pero no ha especificado cuándo entrarán en vigor estas medidas ni a qué países impactarán.

“Crece el escepticismo sobre la voluntad de Bessent de cumplir su amenaza”, afirma Carol Kong, de CBA.

Además, la analista duda de que China, importante consumidor de petróleo iraní, “ceda a la presión estadounidense para cesar el comercio” con Irán, y cree que Washington “priorizará la estabilidad sobre la escalada en el periodo previo a la cumbre Trump-Xi del próximo mes”.

Durante una asamblea de trabajadores en la sede central de Wolfsburgo (norte), el presidente del consejo de dirección del grupo, que cuenta con diez marcas, Oliver Blume, pronunció un discurso sobre las modalidades del segundo plan de ajuste, después del de 2024, previsto ante la crisis que afecta al principal fabricante de automóviles de Europa.

“Al día de hoy, aproximadamente la mitad de la necesidad de adaptación corresponde a Alemania y la otra parte al ámbito internacional, en total en unas 170 empresas”, declaró, según citas transmitidas a la AFP.

Como otra medida, la dirección seguirá “apostando en la medida de lo posible” por las salidas voluntarias -especialmente mediante jubilaciones-, los acuerdos de rescisión de mutuo acuerdo, así como una “política restrictiva de contratación”.

“Definiremos las medidas concretas en concertación con los representantes de los trabajadores”, concluyó.

Ante la amenaza de cierres de plantas en Alemania, el objetivo es “generar perspectivas sólidas en los próximos seis a doce meses”, explicó Blume.

También reconoció que las plantas de Emden, Hannover, Zwickau y Neckarsulm todavía no cuentan con perspectivas de producción viables para la década de 2030, aunque aseguró que su cierre “siempre será la solución de último recurso y la más costosa”.

Los sindicatos exigen ahora garantías sobre las inversiones prometidas, los futuros modelos y la carga de trabajo de las fábricas alemanas, y acusan a la dirección de cuestionar algunos compromisos asumidos en los acuerdos alcanzados en 2024.

“Si la dirección persiste en apostar únicamente por los recortes de empleo y las reducciones presupuestarias, nos opondremos con todas nuestras fuerzas”, advirtió Thorsten Gröger, responsable regional de IG Metall -principal sindicato-, sin descartar la posibilidad de movilizaciones, incluidas huelgas.

Los gravámenes de represalia de Ottawa entrarán en vigor el 8 de septiembre, un calendario previamente presentado por el primer ministro Mark Carney después de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera el sábado aranceles del 50% a productos canadienses.

Al detallar la respuesta de Ottawa, las autoridades dijeron el martes que los aranceles canadienses igualarán los niveles de los de Estados Unidos, que afectan a industrias como la del acero, los productos lácteos y la electrónica.

El gobierno de Canadá también anunció un paquete de ayuda de 5.400 millones de dólares para las empresas y los trabajadores afectados.

“Este es un desafío sin precedentes impuesto a Canadá. Pero Canadá estará a la altura de las circunstancias”, declaró el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne.

El cambio elimina, entre otros aspectos, una propuesta para que las personas trabajadoras decidieran mediante voto secreto si una empresa podía adoptar jornadas excepcionales de hasta 12 horas.

Proyecto vuelve a texto previo

Durante meses, el expediente 24.290 —formalmente denominado Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados— ha sido objeto de numerosas mociones, críticas de organizaciones sindicales y respaldo de sectores empresariales.

La iniciativa busca incorporar al Código de Trabajo jornadas excepcionales de hasta 12 horas diarias para ciertos puestos ligados a actividades continuas.

El 24 de agosto, el Plenario Legislativo aprobó la moción 2.528 con 30 votos a favor. La iniciativa fue impulsada por la fracción de Pueblo Soberano y contó con el respaldo de la diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). La votación permitió devolver el texto del proyecto a una versión anterior dentro del trámite del actual Congreso.

Cae propuesta de consulta colectiva

Uno de los cambios concretos es la eliminación de propuestas planteadas por diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) para que la adopción de jornadas excepcionales en una empresa dependiera de una consulta con las personas trabajadoras.

Las mociones 2.511 y 2.512 proponían que la empresa convocara una asamblea de trabajadores y trabajadoras, con voto secreto, para decidir si se aplicaba el esquema. Si no se alcanzaba una mayoría simple a favor, la compañía no habría podido implementar la jornada excepcional. Con la aprobación de la moción 2.528, ese mecanismo no forma parte del texto que continúa en discusión.

El texto que retoma fuerza mantiene, en cambio, el principio de que el traslado desde una jornada ordinaria hacia una excepcional debe ser voluntario y quedar formalizado por escrito. Es decir, la aceptación se regula de manera individual mediante una adenda contractual, no a través de una votación colectiva vinculante.

Jornada, salario y alcance

La iniciativa permitiría jornadas de hasta 12 horas diarias, distribuidas en cuatro días por semana, para puestos determinados de empresas con procesos productivos continuos. La descripción pública del expediente acota su aplicación a actividades excepcionales y muy calificadas, no a todo tipo de empleo o empresa.

El dictamen legislativo del expediente contempla una compensación económica por el cambio de jornada: un incremento de 17% respecto del salario mínimo por hora aplicable para jornadas diurnas o mixtas, y de 25,5% para jornadas nocturnas. Estos porcentajes buscan reconocer que, bajo la jornada excepcional, se concentran más horas de trabajo en cada día laborado.

La propuesta no está aprobada como ley. El expediente debe completar su tramitación legislativa, incluida la votación de las mociones pendientes y las etapas de discusión y votación requeridas en el Plenario. Por esa razón, las condiciones finales del proyecto todavía pueden variar antes de una eventual aprobación definitiva.

Debate seguirá abierto

Quienes defienden el proyecto sostienen que una jornada de cuatro días de trabajo y tres de descanso puede dar a algunas personas más días libres continuos y facilitar operaciones empresariales que requieren actividad permanente. Sus detractores cuestionan el impacto de jornadas de hasta 12 horas sobre la salud, la vida familiar, la organización colectiva y la capacidad real de las personas trabajadoras para rechazar cambios en sus condiciones laborales.

La votación del 24 de agosto no aprueba aún las jornadas 4x3 como nueva regla laboral en Costa Rica. Lo que hizo fue modificar el texto que el Congreso sigue discutiendo, al descartar la consulta colectiva propuesta para implementar este tipo de jornadas y retornar a un modelo de adhesión individual por escrito.

Además, los ataques de phishing —uno de los métodos más utilizados por los delincuentes— se están fortaleciendo mediante herramientas de inteligencia artificial que amplifican su volumen y les permiten llegar a más víctimas potenciales.

Los sectores de banca, finanzas, salud, educación y gobierno se encuentran entre los más afectados por los atacantes, en cualquiera de sus modalidades.

“Por eso es necesario enfocarnos en la defensa proactiva y, en lugar de responder, pasar a prevenir”, dijo Erick Argüello, country manager de ESET Costa Rica, en entrevista con EF.

Ventaja competitiva

ESET es una compañía internacional que ofrece soluciones de ciberseguridad desde 1992. La empresa opera en varios países de la región, incluido Costa Rica, desde donde lideró el ESET Security Day 2026.

Este evento se ha realizado en la región durante 15 años y brinda a líderes contenido actualizado para prepararse frente a las ciberamenazas. El objetivo, dijo Argüello, es que las organizaciones conviertan la protección en una ventaja competitiva:

“Las empresas que demuestran que sus tecnologías son seguras y que sus procesos resguardan la confidencialidad de sus clientes construyen confianza. Esa confianza es una clara ventaja frente a quienes no pueden demostrar ese nivel de seguridad”.

Los ESET Security Days ofrecen espacios de integración y networking, en los que los participantes pueden intercambiar experiencias en un ambiente de confianza.

Según Argüello, “se genera un entorno donde se pueden compartir experiencias con CEOs y expertos en ciberseguridad, lo que permite aprender sobre mejores prácticas y casos de éxito en un ambiente cercano y colaborativo”.

La edición 2026 reunió a 200 líderes de la industria, incluyendo CEOs, gerentes y profesionales especializados en tecnología.

“Buscamos cerrar la brecha que existe entre el área de tecnología y la de negocio. Con el paso de los años entendimos que la implementación de estas soluciones no depende únicamente de TI: es necesario que el gerente financiero comprenda, más allá de cuánto cuesta una solución, para qué sirve y cómo puede proteger al negocio y ayudar a hacerlo sostenible en el tiempo”, explicó el country manager.

El evento también abordó temas relacionados con la gestión y el empoderamiento para el uso de inteligencia artificial en las organizaciones. En ese sentido, se analizó cómo proteger a las compañías frente al uso que el personal da a estas herramientas:

“Si una persona sube la base de datos completa a ChatGPT para que haga un análisis de los salarios que se deberían pagar frente a la competencia, ya está enviando información de la compañía a internet. Por eso hablamos mucho de la importancia de gestionar bien esas herramientas”, enfatizó.

Más que un solo evento

Durante la semana del ESET Security Day, la empresa también gestionó jornadas estratégicas donde sus especialistas capacitaron a sectores clave como universidades y gobiernos locales, con el propósito de “garantizar que el mensaje se extienda más allá de nuestros clientes”.

“Lo que procuramos es que la experiencia del usuario final, sin importar el sector en el que se desempeñe la organización, sea segura, responda a las necesidades y aporte sostenibilidad en el tiempo”, concluyó Argüello.

La organización del ESET Security Day Costa Rica 2027 ya se encuentra en marcha. Quienes deseen más información sobre ese evento y otras iniciativas similares, pueden ingresar a este enlace.

Artículo realizado con el apoyo de ESET Costa Rica. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.

De hecho, fue tal la presión que recibió mi mamá con el tema que terminó tan indigestada que se desmayó. #TrueStory

Literal: se desmayó de la inflamación estomacal que le tocó no sé qué vena o arteria o nervio o equis que llega al corazón y le interrumpió por unos segundos el paso, provocándole el desmayo.

A ver, no estoy diciendo que la proteína no sea buena. De hecho, consumirla es esencial para poder fabricar las proteínas, esas moléculas complejas compuestas por cadenas de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos, y que forman y reparan nuestro propio cuerpo.

Estas proteínas están en los músculos, sí, pero también en la piel, el cabello, los tendones y los huesos (a través del colágeno), explican en una publicación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford.

Además, se utilizan para llevar a cabo prácticamente todas las reacciones bioquímicas del cuerpo y el transporte de algo tan esencial como el oxígeno, detallan los doctores Mustafa Mohammed y Marowa Hashim.

Por eso, cuando no se come suficiente proteína, el metabolismo se desplaza de la síntesis (anabolismo) hacia la degradación y el catabolismo, afirman en un estudio publicado en el American Journal of Kidney Diseases.

Básicamente, el cuerpo dice: “si usted no come la proteína que yo necesito para poder hacer que su cuerpo funcione, yo me como la proteína que hay disponible en su cuerpo (en los músculos, tendones, …) para lograrlo”.

Por eso, comer suficiente proteína es tan importante y necesario para quienes están desarrollando músculo (sin cacao, no hay chocolate) como para quienes están intentando no perderlo.

Recordemos que con los 40 llega también la sarcopenia y el cuerpo empieza a perder masa muscular por default. No comer suficiente proteína le mete el acelerador a esa triste historia.

Demasiada proteína

Pero como dice el dicho, ni tanto que indigeste al Santo, ni tan poco que no lo alumbre. Nada Nada en exceso es bueno; ni siquiera el exceso de algo bueno, como la proteína.

Cuando se consume más proteína de la que el cuerpo requiere, explican en Mayo Clinic, el exceso se almacena como grasa (como sucede con cualquier otra fuente energética).

El problema no es ese. El problema es que una vez que las necesidades inmediatas de síntesis de tejido, enzimas y otras funciones se han cubierto, los aminoácidos que sobraron de la molécula de proteína deben descomponerse. En este proceso, se desecha nitrógeno, que le toca a los riñones sacarlo.

Por eso, si consume más proteína de la que va a necesitar, la gracia puede resultar en desgracia: deshidratación, gota y cálculos renales son algunas de las consecuencias sobre las que advierte Harvard Health en este sentido.

Además, de acuerdo con la nefróloga Michelle López-Luzardo, “el consumo excesivo de proteínas produce un incremento en la excreción neta de ácidos, lo cual a su vez aumenta la excreción urinaria de calcio”.

Esto, añade una investigación sobre los efectos adversos asociados con la ingesta de proteínas por encima de la Ración Dietética Recomendada (RDA) para adultos, “podría ser un factor de riesgo para el desarrollo de osteoporosis”.

¿Cuánta proteína debo comer?

Como en todo, la cantidad de proteína que se necesita consumir debe ser calculada individualmente. Sin embargo, diversas investigaciones coinciden en estos parámetros:

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Por ejemplo, si usted pesa 70 kg y quiere entrenar fuerza y/o hacer crecer sus músculos, su consumo ronda entre 112 y 154 g de proteína al día, mientras que si lo que quiere es mantenerse, con 70 g diarios le basta.

Entonces, ¿con una pechuga de 200 g tengo y me sobra?

No. Como todo alimento, la proteína es solo uno de los macronutrientes que trae esa pechuga. Los carbohidratos y la grasa son los otros dos macros incluidos. Además, la pechuga tiene agua y otros componentes.

En realidad, la densidad proteica real de una carne magra ronda el 25-30%, así que esos 200 g de pollo le dan, en números gruesos, unos 50 a 60 g de proteína consumible. De ahí que sea necesario buscar otras fuentes de proteína.

Y ojo, no estoy diciendo que se vaya a comprar un tarro de proteína en polvo. Muchos alimentos tienen proteína como parte de sus macros.

Por ejemplo, los lácteos, los huevos, y las legumbres, como los frijoles o las lentejas, que además aportan fibra.

Bottom line, comer proteína no es como acumular gramos como quien junta puntos. Es comer lo justo para lo que su cuerpo realmente necesita.

Empiece por ahí: calcule su rango, ajuste su plato, y si tiene dudas, consulte a su nutricionista para que le haga un plan adecuado a su peso, su edad y sus objetivos.

La cadena sueca definió una primera fase con sedes en Lindora, Curridabat y Escazú, integradas a un modelo de comercio electrónico y logística omnicanal.

La estrategia sitúa al país dentro del plan de expansión regional de la marca, a través de la franquicia operada por Sarton Group.

Tres primeras ubicaciones

La primera fase física se desarrollará en Parque Empresarial Lindora, con servicios logísticos, punto de recogida y un espacio de planificación y pedido.

Posteriormente se habilitará una tienda en formato compacto en Curridabat y otra de formato medio en Escazú, esta última acompañada de un centro de distribución de mayor capacidad.

Con esta definición, Ikea aclara que Escazú será una pieza relevante del proyecto –por el tamaño de la tienda y el carácter de hub logístico–, pero no la única cara visible de la marca en el país. La compañía no detalló públicamente los plazos específicos de apertura para cada local, y adelantó que el desarrollo se ejecutará de manera progresiva.

De la web a la tienda física

La llegada de Ikea al mercado costarricense comenzará por el comercio electrónico, mediante una plataforma online que funcionará como primer punto de contacto con los consumidores. Desde allí, la firma articulará su operación omnicanal: ventas digitales, atención telefónica, planificación de espacios del hogar y puntos físicos de recogida de productos.

En Lindora se instalará, además, un punto externo de recogida de compras realizadas por canales online y telefónicos, reforzando la integración entre el mundo digital y la experiencia en tienda.

El centro de distribución asociado a Escazú, por su parte, está diseñado para fortalecer la capacidad logística y acompañar el crecimiento del comercio electrónico y de la red de tiendas físicas.

Formatos diferenciados y experiencia de marca

La tienda de Curridabat se proyecta en formato compacto, enfocada en acercar la experiencia de marca al cliente a través de soluciones para la vida en el hogar, planificación de espacios y conexión directa con los canales digitales.

En Escazú, la tienda de formato medio ofrecerá exposición de productos, servicios de planificación y compra conectados con la plataforma online, aprovechando el mayor centro de distribución anexo.

Con esta combinación de tamaños y funciones, Ikea busca ajustar su presencia física a las características de cada zona del Gran Área Metropolitana, optimizando logística, tráfico de clientes y complementariedad con el comercio electrónico.

La firma ha indicado que la llegada de productos será gradual y pensada para atender distintos estilos de vida y niveles de presupuesto de los hogares costarricenses.

Impacto en el mercado inmobiliario y laboral

La elección de Lindora, Curridabat y Escazú apunta a corredores consolidados de comercio y servicios, con alta densidad de oficinas, residencias y oferta complementaria de restaurantes y tiendas especializadas.

Estos polos ya concentran proyectos de logística ligera y bodegaje urbano, lo que facilita la integración de la cadena de suministro de Ikea con operadores locales de transporte y última milla.

Aunque la empresa no ha divulgado públicamente cifras de inversión ni metas de empleo para Costa Rica, la apertura de tiendas y centros de distribución suele implicar la contratación de personal en áreas de ventas, atención al cliente, logística, almacén y soporte administrativo.

A nivel regional, los acuerdos de franquicia de Ikea contemplan que el socio local –en este caso Sarton Group– desarrolle y opere la red de tiendas y centros logísticos bajo el concepto global de la marca.

Inter IKEA Systems B.V., dueño del concepto y franquiciador mundial de la marca, otorgó a Sarton Group los derechos exclusivos para explorar y desarrollar la expansión de Ikea en Costa Rica y Panamá.

Estos acuerdos forman parte de la estrategia de crecimiento de la enseña en las Américas, que incluye nuevos mercados en Centroamérica además de su presencia ya consolidada en México y Chile.

Presentado por: telecable

La transformación digital, el crecimiento del uso de servicios en la nube y la necesidad de procesar mayores volúmenes de información impulsarán un aumento significativo en la demanda de centros de datos en Costa Rica durante la próxima década. De acuerdo con un estudio independiente, elaborado para Telecable, esta demanda podría triplicarse en los próximos 10 años.

Un centro de datos es una instalación especialmente diseñada para albergar los servidores donde se almacena y procesa la información de empresas y organizaciones. Estos espacios cuentan con sistemas de energía de respaldo, refrigeración, seguridad y conectividad que permiten mantener disponibles los servicios digitales y proteger información crítica para la continuidad de las operaciones.

El estudio también señala que este crecimiento será impulsado principalmente por el sector empresarial, conforme aumenta el uso de plataformas digitales, servicios en la nube y el procesamiento de información y el uso masivo de modelos de Inteligencia Artificial. Actualmente, Costa Rica cuenta con 18 centros de datos operados por 11 proveedores y alrededor del 84% de la capacidad instalada se concentra en San José, lo que evidencia la creciente relevancia de esta infraestructura para el desarrollo de las organizaciones.

Además de responder a las necesidades de las empresas, el crecimiento de los centros de datos fortalece la competitividad del país al atraer inversión, impulsar la generación de empleo especializado y consolidar a Costa Rica como un destino confiable para el desarrollo de servicios digitales. Esta infraestructura también favorece la innovación, mejora la resiliencia tecnológica de las organizaciones y crea las condiciones para que sectores como servicios, industria, comercio y tecnología aceleren su transformación digital.

En este contexto, Telecable anunció una alianza con Continum Datacenter, un centro de datos costarricense especializado en infraestructura tecnológica y continuidad operativa. Con esta alianza, la empresa fortalece su oferta de soluciones para clientes empresariales y amplía los servicios disponibles para responder a la creciente demanda del mercado.

Como parte de esta alianza, Telecable incorpora servicios avanzados de Colocation, que permite alojar servidores en un centro de datos especializado; Infrastructure as a Service(IaaS), una solución de infraestructura en la nube; BackUp, para respaldar información crítica; y Disaster Recovery, que permite recuperar los sistemas y la información ante una interrupción todo esto en una infraestructura segura resiliente y con certificación TIER-III y PCI. Estos servicios se integran con la oferta de conectividad de Telecable para brindar una solución que contribuya a mantener la continuidad operativa de las organizaciones que viven la necesidad de adaptarse a la realidad de una economía digital.

“Las necesidades tecnológicas de las organizaciones han evolucionado y hoy requieren soluciones que integren conectividad, infraestructura y continuidad operativa. Esta alianza nos permite ampliar nuestra oferta para responder a esos retos mediante una solución integral respaldada por infraestructura especializada”, afirmó Rodolfo Apéstegui, director General de Telecable.

Los principales beneficiarios serán organizaciones que buscan crecer con tecnología sin asumir la inversión y la complejidad que implica desarrollar infraestructura propia. A través de esta alianza podrán acceder, mediante un solo proveedor, a servicios de conectividad, infraestructura en la nube, centro de datos, respaldo de información y recuperación operativa, con acompañamiento local y especializado.

Con esta alianza, Telecable amplía su oferta de soluciones empresariales para responder a un mercado que continuará creciendo durante los próximos años y contribuir a que las organizaciones cuenten con herramientas que fortalezcan la continuidad de sus operaciones y su proceso de transformación digital.

Para

BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.

Sin embargo, si el comprador fuera extranjero, o la empresa que se adquiere tuviera operaciones en más países además de Costa Rica, o el pago se hiciera en el exterior en una moneda distinta del colón, las condiciones que aplicarían no serían tan obvias.

Cada estado tiene soberanía para aprobar y aplicar sus propias leyes y sistema de justicia, con base en el principio de territorialidad. No existe un “Derecho mundial” ni una “jurisdicción mundial”. Sin embargo, las relaciones y contratos entre individuos y empresas que cruzan fronteras generan las denominadas “situaciones privadas con carácter internacional”.

Determinar las leyes y reglas que les aplica puede ser un dilema complejo de resolver. Entender esas reglas no es un simple ejercicio académico, sino una condición para estructurar adecuadamente una fusión o adquisición internacional (M&A por sus siglas en inglés).

¿Cómo determinar que estamos ante una situación privada internacional?

Una situación tiene carácter internacional cuando presenta, al menos, un “elemento extranjero”. Puede ser subjetivo (un grupo inversionista francés compra una empresa en Costa Rica), objetivo (comprador y vendedor son españoles pero la empresa que se vende es brasileña) o de otros aspectos de la relación (vendedor y comprador tienen la misma nacionalidad, pero celebran el contrato en un país extranjero por razones de confidencialidad o porque confían más en el sistema jurídico de ese país extranjero).

Por otro lado, con base en la tesis del efecto internacional, una situación es internacional cuando produce efectos conectados con otros países (cross border implications en derecho anglosajón). Lo importante son los efectos del contrato y no sus elementos. Veamos el siguiente caso: en una M&A una sociedad colombiana adquiere otra sociedad colombiana dedicada a la producción y exportación de café. Ambas partes son colombianas, los activos están en Colombia, el contrato se firma en Bogotá y se rige por derecho colombiano. Sin embargo, tendría efectos internacionales y, por lo tanto, sería una situación privada internacional, si la empresa adquirida tiene contratos de suministro a largo plazo con compradores en Europa, opera cuentas en bancos de Alemania para cobrar sus exportaciones y está sujeta a requisitos fitosanitarios fijados por la Unión Europea.

Hoy en día casi cualquier situación sería internacional bajo esta segunda tesis, pues el mundo está mucho más internacionalizado por la globalización económica, los tratados de libre comercio, las cadenas globales de valor y la IED, y la movilidad de las personas, entre muchas otras causas. En un contexto de libre mercado como el que impera en el mundo, los contratos internacionales mueven la economía del planeta y permiten la circulación eficiente de los recursos productivos y el intercambio de bienes, servicios, capital y tecnología.

El gran dilema en transacciones internacionales como las M&A, es determinar (i) ¿cuál derecho es el que les aplica?, (ii) ¿cuáles tribunales son los que conocerían de un eventual conflicto? y (iii) ¿qué autoridad ejecutaría una sentencia extranjera y obligaría a su cumplimiento?

Legislación aplicable a los contratos internacionales

Uno de los principios básicos de la contratación es la libertad contractual de las partes para determinar el contenido de su relación. En materia internacional, esa libertad para contratar es con la que se han ido creando todos los tipos de actividades comerciales existentes aprovechando la globalización económica.

En esa línea, los distintos tratados y regulaciones internacionales dan a las partes plena facultad para definir su relación, con una casi absoluta autonomía contractual. La idea es que las relaciones comerciales internacionales se rijan lo menos posible por la normativa internacional y lo más posible por lo que dispongan las partes contratantes. También se trata de limitar, al máximo posible, la injerencia estatal en las relaciones contractuales privadas, con ciertas excepciones, por ejemplo los temas aduaneros.

Así las cosas, la más recomendada solución para determinar el derecho aplicable a un contrato internacional de M&A es precisamente, que las partes acuerden en el contrato el ordenamiento jurídico que lo rige. Esa elección suele hacerse en la cláusula de “Derecho aplicable” (choice of law clause en el derecho anglosajón) muy común en los contratos de compraventa de empresas. Sin embargo, la selección que hacen las partes no es ilimitada.

La primera limitación a esa libertad contractual son las denominadas leyes de policía o de orden público, que protegen intereses públicos antes que los particulares. Son normas que no son derogables, renunciables o modificables por las partes aún si así lo pactan expresamente. En ese sentido, las partes no podrían acordar inaplicables a la transacción las normas anticorrupción o antilegitimación de capitales del lugar en que firman el contrato o en el que realizan el pago del precio de compra de la empresa objeto de venta.

Otro ejemplo son las cláusulas de no competencia postcierre de una M&A. Estas son válidas si son razonables en tiempo, espacio y actividades, como lo han establecido las autoridades de competencia en distintos países. Coprocom, en el caso de Costa Rica, ha aceptado períodos de no competencia de tres años, o hasta cinco años si se justifica proteger el goodwill de la empresa vendida.

Algo similar sucede en M&A de empresas que operan en sectores típicamente regulados como el bancario, el financiero, telecomunicaciones o seguros. En estas transacciones será obligatorio respetar las normas, disposiciones y procedimientos de las autoridades regulatorias y las superintendencias que fiscalizan esos mercados.

Otra de las discusiones típicas sobre los límites de las partes para elegir la legislación aplicable a su contrato se refiere a la necesidad -o no- de que la ley seleccionada deba tener algún vínculo con la transacción. En algunos países los tribunales locales exigen que las leyes escogidas tengan un “nexo razonable” con la transacción y hasta podrían desconocer la elección de ley en caso de ausencia de tal conexión. En arbitraje internacional —en lugar de tribunales comunes— la desconexión de la legislación con la transacción es comúnmente irrelevante. Este tema de los tribunales que conocerían de una disputa se desarrollará más adelante.

En otro orden de ideas, es necesario distinguir las normas que las partes eligen como aplicables al contrato (lex contractus en el término latín), de las leyes que rigen a la empresa objeto de la M&A (lex societatis en latín). Las partes pueden elegir por ejemplo la ley de Nueva York como la que regirá su contrato y con base en la cual cumplirán sus obligaciones contractuales. Sin embargo, si la empresa objeto de la venta es una sociedad anónima costarricense, el traspaso propiamente dicho de las acciones de esa sociedad costarricense deberá regirse por las formalidades establecidas en las leyes de Costa Rica (endoso de acciones, inscripción en el Registro de Accionistas, declaración de beneficiarios finales ante el Banco Central). La lex societatis rige la vida interna de la sociedad, la transmisión efectiva de sus participaciones y la calidad de socio. El contrato de traspaso, por su parte, produce efectos obligacionales entre las partes vendedora y compradora y puede regirse por la lex contractus que estas escojan. Lo mismo sucede si la transacción se estructura como una compra de activos en lugar de acciones.

Aunque menos común, en ocasiones las partes acuerdan el denominado dépeçage (del francés “desmembramiento”), para aplicar leyes distintas según el tema, la sección o la disposición contractual específica (ley de Nueva York para las representaciones y garantías, ley inglesa para el ajuste de precio). El dépeçage no es recomendable porque puede generar inconsistencias sistémicas e interpretaciones contradictorias.

Hemos comentado la posibilidad de las partes de elegir las normas aplicables a la transacción y los límites de esa libertad contractual. Pero ¿qué sucede si, en una M&A Internacional, las partes no incorporan al contrato una cláusula de legislación aplicable? Para esas situaciones, las leyes de cada país suelen contener las conocidas reglas de conflicto. Es común que se aplique (i) la ley del lugar de celebración del contrato en cuanto a las formalidades (incluyendo cualquier garantía que se otorgue), (ii) en cuanto al fondo, aplicaría la ley del lugar de cumplimiento de las obligaciones o en el que haya más vínculos al negocio, y (iii) la referida lex societatis para el traspaso de la empresa propiamente dicho.

La interpretación de un contrato

Es prácticamente imposible que un contrato prevea todas las situaciones que pueden presentarse durante su ejecución. Esto es aún más evidente en M&A, por la complejidad de estas transacciones y la diversidad de temas que se deben negociar y regular. Además de vacíos en el clausulado, pueden existir términos ambiguos o imprecisos. Asimismo, aun cuando las partes eligen leyes específicas que regulen su contrato, esas leyes no siempre resuelven de manera satisfactoria o completa alguna desavenencia o discordia contractual. En esos casos, es necesario interpretar el contrato para establecer la verdadera intención de las partes.

En el ámbito internacional, esa interpretación se hace a la luz de normativa internacional uniforme aplicable: las normas de Derecho Internacional Privado de cada Estado, tratados y convenciones internacionales, la Lex Mercatoria, leyes modelo, principios generales de contratación internacional, usos y costumbres del comercio internacional, entre otros.

Entre los instrumentos más relevantes, destaca la Lex Mercatoria —también conocida como Derecho Empresarial Transnacional o Derecho Privado Global—, que puede definirse como el conjunto de principios, usos y reglas de carácter transnacional que guían las relaciones comerciales internacionales con independencia de cualquier derecho estatal específico. Comprende normas de origen consuetudinario no estatal. Su ámbito natural de operatividad es el arbitraje internacional.

¿Qué tribunales conocerían de una controversia internacional?

Pensemos el caso de un grupo inversionista de la India que le compra a un fondo inglés de capital privado (private equity fund) una cadena de restaurantes de comida rápida con operaciones en Centroamérica. Si las partes entraran en conflicto por la aparición de una contingencia que afecta el negocio en Honduras y que no fue revelada por el vendedor, ¿en qué país y ante qué tribunal podría el comprador presentar su reclamo? ¿Será en Inglaterra donde está domiciliado el fondo vendedor? ¿O ante un tribunal de Honduras donde apareció la contingencia?

Pues bien, al igual que con la legislación aplicable al contrato, la libertad contractual les permite a las partes elegir la jurisdicción ante la cual se resolverían sus eventuales controversias, dentro de la conocida cláusula de “jurisdicción aplicable” (choice of forum clause). Esa selección no se limita a la sede o país en donde se resolvería el conflicto, sino también definiría si la controversia se resolvería en un arbitraje internacional, con una cláusula de resolución alternativa de conflictos o ante los tribunales de justicia ordinarios del país respectivo. Elegir una jurisdicción estatal sin analizar la ejecutabilidad de sus sentencias en otro país —donde pudieran estar los activos de la parte contraria— suele ser un error frecuente, pero este tema se tratará más adelante.

En particular en transacciones de M&A, lo más común es que las partes prefieran resolver sus conflictos mediante un arbitraje en algún centro de arbitraje internacional, por la facilidad de ejecución del laudo en el extranjero. Los centros más reconocidos para conflictos en transacciones de M&A son la ICC, la AAA y la SIAC. En Latinoamérica cuentan con buena reputación el CAM Santiago, el CIAC y la Camarb.

Al analizar qué tipo de conflictos pueden ser sometidos a la vía arbitral, la posición imperante es la de máxima arbitrabilidad: si una controversia tiene contenido patrimonial y deriva de una relación comercial entre partes, es arbitrable. Los Estados solo reservan materias o temas específicos a sus tribunales cuando existe un interés público que lo justifique, pero en transacciones de M&A ese interés raramente concurre.

Son claramente arbitrables disputas sobre earn-out, ajuste de precio, indemnidades por violación a las representaciones y garantías, materialización de contingencias y hasta incumplimientos a la obligación de no competencia. Sin embargo, temas específicos de derecho corporativo interno, como la validez e impugnación de acuerdos societarios, derechos de socios minoritarios o exclusión de socios, suelen estar reservados para ser dirimidos por los tribunales ordinarios.

Finalmente, si las partes contractualmente no hubieren elegido la jurisdicción aplicable a un eventual conflicto, entonces las leyes de cada país tienen reglas de conflicto que definen si sus tribunales son o no competentes para resolver una determinada controversia. En algunas legislaciones se establece que son competentes los tribunales del país en el que el demandado tiene su domicilio, o los del país en el que las obligaciones contractuales deben ejecutarse.

Reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales extranjeras

Consideremos un caso de M&A en el que el comprador alemán y el vendedor ecuatoriano acuerdan que el contrato de traspaso de la empresa ecuatoriana se regule bajo la ley de Ecuador y los conflictos se resuelvan ante los tribunales de Ecuador. Ante un conflicto, el comprador logra obtener una sentencia final que condena al vendedor al pago de una indemnización. Sin embargo, el vendedor tiene activos en España que podrían ser perseguidos. ¿Cómo se ejecuta en España una sentencia dictada por tribunales ecuatorianos?

Este es otro gran reto de las situaciones internacionales privadas, pues las sentencias judiciales de un país no son necesariamente vinculantes en otro país. Para que lo sean, la sentencia extranjera debe reconocerse en el país en el que se pretende ejecutar, lo cual depende de tratados bilaterales o normas internas.

Las reglas y procedimientos para que las autoridades de un país verifiquen si una sentencia judicial emitida por un tribunal de otro país reúne o no los requisitos para ser homologada y ejecutada se denomina exequatur. Ese procedimiento puede ser lento, complejo y con resultado incierto dependiendo, entre otras cosas, de las diferencias entre los ordenamientos jurídicos de los países involucrados.

Distinto es el caso de los laudos arbitrales si las partes contractualmente eligen el arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos. A diferencia de las sentencias judiciales, los laudos arbitrales sí tienen cobertura global bajo la Convención de Nueva York, por lo que deben ser respetados y ejecutados en un plazo mucho más corto que el de un exequatur de sentencia judicial extranjera sin que los tribunales nacionales puedan revisar el fondo del asunto. La ejecución de un laudo solo podría ser denegada por principios universales y ampliamente compartidos a nivel internacional, como por ejemplo que se haya respetado el debido proceso.

No existe un “derecho mundial” ni una “jurisdicción global”, pero sí existen herramientas jurídicas suficientes para navegar inteligentemente esa ausencia. La más poderosa de ellas es la autonomía de la voluntad: las partes eligen deliberadamente la ley aplicable a su contrato y el foro —preferiblemente arbitral— donde resolverán sus disputas, convirtiendo la incertidumbre del escenario internacional en un riesgo administrado.

Cuando un inversionista cruza fronteras para cerrar una M&A, no negocia solo con su contraparte, sino que negocia simultáneamente con varios sistemas jurídicos. Las leyes de orden público, las reglas de conflicto, la lex societatis, la arbitrabilidad y el exequatur, entre muchos otros incidentes y sorpresas, pueden determinar el desenlace de una transacción con tanta fuerza como una cláusula de precio o una de representaciones y garantías.

El Derecho Internacional Privado no es un laberinto sino un mapa en construcción: saber leerlo distingue una M&A internacional bien estructurada de una que deja sus riesgos jurídicos librados al azar.

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El autor es abogado de la firma de Sfera Legal y especialista en fusiones y adquisiciones.

El evento se llevará a cabo entre las 8:00 a.m. y las 5:30 p.m. en el hotel Crowne Plaza Corobicí, bajo la organización de la Agencia Interamericana de Comunicación y la firma Luis Mastroeni Business Trainer. La actividad está dirigida a gerentes generales, directores de comunicación, asuntos corporativos, sostenibilidad, recursos humanos y relaciones institucionales del sector público y privado.

El encuentro contará con la participación estelar de Ángel Alloza, ceo de Corporate Excellence, entidad especializada en la gestión de activos intangibles. Alloza estará acompañado por más de diez expositores para analizar el impacto de la inteligencia artificial en los entornos corporativos, la gestión de crisis digitales y el valor de las métricas de reputación.

La presidenta de la Agencia Interamericana de Comunicación, Marlene Fernández, destacó que las empresas actuales no solo compiten por la calidad de sus productos, sino por la credibilidad que proyectan ante sus públicos de interés. Por su parte, el consultor Luis Mastroeni enfatizó la necesidad de estructurar las acciones de fondo que diferencian a las organizaciones en el mercado actual.

Reputación lidera las prioridades ejecutivas en la región

La realización del evento coincide con la divulgación de los datos regionales del informe Approaching the Future 2026, elaborado por Corporate Excellence en conjunto con CANVAS Estrategias Sostenibles. El estudio indica que la reputación y el riesgo reputacional constituyen el activo intangible de mayor prioridad para el 59% de los profesionales consultados en Centroamérica y el Caribe.

Asimismo, un 51% de las organizaciones regionales ya destina recursos concretos para la gestión de su reputación, una cifra que supera el promedio registrado en Latinoamérica (42,7%). El análisis, sustentado en la consulta a 2.120 especialistas de Iberoamérica, ubica a la sostenibilidad (52%) y a la comunicación (51%) como el segundo y tercer tema de mayor relevancia corporativa.

En relación con la inteligencia artificial, el 51% de las empresas regionales la considera una materia prioritaria, proporción que se eleva al 64% entre los miembros de la alta dirección. Sin embargo, existe una brecha entre la relevancia asignada y la ejecución práctica, pues únicamente el 37% de las compañías afirma estar invirtiendo esfuerzos en su implementación.

La importancia otorgada a los activos intangibles es mayor en las grandes estructuras empresariales. En las firmas con más de 5.000 colaboradores, el 66% prioriza la gestión del riesgo reputacional y un 64% asegura asignarle trabajo constante dentro de sus planes operativos.

En este enlace podrá obtener más información y comprar sus entradas.

El expresidente Rodrigo Chaves dejó atrás sus planes para aumentar el IVA de la canasta básica y terminó atribuyendo la discusión a “cuentos” y “mentiras” de la oposición. La presidenta Laura Fernández pasó de defender las pensiones de expresidentes a promover su eliminación, para evitar que sus adversarios hicieran un “festín” con su nombre. Y el trabajo privado del diputado oficialista José Miguel Villalobos confrontó al chavismo con una práctica que había cuestionado duramente hace pocos meses.

Las contradicciones no son una particularidad de este gobierno, pero sí la forma en que asume e integra esos episodios a su relato. Para el politólogo Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica (OPNA-UCR), todo es consistente con la estrategia del chavismo, que combina populismo, posverdad y polarización. “El reconocer errores y rectificarlos no son principios de la lucha radical entre héroes y villanos”, explicó.

Las contradicciones

— Del IVA que se estudiaba a “nadie está trabajando en eso”

El primer viraje ocurrió con una de las propuestas tributarias más sensibles que ha hecho cualquier gobierno en los últimos años: eliminar la tarifa reducida del impuesto al valor agregado (IVA) sobre los bienes que integran la canasta básica tributaria.

El 6 de julio pasado, el expresidente Rodrigo Chaves reconoció que Hacienda estudiaba eliminar el beneficio que permite pagar un 1% en lugar del 13% general por los más de 200 productos en la lista de bienes esenciales. Entre otros argumentos, el nuevo ministro de Hacienda calificó como una “enorme injusticia” que los hogares de mayores ingresos disfruten del mismo tratamiento que los hogares más pobres.

Una semana después volvió a defender la idea con una de sus frases más recordadas. Dijo que el objetivo era cobrar una tarifa mayor a “los emperifollados”, como llamó a las personas de mayores recursos. Además, el 22 de julio aseguró en una entrevista con Telenoticias que Hacienda ya estaba “trabajando” en un mecanismo para proteger al 40% más pobre de la población y explicó que faltaba determinar qué hacer con el 20% de ingresos intermedios.

Dos semanas después, sin embargo, cambió totalmente su discurso.

Consultado en la conferencia de prensa de Casa Presidencial, el 5 de agosto pasado, aseguró que “nadie está trabajando en eso”, que calificó como una “necedad” que los periodistas le siguieran preguntando sobre el tema y atribuyó la discusión a “cuentos” y “mentiras” del “bloque obstruccionista comunista”, como ahora se refiere a la oposición.

El cambio de criterio del Gobierno ocurrió después de múltiples críticas políticas y sociales, incluso de la Iglesia Católica; a pesar de que la idea de aplicar un IVA diferenciados entre hogares ricos y pobres es defendida por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

— Siete días para cambiar de posición sobre pensiones de expresidentes

El segundo episodio ocurrió de forma casi simultánea y afectó una de las banderas históricas del chavismo: su oposición a las llamadas “pensiones de lujo”, aquellas en las que el beneficiario no cotizó lo suficiente para el monto que recibe o en las que el monto recibido supera el máximo establecido para la mayoría de la población.

El 5 de agosto, Fernández fue consultada por la decisión de diputados oficialistas de votar en contra de un proyecto que buscaba eliminar la pensión que reciben los expresidentes, la cual ronda los ¢4 millones y se otorga sin que hayan cotizado por ella. Ante esa pregunta, la mandataria justificó la existencia del beneficio y dijo que, más que una pensión, se trataba de un reconocimiento que permite a quienes ocuparon la Presidencia “continuar con un nivel de vida sostenible” ante las dificultades que enfrentan para reincorporarse laboralmente y por consideraciones de seguridad.

“El cargo de presidente de la República tiene una serie de prerrogativas distintas a muchos otros cargos públicos y por eso es que mundialmente se reconoce una pensión para expresidentes”, añadió.

Siete días después sostuvo un argumento totalmente contrario.

En la siguiente conferencia de prensa de la Presidencia se dijo “absolutamente comprometida con la eliminación de las pensiones de los expresidentes” y ordenó presentar un nuevo proyecto para eliminar el beneficio, pese a que sus propios diputados acababan de votar contra otra iniciativa con ese objetivo.

La redacción del proyecto presentado por el Gobierno, sin embargo, podría resultar inconstitucional. En lugar de plantear límites para que los expresidentes que ya reciben el beneficio puedan seguirlo haciendo o de establecer contribuciones obligatorias (que funcionen como rebajos), el texto pretende eliminar las pensiones sin contemplar el artículo 34 de la Constitución, que impide aplicar leyes retroactivas en perjuicio de derechos patrimoniales adquiridos.

Al igual que Chaves con la canasta básica, la mandataria vinculó explícitamente su cambio de criterio con la disputa política.

“No quiero darle cabida a los diputados del bloque obstruccionista comunista para que traten de hacer, según ellos, un festín con mi buen nombre”, dijo, y luego añadió que nunca podrían acusarla de ser incoherente entre lo que dice y lo que hace.

— Dilema de diputados con oficio privado

El tercer caso tiene una diferencia importante: Fernández no cambió de criterio, pero el chavismo terminó enfrentándose a una conducta que había cuestionado cuando la protagonizaban sus adversarios.

En abril de 2024, cuando todavía era presidente, Rodrigo Chaves criticó que los diputados pudieran mantener actividades profesionales privadas mientras ejercían su cargo.

“En Costa Rica, lamentablemente, los diputados no tienen prohibición”, dijo entonces Chaves, y comparó esa situación con la de ministros y otros altos funcionarios que sí están impedidos de ejercer sus profesiones en el ámbito privado.

Chaves además cuestionó que los diputados trabajaran en labores privadas cuando ya cobran salarios de ¢4 millones mensuales.

El cuestionamiento más fuerte lo dirigió a la exdiputada Gloria Navas, a quien Chaves acusó de tener una “incompatibilidad absoluta de intereses” por su trabajo como abogada defensora y su condición de congresista. Meses después, incluso empezó a insultarla llamándola “narco abuela” y “defensora de los narcos”.

El dilema, sin embargo, terminó repitiéndose dentro del mismo chavismo.

José Miguel Villalobos, diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y abogado personal de Chaves antes de llegar al Congreso, prometió durante la campaña que abandonaría sus labores privadas si resultaba electo porque “es imposible conciliar el tiempo de litigar con el tiempo de estar en la Asamblea”. Pero tras llegar a la Asamblea no lo hizo.

Varios medios de comunicación incluso hicieron eco de que Villalobos no pudo asistir a la presentación de varios proyectos sobre seguridad que la presidenta Fernández lanzó a finales de julio en el Congreso por su trabajo de defensa en favor de un imputado en una causa por narcotráfico.

Ante esa situación, el jefe de fracción del gobierno, Nogui Acosta, justificó que trabajar como abogado es “una libertad que tiene él”, recordando que “es su trabajo y no tienen ninguna limitación para ejercerlo”.

Solo unos días más tarde, sin embargo, la presidenta Fernández tuvo que realizar una nueva corrección de discurso. Contrario a lo dicho por Acosta, respaldó un proyecto para impedir que los diputados ejerzan sus trabajos privados durante los cuatro años en el Congreso y sostuvo que “las personas deben entregarse a tiempo completo al servicio público”.

Finalmente, Villalobos anunció que dejará de ejercer como abogado —el único de los oficialistas que se desliga de otras actividades profesionales hasta ahora.

En este caso también había otro antecedente legislativo contradictorio para el chavismo. La bancada oficialista contribuyó en 2023 a archivar un proyecto del Frente Amplio que pretendía establecer, justamente, la prohibición para que los diputados ejercieran sus oficios privados durante los cuatro años de su período como congresistas.

Populismo, posverdad y polarización

El OPNA-UCR sostiene que el chavismo busca ejercer el poder con los menores controles y contrapesos institucionales posibles. Para eso, asegura, aplica una estrategia política basada en populismo, posverdad y polarización.

Rosales explicó que el populismo busca construir un mito, en el cual existen villanos (“los ticos con corona” o “el bloque obstruccionista populista”), un pueblo convertido en víctima (la población que no obtiene los resultados políticos que espera) y un héroe capaz de salvarlo y reconstruir una historia de injusticia (el chavismo).

La posverdad, por otra parte, le sirve para “enturbiar las aguas” y evitar cuestionamientos políticos complejos; mientras que la polarización completa el esquema, al construir un espacio de confrontación permanente, donde el chavismo pueda presentarse como el actor positivo o bueno.

Dentro de esa estrategia, según Rosales, las contradicciones no pueden presentarse como tales, sino integrarse a ese relato, como se ha visto en las últimas semanas.

El politólogo explicó que una contradicción normalmente debería conducir a una aclaración pública o a una corrección en condiciones normales. En cambio, dentro de una narrativa basada en una confrontación, reconocer un cambio de criterio resulta mucho más difícil.

Por eso, el chavismo sí cambia de criterio, pero lo niega aunque sea evidente.

Chaves no explicó que el Gobierno hubiera estudiado el aumento al IVA y que posteriormente haya decidido descartarlo. Después de hablar públicamente sobre esa idea, atribuyó la discusión a “cuentos” y “mentiras” de la oposición.

En tanto, Fernández tampoco presentó su nueva posición sobre las pensiones de expresidentes como una reconsideración, sino que la vinculó a la necesidad de impedir un “festín” con su nombre.

Para Rosales, las contradicciones pueden incluso contribuir a la estrategia chavista cuando alimentan la confusión ciudadana. “En tanto fortalezcan la posverdad, la duda, y enturbien las aguas para ya no saber qué es verdadero y qué no es cierto, en esa medida se fortalece el mito populista”, subrayó.

EF consultó a la Presidencia de la República sobre estos tres episodios y le preguntó si considera que existen contradicciones entre las posturas inicialmente expresadas y las finalmente adoptadas. Además, le consultó si considera esos virajes como rectificaciones normales propias del ejercicio del poder. No obstante, no se recibió respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

¿Un problema o estrategia?

Los tres episodios no son idénticos. El Gobierno abandonó una propuesta tributaria después de defenderla durante semanas; Fernández sostuvo dos posiciones incompatibles sobre las pensiones de expresidente en apenas siete días; y el caso de Villalobos enfrentó al oficialismo con un estándar que había aplicado contra sus adversarios.

Todos los gobiernos rectifican políticas, incumplen promesas o enfrentan contradicciones entre el discurso y las necesidades prácticas de ejercer el poder. No obstante, el chavismo no sigue los mismos estándares comunicativos de siempre.

En 2020, por ejemplo, el expresidente Carlos Alvarado echó para atrás con una serie de iniciativas de impuestos, según dijo, después de “haber escuchado, leído y visto el sentimiento en el país”.

El chavismo, en cambio, evita cualquier discurso que implique aceptar un cambio. Modifique o no el respaldo que recibe de la gente —algo que solo se podrán medir posteriores estudios de opinión—, el chavismo sigue el mismo guion incluso cuando cambia de criterio.

Presentado por: Ingesa

Para una empresa industrial, la energía suele aparecer en los estados financieros como una factura más que debe pagarse cada mes. El reto comienza cuando la gerencia decide dejar de verla como un costo inevitable y empieza a preguntarse cuánto necesita realmente para producir, dónde se está desperdiciando y qué inversiones pueden reducir ese gasto.

Esa transformación es la que experimentó Grupo Altavista, conglomerado costarricense vinculado a la industria de empaques y que reúne a All Pack, fabricante de bolsas y empaques de papel, y Corrugados Altavista, dedicada a la producción de láminas y cajas de cartón corrugado.

Ambas operaciones implementaron un Sistema de Gestión de la Energía bajo la norma ISO 50001, con el objetivo de convertir el consumo energético en una variable medible y gestionable dentro de la operación.

El resultado permite plantear una conclusión poco habitual cuando se habla de certificaciones empresariales: en este caso, el sello no se quedó en cumplimiento o reputación corporativa; generó beneficios económicos que la empresa puede cuantificar.

Un ahorro que se puede medir

Gloriana Sánchez, gerente general de All Pack y gerente de Ventas de Corrugados Altavista, señala que precisamente esa capacidad de medir el retorno diferencia a la ISO 50001 de otras certificaciones.

El caso de Grupo Altavista muestra así una evolución: la ISO 50001 comienza como un proceso de certificación, pero su verdadero valor aparece cuando se convierte en un sistema permanente de gestión con un ahorro significativo en el costo de operación.

Gloriana Sánchez, gerente general de All Pack y gerente de Ventas de Corrugados Altavista.

De certificación a sistema de gestión

En All Pack, la intensidad energética total cayó 36,7% entre 2022 y 2025 y se acumularon más de ₡58 millones en ahorros desde 2023. En Corrugados Altavista, el impacto económico documentado alcanzó ₡60,7 millones en 2025, con un fuerte componente asociado a la optimización tarifaria.

El resultado combinado supera los ₡118 millones en beneficios económicos documentados, a los que se suman reducciones en consumo energético, emisiones y mejoras operativas.

Para una empresa, esa combinación cambia la conversación alrededor de la sostenibilidad. Ya no se trata únicamente de cuánto cuesta implementar una certificación, sino de cuánto puede devolver una gestión energética disciplinada y basada en datos.

Y ahí está el principal argumento empresarial de la ISO 50001: convertir un gasto que tradicionalmente se acepta como inevitable en una variable sobre la cual la organización puede intervenir, invertir y obtener un retorno.

Para nosotros, el apoyo que nos ha brindado el equipo de Ingesa durante este proceso ha marcado una diferencia que va mucho más allá de la certificación. Ingesa no solo ha sido un partner comprometido con su labor de asesoría, sino un aliado que ha ido más allá del servicio contratado, aportándonos recomendaciones que nos han permitido mejorar otros aspectos de nuestra operación.

Su acompañamiento también se ha caracterizado por anticiparse a posibles oportunidades de mejora dentro de la compañía, lo que nos ha permitido tomar decisiones y realizar ajustes de manera oportuna.

Gloriana Sánchez, gerente general de All Pack y gerente de Ventas de Corrugados Altavista.

Más eficiencia de la mano de la tecnología

Durante el proceso de certificación, Corrugados y All Pack identificaron equipos y procesos que podían funcionar con mayor eficiencia. Entre las medidas implementadas estuvieron el cambio a iluminación LED, detección de fugas, sustitución de motores y mejoras en turbinas, calderas y compresores.

En All Pack, por ejemplo, se identificó que algunos compresores estaban sobredimensionados para las necesidades de la planta. La empresa sustituyó los equipos por otros de menor capacidad y más adecuados a su carga de producción.

La lógica detrás de estas decisiones es distinta a la de una inversión basada únicamente en modernización tecnológica. Antes de comprar un equipo, la compañía puede calcular cuánto consume el actual, cuánto consumiría el nuevo y cuánto tiempo tardaría en recuperar la inversión.

Sánchez resume esa diferencia de manera directa:“Lo bueno es que usted cuantifica el ROI. Usted sabe en qué momento esa inversión se pagó: en un mes, dos meses, tres meses; y luego esa inversión va a durar años”.

Ese componente financiero es uno de los principales atractivos de la norma para una empresa industrial: la eficiencia energética puede competir por recursos dentro de la organización utilizando el mismo lenguaje que cualquier otra inversión: costo, ahorro y período de recuperación.

El cambio también ocurre dentro de la planta

Para Franklin Sánchez, jefe de Mantenimiento de Corrugados Altavista, uno de los mayores retos fue comenzar a identificar consumos y oportunidades que anteriormente no estaban mapeados.

El proceso llevó al equipo a revisar desde el sistema de calderas y el uso de vapor hasta los motores y turbinas.

En el sistema de vapor se realizaron ajustes en válvulas, medición y distribución. En el área eléctrica se instalaron variadores de velocidad para adaptar el funcionamiento de las turbinas a las necesidades reales de producción.

“La certificación nos ha obligado a aprender a conocer más los equipos, a conocer más las oportunidades de mejora”, explica Franklin Sánchez.

Tras la certificación Grupo Altavista continuará implementando medidas para mejorar la eficiencia energética y el progreso del negocio.

Para

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