Para resolverla, podría optar por fondos disponibles a través del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), que anunció que cuenta con ¢81.516 millones para otorgar crédito productivo. La cifra corresponde a los recursos vigentes con corte a setiembre de 2026.

Los fondos se otorgarán a través de una amplia red de operadores financieros, la cual permite la atención de proyectos con diversas características dependiendo de la actividad económica, la ubicación geográfica, el tamaño del negocio y la necesidad de inversión.

María del Milagro Solórzano, ministra de Economía, Industria y Comercio y presidenta del consejo rector del SBD, explicó que estos recursos pueden transformarse en inventario, equipo, capital de trabajo o expansión para los negocios.

En agosto pasado, el saldo de cartera del SBD superaba los ¢996.750 millones distribuidos en 88.039 créditos otorgados a casi 50.000 clientes de los 68 operadores. El 71% de los beneficiarios son microempresas y por sectores se destacan las unidades productivas dedicadas a comercio (27%) y agro (24%), según las estadísticas del SBD.

Patricia Rojas, directora ejecutiva a. i. del SBD, señaló que la red de operadores garantiza que los recursos lleguen a distintos territorios. Por este motivo, instó a las personas empresarias a revisar las líneas de financiamiento vigentes, consultar los requisitos y presentar sus proyectos para una valoración crediticia.

Los recursos disponibles dentro de los programas del SBD pueden utilizarse en múltiples áreas operativas. Según las condiciones específicas de cada línea de crédito, el dinero se puede destinar también a modernización o infraestructura, además de inventario, equipo, capital de trabajo o expansión.

La institución sostiene que promueve el financiamiento con especial atención a sectores prioritarios, en especial negocios liderados por mujeres, personas jóvenes, personas adultas mayores y proyectos productivos que se ubican en zonas de menor desarrollo relativo.

Cómo solicitar crédito

Para solicitar los fondos, las personas interesadas deben acercarse a un operador que cuente con programas del SBD.

Cada entidad es la encargada de definir las condiciones, los requisitos de acceso y el proceso de análisis de crédito, según el perfil del solicitante.

Entre las entidades bancarias se encuentran los bancos Nacional, de Costa Rica, Popular, BAC, Improsa, BCT, Promerica, DAVIbank y Lafise.

La red de operadores también está integrada por 10 cooperativas de ahorro y crédito, así como por 11 cooperativas de productores en distintas zonas del país.

A la lista de operadores se suman siete microfinancieras, seis empresas financieras y otras organizaciones de desarrollo productivo como Mutual Alajuela, Mucap y Conarroz.

Las personas interesadas en conocer el directorio completo de entidades y evaluar la alternativa que mejor se ajuste a su realidad pueden consultar la información oficial en el sitio web del SBD.

En promedio, las tarifas experimentarán un incremento del 4,03%, impulsado principalmente por el aumento en la cantidad y gravedad de los accidentes de tránsito.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) presentó la solicitud de ajuste el pasado 6 de agosto, la cual fue avalada por la Superintendencia tras analizar los costos asociados a los servicios médicos y el pago de incapacidades derivados de los percances viales.

Entre el 2024 y el 2025, la cantidad de personas lesionadas en las vías creció un 15%, un factor determinante para el ajuste al alza.

El superintendente general de seguros y valores, Tomás Soley Pérez, explicó que este cobro está estrechamente relacionado “con lo que ocurre en las carreteras, ya que una mayor siniestralidad tiene consecuencias humanas e incide en los recursos necesarios para atender a las personas lesionadas”.

¿Cuáles vehículos pagarán más y cuáles menos?

Aunque la prima media ponderada sube, el comportamiento de las tarifas varía según la categoría del vehículo. Los autobuses, los vehículos particulares y las motocicletas enfrentarán los mayores incrementos.

Por el contrario, los vehículos dedicados al transporte de carga, los taxis y el equipo especial percibirán rebajas en el rubro correspondiente al seguro obligatorio.

Las variaciones relativas autorizadas para el 2027 son las siguientes:

• Buses: 12,40%
• Vehículo particular: 5,43%
• Motos y bicimotos: 4,50%
• Carga pesada: -2,38%
• Taxis: -7,50%
• Carga liviana: -8,89%
• Equipo especial: -9,57%

El segmento de las motocicletas es el más vulnerable; durante 2025, el 52,4% de las muertes en carretera y el 64% de los lesionados correspondieron a usuarios de este tipo de transporte. Esta tendencia se mantuvo durante los primeros ocho meses del presente periodo, en los cuales los motociclistas representaron el 58% de los decesos.

Cobertura se mantiene y marchamo digital será aparte

A pesar de los cambios en las primas, la cobertura económica por cada lesionado se mantendrá intacta en ¢6 millones. Este monto, vigente desde el 2016, ampara gastos médicos, pago de incapacidades y casos de fallecimiento.

Para el cobro del próximo año, se implementará el marchamo digital en los vehículos que cuentan con parabrisas. Este dispositivo consiste en una etiqueta electrónica con una vida útil de diez años.

La Sugese aclaró que el costo de este nuevo dispositivo tecnológico será asumido por las empresas aseguradoras y no forma parte del proceso de autorización tarifaria del SOA. Por lo tanto, se cobrará de forma separada como un componente adicional dentro del derecho de circulación vehicular.

En caso de dudas sobre el monto total del derecho de circulación, los propietarios deberán remitirse a las entidades correspondientes que componen el cobro, como el Consejo de Seguridad Vial, las municipalidades o el propio INS.

Por un lado, existe un freno en los salarios y las inversiones del Estado y, por el otro, hay factores que están provocando que las finanzas públicas se deterioren.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos este tema.

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Situaciones como estas acarrean problemas de reputación e imagen ante clientes actuales y potenciales, proveedores y colaboradores, aparte de la exposición de información del negocio. También podrían ser causa de un proceso administrativo y legal.

“No existe una sanción de ninguna índole por ser víctima de un hecho delictivo informático. Sin embargo, sí existen obligaciones para las organizaciones que son responsables de las bases de datos personales”, indicó José Adalid Medrano, especialista legal en el área informática.

Tras el ciberataque al Ministerio de Hacienda y a otras entidades en 2022, queda demostrado que ninguna organización está exenta de ser víctima de los hackers. “Lo que marca la diferencia ante la ley es la preparación: contar con políticas de seguridad robustas, protocolos de respuesta, capacitación del personal y, desde luego, un manejo adecuado y transparente”, advirtió Mauricio París, experto en derecho digital y socio de Ecija Legal.

El nuevo incidente fue confirmado por las autoridades de Costa Rica. El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) indicó que la base de datos contenía más de 500 millones de registros y ocupaba entre 150 y 300 GB. En este último caso, equivalente a 150 millones de páginas de texto (documentos sin imágenes pesadas) o 100.000 fotos de alta resolución almacenadas.

Además de la necesidad de que cada persona y cada empresa aumente las medidas de seguridad, otro de los principales desafíos a nivel local es el cumplimiento de la normativa vigente, ya sea por falta de conocimiento, falta de prioridad en la materia o por considerarla un obstáculo para la innovación.

Tómelo en serio

Los ciberdelincuentes lanzan millones de intentos para encontrar agujeros de seguridad en las plataformas corporativas y engañar a los usuarios para obtener sus contraseñas e ingresar ilegalmente en los sistemas corporativos.

Sus propósitos van desde el espionaje de negocios hasta venderla en la llamada dark web o pedir dinero a la organización afectada (lo que se conoce como ransomware).

Solo en el primer semestre de 2026, Costa Rica recibió 313 millones de intentos de ciberataque, según FortiGuard Labs. Los especialistas señalan que las plataformas de inteligencia artificial (IA) permiten acelerar los ataques.

Si hace ocho años los hackers tardaban 771 días en explotar una vulnerabilidad, con la IA la explotan en cuatro horas, advierte Zero Day Clock, que registra el tiempo entre la publicación de una vulnerabilidad de software y su explotación. Esta misma fuente indica que en los últimos tres meses se triplicaron los escaneos para detectar las vulnerabilidades a nivel global, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Las organizaciones en Costa Rica, con independencia de su tamaño y relevancia en el mercado, están expuestas a ser hackeadas. Los problemas para una firma costarricense, sea pequeña o grande, no acaban ahí.

Si la información de clientes, colaboradores y proveedores se divulga, la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (N° 8968) y su reglamento exigen que la entidad responsable cuente con los fundamentos legales (su registro) y mantenga medidas de seguridad.

La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) verifica si las medidas de seguridad fueron implementadas antes del ataque. De hecho, en el caso del hackeo a la base de datos confirmado por el Micitt, la Agencia inició una investigación de oficio y abrió dos expedientes adicionales debido a denuncias de partes interesadas.

En cualquier caso, las autoridades deben determinar si la empresa es solamente una víctima o si, además, pasa a ser responsable por posibles incumplimientos, dado que la Ley N° 8968 establece que se deben adoptar medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad de la información almacenada.

“Si un ataque informático logra comprometer esos datos, la pregunta clave es si había tomado las precauciones razonables para evitarlo”, dijo París.

Una compañía puede ser sancionada si recolecta, almacena o transmite información personal por medio de mecanismos inseguros, carece de protocolos y medidas adecuadas de seguridad física y lógica o si no tiene justificación legal para el tratamiento de los datos sustraídos.

En todos estos escenarios, el hackeo pone en evidencia un incumplimiento previo que deriva en un procedimiento. Otra situación adicional a prevenir es la filtración y venta ilegales por parte de una persona de la misma empresa.

Las condiciones que determinan si una firma hackeada es responsable se enfocan en el grado de diligencia con que gestionó los datos personales antes del incidente y en si cumplió con las obligaciones que la normativa le imponía.

Una compañía que demuestre que actuó con la debida diligencia tendrá mejor posición frente a un procedimiento, aunque la exposición se haya producido por un ataque externo.

Ahora bien, las personas afectadas también pueden reclamar responsabilidad civil derivada de un ataque.

Si el tratamiento de estos datos se da en el marco de una relación de consumo, es decir, si el afectado es cliente, existiría responsabilidad objetiva en virtud de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (N° 7472).

Entonces, se deberá indemnizar, independientemente de las medidas de seguridad que tuvieran implementadas.

Las sanciones

Cuando los ciberdelincuentes publican información confidencial, se abren distintos frentes legales para la organización.

“Este tipo de brechas tiene un impacto irreversible”, recordó Medrano. “Es importante crear conciencia de que no basta con promulgar leyes que protejan mejor estas materias, sino que también hay que desarrollar capacidades de forma transversal en toda la población para aumentar el cumplimiento de la ley”.

Si, debido a una investigación, se determina que una empresa recolecta, almacena y transmite datos personales por medio de mecanismos inseguros o que de alguna forma no garanticen su seguridad e inalterabilidad, se expone a una multa de hasta cinco salarios base del cargo de auxiliar judicial I (falta leve), unos ¢2,3 millones.

Al mismo tiempo, es posible e inevitable que se hagan públicas y que las autoridades encuentren otras posibles irregularidades, como tratamientos sin el consentimiento informado y transferencias ilícitas, consideradas faltas graves.

Otras situaciones de riesgo son las transferencias internacionales sin consentimiento informado, tratamientos ilícitos, recopilación de forma ilícita (específicamente por medio de engaño, violencia o amenaza) y venta de datos personales sin contar con el consentimiento informado o ley que lo faculte, todas consideradas faltas gravísimas según el Código Penal.

La Prodhab inicia un procedimiento de oficio o por denuncia de una persona física o jurídica afectada siguiendo el procedimiento ordinario de la Ley General de la Administración Pública (N° 6227). Si se comprueba una infracción, la Prodhab impone multas según la gravedad de la falta, las cuales pueden ser administrativas, civiles y hasta penales:

a) Sanciones administrativas

La Ley N° 8968 puede imponer multas calculadas con base en el salario base del cargo de auxiliar judicial I (¢462.200), según la Ley de Presupuesto de la República, y hasta la suspensión del funcionamiento de la base de datos por uno a seis meses para las faltas gravísimas.

Para las faltas leves, como recolectar o transmitir información por mecanismos inseguros, la multa puede ser de hasta cinco salarios base (hasta ¢2.311.000).

Para las faltas graves, como carecer del consentimiento del titular o que se realicen para fines distintos a los autorizados, la multa oscila entre cinco y veinte salarios base (de ¢2.311.000 a ¢9.244.000).

Y para las faltas gravísimas como el tratamiento no autorizado, la obtención de datos mediante engaño o violencia, o la revelación de información confidencial, la multa va de quince a treinta salarios base (de ¢6.933.000 a ¢13.866.000), a lo que se suma la posibilidad de suspender el funcionamiento de la base de datos por un período de uno a seis meses.

b) Sanciones civiles

La filtración puede causar daños a terceros, por lo que la empresa podría ser demandada civilmente.

Además de reclamar el daño material sufrido por una filtración de datos (por ejemplo, un fraude con tarjetas de crédito o suplantación de identidad), una persona afectada podría reclamar el daño moral sufrido (zozobra o angustia).

En estos casos, la fijación del monto de ese daño moral le corresponde al juez civil que conozca el caso.

c) Sanciones penales

El Código Penal contempla delitos que podrían aplicarse en estos contextos, incluyendo prisión de uno a tres años a quien —en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización del titular— se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre, desvíe o dé un tratamiento no autorizado a datos personales.

Además, puede haber una pena de dos a cuatro años de prisión cuando el objeto del tratamiento ilícito sea información de personas menores de edad o determinados datos personales sensibles.

Y la Ley de Delitos Informáticos (N° 9048), que también reformó el Código Penal, tipifica conductas como la instalación de programas maliciosos (con prisión de uno a seis años) y el acceso no autorizado a sistemas informáticos.

“Estas disposiciones penales se dirigen principalmente contra quienes ejecutan el ataque, pero también podrían alcanzar a funcionarios o encargados que, por acción u omisión dolosa, faciliten la exposición de datos”, subrayó París.

Debido a que un incidente puede tener un impacto económico y reputacional difícil de cuantificar, se recomienda que las empresas construyan programas de cumplimiento normativo y capacitación constante

José Adalid Medrano

Hoy día los consumidores están más dispuestos a contratar bienes o servicios a empresas que cuentan con mecanismos de privacidad y ciberseguridad robustos, por lo que un ataque provoca un daño reputacional irreparable

Mauricio París

Por supuesto, se pueden presentar los respectivos descargos. El responsable, en este caso, debe demostrar evidencia de los consentimientos informados y del fundamento legal para la venta de datos personales.

Si bien parece que la legislación es muy completa, hay algunos vacíos en la regulación local.

Medrano indicó que si bien el reglamento de la Ley N° 8968 establece obligaciones de notificar al titular en caso de una vulnerabilidad de seguridad, el marco normativo no contiene sanciones expresas al respecto, lo que facilitaría que muchas organizaciones nacionales eviten cumplir con este requerimiento.

En cualquier caso, hay una afectación grave e irreversible en la imagen de la marca y sus propietarios, generando un impacto económico difícil de cuantificar.

“El impacto económico puede superar con creces el monto de las multas impuestas”, recordó París. “Hoy día los consumidores están más dispuestos a contratar bienes o servicios a empresas que cuentan con mecanismos de privacidad y ciberseguridad robustos, por lo que un ataque provoca un daño reputacional irreparable”.

El especialista recordó que en Costa Rica se ofrecen seguros que transfieren parte de la exposición económica derivada de un incidente de seguridad, cubriendo aspectos como los costos de respuesta, la responsabilidad frente a terceros y la recuperación de datos.

“Siempre es recomendable que esto se tome en cuenta cuando la organización hace un análisis de riesgos relacionado con el uso de tecnología”, dijo Medrano. “Debido a que un incidente puede tener un impacto económico y reputacional difícil de cuantificar, se recomienda que las empresas construyan programas de cumplimiento normativo y capacitación constante”.

La prevención es siempre menos costosa que las consecuencias de una brecha de seguridad.

El grupo automotriz Red Motors concretó un movimiento en el mercado local al incorporar dos nuevas marcas de origen chino a su portafolio de distribución en Costa Rica, marcando su entrada formal al segmento de vehículos de volumen masivo tras 17 años enfocado en el sector de lujo.

La empresa, que tiene en su portafolio a BMW y Mini, asumirá la representación oficial de Omoda y Jaecoo, marcas pertenecientes al grupo fabricante Chery y que eran distribuidas por Grupo Cofiño.

La operación comprende una inversión inicial aproximada de $10 millones, destinada a la adquisición de un terreno de 3.000 metros cuadrados en La Uruca para salas de exhibición y talleres, la compra del inventario del importador anterior y la importación de nuevos modelos.

Adolfo Rubí, CEO de Red Motors, explicó que este paso responde a un plan de diversificación analizado desde 2018 para ampliar el alcance de la empresa hacia segmentos de precio más accesibles, manteniendo en paralelo su posición en el mercado premium con marcas como BMW.

“Es el momento idóneo para ampliar nuestro portafolio y nuestros segmentos. Omoda y Jaecoo son la punta de lanza del grupo Chery para los mercados internacionales, con modelos concebidos específicamente para el consumidor fuera de China y con un catálogo que abarca motores de combustión, híbridos y 100% eléctricos”, señaló Rubí.

Estrategia de expansión y lectura del mercado

La llegada de Omoda y Jaecoo a la estructura de Red Motors contempla un plan de desarrollo por etapas. La primera fase se concentrará en la Gran Área Metropolitana con la apertura de su sede principal en La Uruca y salas de ventas en el este y oeste de San José. Para una segunda etapa, proyectada entre el segundo semestre de 2027 y el inicio de 2028, la firma prevé expandir su red comercial hacia ciudades como Liberia, San Carlos y Pérez Zeledón.

Las marcas comercializadas por el grupo registraban un volumen cercano a las 600 unidades anuales en el país bajo su representación previa. Según la empresa, la meta es consolidar la posición de ambas firmas mediante la red de servicio posventa y la infraestructura existente del grupo.

Respecto a la dinámica del sector en el país, el vocero destacó la evolución de las tecnologías de movilidad eléctrica y de volumen en el mercado costarricense.

“China llegó para quedarse. Los procesos en la industria automotriz son los mismos, ya se trate de una marca de lujo o de una marca de volumen. El grupo está en una posición sólida para llevar esa experiencia de servicio y respaldo a nuevos clientes”, añadió Rubí.

El empresario dejó la puerta abierta para que el concesionario pueda manejar alguna otra marca en el futuro, tanto en automóviles como en motocicletas, si las condiciones se prestan.

La política se publicó mediante el Decreto Ejecutivo n.º 45938-H, en el Alcance n.º 129 a La Gaceta del 28 de septiembre de 2026. Rige desde su publicación, deroga la política aprobada en 2019 y deberá respetarse en la formulación de los presupuestos del sector público.

Su objetivo es obtener recursos internos y externos de mediano y largo plazo de forma ordenada, al menor costo posible, con niveles prudentes de riesgo y una trayectoria de deuda sostenible. Estos son siete puntos para entender su alcance.

1. Las instituciones deberán planificar su deuda y sus riesgos

Las entidades y órganos públicos que administren una cartera de deuda deberán contar con una estrategia de endeudamiento de mediano plazo. Esta tendrá que considerar, como mínimo, los riesgos de refinanciamiento, tipo de tasa y tipo de cambio, para buscar un balance adecuado entre los instrumentos que componen la cartera y su costo.

Para el Gobierno Central, la Dirección General de Gestión de Deuda Pública propondrá esa estrategia a Hacienda mediante la Comisión Estratégica de Activos y Pasivos Soberanos. La planificación de mediano plazo se complementará con planes anuales de financiamiento y su revisión.

La política también dispone que esa dirección presente a Hacienda límites natural y prudente de endeudamiento para el Gobierno Central, expresados como proporción de la deuda respecto del producto interno bruto (PIB). Esos límites deberán actualizarse y presentarse, como mínimo, cada cinco años. El documento no fija los porcentajes concretos.

2. Hacienda centralizará la negociación de los préstamos de la Administración Central

El proceso de negociación de los empréstitos para la Administración Central estará centralizado en la Dirección General de Gestión de Deuda Pública. Hacienda será el contacto directo durante esas negociaciones.

La política establece, además, que las operaciones en las que el Gobierno Central sea deudor o garante deberán superar los $50 millones para ser consideradas. El documento vincula ese umbral con los costos de transacción y el proceso jurídico-administrativo que implica tramitar los empréstitos.

Ese monto no debe confundirse con un mínimo para comprar bonos del Gobierno ni presentarse como una regla para cualquier crédito de cualquier institución pública: la disposición se refiere a las operaciones de empréstito en las que el Gobierno Central sea deudor o garante.

3. Se procurará avanzar hacia un emisor único de deuda soberana

Uno de los lineamientos plantea avanzar hacia un emisor único para la deuda soberana. Bajo esa orientación, la administración de la deuda del Banco Central se concentraría en el corto plazo y la de Hacienda en el mediano y largo plazo.

La política no ejecuta esa unificación de inmediato ni establece un calendario para hacerlo. Señala que, mientras se cumplen las condiciones, Hacienda y el Banco Central mantendrán mecanismos formales de coordinación técnica y ejecutiva para gestionar sus carteras sin competir entre ellos por captación de recursos.

Por tanto, se trata de una dirección de política que deberá concretarse mediante actuaciones posteriores, no de la desaparición inmediata de las emisiones de una de las dos instituciones.

4. Se buscará fortalecer el mercado local, sin descartar financiamiento externo

Cuando el sector público obtenga recursos en el mercado local, deberá priorizar mecanismos competitivos y de mercado. La política también busca reducir los costos de colocación, ampliar la base de inversionistas y desarrollar instrumentos líquidos en los mercados secundarios de valores.

Sin embargo, reconoce las limitaciones que podría tener el mercado costarricense para absorber las necesidades de financiamiento público. Por eso, no descarta mantener una participación constante en los mercados internacionales.

El acceso a recursos externos podrá justificarse por razones como diversificación de las fuentes de financiamiento, menores costos o riesgos, o distorsiones en el mercado local. La política no establece una proporción única de financiamiento que deba obtenerse dentro o fuera del país.

5. Los proyectos deberán atender requisitos de ejecución y sostenibilidad

Para los proyectos financiados con endeudamiento público, los ministerios y entidades deberán cumplir los requisitos sobre terrenos, relocalización de servicios públicos y permisos establecidos en las directrices presupuestarias correspondientes. El propósito señalado es evitar atrasos en la planificación y ejecución de las obras.

La política también pide fortalecer la identificación, formulación, ejecución, control y supervisión de los proyectos, de manera que generen bienes y servicios de calidad y oportunamente.

Cuando una inversión incorpore mecanismos de participación público-privada —como concesiones o alianzas público-privadas—, deberá estructurarse bajo criterios de sostenibilidad fiscal y valor por dinero. Estos lineamientos no garantizan que los proyectos dejarán de atrasarse, pero establecen criterios que las instituciones deben observar.

6. Las instituciones deberán considerar riesgos más allá de la deuda contratada

La política exige medidas para mitigar riesgos asociados con garantías y pasivos contingentes, así como los derivados de desastres provocados por fenómenos naturales. Esos riesgos deberán formar parte de la gestión ordinaria del Gobierno y del resto del sector público.

También dispone que la Dirección General de Gestión de Deuda Pública incorpore e informe sobre los pasivos contingentes explícitos a la Contabilidad Nacional, para que sean revelados en la información financiera del Gobierno, destacando los casos en los que se hayan materializado.

En materia financiera, las instituciones deberán valorar instrumentos para mitigar los riesgos que asumen al participar en mercados internacionales, incluidos los de tipo de cambio y tasas de interés.

7. Habrá obligaciones de información sobre deuda, proyectos y garantías

La transparencia es otro eje del documento. El Gobierno Central y las instituciones públicas deberán mantener a disposición del público información sobre los proyectos financiados con endeudamiento y sobre la deuda vigente, además de rendir cuentas oportunamente sobre sus planes de financiamiento.

También deberán divulgar información sobre garantías y pasivos contingentes. Para los proyectos financiados con deuda en los que el Gobierno Central sea prestatario o garante, Hacienda deberá publicar informes de seguimiento al menos cada seis meses. Las demás instituciones con proyectos financiados mediante endeudamiento deberán publicar su seguimiento con la misma periodicidad.

La Dirección General de Gestión de Deuda Pública será responsable del seguimiento y evaluación de la política. El documento aclara, además, que sus lineamientos estratégicos son generales y deben considerarse orientadores para las decisiones de endeudamiento. Reconoce la independencia de las instituciones exentas de las leyes correspondientes y las insta a acatar esos lineamientos en favor de la sostenibilidad de la deuda del sector público.

“Los trabajos de los premiados nos han legado una base teórica sólida para los modelos empleados hoy día por los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo”, dijo encomioso John Hassler, presidente del comité del Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel.

“Gracias a esos modelos, estamos mejor equipados para afrontar los impactos económicos, tales como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el nivel de consumo de los hogares”, añadió.

Durante el shock petrolero de los años 1970, los modelos keynesianos usados desde hacía décadas para determinar cómo y cuándo debían aplicarse medidas para afrontar las recesiones y otros altibajos económicos resultaron inoperantes.

Ante ese panorama, Hall y Woodford optaron por desarrollar nuevas herramientas para entender cuáles podían ser las medidas más eficaces.

“En lugar de basar los modelos en la relación estadística entre variables macroeconómicas como la inflación, la producción y el consumo, eligieron construirlos sobre una base microeconómica”, destacó el jurado.

De esta forma, estudiaron cómo el comportamiento de los hogares y las empresas, con sus acciones y preferencias individuales, impactan en el conjunto de la economía.

“En virtud de esos modelos, las medidas fiscales y monetarias tomadas en el buen momento pueden atenuar los altibajos de la actividad económica”, destacó el jurado en un comunicado.

“Es un inmenso honor. Es una sorpresa, pero estoy realmente contento”, dijo en una primera reacción Michael Woodford, nacido en 1955.

Robert Hall, de 83 años, consideró ya en 1978 que si los hogares gastan anticipando lo que ganarán en el futuro, cualquier variación en su patrón de consumo dependerá de informaciones nuevas e impredecibles.

“Al entender el efecto de la anticipación en las decisiones de consumo, Hall resolvió un problema que intrigaba a los investigadores desde hacía mucho tiempo”, explicó el jurado.

El año pasado, el premio fue para el estadounidense-israelí Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt, por sus trabajos sobre el impacto de la innovación en el crecimiento económico.

El galardón de Economía es el único que no figura entre los cinco originalmente creados en base al testamento del científico sueco Alfred Nobel, fallecido en 1896.

Fin de la temporada de los Nobel

El de Economía cierra la temporada 2026 de los Nobel, que empezó hace una semana con el galardón de Medicina para el estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel.

En Física, el agraciado fue el belga Francis Halzen, y en Química el francés Henri Kagan y el japonés Kenso Soai.

El premio de Literatura fue para la canadiense Anne Carson, y el más esperado, el de la Paz, para la jurista sudafricana y adalid de la justicia internacional Navi Pillay.

El premio Nobel, que consiste en un diploma y un cheque de 12 millones de coronas suecas, algo más de un millón de dólares, será entregado el 10 de diciembre.

La revisión abarcó 14 unidades publicadas en dos páginas del portal de venta de bienes del banco. Los ocho vehículos incluidos corresponden a modelos fabricados entre 2016 y 2024, algunos con descuentos de hasta un 30% sobre su precio inicial.

Entre las alternativas figuran unidades de marcas como Fiat, Nissan, Changan, Soueast, Kia, BYD y Chery. Sus características varían según el año, la transmisión, el tipo de carrocería y el equipamiento disponible.

Las personas interesadas deben revisar las condiciones particulares de cada vehículo, así como su estado mecánico, documentación y requisitos de compra, antes de presentar una oferta.

Fiat 500 X 2017: ₡2.640.000

El BCR ofrece un Fiat 500 X modelo 2017 por ₡2.640.000, después de aplicar un descuento del 20% sobre su valor inicial de ₡3.300.000.

La unidad tiene placa VVV077 y está identificada con el código BCR-BA-4577720526.

Se trata de un SUV con motor de gasolina de 1.600 centímetros cúbicos (cc), transmisión manual y tracción 4x2.

Entre las características técnicas reportadas se encuentran frenos ABS y cuatro bolsas de aire.

El vehículo se encuentra en las bodegas del BCR en La Lima de Cartago. La información recopilada no permite confirmar su kilometraje actual ni el estado de la revisión técnica.

Además, en una descripción anterior del catálogo, el banco advertía que el motor de esta unidad estaba incompleto, condición que debe verificarse directamente con la entidad antes de presentar una oferta.

Nissan Tiida 2016: ₡3.000.000

Otra de las unidades disponibles es un Nissan Tiida modelo 2016, anunciado por ₡3.000.000.

El automóvil tiene placa ADY283 y código BCR-BA-8720900926. En la publicación consultada no se identifica un porcentaje de descuento.

Corresponde a un sedán con motor de 1.600 cc, transmisión manual, tracción 4x2 y capacidad para cinco personas.

El estudio registral consultado señala un peso bruto vehicular de 1.479 kilogramos.

En cuanto al combustible, la ficha utiliza la denominación “Gas”, sin precisar si se refiere a gasolina o a otro sistema de alimentación. Por esa razón, es necesario confirmar este dato directamente con el banco.

La unidad se encuentra en las bodegas del BCR en La Lima de Cartago. No se dispone de información confirmada sobre kilometraje, equipamiento completo o condiciones mecánicas.

Changan Star 3 2018: ₡3.450.000

El catálogo también incluye un Changan Star 3 del año 2018, cuyo precio anunciado es de ₡3.450.000.

Este vehículo tiene placa BRY812 y código BCR-BA-3871730926. La publicación consultada no muestra un porcentaje de descuento.

Se trata de un microbús con motor de gasolina de 1.300 cc y transmisión manual.

Aunque está clasificado como microbús, la información recuperada no precisa la cantidad de pasajeros que puede transportar, por lo que ese dato debe verificarse en la documentación de la unidad.

El vehículo está ubicado en las bodegas del BCR en La Lima de Cartago.

La publicación consultada tampoco permite establecer su kilometraje, estado mecánico, equipamiento o condiciones particulares de adquisición.

Soueast DX3 2019: ₡3.845.251,20

Otra de las alternativas es un Soueast DX3 modelo 2019, disponible por ₡3.845.251,20.

La unidad está identificada con la placa BQV707 y el código BCR-BA-7364310926.

Es un SUV de color azul, con motor de gasolina de 1.500 cc, transmisión automática, tracción 4x2 y carrocería de cuatro puertas.

El avalúo consultado consigna un kilometraje de 65.134 kilómetros, aunque esa cifra corresponde al momento en que se elaboró el documento y no necesariamente a una lectura actual.

Por otra parte, el estudio registral identifica el motor como Mitsubishi, mientras que la marca del vehículo es Soueast.

La unidad se encuentra en las bodegas del BCR en La Lima de Cartago.

El catálogo no permite confirmar el estado actual de sus componentes mecánicos, accesorios ni eventuales reparaciones pendientes.

Kia Picanto 2017: ₡4.370.000

El BCR también comercializa un Kia Picanto modelo 2017, cuyo precio final anunciado es de ₡4.370.000, después de aplicar un descuento del 5%.

El automóvil tiene placa RSQ079 y código BCR-BA-5082340726.

Se trata de un hatchback de color beige, con motor de gasolina de 1.248 cc, transmisión manual y tracción 4x2.

Según la información registral consultada, el vehículo dispone de un motor de cuatro cilindros y una potencia registrada de 65 kilovatios (kW).

El automóvil se encuentra en las bodegas del BCR en La Lima de Cartago.

La información disponible no permite precisar su kilometraje, estado mecánico actual, equipamiento completo o vigencia de la revisión técnica.

BYD F0 GL I 2019: ₡4.750.000

Entre las opciones también aparece un BYD F0 GL I modelo 2019, con un precio de ₡4.750.000.

La unidad tiene placa BRH305 y código BCR-BA-3805980826.

El catálogo anuncia un descuento del 5% sobre el precio inicial de ₡5.000.000.

Se trata de un automóvil compacto tipo hatchback. Sin embargo, la información recuperada de esta publicación no permite confirmar la cilindrada, transmisión, combustible, kilometraje ni equipamiento específico de la unidad.

Por ello, las personas interesadas deben consultar la ficha completa y verificar sus características antes de presentar una oferta.

Chery Tiggo 2 Pro 2024: ₡4.880.000

Otra de las alternativas disponibles es un Chery Tiggo 2 Pro modelo 2024, anunciado por ₡4.880.000.

El vehículo tiene placa BYQ144 y código BCR-BA-2519700626. Su precio inicial era de ₡6.100.000, pero recibió un descuento del 20%, equivalente a ₡1.220.000.

Se trata de un SUV con motor de gasolina de 1.500 cc, transmisión manual, tracción 4x2, cuatro puertas y capacidad para cinco pasajeros.

Entre sus características se encuentran dirección hidráulica, aire acondicionado, asientos de cuero, radio, cierre central, vidrios y espejos eléctricos, dos bolsas de aire y aros de lujo.

También dispone de volante multifuncional, cámara y sensores de reversa, así como barras de techo.

En cuanto a las condiciones de adquisición, el BCR indica que la venta es únicamente de contado.

La entidad señala que el vehículo tiene el derecho de circulación vigente, pero no cuenta con revisión técnica.

Además, establece que las personas interesadas deben coordinar una visita de reconocimiento a las bodegas del banco en La Lima de Cartago antes de presentar una oferta de compra.

Soueast DX3 220T 2022: ₡5.041.764

El catálogo también incluye un Soueast DX3 220T modelo 2022, disponible por ₡5.041.764, después de aplicar un descuento del 30%.

La unidad tiene placa BWF331 y código BCR-BA-4616500326.

Se trata de un SUV de color azul, con motor de gasolina de 1.500 cc, transmisión automática, tracción 4x2 y carrocería de cuatro puertas.

El estudio registral consultado indica que tiene capacidad para cinco personas.

Como referencia técnica, la descripción general del modelo señala que puede incorporar un motor Mitsubishi 4A91T turboalimentado de 156 caballos de fuerza, así como sistemas ABS, distribución electrónica de frenado, control de estabilidad, control de tracción y cámara de reversa.

No obstante, el equipamiento específico debe confirmarse para esta unidad, debido a que esas características no necesariamente corresponden al vehículo ofrecido.

El automóvil está ubicado en las bodegas del BCR en La Lima de Cartago.

La información disponible no permite confirmar su kilometraje actual, estado mecánico ni las condiciones particulares de venta.

¿Cómo consultar los vehículos disponibles?

Las personas interesadas pueden revisar las unidades mediante el portal de venta de vehículos del BCR, donde se publican los precios, características y documentos disponibles de cada bien.

En el caso de las unidades ubicadas en las bodegas del banco en La Lima de Cartago, es recomendable coordinar una visita de reconocimiento y revisar las condiciones de adquisición antes de presentar una oferta.

Para consultas, el BCR publica el teléfono 2547-7099 y el correo electrónico consultasbienesbcr@bancobcr.com.

Los precios corresponden a los montos anunciados en el catálogo consultado y pueden estar sujetos a modificaciones o a la disponibilidad de cada vehículo.

De acuerdo con un análisis técnico discutido en la sesión de la Junta Directiva del BCCR del 26 de agosto de 2026, si las entidades financieras decidieran canalizar estos recursos altamente disponibles hacia el sector privado, la tasa de crecimiento del crédito experimentaría un aumento de aproximadamente tres puntos porcentuales.

Datos del Banco Central muestran el inicio de una tendencia al alza en el crédito del sistema financiero al sector privado desde abril de 2026, lo que rompe la desaceleración que sufrió a inicios del año actual, especialmente durante febrero. Antes de ese periodo, el indicador mantenía una aceleración casi constante.

Recursos disponibles, pero sin colocación

Durante la discusión del Informe Mensual de Coyuntura Económica, la directora del Departamento de Análisis y Asesoría Económica del BCCR, Betty Sánchez, explicó que la disponibilidad de liquidez representa cerca de un 3,6% de los pasivos sujetos a encaje del sistema financiero.

Esta bolsa de recursos se divide en dos grandes componentes, donde un 0,4% corresponde al encaje excedente, que son los fondos que los bancos mantienen depositados por encima de lo que exige la ley (actualmente en un 15%) y sobre los cuales tienen plena certeza debido a que el encaje se controla con dos quincenas de rezago.

A esto se suma un 3,2% de dinero que los intermediarios financieros deciden colocar en el Mercado Integrado de Liquidez (MIL) del Banco Central, el cual es de altísima disponibilidad ya que se liquida al día siguiente.

“Si uno hiciera un ejercicio hipotético de trasladar todos estos recursos que son altamente (líquidos), o sea, son disponibles, estamos hablando de, aproximadamente, tres puntos porcentuales más en la tasa de crecimiento del crédito”, explicó Sánchez.

El diagnóstico del ente emisor concluye que no hay una estrangulación crediticia por falta de fondos, ya que persiste un exceso de liquidez y no se observan restricciones en la oferta de fondos prestables.

El propio presidente del BCCR, Róger Madrigal, destacó que este panorama demuestra que la política monetaria no está limitando al sistema y enfatizó que, efectivamente, “hay plata para prestar”.

El freno está en la demanda y la incertidumbre

Si bien los intermediarios financieros cuentan con el combustible necesario, la demanda por parte del sector privado parece estar frenada por múltiples factores, incluyendo el costo del dinero y la desconfianza económica.

Para el economista y exviceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, existe una lectura clara de las limitantes empresariales, empezando por una desaceleración que obliga a los negocios a ajustar sus operaciones a la baja, lo que frena la solicitud de financiamiento y crea un círculo vicioso en la economía.

A esto se suma una pausa natural que las empresas suelen hacer tras los cambios de gobierno, a la espera de ver si surgen nuevas directrices económicas.

“Me parece que las tasas de interés reales son un dato importante: la gente está considerando que, cuando tomo la tasa de interés que me cobran por un crédito, le quito la inflación y la convierto en tasa real, todavía queda una tasa real bastante grande, lo cual les pega mucho”, comentó el economista.

El entorno fiscal también genera incertidumbre, pues la recaudación gubernamental está cayendo en su valor bruto, lo que hace temer al sector empresarial sobre la posible llegada de nuevos impuestos o acciones de cobro más agresivas por parte del Estado para recuperar esos faltantes.

Respecto a la expectativa matemática de elevar el nivel de préstamos usando todos los depósitos en el Banco Central, el economista es escéptico de que esto se materialice tal cual, advirtiendo que:

“Yo no pensaría que el escenario de tres puntos porcentuales asume que todo lo que se tiene ahí de dinero se va a colocar”, aclaró Pacheco.

Ante este panorama y considerando que los lentos procesos administrativos bancarios suelen trasladar los planes de inversión hacia el inicio del año siguiente, el economista concluye que no existen señales claras para pensar en una reactivación inmediata del crédito.

La discusión sobre los centros de datos no debería reducirse a una competencia por conseguir el proyecto más grande. Tampoco cabe elegir entre aceptar cualquier iniciativa o renunciar por completo a esta industria. La tarea es construir una estrategia que permita seleccionar inversiones compatibles con nuestras capacidades, ampliar esas capacidades y convertir la infraestructura digital en una plataforma de desarrollo productivo.

La experiencia de Intel ofrece una referencia, pero no una garantía. Su llegada posicionó al país como destino de operaciones tecnológicas. Sin embargo, ningún centro de datos reproducirá ese efecto por el solo hecho de instalarse aquí. El impacto dependerá de los servicios, proveedores, conocimientos y actividades empresariales que se desarrollen a su alrededor. Confundir el monto de una inversión con su aporte al desarrollo sería un error de política pública.

Estos proyectos requieren mucho capital y electricidad, pero relativamente pocos trabajadores durante su operación. Por eso, la evaluación no puede limitarse al número de empleos directos ni al valor de los edificios y equipos. Debe considerar la formación de talento, las compras a proveedores nacionales, el acceso a capacidades tecnológicas, la atracción de otras empresas y el retorno fiscal neto de los incentivos. Lo decisivo es cuánto valor permanece en el país.

El Gobierno debe definir dónde puede competir Costa Rica. No todos los centros de datos tienen las mismas necesidades ni todas las actividades vinculadas con la IA exigen idéntica infraestructura. Conviene examinar distintas escalas y segmentos, incluidos los servicios que utilizan modelos ya entrenados. La selección debe responder a estudios técnicos, económicos y ambientales, no a la fascinación por el tamaño de un proyecto o por la novedad de una tecnología.

La energía es central en esa decisión. Una matriz renovable es una ventaja, pero no garantiza electricidad disponible, competitiva y entregable en cualquier ubicación. Se necesitan generación, transmisión, conexiones oportunas y reglas contractuales previsibles. Antes de comprometer suministro para grandes consumidores, las autoridades deben identificar las inversiones requeridas, sus plazos y quién asumirá sus costos. La expansión tecnológica no debe descansar en subsidios ocultos ni perjudicar a los demás usuarios.

Deben precisarse las condiciones ambientales. La disponibilidad de agua, las tecnologías de enfriamiento y las características del territorio tienen que evaluarse desde el inicio. Agilizar trámites significa eliminar duplicidades y ofrecer criterios claros; no debilitar controles ni relegar la participación comunitaria. La sostenibilidad debe demostrarse con información verificable, no presumirse a partir de la reputación ambiental de Costa Rica.

El proyecto anunciado en Limón evidencia la necesidad de ordenar esta discusión. Una iniciativa particular no puede sustituir una política nacional ni obligar al Estado a improvisar condiciones para hacerla viable. Las autoridades deben distinguir entre una propuesta, una inversión confirmada y un proyecto autorizado. Esa precisión protege a las comunidades y la credibilidad del país.

Procomer, las autoridades energéticas, las instituciones ambientales y el sistema educativo deben trabajar sobre una hoja de ruta común. Esa coordinación necesita responsables, metas, plazos y rendición de cuentas. Debe incluir conectividad redundante, talento especializado y oportunidades para proveedores locales. También debe publicar los criterios utilizados para priorizar proyectos y evaluar sus beneficios frente a los recursos comprometidos.

Costa Rica no debe observar pasivamente esta transformación, pero tampoco necesita atraer cualquier inversión a cualquier costo. La ambición correcta es aprovechar la infraestructura de IA para ampliar nuestra capacidad de producir conocimiento, servicios y tecnología. Primero tenemos que definir como país el lugar que queremos ocupar en esa economía; después, atraer las inversiones que permitan construirlo.

La atracción de este tipo de operaciones cobra relevancia en un contexto de menor dinamismo de la IED mundial en varias industrias, marcado por incertidumbre geopolítica y comercial, incluidas las nuevas tensiones arancelarias de Estados Unidos.

Asimismo, sería estratégica para el país ante un panorama donde el sector de servicios en régimen especial de zona franca cede, abriendo las posibilidades para nuevos ciclos de instalación de empresas, esta vez en industrias tecnológicas que marcarán la pauta en las próximas décadas.

Sin embargo, la expansión también enfrenta resistencia por sus impactos sobre las comunidades. Los centros de datos pueden generar actividad económica, principalmente durante la construcción, pero emplean relativamente pocas personas en su operación. Para Costa Rica, la pregunta no es solo cómo atraerlos, sino qué beneficios dejarían y quién asumiría los costos de la infraestructura necesaria.

Hace pocas semanas, una publicación de la Municipalidad de Limón en redes sociales, en la que anunció la posibilidad de una inversión en infraestructura para IA en la provincia, avivó el debate sobre la capacidad de Costa Rica para atraer centros de datos de gran escala. El mensaje también generó dudas sobre la viabilidad del proyecto, su consumo de energía y agua, los eventuales beneficios para la economía local y las condiciones regulatorias y ambientales que tendría que cumplir.

Inversión que crece

La capacidad mundial de los centros de datos podría casi duplicarse hasta alcanzar 200 gigavatios (GW) en 2030, según JLL. La consultora proyecta inversiones de hasta $3 billones entre 2026 y 2030 y estima que las cargas de inteligencia artificial representarían la mitad de esa capacidad al final del período, frente a aproximadamente una cuarta parte en 2025.

Costa Rica participa desde una escala pequeña. La firma especializada DC Byte estima que el mercado nacional ronda los 20 megavatios (MW) de capacidad informática, incluida capacidad en etapas tempranas de desarrollo, y concentra su actividad en la Gran Área Metropolitana. En un análisis de septiembre de 2026, identifica potencial de expansión, pero prevé un crecimiento gradual, condicionado por la infraestructura eléctrica y la necesidad de asegurar grandes clientes para nuevos proyectos.

Por su parte, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Costa Rica (2024-2027) reconoce esta infraestructura como un pilar ineludible para el país. El documento oficial cataloga la promoción de “centros de datos eficientes” y “acelerados” como mecanismos tecnológicos habilitantes, los cuales son indispensables para soportar las crecientes demandas de procesamiento y el almacenamiento masivo de información.

Además, como respuesta directa a los retos ecológicos que supone el alto consumo eléctrico de estas operaciones, la estrategia gubernamental ordena, a través de su primer eje de acción, la creación de normas técnicas específicas que deberán exigir criterios obligatorios de sostenibilidad, eficiencia energética, resiliencia y un menor impacto ambiental para toda infraestructura de este tipo.

Representantes de la industria, por su parte, ven la oportunidad de generar con estos centros de datos un impacto similar al de la llegada de Intel en 1996, que colocó al país en el mapa de multinacionales que buscaban un destino para ampliar operaciones.

“Costa Rica ya tiene una experiencia histórica que puede servirnos como referencia, con la llegada de Intel”, dijo Adolfo Cruz, presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic). “Si el país quiere entrar seriamente en la carrera por atraer centros de datos e infraestructura de IA, debemos hacerlo con una visión estratégica y sistémica”.

Pero, para Cruz no se trata simplemente de ofrecer electricidad, aprobar permisos y esperar inversión. “Tenemos que preguntarnos qué valor queremos que dejen en el país”, advirtió.

“Costa Rica ya cuenta con varios factores que sostienen una base sólida para esta industria: proveedores certificados internacionalmente, buena conectividad submarina y un punto de intercambio de tráfico nacional robusto”, añadió Ana María Romero, gerente de asesoría de inversión de Cinde.

Los estudios de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) muestran que, pese al menor dinamismo de la IED global, el sector de comunicaciones concentra cerca de una cuarta parte de esos flujos. Este segmento incluye infraestructura crítica, como los centros de datos, y ha sido impulsado por la inteligencia artificial y la digitalización.

Pros y contras

La situación del centro de datos Quantum AI Free Zone Campus en Limón, cuyo avance enfrenta obstáculos ambientales y regulatorios que han puesto en duda su viabilidad, planteó varios desafíos ambientales: demanda de energía y agua, sistemas de enfriamiento ante las altas temperaturas y la humedad del Caribe e impacto en los sistemas ecológicos, además de interrogantes sobre el empleo permanente y los beneficios que quedarían en la provincia.

También dejó abierta la pregunta sobre si el país cuenta con las condiciones para aprovechar el auge de los centros de datos para IA, que requieren una mayor densidad de potencia por rack, lo que eleva las exigencias de suministro eléctrico y refrigeración.

Los centros de datos para IA requieren grandes volúmenes de electricidad, confiable y competitiva, además de conectividad a Internet de alta capacidad, infraestructura de enfriamiento compleja, redes de transmisión suficientes, talento especializado, regulación clara y proveedores técnicos especializados.

La construcción de data centers de IA, además, está generando conflictos. En Estados Unidos, el 18 de julio de 2026 se realizaron 142 protestas en 42 estados contra la expansión de centros de datos. Los organizadores reclamaron protección de los recursos naturales, transparencia en la aprobación de proyectos y beneficios verificables para las comunidades.

La resistencia también aparece en encuestas. Gallup encontró que 71% de los adultos estadounidenses se oponía a construir un centro de datos de IA en su zona.

Algunas preocupaciones tienen respaldo en evaluaciones públicas. La Comisión Conjunta de Auditoría y Revisión Legislativa de Virginia (JLARC) documentó en 2024 que el ruido continuo de baja frecuencia de ciertas instalaciones afectaba el bienestar reportado por vecinos, aunque rara vez infringía las ordenanzas y la mayoría de los centros no generaba quejas. También proyectó que la expansión de la demanda eléctrica elevaría costos para otros usuarios por las nuevas obras de generación y transmisión y la presión sobre los precios de la energía.

En el otro lado del Atlántico, la Unión Europea ya exige reportes anuales de energía, agua y eficiencia a los centros con una potencia instalada de equipos informáticos de al menos 500 kilovatios.

Uno de los puntos de crítica principal es que los centros de datos pueden generar bastante empleo durante la construcción, pero relativamente pocos puestos permanentes. Una evaluación pública también de Virginia señaló que un edificio típico podía requerir unos 1.500 trabajadores en el pico de la obra pero solo 50 durante la operación.

No obstante, los data centers sí pueden crear encadenamientos en construcción, ingeniería y mantenimiento. Un informe de KPMG para el Gobierno de Irlanda estimó que empresas irlandesas exportaron unos €2.100 millones en servicios de construcción tecnológica relacionados con centros de datos en Europa en 2024. Esos beneficios dependen de las capacidades de los proveedores locales: instalar un centro no garantiza, por sí solo, transferencia tecnológica ni un ecosistema de innovación.

Cruz considera que en ese encadenamiento está la clave para que la atracción de data center se considere un éxito.

“El objetivo no debería ser simplemente atraer un centro de datos de IA”, dijo Cruz, de Camtic. “Debería ser utilizar esa inversión como una plataforma para atraer y desarrollar una nueva capa de economía digital de alto valor agregado”.

Avances y pendientes

Si a Costa Rica le interesa constituirse en un destino de IED relacionada con centros de datos, el país ya tendría avances.

“En materia ambiental ya existen regulaciones de ruido, agua y evaluación ambiental”, dijo Cruz, de Camtic. “Lo que necesitamos es especializar los criterios técnicos para instalaciones que pueden consumir decenas o cientos de megavatios, con métricas claras sobre energía, agua, ruido y eficiencia”.

Los principales retos se encuentran en el campo energético: capacidad disponible para brindar mayor potencia en generación y transmisión, precio del kilovatio-hora y costo total, y calidad (limpia, predecible y entregable a escala). Se suman desafíos en mejoras en el tiempo de conexión, conectividad internacional redundante y talento especializado.

“El principal reto gira alrededor del costo al que esa energía puede ofrecerse a un consumidor industrial de gran tamaño”, resaltó Romero, de Cinde.

Pero el mismo Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) advirtió el pasado viernes 2 de octubre que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) requiere aumentar su capacidad para atender las necesidades de una economía en expansión, lo que implica recursos de gran volumen que no puede enfrentar solo, pese a una “cartera sólida de proyectos de generación, transmisión y distribución” y debido a la paralización de las inversiones.

“Costa Rica posee 3.624 megavatios de capacidad instalada”, detalló el ICE en su comunicado. “Sin embargo, los estudios de prospectiva hacia 2050 apuntan que se deben superar los 8.000 megavatios para atender los requerimientos nacionales. Esto conlleva incorporar más de 4.500 megavatios en cerca de dos décadas; es decir, mucho más del doble de la capacidad actual”. Como referencia, solo el data center anunciado para Limón consumiría unos 200 megavatios.

Costa Rica ya cuenta con varios factores que sostienen una base sólida para esta industria.

Ana María Romero, gerente de asesoría de inversión de Cinde

Costa Rica posee condiciones favorables para atraer IED en tecnologías en la nube, pero debe fortalecer la capacitación digital, la colaboración público privada y la innovación y así poder consolidar a este país como un HUB tecnológico y potenciar su competitividad en la región

Estudio publicado por Ulacit

En materia ambiental, Costa Rica cuenta con la fortaleza de una matriz eléctrica mayoritariamente renovable. Sin embargo, faltan reglas y lineamientos técnicos específicos sobre el uso de agua para enfriamiento, así como incentivos o exigencias para adoptar tecnologías que reduzcan ese consumo.

Como referencia, el proyecto anunciado para Limón requeriría alrededor de 350 litros de agua por segundo para enfriamiento, según la información disponible sobre la iniciativa.

También se requieren reglas más claras y trámites más ágiles, sin debilitar la evaluación ambiental ni la participación de las comunidades.

Otro punto por definir es si Costa Rica buscará atraer infraestructura para entrenar modelos de IA o para inferencia, es decir, utilizar modelos ya entrenados. JLL proyecta que las cargas de inferencia podrían superar a las de entrenamiento como principal requerimiento de infraestructura de IA en 2027. Sin embargo, eso no garantiza un menor consumo eléctrico: este dependerá de los modelos, los equipos y el volumen de tareas que procese cada instalación.

Un estudio publicado por Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) sobre las condiciones necesarias para atraer data centers convencionales ya apuntaba a varios factores a mejorar.

“Costa Rica posee condiciones favorables para atraer IED en tecnologías en la nube, pero debe fortalecer la capacitación digital, la colaboración público privada y la innovación y así poder consolidar a este país como un hub tecnológico y potenciar su competitividad en la región”, señalan sus autores: Esteban Hernández Chaves, Oscar Vallejo, Maridyn McDonald Carnegie y Roberto Zúñiga.

Los investigadores señalaron que el país ofrece oportunidades de IED para ese tipo de centros de datos debido a diversas condiciones favorables, como infraestructura energética renovable, estabilidad política, calidad institucional y ubicación estratégica.

Al mismo tiempo, advirtieron que hay riesgos estructurales que condicionan el despliegue: saturación de la infraestructura eléctrica, competencia por el uso del suelo, exposición a situaciones climáticas, tiempos de conexión a la red, restricciones en la capacidad de transmisión e incertidumbre regulatoria.

El estudio apuntó, asimismo, a fortalecer la planificación territorial, formar talento especializado, impulsar zonas económicas especiales enfocadas en TI (con incentivos para instalación de infraestructura y de proveedores) y contar con políticas de gestión de riesgos y marcos ambientales robustos, altamente predecibles y alineados a la necesidad de la economía digital.

Esto posibilitaría “que la expansión de la infraestructura digital sea sostenible, resiliente y compatible con las necesidades de las comunidades locales”.

Todo esto debe articularse en una estrategia pública clara que incluya a un protagonista clave. “Cada vez es más determinante que exista un proceso transparente con las comunidades cercanas a este tipo de proyectos, de manera que el uso del agua, las tecnologías para reducir ese consumo y los beneficios o impactos para los habitantes queden claros desde el inicio”, indicó Romero, de Cinde.

La oportunidad para Costa Rica dependerá de qué inversiones pueda abastecer y qué beneficios deje cada proyecto. El monto anunciado debe contrastarse con empleo permanente, compras nacionales, incentivos y costos de infraestructura, además de las condiciones de suministro eléctrico e hídrico. Sin ese balance, la escala de un campus no basta para establecer su beneficio neto para el país.

Rusia, que lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, ha intensificado sus ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas en los últimos meses, en tanto Kiev apunta contra refinerías de petróleo de Moscú.

“A partir de ahora, hay un CESE AL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!”, escribió Trump el domingo en su plataforma Truth Social.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aparentemente tomado por sorpresa, dijo al medio estadounidense Axios no tener conocimiento de un acuerdo así, mientras que Moscú no se ha pronunciado por el momento.

“El anuncio de la tregua fue una noticia para mí”, declaró Zelenski, aunque se dijo dispuesto a aceptarlo si Rusia hacía lo mismo.

“Estamos esperando detalles claros sobre el diálogo entre Estados Unidos y Rusia. Y que (el presidente ruso Vladimir) Putin haga lo que el presidente Trump ha dicho”, afirmó en su alocución diaria.

Siguen los ataques

Según Zelenski, los ataques rusos continuaron el domingo “con la misma intensidad” a pesar del anuncio de Trump.

“Los rusos bombardearon una planta energética en Kiev”, dijo en redes sociales. También señaló que se registraron ataques en otras instalaciones energéticas de la región oriental de Járkov.

“Y todo esto ocurrió después de que el presidente de Estados Unidos hiciera su comunicado sobre un cese al fuego energético”, puntualizó.

Amplios cortes de electricidad afectaron el domingo a varios barrios de la capital ucraniana y el lunes habrá restricciones de suministro en varias regiones del país debido a los ataques rusos, anunció el operador nacional Ukrenergo.

Tres personas murieron en ataques rusos en Járkov, según el gobierno regional.

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que París apoya “sin reservas el llamamiento a una verdadera tregua energética”.

Pero “Rusia sigue rechazándola, intensificando incluso en estas últimas horas sus ataques contra las infraestructuras ucranianas”, observó.

Por su lado, el primer ministro británico Andy Burnham afirmó el domingo que su país respalda un “alto el fuego energético” sostenido en el conflicto entre Kiev y Moscú.

También el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo que expresó su firme apoyo a una “tregua energética” durante una llamada con Trump. Además, reiteró el pedido de Zelenski a que “cesen de inmediato todos los ataques contra la infraestructura energética y los civiles” por parte de Rusia.

“Nosotros decidimos”

Los ataques ucranianos contra las refinerías rusas, que Kiev califica como represalias justas frente a los bombardeos de Moscú, han indignado a Trump que el viernes hizo un anuncio sobre la compra de diésel ruso, acompañado de una flexibilización de las sanciones estadounidenses sobre Moscú.

Siete senadores de Estados Unidos cuestionaron este domingo la legalidad del acuerdo entre Washington y Moscú sobre el suministro de ese combustible.

“El Congreso prohibió explícitamente las importaciones de energía rusa en 2022”, dice el comunicado conjunto de los senadores.

Tras el alza de los precios del combustible en Estados Unidos desde el inicio de la guerra contra Irán a finales de febrero, el pacto sobre el diésel ruso es visto como una forma de aliviar a los consumidores estadounidenses antes de las elecciones legislativas de noviembre, cuando el partido Republicano de Trump corre el riesgo de perder el control del Congreso.

Trump arremetió de nuevo el sábado contra su par ucraniano y le reclamó elecciones, algo imposible en la situación actual, dado que rige la ley marcial.

“Con todo respeto al presidente Trump, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente”, respondió Zelenski en una entrevista emitida el domingo en el canal ABC.

Zelenski dijo varias veces que Ucrania podría organizar elecciones en caso de un alto el fuego de larga duración con Moscú.

“Díganle a Putin que nos conceda dos meses, 60 días de alto el fuego total, 60 días, y organizaremos elecciones”, declaró el domingo al canal ABC.

Rusia ha rechazado en varias ocasiones esta idea con el argumento de que una larga pausa permitiría al ejército ucraniano reforzarse.

Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento preventivo, instalación y reubicación de postes, así como extensión de líneas secundarias.

Entre las suspensiones previstas destaca una programada para el miércoles 14 de octubre en Pavas, donde se verán afectados 311 servicios eléctricos, la mayor cantidad registrada en una interrupción dentro del cronograma divulgado por la empresa.

Según la CNFL, este corte se realizará entre las 7:30 a. m. y las 10:30 a. m. y comprenderá el sector ubicado desde la esquina sureste de Yema Dorada hasta 500 metros al este, incluyendo casas de habitación.

Ese mismo día también se efectuarán trabajos en otro sector de Pavas, desde la esquina noreste de Yema Dorada hasta 500 metros al este, donde 230 servicios eléctricos permanecerán sin suministro entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m.

Ambas interrupciones responden a labores de reubicación de postes.

Lunes 12 de octubre: corte en Hospital, San José

Las suspensiones comenzarán el lunes 12 de octubre, en el distrito Hospital, en San José, donde se instalará un poste para un punto de entrega.

Los trabajos se desarrollarán entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. y afectarán 91 servicios eléctricos.

El corte abarcará el sector comprendido desde el Centro Corporativo Internacional, 200 metros al sur y 300 metros al este.

Entre los establecimientos incluidos figuran la torre B del Centro Corporativo Internacional, Jekins Pastri, Soda Mary, Novaconta, Verita Cafetería, Berry Café y Panadería Valladares, además de viviendas.

La Funeraria Jardines del Recuerdo queda excluida de la afectación.

Martes 13 de octubre: suspensiones en Pavas, Hatillo y Desamparados

Para el martes 13 de octubre, la CNFL programó tres interrupciones del suministro eléctrico.

La primera se realizará en Pavas, al suroeste del parque Las Placas, entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m., debido a trabajos de extensión de líneas secundarias.

Esta suspensión afectará 158 servicios eléctricos de viviendas del sector, sin incluir el centro de Pavas.

Ese mismo día, en Hatillo 2, se efectuarán labores de reubicación de postes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

El corte afectará 66 clientes ubicados 200 metros al norte de la esquina noreste del Liceo Roberto Brenes Mesén, incluyendo casas de habitación y Taller Charly.

El centro educativo no está incluido dentro de la suspensión.

También el 13 de octubre se realizará mantenimiento preventivo en San Rafael Arriba de Desamparados, específicamente desde el salón comunal, 100 metros al oeste, sobre calle Joaquín Gutiérrez.

La interrupción se extenderá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y afectará 14 servicios eléctricos, entre ellos el salón comunal, el Colegio Joaquín Gutiérrez Mangel y viviendas cercanas.

Miércoles 14 de octubre: dos cortes en Pavas

El miércoles 14 de octubre, la CNFL programó dos suspensiones del servicio eléctrico en sectores cercanos a Yema Dorada, en Pavas.

La primera se realizará entre las 7:30 a. m. y las 10:30 a. m. y afectará 311 servicios eléctricos.

El sector comprendido va desde la esquina sureste de Yema Dorada hasta 500 metros al este, incluyendo viviendas.

La segunda suspensión se extenderá entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m. y afectará 230 servicios eléctricos.

En este caso, los trabajos abarcarán desde la esquina noreste de Yema Dorada hasta 500 metros al este.

Ambas interrupciones se deben a trabajos de reubicación de postes.

Jueves 15 de octubre: cortes en Pavas y Río Azul

Las labores continuarán el jueves 15 de octubre, cuando se realizarán dos suspensiones adicionales.

En Santa Catalina de Pavas, la interrupción está prevista entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m. y afectará 158 servicios eléctricos por trabajos de extensión de líneas secundarias.

El sector comprende desde la iglesia Puerta La Hermosa, 50 metros al norte y 200 metros al sur.

Entre los sitios incluidos están la iglesia, Minisúper Centro Anita, Batidos Jungle Fruits, DTD Virtuality c.ri y casas de habitación.

La Escuela Santa Catalina de Sena no estará incluida en el corte.

En Río Azul de La Unión, Cartago, se realizará otra suspensión entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., debido a la reubicación de postes.

Los trabajos afectarán 89 clientes ubicados 200 metros al sur de la entrada a Linda Vista, principalmente viviendas.

Viernes 16 de octubre: suspensiones en Pavas y Santa Ana

Para el viernes 16 de octubre, la compañía programó una nueva interrupción en Pavas, desde la esquina sureste de Yema Dorada hasta 500 metros al este.

El corte afectará 126 servicios eléctricos entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m., como parte de trabajos de extensión de líneas secundarias.

Ese mismo viernes también se efectuará mantenimiento preventivo en Piedades de Santa Ana, específicamente a lo largo de calle Las Brisas, donde 47 servicios eléctricos permanecerán sin suministro entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m.

La suspensión incluye viviendas y la Escuela Sun Valley, aunque en el caso de este centro educativo la afectación corresponde únicamente al servicio asociado con el medidor 1336471.

Lunes 19 de octubre: corte en Porvenir de Desamparados

Finalmente, el lunes 19 de octubre, la CNFL realizará trabajos de mantenimiento preventivo en Porvenir de Desamparados, desde la iglesia católica hasta 200 metros al norte.

La interrupción está prevista entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. y afectará 70 servicios eléctricos, incluyendo Bar Restaurante Sien Jo y casas de habitación.

¿Cómo saber si su servicio eléctrico será afectado?

La CNFL dispone de una herramienta de consulta en su sitio web de suspensiones programadas, donde las personas usuarias pueden ingresar su número NISE para verificar si su servicio está incluido dentro de las interrupciones anunciadas.

La compañía advierte que quienes se encuentren en las cercanías de los sectores donde se realizarán los trabajos también podrían experimentar variaciones leves o interrupciones momentáneas del suministro eléctrico.

Por ello, se recomienda tomar las previsiones necesarias durante los horarios programados y proteger los equipos eléctricos sensibles ante posibles variaciones del servicio.

Si el segundo número es mayor que el primero, el resultado no debería sorprendernos: un reciente estudio ha confirmado que cada vez hablamos menos.

Una grabadora en el bolsillo

¿Cómo es posible saber cuántas palabras pronuncia alguien en un día? Preguntarle directamente a esa persona no sería demasiado acertado, desde luego, porque es un cálculo extremadamente difícil de hacer.

Pero hace más de veinticinco años, un equipo de psicólogos de la Universidad de Texas ideó una solución ingeniosa: la grabadora de activación electrónica (EAR, por sus siglas en inglés). Se trata de un pequeño dispositivo que una persona puede llevar encima durante varios días y que, sin que tenga que hacer nada, se enciende unos segundos cada cierto tiempo y capta el sonido ambiente.

Estas muestras de audio se pueden analizar, a posteriori, por un equipo de científicos para anotar si la persona estaba hablando y contar las palabras que pronunció. Así, con muestras cortas distribuidas a lo largo del día, se puede estimar el total. Hoy el sistema EAR ha evolucionado y es una aplicación que podemos tener en el propio móvil, pero la idea de fondo es la misma.

Esto puede traer a nuestra mente la sospecha de que los móviles o los altavoces inteligentes de casa nos escuchan, y el paralelismo es útil, aunque con dos diferencias críticas.

La primera es que, con sistemas como EAR, la persona ha dado su consentimiento y puede borrar cualquier fragmento antes de entregarlo. La segunda es que a los investigadores no les interesa lo que una persona dice, sino cuánto habla y con cuántas personas. Por utilizar un símil, podría entenderse como un podómetro de la conversación, que cuenta los pasos verbales (las palabras) sin juzgar hacia dónde caminamos.

Y precisamente porque estos sistemas llevan más de dos décadas siendo utilizados en numerosos estudios, ahora es posible observar si nuestra forma de hablar ha cambiado con el paso de los años.

Una sorpresa que nos deja mudos

Los autores de un estudio reciente decidieron revisar datos de varios estudios realizados a lo largo de más de una década con sistemas EAR, con más de 2.000 participantes de diferentes edades a quienes se había grabado el audio ambiental de su vida cotidiana.

Al contabilizar las palabras, algo no encajaba. La media del conjunto de los estudios era de unas 12.800 palabras habladas al día, claramente por debajo de las casi 16.000 que el mismo método había estimado en un trabajo publicado en Science en 2007.

Tras comprobar que no era un error de cálculo, los científicos exploraron cómo había cambiado el número de palabras dichas al día en función del año, y el resultado fue sorprendente. Entre 2005 y 2019 apareció una tendencia muy clara que mostraba que, cuanto más reciente era el estudio, menos palabras hablaban sus participantes.

Por cada año transcurrido, el modelo estimó unas 338 palabras menos al día. Parece una cantidad pequeña, pero equivale a más de 120.000 palabras menos a lo largo de un año entero. Cuando vemos esto con la perspectiva de todo el periodo analizado, la diferencia es enorme, ya que el modelo estimaba que en 2019 cada persona pronunciaba aproximadamente un 28% menos de palabras al día que en 2005.

Los jóvenes callan más… pero no son los únicos

Entre los menores de 25 años, el modelo estimó un descenso de 451 palabras diarias por cada año transcurrido, frente a 314 entre los mayores de 25. Aunque esto podría indicar que el uso del móvil y de las aplicaciones contribuye al cambio, no parece que la tecnología sea la única causa.

Tampoco la edad explica ni de lejos toda la caída. Estamos ante cambios estructurales en cómo nos reunimos y nos comunicamos hoy día que afectan a todo el mundo. Aunque todavía queda mucho trabajo científico por hacer, tenemos algunos sospechosos habituales, como el teletrabajo, las compras en línea, el ocio en soledad vinculado a una pantalla, o el auge de ciudades donde ya no se conoce al vecino. Parece que hablar se ha vuelto menos necesario.

¿Palabras perdidas?

Y aquí está la gran duda que no está resuelta. No sabemos si las conversaciones digitales están contribuyendo a la pérdida o, de alguna forma, la están compensando por otras vías. Puede que en 2026 no nos estemos comunicando menos, sino de otra manera.

En España, por ejemplo, se estima que enviamos o recibimos de media más de 5 audios al día, y la generación Z se sitúa a la cabeza con más de 7 notas de voz diarias. Esas son palabras habladas, sí, pero no son una conversación. Una nota de voz es un monólogo diferido, sin turnos, sin interrupciones, sin ajustar lo que decimos según cómo reacciona nuestro interlocutor en tiempo real. Es hablar sin conversar.

Ansiedad ante la conversación en directo

Los mensajes por escrito tampoco son un sustituto natural de la conversación. En otro estudio, a los participantes se les pidió que retomaran el contacto con alguien con quien años atrás habían mantenido una relación cercana. Dos de cada tres personas prefirieron escribir un mensaje por correo electrónico antes que llamar, porque pensaban que escuchar la voz del otro sería bastante más incómodo.

Pero cuando finalmente hablaron, comprobaron que la temida incomodidad que habían anticipado no aparecía. La llamada generó más conexión que el correo sin resultar más embarazosa. Ni siquiera exigió más tiempo. Huimos de la voz por un miedo que la evidencia no respalda.

Lo que se juega el vocabulario

Hay una dimensión que a quienes estudiamos el lenguaje nos preocupa especialmente. Gracias a los estudios masivos colaborativos en los que ha participado la Universidad Nebrija, con cerca de 170.000 hablantes nativos de 19 países, sabemos que un hispanohablante adulto reconoce de media unas 30.000 palabras. Pero el dato más revelador es cómo cambia esa cifra con la edad.

En contra de lo que muchos intuyen, el vocabulario no se marchita con los años. Más bien crece durante toda la vida. Nuestros mayores son el gran depósito léxico de la sociedad.

El vocabulario aumenta escuchando y usando palabras en contextos variados, con personas distintas, sobre temas distintos. Cada conversación con un fontanero, una farmacéutica o la vecina del cuarto nos expone a un léxico que puede ser distinto al de nuestros chats habituales, escritos a toda prisa, con emoticonos y abreviaturas. La conversación hablada es la cinta transportadora por la que el vocabulario viaja de una generación a otra.

Y aquí es donde los dos estudios principales se dan la mano de una forma inquietante. El grupo en el que el descenso es más pronunciado, los menores de 25 años, es precisamente aquel cuyo repertorio léxico todavía tiene mucho margen para crecer.

Si hablamos un 28% menos, y lo que hablamos se concentra en audios o mensajes enviados a los mismos contactos de siempre, la pregunta no es solo cuántas palabras utilizamos, sino cuántas palabras diferentes usamos y con quién. Si esa cinta transportadora circula menos y conecta siempre a las mismas personas, también disminuyen las oportunidades de que las palabras nuevas pasen de unos hablantes a otros.

Lo que 300 palabras pueden hacer

El dato más perturbador del estudio no es la cifra en sí, sino el contexto. Vivimos una epidemia de soledad, y hay vínculos claros entre la soledad y el empeoramiento de la salud, entre la cantidad de conversación diaria y el bienestar. Hablar con otras personas está relacionado con sentirnos más conectados y, a su vez, la conexión social está estrechamente vinculada a cómo de bien nos sentimos.

La buena noticia es que la receta es ridículamente barata. Trescientas palabras al día son una charla breve en el pasillo con un vecino o una compañera, un chiste que contamos en casa, o una respuesta un poco más larga a la manida pregunta “¿Qué tal?”. O, ya que estamos, una llamada de dos minutos en lugar del audio de dos minutos. El mismo tiempo, incluso tal vez las mismas palabras, pero con alguien al otro lado.

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Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

Por eso, Editorial Perfil, una importante empresa editorial latinoamericana con sede en Argentina —y propietaria de Perfil, el periódico del que soy director digital—, demandó recientemente a OpenAI, la propietaria de ChatGPT, y a Microsoft, el mayor accionista externo de la compañía, por el uso indebido de los contenidos periodísticos de Editorial Perfil en sus productos de IA. En la demanda por daños y perjuicios presentada ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial de Argentina, también acusamos a estas empresas de «competencia desleal»: en otras palabras, de abusar de su posición oligopólica en nuestro perjuicio.

Si bien Editorial Perfil es la primera empresa editorial en español que presenta una demanda por infracción de derechos de autor contra una firma de IA, sigue los pasos de The New York Times, que demandó a OpenAI y Microsoft por el mismo motivo a finales de 2023. El periódico brasileño Folha de São Paulo presentó un caso similar en 2025, que finalmente dio lugar a un acuerdo de licencia de contenidos a principios de este año, una vía que OpenAI también ha seguido con otras empresas editoriales, entre ellas PRISA, el conglomerado español al que pertenece El País.

Ya hemos pasado por esto: las plataformas dominantes de búsqueda y redes sociales también se beneficiaron de contenidos periodísticos protegidos por derechos de autor sin compartir siempre las ganancias. Los motores de búsqueda —como el modelo «gratuito» de Google— hicieron que los artículos periodísticos fueran muchísimo más accesibles al mostrarlos en sus páginas de resultados. Pero, pese a depender en gran medida de estos contenidos protegidos para aumentar sus ingresos publicitarios, Google no estaba obligado a compensar adecuadamente a las empresas de medios, que podían emplear a cientos de periodistas para producirlos. Es cierto que estos sistemas de distribución llevaban tráfico a los sitios web de los medios, pero las condiciones de competencia nunca fueron equitativas y favorecieron cada vez más a las empresas tecnológicas a medida que estas consolidaban su poder.

En la era de la IA, OpenAI y Anthropic —la propietaria de Claude—, así como los gigantes tecnológicos consolidados, como Google y Meta —la propietaria de Instagram y Facebook—, han intensificado enormemente esta dinámica. Los chatbots y otros productos empresariales de IA que han desarrollado a partir de modelos de lenguaje de gran tamaño cada vez más sofisticados responden directamente a las preguntas de los internautas, privando a los medios de comunicación del tráfico y de la oportunidad de mostrar anuncios o vender suscripciones a posibles lectores.

Estos modelos requirieron enormes cantidades de datos de entrenamiento, buena parte de los cuales eran materiales protegidos por derechos de autor extraídos ilegalmente de Internet. Anthropic llegó recientemente a un acuerdo para resolver una demanda colectiva en California y aceptó pagar $1.500 millones a autores de libros que alegaban que la empresa había descargado copias pirateadas de sus obras para entrenar a Claude. Y los modelos tienen una sed constante de más información, en particular de información actualizada sobre los acontecimientos de actualidad.

En Editorial Perfil hemos identificado múltiples casos en los que ChatGPT puede reproducir con detalle contenidos de nuestro archivo histórico. Hace lo mismo con las noticias en tiempo real e incluso invita a los usuarios a solicitar un resumen diario de noticias para evitar perder tiempo visitando varios sitios. Sortea fácilmente los muros de pago; cuando no encuentra un artículo en los propios sitios de Editorial Perfil, recurre a sitios que lo han reproducido ilegalmente. Los registros históricos de los servidores muestran que múltiples bots rastrean nuestros contenidos de manera constante, no solo los de OpenAI, sino también los de todas las demás empresas de IA.

Estos abusos flagrantes son evidentes para cualquiera que tenga sentido común. Las empresas de IA no solo roban contenidos, sino que también alientan a los usuarios a permanecer dentro de sus ecosistemas cerrados, convirtiendo Internet en un mercado oligopólico. Aun así, siguen intentando argumentar que hacen un «uso legítimo» de contenidos «disponibles públicamente». Para desgracia de OpenAI, la empresa ya ha reconocido el valor del periodismo mediante sus numerosos acuerdos de licencia. Anthropic, en cambio, ha evitado celebrar acuerdos de licencia de contenidos con organizaciones periodísticas.

La industria periodística está en crisis desde que la revolución digital trastocó su modelo de negocio hace más de dos décadas. Nunca surgió un modelo nuevo y más sostenible. Aunque quienes trabajamos en los medios no supimos prever cómo el auge de Internet lo cambiaría todo, intentamos reinventarnos una vez que esos cambios ya se habían producido. Pero el dominio oligopólico de las grandes tecnológicas nos ha impedido lograr avances reales, y la IA está agravando la crisis.

Una industria periodística diezmada es un mal resultado para todos. No solo daría lugar a una ciudadanía menos informada; también perjudicaría a las propias empresas de IA que parasitan sus contenidos, al cortarles una fuente importante de datos de entrenamiento. Si no se toman la molestia de actuar en defensa del interés público, al menos deberían velar por el suyo.

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Agustino Fontevecchia es director digital de Perfil, en Argentina.

“Costa Rica reúne muchas de las características que buscamos cuando entramos a un nuevo mercado: consumidores con una alta adopción digital, un sistema financiero desarrollado y familias que mantienen vínculos económicos importantes con Estados Unidos”, afirmó Manuel Godoy, cofundador y CEO de Félix.

Félix fue fundada en 2020 por Manuel Godoy y Bernardo García, enfocándose en ofrecer acceso a servicios financieros para la población de origen latinoamericano en EE. UU. y simplificar el envío de remesas a sus familias desde EE. UU. a América Latina. Pero su idea central es que los usuarios no tengan que descargar una aplicación móvil adicional.

Desde su fundación, esta empresa de servicios financieros (fintech) procesó más de $8.000 millones en transacciones para más de 6 millones de personas en 11 mercados de América Latina. La compañía reportó, además, un crecimiento interanual de más de 2,5 veces en sus ingresos.

Con sede en Miami, Félix cuenta con el respaldo de importantes firmas de capital de riesgo como Andreessen Horowitz, QED Investors, Castle Island Ventures, Switch Ventures, Contour Venture Partners y Endeavor Catalyst.

Recientemente obtuvo un nuevo financiamiento por $200 millones para acelerar su crecimiento, iniciar operaciones en nuevos mercados como Costa Rica y extender el servicio de remesas apoyándose en la app de mensajería instantánea WhatsApp. La firma ya había recaudado otros $100 millones.

En Costa Rica, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) indicó, ante una consulta de El Financiero, que, con base en la información disponible, Félix Pago presta el servicio de originación de las transferencias desde los EE. UU., donde se encuentra constituida.

Por tanto, según la Sugef, corresponde a las entidades financieras receptoras de los fondos transferidos “aplicar las medidas de debida diligencia requeridas”, incluyendo la verificación del origen de los recursos y el conocimiento de la actividad económica de sus clientes, de conformidad con la Ley sobre legitimación de capitales (N° 7786).

¿Cómo funciona?

El financiamiento obtenido por Félix, además de la expansión, también le permitió desarrollar una interfaz conversacional denominada Cognitive Financial Companion, la cual se apoya en tecnología de inteligencia artificial y permite el envío de remesas a través de WhatsApp.

Así, los costarricenses residentes en EE. UU. podrán enviar dinero a familiares en Costa Rica mediante una conversación en esa aplicación, sin necesidad de ninguna otra aplicación. El ingreso al país es motivado por el nivel de digitalización y bancarización local.

“La llegada de Félix se produce en un mercado con una alta adopción de servicios financieros digitales y en el que las remesas continúan formando parte de los vínculos económicos entre los costarricenses que viven en el exterior y sus familias en el país”, indicó la compañía en un comunicado.

Para enviar el dinero, el usuario inicia una conversación con Félix en WhatsApp, selecciona Costa Rica como destino, indica cuánto desea enviar y proporciona los datos de la persona beneficiaria.

Los usuarios que envían dinero desde EE. UU. disponen de dos modalidades principales de pago: tarjeta de débito o crédito y efectivo en comercios participantes en ese país.

El dinero puede recibirse directamente en cuentas bancarias de las principales entidades financieras del país, como el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica (BCR), BAC y Banco Popular, entre otras, según la firma.

Los beneficiarios también pueden optar por retirar el dinero en efectivo en sucursales bancarias habilitadas o en puntos de Teledólar.

Antes de completar la operación, el usuario puede consultar la tasa de cambio, la comisión y el monto exacto que recibirá su familiar. Si el beneficiario recibe el dinero en dólares, los depósitos en cuentas bancarias tienen una tarifa a partir de $2,99, mientras que los retiros en efectivo tienen un costo a partir de $4,98.

El servicio también cuenta con atención al cliente las 24 horas del día, los siete días de la semana.

“Nuestra apuesta es que enviar dinero a la familia pueda ser tan sencillo como enviar un mensaje. Costa Rica es un paso importante en nuestra expansión y queremos construir aquí una relación de largo plazo con nuestros usuarios”, dijo Godoy.

La elección de WhatsApp es un elemento central de la estrategia de esta fintech, pues la empresa busca llevar los servicios financieros a un espacio que los usuarios latinos ya utilizan habitualmente, en vez de exigirles que modifiquen la forma de interactuar digitalmente.

La entrada a Costa Rica coincide con una nueva etapa para Félix a través de la interfaz conversacional, con la que también se plantea construir una experiencia financiera multiproducto para la comunidad latina.

El objetivo de Félix, según la misma firma, es que la relación, que comienza con una remesa, se extienda progresivamente a otras necesidades financieras de los usuarios.

Como parte de esa estrategia, Félix prevé ampliar durante 2027 su oferta con productos de ahorro, crédito y débito, así como adelantos salariales y soluciones que permitan enviar dinero ahora y pagarlo posteriormente.

Para Félix, Costa Rica no será únicamente un nuevo destino para el envío de dinero, sino también uno de los mercados desde los cuales espera profundizar su presencia en América Latina durante esta nueva fase de expansión.

Entre los inmuebles disponibles figuran ocho propiedades con precios que van desde $29.943 hasta $193.700. Las opciones incluyen cinco lotes, dos casas y un apartamento, ubicados principalmente en la provincia de Alajuela, así como en San José.

Las propiedades presentan diferencias en sus dimensiones, características y condiciones de adquisición. Algunas cuentan con alternativas de financiamiento, mientras que otras deben comprarse de contado o exclusivamente mediante crédito del BAC.

Además, determinadas ofertas tienen como fecha límite el 15 de octubre de 2026, por lo que las personas interesadas deben revisar las condiciones específicas antes de presentar una propuesta de compra.

Lote en Labrador de San Mateo: $29.943

BAC ofrece un terreno residencial ubicado en Labrador de San Mateo, Alajuela, por $29.943, después de aplicar un descuento del 30% sobre su precio original de $42.775.

Se trata de un terreno sin construcciones, con topografía plana y una extensión de 1.450 metros cuadrados (m²). Aparece identificado con el número de finca 2-585706-000.

Según la información publicada por BAC, el inmueble tiene un impuesto trimestral aproximado de ₡12.405,80.

La ficha consultada no especifica la disponibilidad de servicios públicos, las condiciones particulares de financiamiento ni una fecha límite para presentar ofertas.

Lote en Quebradas de Atenas: $43.250

Otra de las propiedades disponibles es un terreno ubicado en Quebradas de Atenas, Alajuela, cuyo precio con descuento anunciado es de $43.250.

El inmueble tiene una extensión de 7.066,09 m², topografía irregular y clasificación residencial. Su número de finca es 2-336919-000.

La publicación anuncia un descuento del 35% y menciona un precio previo de $66.539. Sin embargo, en otro apartado de la ficha aparece un precio base de $59.295, por lo que existen diferencias entre los valores de referencia publicados.

El catálogo también consigna un cobro trimestral de ₡17.812,50, aunque la información consultada no identifica expresamente el concepto de ese monto.

No se detallan las condiciones particulares de financiamiento ni la disponibilidad de servicios públicos.

Casa en San Ignacio de Acosta: $52.518

BAC también ofrece una vivienda ubicada en San Ignacio de Acosta, San José, con un precio de $52.518, después de aplicar un descuento del 15% sobre su valor inicial de $61.785.

La propiedad se localiza 125 metros al norte y 400 metros al sureste de la iglesia de Potrerillos. Cuenta con un terreno de 200 m² y una construcción de 78,18 m².

La vivienda dispone de sala, comedor, cocina, tres dormitorios, servicios sanitarios, corredor, cochera y área de pilas. Está registrada bajo el número de finca 1-465035-000.

No obstante, el banco establece condiciones particulares para su adquisición. La venta es únicamente de contado, la persona compradora debe asumir los gastos de traspaso y el ingreso a la cochera se realiza mediante una servidumbre.

Además, la ficha incluye una advertencia que identifica el inmueble como “zona de riesgo CNE”, sin precisar el tipo de amenaza.

Las fotografías corresponden al momento en que el banco recibió la propiedad y la oferta está sujeta a valoración y aprobación de BAC.

La recepción de propuestas de compra estará disponible hasta el 15 de octubre de 2026.

Lote en Hacienda Vieja de Orotina: $63.570

En Hacienda Vieja de Orotina, Alajuela, se encuentra otro terreno residencial con un precio de $63.570, luego de una rebaja del 35% sobre su valor original de $97.801.

El lote tiene una extensión de 952,76 m², topografía regular y no registra construcciones. Está identificado con el número de finca 2-324135-000.

El catálogo señala impuestos trimestrales aproximados de ₡9.470,41 y anuncia una alternativa de financiamiento con cuotas desde $600 mensuales.

Sin embargo, la información consultada no precisa la prima, tasa de interés ni plazo utilizados para calcular esa mensualidad.

Lote en Florencia de San Carlos: $64.924

Otra de las propiedades disponibles es un terreno en Florencia de San Carlos, Alajuela, que tiene un precio con descuento de $64.924.

El valor original publicado es de $86.565, por lo que la entidad anuncia una reducción del 25%.

Se trata de un terreno residencial sin construcciones, de topografía plana, con una extensión de 1.018,03 m². Su número de finca es 2-349354-000.

BAC indica que los impuestos trimestrales aproximados ascienden a ₡40.141,05 y que existe una opción de financiamiento con cuotas desde $500 mensuales.

La ficha no detalla la prima, tasa de interés o plazo correspondiente a esa cuota, ni especifica la disponibilidad de servicios públicos.

Lote en Bosques de Tecal, San Mateo: $67.688

En el condominio Bosques de Tecal, ubicado en San Mateo de Alajuela, BAC comercializa el lote número 33 por $67.688.

El terreno tiene una superficie de 2.343,26 m², topografía plana y uso residencial. No registra construcciones y, según el anuncio, dispone de servicios de agua y electricidad.

La entidad también anuncia posibilidades de financiamiento con cuotas desde $470 mensuales.

En cuanto al descuento, la publicación presenta diferencias entre los valores consignados: menciona un precio previo de $96.697, un descuento del 35% y un precio final de $67.688.

Sin embargo, la diferencia entre el precio previo y el final equivale aproximadamente al 30%. En otro apartado también aparece un precio base de $81.194.

Por ello, aunque el precio final anunciado es de $67.688, el valor original y el porcentaje de descuento requieren confirmación con el banco.

La información disponible tampoco precisa la cuota condominal, los impuestos correspondientes ni las condiciones financieras utilizadas para calcular la mensualidad anunciada.

Apartamento en Campo Alto, San Rafael de Alajuela: $84.679

El catálogo también incluye un apartamento en el condominio Campo Alto, en San Rafael de Alajuela, cuyo precio es de $84.679, después de un descuento del 15% sobre el valor inicial de $99.623.

La propiedad corresponde a la filial 2-14, junto con el estacionamiento 2-14, y cuenta con un área total de 93,93 m² y 79,63 m² de construcción.

Su distribución incluye sala-comedor, cocina, área de pilas, balcón, oficina, dos dormitorios y dos baños.

Entre las amenidades del condominio se encuentran piscina, salón de eventos, ranchos para actividades de barbacoa, juegos infantiles y áreas verdes.

La cuota condominal publicada es de ₡84.500. Asimismo, BAC anuncia opciones de financiamiento con una prima del 20% y cuotas desde $600 mensuales, sin detallar la tasa de interés ni el plazo.

La oferta contempla cero gastos de avalúo, cero comisión bancaria y condiciones preferenciales de financiamiento. No obstante, la persona compradora debe asumir el traspaso y recibir el inmueble en su estado actual.

Las fotografías corresponden al momento en que el banco recibió la propiedad y la propuesta de compra queda sujeta a valoración y aprobación.

La recepción de ofertas estará abierta hasta el 15 de octubre de 2026.

Casa en Solpark 1, Santa Ana: $193.700

El catálogo también incluye una vivienda ubicada en el condominio Solpark 1, en Santa Ana, San José, con un precio de $193.700, luego de aplicar un descuento del 5% sobre su valor original de $203.895.

El inmueble corresponde a la filial 12 y tiene un terreno de 196 m², con 165,3 m² de construcción.

La vivienda cuenta con cochera para dos vehículos, sala, comedor, cocina, área de pilas, deck, sala de televisión y tres dormitorios.

El dormitorio principal dispone de baño privado y vestidor, mientras que la propiedad también incluye otro baño completo y medio baño.

Entre las amenidades del condominio destacan piscina, jacuzzi y rancho para actividades.

La cuota condominal es de ₡125.000 y BAC anuncia financiamiento con una prima del 20% y mensualidades desde $1.200.

Sin embargo, esta propiedad tiene una condición particular: su venta se realiza exclusivamente mediante crédito BAC.

El banco ofrece cero gastos de avalúo, cero comisión bancaria y condiciones preferenciales de financiamiento. La persona compradora deberá asumir el traspaso y aceptar la vivienda en el estado en que se encuentra.

Las fotografías corresponden al momento en que BAC recibió el inmueble y la oferta está sujeta a valoración y aprobación de la entidad.

La fecha límite para presentar propuestas es el 15 de octubre de 2026.

¿Cómo consultar o presentar una oferta?

Las personas interesadas pueden revisar las propiedades disponibles mediante el portal de viviendas adjudicadas de BAC, donde se publican los precios, características y condiciones de los inmuebles.

Antes de presentar una propuesta, es importante verificar el estado físico y registral de la propiedad, los requisitos de financiamiento, las eventuales restricciones de compra y los gastos adicionales que deberá asumir la persona compradora.

En el caso de las propiedades con mensualidades anunciadas, las cuotas son referencias publicadas por el banco y no sustituyen una evaluación crediticia individual.

Para consultas sobre las propiedades, BAC facilita el correo electrónico ventadepropiedades@baccredomatic.cr.

La ciudad de Visakhapatnam, en el sureste de la India, fue elegida por Google para albergar lo que debe ser su mayor centro de datos fuera de Estados Unidos, con una potencia de un gigavatio.

La inversión prometida, unos $15.000 millones, fue acogida con los brazos abiertos por el primer ministro indio, Narendra Modi, decidido a colocar a su país de lleno en la carrera mundial por la inteligencia artificial.

Pero el proyecto está muy lejos de suscitar el entusiasmo de los lugareños.

Ecologistas y habitantes de la región de Vizag, como también suele llamarse esta ciudad, están preocupados por el impacto cotidiano del futuro centro de datos de Google y su consumo de agua y energía.

Los ambientalistas piden una moratoria en la construcción de este tipo de instalaciones, a la espera de evaluaciones independientes del impacto social y medioambiental.

También temen que el proyecto no traiga tantos trabajos como se promete.

“Estados Unidos tiene una costa inmensa, podrían haberlo establecido allí”, dice Gutta Rohith, del Foro de Derechos Humanos, una oenegé local. “¿Por qué vienen aquí?”.

“Ganas de llorar”

Vizag es el punto de entrada en la India de los cables de internet submarinos que conectan el país con Singapur. El emplazamiento del proyecto, que tiene una superficie equivalente a más de 340 canchas de fútbol, es por ello idóneo.

Google no es el único en haberse fijado en el interés de esta zona. El grupo estadounidense Digital Realty, conjuntamente con el conglomerado indio Reliance Industries y Brookfield, está invirtiendo $11.000 millones en otro centro de datos para entrenar modelos de IA en Vizag.

La lluvia de inversiones no termina de convencer a los residentes y algunos destacan que una de las tres parcelas elegidas por Google está junto a una reserva natural y otra al lado de una importante capa freática. Por ello han llevado el caso ante la justicia.

En el pueblo de Tarluvada, Chandala Sadamma, una campesina de 50 años, no esconde su indignación.

Según cuenta, nadie le dijo que el campo de 0,8 hectáreas donde cultivaba mangos y acayú (anacardo), que aceptó vender por algo más de $82.000, iría destinado a Google.

“Cuando miro esta tierra, me entran ganas de llorar”, dice mirando las excavadoras.

“Padecemos ya una escasez de agua”, observa Gubbala Ramanamma, una comerciante de 57 años, ante un pozo seco. “Y no sé cómo nos va a ir cuando el centro de Google esté operativo”.

“Hay civilizaciones enteras que han desaparecido por la escasez de agua”, apostilla por su lado E.A.S. Sarma, un ex funcionario, que exige que “una agencia independiente realice una auditoría completa” sobre el impacto medioambiental.

Compromisos

Google promete que no empleará agua para enfriar sus sistemas, sino un mecanismo “avanzado” de refrigeración por aire.

“La inversión en el centro de datos de IA es un compromiso para varias décadas”, lo que implica “la obligación de ser buenos vecinos”, declaró Alexander Smith, jefe de infraestructura y energía de Google para Asia-Pacífico.

“Eso significa que las reservas de agua, la red eléctrica y las comunidades que viven junto a nuestras instalaciones deben salir beneficiadas de nuestra presencia”, aseveró.

“En cuanto al agua consumida para necesidades no relacionadas con la refrigeración, Google se compromete para 2030 a compensar aportando el 120% del volumen que consumamos en nuestras operaciones”, añadió.

La empresa californiana invertirá además “en nuevos proyectos de energía limpia”, prometió el directivo.

Google afirma que su centro de datos tendrá un impacto de $688 millones en la economía local cada año y permitirá crear 4.200 trabajos en la fase de construcción. El centro debe estar operativo para 2028.

El gobierno de Andhra Pradesh espera la creación en total de “188.000 empleos directos e indirectos”.

El estado espera poner en pie además seis plantas nucleares, de una potencia de 1,2 gigavatios, para satisfacer la ingente demanda energética en el territorio.

La parte cúspide del aria, donde la cantante debe alcanzar notas extremadamente agudas, es la prueba de supremo virtuosismo, demandante de un nivel de precisión, control y agudeza en la voz, que bordea lo sobrehumano. Entre las interpretaciones magistrales de esta aria se señala a la soprano eslovaca Edita Gruberová, la italiana Luciana Serra, o la surcoreana Sumi Jo. Esta última puede escucharse en este enlace: https://music.youtube.com/watch?v=IpdY4KporMg

Vale recordar que el genio de Mozart compuso esta ópera casi al final de su vida (35 años), y estrenada bajo su dirección el 30 de setiembre de 1791, dos meses antes de su muerte.

Pero volviendo al aria en sí, y más allá de su cristalina belleza lírica, al analizar el texto topamos sorpresivamente con el otro extremo: el mensaje es el de un furibundo ataque de ira y venganza, el instante en que la Reina de la Noche pone un cuchillo en las manos de su hija, ordenándole asesinar a Sarastro, rival de la reina, bajo amenaza de maldición si no lo hace.

Curiosa contradicción entre armonía sonora y mensaje. La crueldad vestida de belleza. Pero no debería sorprendernos. Es parte de la paradoja humana. Una cosa es la forma, y otra el fondo. El envase que difiere del contenido.

Nos recuerda que nada debe escapar a la duda y el escrutinio. Que, si bien una imagen dice más que mil palabras, vivimos tiempos en que ni la imagen ni las palabras son confiables a la primera, ni a la segunda verificación. “Caras vemos, corazones no sabemos”, dice el refrán popular. Y el mismo Jesús hablaba de “lobos vestidos de oveja”, refiriéndose a los religiosos que, tras una apariencia de caridad y pureza, cargaban intenciones perversas.

Si bien esta precaución es menester tener en las relaciones humanas, cuanto más en las organizaciones, sean estas con fin de lucro o no, incluso aplicable a instituciones públicas y al propio Gobierno. Dada la naturaleza voluble, cambiante y maleable del ser humano, no podemos descansar en el ideal de la auto contención del individuo, aunque duela no admitir excepciones.

James Madison (1751–1836), uno de los denominados padres fundadores de Estados Unidos, y su cuarto presidente, al referirse a la institucionalización del Estado, decía que “la república es una desconfianza organizada”.

No debe basarse en la fe ciega ni la divinización del individuo. Por eso las normas, procedimientos, controles, pesos y contrapesos deben atravesar la organización. Lo mismo aplica al entorno empresarial o de cualquier otra entidad.

Ahora bien, todo ese engranaje, esa densa estructura de normas, controles y procedimientos, también debe estar en continua revisión y adaptación al entorno cambiante de las cosas. Más allá de las personas, los procesos deben someterse a simulaciones y pruebas, a auditoría de procesos. La revisión sistemática debe llevar a comprobar si las normas, políticas y procedimientos se ejecutan de manera eficiente, si alcanzan sus objetivos, o si son proclives a errores y riesgos. Entonces actualizarlos para volver a reencauzar su propósito original. Muchas veces, por muchos años, olvidamos este diagnóstico, hasta que el riesgo se convierte en siniestro.

Mucho antes que Mozart y el aria la Reina de la Noche, la mitología griega nos legó la leyenda de las sirenas. Con su canto atraían a los marineros, para acercarlos y luego destruirlos. No en vano la expresión “cantos de sirena” se refiere a promesas o propuestas que parecen atractivas, pero que ocultan riesgos o engaños. Existen en las relaciones humanas, en los negocios, las empresas y hasta en la conducción del Estado.

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El autor es economista.

Según el más reciente Informe Global de Difusión de IA (segundo trimestre 2026) de Microsoft, el 29,7% de las personas de entre 15 y 64 años en Costa Rica utilizó IA generativa en junio de 2026. Con esta medida de adopción, el país lidera América Latina y el Caribe.

Esa incorporación abre una nueva etapa de la conversación, en la que podemos empezar a mirar cómo este uso cada vez más extendido puede traducirse en mayor productividad, nuevas capacidades e innovación para Costa Rica.

Durante los últimos años hemos hablado mucho sobre el potencial de la IA y hoy ya lo vemos de manera más concreta, precisamente porque esas posibilidades empiezan a aparecer en actividades que forman parte de nuestro día a día. Los líderes podemos acompañar este camino escuchando a nuestros equipos y eligiendo tareas en las que la IA pueda aportar valor. También es importante plantear un rediseño de la operación y los procesos, poniendo a la IA al centro, como motor de crecimiento. Una pyme, por ejemplo, podría probarla para atender consultas de sus clientes, revisar la calidad de las respuestas y medir el tiempo ahorrado. Aprender de una prueba concreta permite ajustar y avanzar con confianza.

La formación es clave para que esa experiencia sea óptima en su productividad e impacto. Practicar con tareas reales, contrastar respuestas y hacer trabajo en una forma nueva y diferente. Dar tiempo y espacio para aprender permite que cada persona aporte su experiencia y explore el potencial.

La confianza también se construye con reglas o parámetros claros: proteger los datos, definir qué información compartir y acordar cuándo se necesita revisión humana. Así, los equipos pueden innovar con mayor seguridad y control. Esta oportunidad crece cuando más personas pueden participar. Acercar la formación a pequeñas empresas y a quienes tienen menos acceso a ella puede abrir puertas a nuevas oportunidades, ideas y proyectos. La colaboración entre empresas, centros educativos y comunidades puede ayudarnos a ampliar ese alcance.

Costa Rica tiene ante sí una oportunidad que invita a sumar esfuerzos. Con las personas en el centro, poniendo a la IA en el centro de la ambición humana, podemos convertir el interés por la IA en aprendizaje, confianza, impacto y soluciones innovadoras y útiles para el país.

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Directora de Soluciones de Inteligencia Artificial para Latinoamérica y el Caribe de Microsoft.

“Recientemente, durante unas revisiones, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado en una fase muy temprana y está bien localizado”, aseguró el papa, de 71 años, al término de la oración del ángelus.

“Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, añadió en la plaza de San Pedro.

“La intervención ya está programada para los próximos días”, dijo el jefe de los 1.400 millones de católicos del mundo semanas antes de una gira por América Latina.

La oficina de prensa del Vaticano precisó que el papa necesitará aproximadamente una semana para recuperarse de la operación.

No han especificado si la intervención modificará la agenda internacional del papa estadounidense, que tiene previsto viajar del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

Antes de anunciar la operación, León XIV saludó al final del rezo del ángelus a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros de Roma, una de las asociaciones católicas peruanas más importantes.

“Gracias por vuestras oraciones”

“Gracias por vuestras oraciones con motivo de la visita pastoral que realizaré a Perú”, declaró el papa, dando a entender que el viaje se mantiene.

Robert Prevost nació en Chicago pero pasó más de 20 años en Perú, país del que también tiene la nacionalidad.

En mayo de 2025 se convirtió en el primer papa estadounidense tras el fallecimiento de su predecesor argentino, Francisco, el 21 de abril de 2025 a los 88 años.

Francisco pasó varias semanas en el hospital Gemelli de Roma, donde tradicionalmente acuden los papas para recibir tratamiento médico.

Más discreto que su predecesor, Robert Francis Prevost se ha impuesto como líder con un estilo propio. Alza la voz a favor de los migrantes y en contra de las guerras y ha advertido de los peligros de la inteligencia artificial.

Después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto contra Irán en febrero, el papa ha criticado una y otra vez este conflicto.

Condenó la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de destruir la república islámica.

Trump arremetió contra el pontífice, a quien ha calificado de “débil frente a la delincuencia y pésimo en política exterior”, a lo que León XIV respondió diciendo que tenía el “deber moral de alzar la voz”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, salió entonces en su defensa y este domingo le expresó su “solidaridad personal, así como la del Gobierno italiano, ante la prueba a la que se enfrentará en los próximos días”.

“La serenidad y la tranquilidad con las que ha hablado de ello durante el ángelus de hoy nos tranquilizan”, añadió Meloni en un comunicado.

Es el primer susto de salud para el papa León XIV tras dieciséis meses a un ritmo vertiginoso pese a que él intenta mantener un equilibrio con su vida privada.

Es aficionado al tenis y a la natación y dedica los martes, su día de descanso semanal en Castel Gandolfo, a actividades deportivas, a llamadas privadas y a la lectura.

Así lo proyecta Gonzalo Troncoso, Managing Director & Partner de Boston Consulting Group (BCG), líder de la práctica de Pagos y Fintech para Latinoamérica, quien expuso estas tendencias durante una mesa redonda virtual organizada este 9 de octubre como parte del lanzamiento del reporte Global Payments 2026.

Según la presentación, el crecimiento de los ingresos transaccionales en la región —vinculados a operaciones como pagos con tarjetas y transferencias— pasaría de 12% a 8% anual. En los ingresos no transaccionales, que incluyen componentes asociados a saldos y determinados productos financieros, la tasa bajaría de 16% a 7%. No obstante, se trata de una desaceleración, no de una caída de los ingresos.

Troncoso atribuyó esa pérdida de impulso principalmente a la reducción de las tasas de interés en los bancos centrales, que afecta los ingresos asociados a los saldos de los clientes, y a la presión competitiva y regulatoria sobre las comisiones del negocio de pagos.

Más oportunidades para los pioneros

Frente a ese panorama, la IA ofrece oportunidades en ambos lados del negocio: puede impulsar los ingresos mediante una mejor personalización de ofertas y mayores conversiones de ventas, así como disminuir los gastos en áreas como atención al cliente, detección de fraude y cobranza. De hecho, la presentación mencionó reducciones de hasta 30% en costos operacionales y de servicios, y de hasta 40% en falsos positivos en la detección de fraude.

“Hay oportunidades reales a partir de la IA, tanto en ingresos como en costos, y eso es lo que está haciendo que aumente la utilidad de las empresas que lo están implementando de manera correcta”, afirmó Troncoso.

Sin embargo, la ventaja no sería igual para todos ni necesariamente permanente. El ejecutivo señaló que los pioneros podrían capturar mayores beneficios, mientras que la mejora de utilidades podría moderarse a entre 10% y 15% en el largo plazo, conforme más competidores incorporen estas tecnologías.

Para obtener resultados, recomendó concentrarse en pocas iniciativas de alto valor, transformar procesos completos y medir rigurosamente su impacto. El desafío para las empresas de pagos será convertir esa mayor eficiencia en una ventaja competitiva, en un mercado que continuará en expansión, pero a menor velocidad.

La transformación también podría llegar a las operaciones cotidianas de los usuarios: el líder señaló que los agentes de IA podrían automatizar tareas como transferir dinero a familiares o pagar las cuentas del hogar. Sin embargo, implementar estas funciones requiere controles para evitar errores, fraudes y problemas de seguridad.

La actividad incluye 10 vehículos de marcas como MG, Geely, Chery, SsangYong, Citroën, Renault y DFM, correspondientes a modelos de años entre 2014 y 2024. Las fichas publicadas indican descuentos sobre sus precios de referencia, aunque uno de los porcentajes requiere confirmación.

La subasta se desarrollará en el Parque Empresarial del Este, edificio B3, en Calle Blancos, de 9:00 a. m. a 5:30 p. m. durante ambos días.

BAC aclara que los precios publicados son de referencia y que las personas interesadas pueden presentar ofertas por montos menores o mayores. Además, advierte que los vehículos se venden en sus condiciones actuales y sin garantía, por lo que recomienda verificar su estado antes de ofertar.

Chery Tiggo 2 Pro 2023: oferta mínima de $3.523

BAC subastará un Chery Tiggo 2 Pro 2023, placa BXT078, cuyo precio de referencia es de $5.986.

El vehículo cuenta con un descuento publicado del 35%, mientras que la oferta mínima establecida es de $3.523.

La unidad utiliza gasolina, tiene un motor de 1.500 c.c., transmisión manual y capacidad para cinco pasajeros.

El kilometraje no se distingue en la ficha consultada. La unidad cuenta con marchamo 2026.

En cuanto a su estado, BAC advierte que presenta golpes y raspones en la carrocería, además de una tapa golpeada.

La entidad también señala que el vehículo no enciende y presenta problemas mecánicos, condiciones que deberán considerar las personas interesadas antes de presentar una oferta.

La fecha de revisión técnica vehicular indicada en la ficha corresponde a agosto de 2026.

MG 3 Cross 2014: oferta mínima de $3.684

Otra de las unidades es un MG 3 Cross 2014, con una oferta mínima de $3.684.

El vehículo tiene un precio de referencia de $5.667 y un descuento publicado del 35%.

Utiliza gasolina, cuenta con un motor de 1.500 c.c., transmisión manual y capacidad para cinco pasajeros.

Su kilometraje registrado es de 46.443 kilómetros y la ficha señala que cuenta con marchamo 2026.

BAC lo describe como un vehículo en buen estado general, aunque presenta golpes y rayones en diferentes partes de la carrocería.

La fecha de revisión técnica vehicular indicada corresponde a febrero de 2021.

Chery Tiggo 2 Sport 2023: oferta mínima de $4.077

BAC también incluye un Chery Tiggo 2 Sport 2023, identificado con el número 2353.

El vehículo tiene un precio de referencia de $6.272, un descuento publicado del 35% y una oferta mínima de $4.077.

Cuenta con motor de gasolina de 1.500 c.c., transmisión manual y capacidad para cinco pasajeros.

La ficha registra 208.903 kilómetros, una de las cifras más elevadas entre las unidades publicadas.

BAC describe su estado general como regular y señala que presenta golpes y raspones en la carrocería.

Además, advierte que el kilometraje es muy alto y que el vehículo requiere mantenimiento.

La unidad tiene marchamo 2026 y una fecha de revisión técnica vehicular indicada para agosto de 2026.

SsangYong Korando 2018: oferta mínima de $4.322

El catálogo incluye un SsangYong Korando 2018, placa BPQ772, con un precio de referencia de $5.353.

La oferta mínima publicada para esta unidad es de $4.322.

Este SUV utiliza gasolina, tiene motor de 1.998 c.c., transmisión automática y capacidad para cinco pasajeros.

El kilometraje registrado es de 191.599 kilómetros.

BAC califica su estado general como regular y señala que presenta kilometraje alto, golpes y raspones en la carrocería.

La ficha también advierte que al vehículo le cuesta mucho encender, por lo que su condición mecánica constituye un aspecto importante para las personas interesadas.

El marchamo indicado corresponde a 2025 y la fecha de revisión técnica vehicular a febrero de 2025.

Geely GX3 2020: oferta mínima de $4.523

Otra unidad disponible es un Geely GX3 2020, placa BSW927, cuyo precio de referencia es de $6.958.

El vehículo tiene un descuento publicado del 35% y una oferta mínima de $4.523.

Cuenta con motor de gasolina de 1.500 c.c., transmisión manual y capacidad para cinco personas.

Su kilometraje registrado es de 77.083 kilómetros, mientras que el marchamo corresponde a 2026.

En cuanto a su condición, BAC señala que se encuentra en estado general regular y presenta golpes y raspones en la carrocería.

La publicación también indica que el clutch está en mal estado.

La fecha de revisión técnica vehicular indicada corresponde a julio de 2025.

SsangYong Korando 2017: oferta mínima de $5.171

BAC también ofrece un SsangYong Korando 2017, identificado con el número 2228.

La unidad tiene un precio de referencia de $7.956, un descuento publicado del 35% y una oferta mínima de $5.171.

Se trata de un SUV con motor diésel de 1.998 c.c., transmisión automática y capacidad para cinco pasajeros.

El kilometraje registrado es de 145.179 kilómetros.

La entidad describe el vehículo como de buen estado general, aunque señala que presenta golpes y raspones en la carrocería.

Cuenta con marchamo 2026 y una fecha de revisión técnica vehicular indicada para octubre de 2026.

Citroën C3 2020: oferta mínima de $5.368

Otra de las opciones es un Citroën C3 2020, identificado con el número 2286.

Su precio de referencia es de $8.259, con un descuento publicado del 35% y una oferta mínima de $5.368.

El automóvil utiliza diésel, tiene motor de 1.560 c.c., transmisión manual y capacidad para siete pasajeros, según la información suministrada de la ficha de BAC.

Registra 176.971 kilómetros y cuenta con marchamo 2026.

La entidad señala que se encuentra en buen estado general, aunque presenta raspones normales en la carrocería.

La fecha de revisión técnica vehicular indicada corresponde a octubre de 2025.

Chery Tiggo 2 Pro 2024: oferta mínima de $6.434

Entre las unidades más recientes se encuentra un Chery Tiggo 2 Pro 2024, placa BYP719, con un precio de referencia de $9.899,10.

La unidad tiene un descuento publicado del 35% y una oferta mínima de $6.434.

Cuenta con motor de gasolina de 1.500 c.c., transmisión automática y capacidad para cinco pasajeros.

Su kilometraje registrado es de 54.912 kilómetros.

BAC indica que el vehículo se encuentra en buen estado general, aunque presenta golpes y raspones en la carrocería.

La ficha señala que cuenta con marchamo 2026 y una fecha de revisión técnica vehicular indicada para septiembre de 2025.

DFM Nano Box 2024: oferta mínima de $6.679

La subasta también incluye un DFM Nano Box 2024, un vehículo eléctrico identificado con el número 2361.

El precio de referencia publicado es de $10.276, con un descuento del 35% y una oferta mínima de $6.679.

La unidad es de propulsión eléctrica, cuenta con transmisión automática y tiene capacidad para cinco pasajeros.

Registra 20.938 kilómetros, el menor kilometraje entre las 10 unidades detalladas.

BAC describe su estado general como bueno, aunque presenta golpes y raspones en la carrocería.

El vehículo cuenta con marchamo 2026 y una fecha de revisión técnica vehicular indicada para agosto de 2026.

Renault Stepway 2023: oferta mínima de $6.737

BAC también subastará un Renault Stepway 2023, placa BYM867, cuyo precio de referencia es de $10.364.

El vehículo cuenta con un descuento publicado del 35% y una oferta mínima de $6.737.

Utiliza gasolina, tiene motor de 1.600 c.c., transmisión automática y capacidad para cinco personas.

La unidad registra 129.441 kilómetros y tiene marchamo 2026.

En cuanto a su condición, BAC señala que presenta un estado general regular, con golpes importantes en la carrocería.

La fecha de revisión técnica vehicular indicada corresponde a julio de 2027.

¿Cómo participar en la subasta de vehículos de BAC?

La subasta se realizará el viernes 16 y sábado 17 de octubre de 2026, entre las 9:00 a. m. y las 5:30 p. m., en el Parque Empresarial del Este, edificio B3, ubicado en Calle Blancos.

De acuerdo con las condiciones publicadas por BAC, las ofertas deberán presentarse de manera presencial durante los días de la subasta.

Las personas interesadas deberán registrar previamente su participación mediante el formulario correspondiente y presentar su código de seguimiento en el lugar de la actividad. También podrán completar el formulario directamente en el sitio.

La entidad explica que los precios publicados son montos de referencia y que las ofertas pueden realizarse por cantidades menores o mayores.

Asimismo, BAC advierte que todos los vehículos se venden en las condiciones en que se encuentran, por lo que es importante inspeccionar su estado antes de presentar una oferta.

La entidad también aclara que ningún vehículo cuenta con garantía una vez formalizada la compra.

Elegí ir hasta el Cristo de Sabanilla, a 10 kilómetros desde mi casa. Ida y vuelta y cumplía con la meta.

Al regresar, cerca del parque de Sabanilla, pasé por la urbanización donde viví poco más de un año allá en 1989. En ese tiempo buscaba trabajo tras mi etapa universitaria.

Mientras salía algo, realizaba trabajos esporádicos. Un amigo preparaba su tesis de doctorado en la Universidad de Costa Rica y realizaba entrevistas a pintores y otros especialistas en artes. Luego me pasaba los cassettes.

Mi tarea era transcribir cada cassette. Yo iba escuchando cada frase y la iba mecanografiando en una máquina de escribir portátil, la misma que utilicé en el curso de tecnología en el colegio unos ocho años antes. Me pagaba por página.

Más tarde, en el 2000, volví a trabajar como freelancer. Cada lunes en la mañana me presentaba en las oficinas de El Financiero con un diskette. Ahí llevaba los artículos que entregaba a la editora de negocios de entonces. Eran los tiempos cuando tener celular o Internet era un sueño.

A mediados de ese año, el 2000, tenía que entregar varios artículos para el primer suplemento de tecnología del periódico.

El 25 de julio, mientras se celebraba la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, estaba yo en un café Internet cerca de la Universidad Nacional enviando mis artículos desde mi cuenta de Latinmail.

Esta etapa acabó cuando en octubre de ese año pasé a formar parte de la planilla del periódico.

Otros diez años después, otra vez como freelancer tras un año y medio de experiencia como editor en una revista regional de tecnología, estaba a cargo de artículos gerenciales y de las historias de la sección de Pymes de El Financiero.

Ahora tenía ingreso a una plataforma que, en ese momento, se me antojaba muy parecida a WordPress y en la que se subía el material.

Lo hacía desde mi apartamento en Heredia, cerca de donde estuvieron los cafés Internet del 2000. Pero esta vez, a finales del 2011, ya tenía un enlace a Internet por módem de cable. Esta etapa concluyó a principios del 2012, cuando ingresé a un puesto de editor digital en Grupo Nación.

La transición tecnológica en todos esos casos en que estuve de freelancer no fue difícil. Tampoco era ciencia cuántica. La evolución no se detendrá y lo que viene sí se parece a ciencia avanzada.

El futuro del trabajo remoto y del trabajo freelance se encamina hacia otra serie de cambios.

En la actualidad, las tendencias apuntan a una combinación de inteligencia artificial (IA), especialización profesional, contratación global, trabajo por resultados y creación de ingresos recurrentes.

Si usted piensa en construir una carrera sostenible a largo plazo como freelancer, ya no basta con trabajar desde cualquier lugar: hay que ofrecer habilidades difíciles de sustituir.

Veamos.

La principal prioridad es dominar las plataformas de IA para programar, investigar, diseñar, escribir, analizar datos, atender clientes y automatizar tareas personales, procesos, flujos de trabajo, análisis y consultoría de implementación.

Esto incluye poder automatizar algunas tareas básicas, como gestión de agenda, apuntes o minutas de reuniones, registro de ingresos y gastos. Tome en cuenta que la IA y los agentes de IA requieren algunas medidas de seguridad para que su información no entrene a los modelos de las grandes firmas y tampoco vaya a salir su información financiera en un chat colectivo, como le ocurrió a un ejecutivo en EE. UU.

La prioridad que le sigue: especializarse. Los profesionales generalistas se enfrentan a más competencia en servicios fáciles de estandarizar. Una especialidad que resuelva un problema concreto puede diferenciarle.

Por ejemplo, sabemos que abundan las personas con título y habilidades de mercadeo digital. Entonces, si usted está en este campo, deberá especializarse en mercadeo, publicidad y gestión de plataformas para clínicas.

También puede especializarse en análisis de datos para comercios o en automatización para pequeñas empresas.

Otras especializaciones pueden ser: ciberseguridad, analítica, estrategia de IA o automatización. La digitalización y automatización con IA aumenta la necesidad de proteger sistemas, administrar información y mejorar operaciones.

Estas áreas pueden ofrecer barreras de entrada mayores que los servicios digitales más básicos, algunas requieren actualizarse con un curso sencillo y otras exigen una mayor formación metodológica y técnica.

Una tendencia adicional es la contratación internacional por habilidades. Las empresas suelen contratar talento de otros países para proyectos, contratos temporales o puestos remotos permanentes.

Para quienes vivimos en América Latina, trabajar con clientes de Estados Unidos, Canadá o Europa es normal, pero se debe considerar la competencia, los impuestos, los pagos y las restricciones de contratación.

Todo eso exige mejorar el inglés profesional, aprender a colaborar entre zonas horarias y presentar un portafolio que demuestre resultados.

La razón es sencilla: los freelancers se contratan basados en resultados, no en horas. Cada vez le pedirán que usted desarrolle una solución completa (apoyándose en las herramientas de IA) en lugar de pagar únicamente por el tiempo invertido.

Pero evite errores comunes que le pueden costar caro, como los que les comentamos hace unos meses en un artículo aparte.

Esto implica que usted deberá ofrecer paquetes definidos, proyectos con entregables, auditorías especializadas y contratos de mantenimiento mensual.

Por ejemplo, en vez de cobrar por actualizar una página web, ofrezca un servicio mensual que incluya mantenimiento, mejoras de conversión y reportes.

En línea con lo anterior, los freelancers están diversificando sus ingresos con productos digitales e ingresos recurrentes: plantillas, cursos, asesorías grupales, licencias, boletines especializados o pequeños productos de software.

Aquí es necesario convertir conocimientos en recursos reutilizables, además de promocionarlos en redes sociales y actualizarlos. No olvide la atención al cliente.

Para todo esto, usted deberá aprender a administrar el tiempo, a comunicarse por escrito y a evitar el agotamiento.

Priorice empresas que evalúen resultados, documenten los procesos, le permitan trabajar sin reuniones constantes y le ayuden a diversificar sus ingresos.

¿Y pensar que, hace unos años, se podía trabajar como freelance con solo una computadora, unos programas informáticos básicos (el Word, sobre todo) y cumpliendo estrictamente los plazos de entrega?

El 8 de octubre, 52 diputados respaldaron una investigación cuyo alcance supera al detenido, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong. El órgano examinará posibles nexos entre personas sospechosas o detenidas por narcotráfico y legitimación de capitales, partidos políticos y financiamiento electoral. Incluirá las campañas de 2022 y 2026 y tendrá seis meses para desarrollar su trabajo.

Ese desenlace resume la transformación política del caso. Una captura coordinada con autoridades estadounidenses derivó en preguntas sobre el acceso a espacios del oficialismo, respuestas de distintos integrantes de Pueblo Soberano y una disputa parlamentaria por definir qué investigar. Las fotografías no demuestran por sí solas relaciones ilícitas, pero sí colocaron sobre la mesa preguntas de responsabilidad política que las negativas generales no resuelven.

Una captura que dio otra relevancia a las imágenes

Tam Zhang, ciudadano de origen chino naturalizado costarricense, fue detenido el 2 de octubre a solicitud de Estados Unidos. Según la información de la DEA citada por el Ministerio Público, estaría relacionado con los cárteles de Sinaloa y del Golfo, en México, y con el Clan del Golfo, en Colombia. Las autoridades también lo vinculan con el uso de criptoactivos para movilizar fondos relacionados con actividades ilícitas.

La dimensión política apareció con la difusión de una fotografía junto a Pilar Cisneros, exdiputada y asesora de comunicación del Gobierno, durante la celebración del triunfo electoral de Laura Fernández, el 1.° de febrero, en el Hotel Aurola. Según la información de La Nación, Tam estuvo en salones reservados para autoridades partidarias, integrantes de campaña e invitados especiales, cuyo acceso requería invitación y controles de seguridad.

La distinción entre un espacio abierto a simpatizantes y un salón de acceso restringido es central. La fotografía permite establecer que Tam y Cisneros coincidieron y posaron juntos; no permite determinar la naturaleza de una relación. El ingreso a un recinto reservado, en cambio, plantea una pregunta organizativa verificable: quién autorizó o facilitó su presencia.

Cisneros negó conocerlo y explicó que durante aquella noche se tomó fotografías con numerosas personas. También trasladó al partido la responsabilidad de aclarar quién lo invitó, con referencias específicas a Mayuli Ortega, presidenta del PPSO, y a Freddy González, secretario general de la agrupación.

La controversia dejó entonces de depender únicamente de lo que mostraba una imagen. Comenzó a girar alrededor de los procedimientos de invitación y de la distribución de responsabilidades dentro de la campaña.

Las negativas y las explicaciones pendientes

El 5 de octubre, la presidenta Laura Fernández afirmó que no conocía a Tam, que no se había reunido con él y que desconocía qué hacía en la celebración electoral. También indicó que investigaría las circunstancias de su presencia.

Mayuli Ortega negó cualquier relación personal o partidaria con el detenido y sostuvo que las actividades de campaña no eran organizadas directamente por Pueblo Soberano, sino por el comando de campaña. Posteriormente, anunció ante el plenario legislativo una investigación interna para determinar cómo ingresó Tam a los espacios exclusivos para invitados.

El PPSO también respondió en el terreno financiero. Según el documento de su Tesorería, la revisión de los registros de la campaña de 2026 no encontró donaciones en efectivo o especie, contratos, transferencias, contribuciones ni otras operaciones bajo los nombres Zhang Guobin, Guobin Tam Zhang o Juan Carlos Tam Cheong.

Otros encuentros ampliaron las preguntas

La controversia adquirió otra dimensión cuando trascendió que Alexander Astorga, tesorero del PPSO y jefe de despacho de Fernández, estuvo en una fiesta de cumpleaños en Casa China a la que también asistió Tam. La actividad se realizó el 4 de setiembre y correspondía al cumpleaños de Kathleen Quirós, identificada por La Nación como pareja del detenido.

Astorga explicó que acudió por invitación de Quirós, que no sabía que Tam estaría presente y que ella se lo presentó al llegar. También aseguró que no tuvo contacto con él antes ni después de la fiesta. La Nación reportó, además, que Freddy González, quien inicialmente había negado conocer a Tam, terminó reconociendo que sí lo conocía.

La disputa por el alcance de la comisión

El traslado del caso a la Asamblea Legislativa no produjo un acuerdo inmediato sobre qué investigar. El oficialismo rechazó una propuesta del PLN enfocada en Tam y en las circunstancias de su ingreso a la celebración electoral. Esa moción recibió 29 votos en contra y 23 a favor. Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO, argumentó que una comisión con ese objeto no sería “pareja”.

La propuesta finalmente aprobada amplió el campo de investigación a posibles relaciones entre personas investigadas por narcotráfico o legitimación de capitales, agrupaciones políticas, funcionarios y otras instituciones del Estado. También incorporó el financiamiento de las dos últimas campañas.

La diferencia tiene consecuencias políticas. Una investigación centrada en Tam colocaba el foco inmediato sobre Pueblo Soberano y sus explicaciones. El mandato más amplio incorpora otros casos y partidos, por lo que distribuye el escrutinio más allá del oficialismo.

La comisión tendrá nueve integrantes: cinco del PPSO, dos del PLN, uno del Frente Amplio y uno de las bancadas unipersonales. La presidenta legislativa, Yara Jiménez, anunció su instalación para el 27 de octubre, fecha a partir de la cual empezaría a correr el plazo de seis meses.

El oficialismo contará, por tanto, con mayoría en el órgano encargado de examinar un caso que lo involucra en el debate público. Esa composición no anticipa las conclusiones, pero vuelve relevante observar cómo se definirá la agenda, a quiénes se convocará y qué documentación se solicitará.

La prueba de la comisión será pasar de las fotografías a la documentación. Su aporte dependerá de esclarecer quién invitó a Tam, qué relaciones mantuvo y si esas relaciones tuvieron alguna dimensión económica o institucional.

Durante la jornada, que se extendió por casi siete horas, Fernández escuchó posiciones favorables y contrarias al acuerdo. Al cierre, sostuvo que no considera conveniente descartarlo de inmediato, debido a los beneficios que algunos sectores identifican en el acceso a nuevos mercados.

“Me inclino a que el diálogo continúe”, afirmó la mandataria en una intervención difundida por Presidencia. Fernández agregó que el país merece seguir conversando sobre el acuerdo antes de tomar una decisión.

Más análisis antes de la firma

La presidenta instruyó al Ministerio de Comercio Exterior (Comex), con apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a profundizar en las ventajas, los riesgos y las posibles medidas de compensación para actividades productivas que puedan resultar afectadas.

La mandataria reconoció que existen sectores que ven oportunidades para exportar, mientras otros expresan dudas sobre su capacidad para competir con productos provenientes de nuevos mercados. El análisis continuará mediante mesas de trabajo amplias y técnicas.

Fernández ubicó la siguiente decisión en noviembre. “Entre el 23 y el 27 de noviembre, Comex tendrá que firmar o no este acuerdo, para después continuar el diálogo en la Asamblea Legislativa”, manifestó.

Cuestionamientos a la negociación anterior

Durante la reunión, Fernández también cuestionó la forma en que se condujo la negociación durante la administración anterior de Comex.

“Durante la negociación de este acuerdo comercial faltó cercanía, faltó diálogo e, incluso, hubo opacidad por parte de Comex en el periodo pasado”, afirmó la presidenta.

La negociación se inició durante el gobierno de Rodrigo Chaves, cuando Manuel Tovar encabezaba Comercio Exterior. Chaves, ahora ministro de Hacienda y de la Presidencia, participó en la reunión del viernes, al igual que la actual ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

Trejos expuso los alcances del acuerdo y posteriormente las organizaciones presentaron sus posiciones, según la reconstrucción del encuentro publicada por La Nación. A la cita fueron convocadas 46 organizaciones del sector productivo. En las afueras de Casa Presidencial, representantes del sector agropecuario se manifestaron contra la adhesión.

Una negociación concluida, pero pendiente de firma

La revisión anunciada por Fernández ocurre después de que la negociación para incorporar a Costa Rica al CPTPP concluyera en mayo. El país quedó pendiente de la firma del documento y de su posterior envío a la Asamblea Legislativa. Por tanto, el cierre de la negociación no significó que el acuerdo ya estuviera aprobado para Costa Rica.

El bloque reúne a 12 economías: Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam, Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur. Costa Rica ya mantiene acuerdos comerciales con parte de sus integrantes; la adhesión abriría nuevas relaciones de libre comercio con Japón, Nueva Zelanda, Brunéi, Australia, Vietnam y Malasia.

Al graduarse, se dio cuenta de que le gustaba crear mobiliario a escala. Aprendió aprovechando que su padre, Rolando Herrera, tenía un taller detrás de la casa donde practicaba ebanistería en sus horas libres.

“Con mi papá, empecé a entender cómo se construían las cosas con madera”, dice Alonso.

Su primera pieza fue una mesa de centro, para la cual le solicitó apoyo a su padre y a un soldador, Jorge Perón, para los soportes de metal. La vendió a un consultorio de psicología infantil. Los pedidos empezaron a llegar y contrató a un soldador más.

Cuando los familiares y las amistades lo buscaban, preguntaban si estaba “en la bodega”. Uno de los contratos abrió nuevas posibilidades.

El arquitecto Jean Paul Garnier, integrante de Garnier Arquitectos, lo contactó para que fabricara las puertas y el mobiliario para 40 personas (incluyendo archiveros y mesas de trabajo) de sus oficinas en el Centro Corporativo Lindora.

Así surgieron otros proyectos con presupuestos de mayor escala. Uno de ellos fue la fabricación de mostradores y mobiliario para una cadena de tiendas de té. El mayor desafío fue ganar la confianza de las compañías.

Fue cuando buscó ayuda para la producción de contenidos que promovieran la empresa, a la que bautizó como Bodega Design, y conoció a Ann Alfaro.

Ann es de Candelaria de Naranjo, ubicada en la antigua ruta a San Ramón. Cumplió la primaria en la escuela República de Colombia y la secundaria en el Colegio Experimental de Naranjo. Quería estudiar comunicación en la Universidad de Costa Rica (UCR), pero le faltó un punto para ser admitida.

Como le encanta la literatura, ingresó a esta carrera en la Universidad Nacional, en Heredia, hasta que se trasladó a la UCR, siguió y se graduó en producción audiovisual.

Junto con una compañera, creó una productora de videoclips y documentales experimentales, y a finales de 2017 participaron en un evento en el Cine Magaly.

Alonso, que presentaba ahí sus productos, se acercó y le solicitó producir un vídeo para Bodega Design. Se hicieron novios.

Durante el año siguiente, ella trabajó en la agencia publicitaria Noice como copywriter para la cuenta de la firma tecnológica china Huawei. Cuando Double Digits absorbió a Noice, aceptó integrarse a Bodega Design.

Crecimiento

El reto mutuo era vivir del diseño con una empresa rentable y sostenible. La propuesta era enfocarse en la fabricación de mobiliario con identidad propia, basado en un proceso que iniciaba en la investigación y la creatividad local.

Optaron por una estética contemporánea con colores vibrantes (más de 15 opciones), formas depuradas y elementos simples, centrándose en lo esencial y eliminando lo superfluo. Su enfoque es generar espacios interiores a partir del mobiliario.

Es su fórmula para distinguirse en un mercado dominado por lo convencional. “Hemos trabajado para construir una marca capaz de competir en mercados internacionales”, dice Ann.

Alonso creó la colección de muebles; Ann creó la tienda en Internet, la presencia en Instagram y el catálogo comercial; y trasladaron el taller a San Antonio de Desamparados. La empresa quedó estructurada en el momento justo.

Al año siguiente, en 2020, aumentó la demanda de mobiliario entre personas que pasaron de la noche a la mañana al trabajo remoto. Los pedidos llegaban de Tres Ríos, Curridabat, Barrio Dent, Escazú, Lindora, Nunciatura y Rohrmoser, entre otros sitios.

La demanda se mantuvo y, en 2022, se abrió una sala de exhibición en Barrio Lourdes, Montes de Oca, donde se instaló un estudio y se realizaron talleres gratuitos.

El equipo se fortaleció con un diseñador de planta, un ingeniero y una asistente. Pero hubo que dar un paso atrás. El local quedaba escondido. Tuvieron que cerrarlo y reducir la planilla. La reestructuración dio resultados.

Afinaron el mobiliario, adquirieron maquinaria y mantuvieron una atención de estilo boutique, más personalizada, y cumplieron con las fechas de entrega, un hábito poco común en el gremio.

Con seis operarios en la producción, entre ellos Jorge, con Ann y Alonso en la gerencia y en la definición de los proyectos, y con la contratación externa de diversos servicios, como la contabilidad, la empresa aprovechó la demanda a nivel residencial y corporativo, incluyendo centros comerciales, restaurantes y hoteles.

Así surgieron los proyectos con el hotel Four Seasons (en la Península de Papagayo), Avenida Escazú y Plaza Real, Alajuela, para ofrecer espacios atractivos, una respuesta ante el cambio de hábitos de los consumidores por los hospedajes de lujo y los servicios de delivery.

Ahora la mirada está puesta en mercados que viven el auge inmobiliario, tanto en el país (Guanacaste) como en el exterior (Panamá), en este caso con el apoyo de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). No son los únicos cambios ante los cuales se preparan.

El ingreso de la cadena Ikea aumentará la competencia e impulsará también la demanda de mobiliario, tanto entre quienes se inclinan por precios asequibles como entre quienes prefieren lo artístico.

Ann y Alonso tienen la confianza generada por la respuesta de los clientes en Costa Rica, la capacidad de adaptación y la participación en eventos internacionales.

Bodega Design participó en el Milan Design Week (invitada por los organizadores en dos ocasiones seguidas) y en el Abierto del Diseño de México, como parte de la delegación del país convocada por la plataforma Design Week Costa Rica.

En agosto pasado, realizaron una exposición en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en San José.

Ambos reconocen que una empresa, consolidada como un estudio-taller, debe reinventarse en forma constante, mantener su propósito y cumplir tres principios básicos: la constancia, el compromiso y la pasión.

“Nos encanta lo que hemos logrado desde cero colones”, destaca Ann. “Nos encanta lo que logramos hacer en los lugares donde llevamos nuestras piezas. Vivir del diseño es retador, porque somos creativos y tuvimos que desarrollar las habilidades de negocio”.

“La gente cada vez más acepta que el diseño importa”, dice Alonso. “Lo que ofrecemos es muy personalizado (a pedido, no trabajamos con stock), con la idea de aportar a los espacios y al estilo de vida de las personas”.

Datos vitales

Empresa: Bodega Design.

Emprendedores: Ann Alfaro y Alonso Herrera.

Fundación: 2017.

Ubicación: taller en San Antonio de Desamparados.

Colaboradores: 6 internos y 9 externos (contabilidad, redes sociales y otros).

Categoría: mobiliario residencial y corporativo (tiendas, restaurantes, hoteles, oficinas y desarrolladoras inmobiliarias).

Catálogo: 50 productos que incluyen sillas, mesas, escritorios, estanterías, lámparas, percheros, camas, accesorios, objetos de decoración y mobiliario personalizado.

Precios: desde ¢25.000 (un toolbox) hasta ¢700.000 (una consola).

Por eso, antes de tomar la decisión, no basta con preguntarse si el salario alcanza para pagar el alquiler.

El análisis debe considerar cuánto costará mantener la vida cotidiana, cuánto dinero se necesita para instalarse y qué respaldo existe si los ingresos disminuyen o aparece un gasto inesperado.

Para Josué Rodríguez, economista y director de Sirú, es necesario analizar conjuntamente los gastos, el ahorro, las deudas, los ingresos y el patrimonio.

Una prueba útil consiste en ensayar durante tres meses cómo sería vivir por cuenta propia. Para ello, la persona puede calcular cuánto necesitaría para cubrir sus gastos y ahorrar la diferencia respecto de lo que gasta actualmente.

Si durante ese período resulta difícil sostener el ejercicio sin recurrir a deuda, probablemente sea necesario ajustar el plan antes de mudarse.

El ejercicio permite identificar un punto que suele perderse de vista: una persona puede tener ingresos suficientes para pagar un alquiler y, aun así, no tener capacidad financiera para vivir sola.

Como referencia, alquilar en Costa Rica puede costar entre $350 y $740 mensuales por un apartamento tipo estudio en algunos puntos alejados de la Gran Área Metropolitana (GAM). En puntos más céntricos puede costar entre $550 y $1.200. En zonas específicas de Escazú, Santa Ana y Tamarindo, por ejemplo, los rangos publicados son mayores y llegan hasta $2.200 por una casa.

¿Busca independizarse? Vivir solo en la GAM puede costarle al menos ¢410.000 mensuales

El monto sirve como referencia histórica, pero no debe interpretarse como el costo actual de independizarse.

Los precios de vivienda, alimentación, transporte y servicios cambian con el tiempo y también dependen de la zona y del estilo de vida de cada persona.

Su salario no determina si puede vivir solo

No existe un nivel de ingresos que, por sí mismo, garantice que una persona está preparada para independizarse.

“Dos personas con el mismo salario pueden tener posibilidades financieras muy diferentes si una tiene deudas, aporta económicamente a su familia o enfrenta mayores gastos de transporte”, explicó Rodríguez.

Por eso, el cálculo debe hacerse con el ingreso neto, es decir, el dinero que realmente recibe después de las deducciones.

Ese monto debe alcanzar para cubrir los gastos cotidianos, las obligaciones financieras y el ahorro, pero también debería dejar cierto margen para enfrentar situaciones que no estaban contempladas en el presupuesto.

Por ejemplo, si todos los compromisos mensuales suman ¢550.000 y la persona recibe exactamente ¢550.000, su presupuesto está demasiado ajustado, explicó el economista.

Puede funcionar mientras todo marche según lo previsto, pero una reparación del vehículo, una consulta médica, un gasto familiar o cualquier otro imprevisto podría obligarla a recurrir al crédito.

Si además los ingresos son variables, el presupuesto debería construirse tomando como referencia un mes conservador y no el mejor mes del año.

La pregunta, por tanto, no debería ser únicamente “¿cuánto gano?”, sino “¿cuánto de lo que gano queda disponible después de cubrir todas mis obligaciones?”

¿Cuánto debería pagar de alquiler?

Para Rodríguez, el alquiler debería representar entre un 25% y un 30% del ingreso neto.

Como orientación, una persona que recibe ¢800.000 al mes tendría un rango de entre ¢200.000 y ¢240.000 para el alquiler.

Pero ese porcentaje no garantiza, por sí mismo, que la vivienda sea financieramente sostenible.

La persona debe revisar cuánto dinero queda después de pagar el alquiler para cubrir alimentación, servicios, transporte, deudas, ahorro y demás obligaciones.

Si existen deudas importantes o responsabilidades económicas con familiares, posiblemente sea necesario buscar un alquiler menor.

Otra alternativa puede ser compartir vivienda, aunque esta decisión también implica valorar aspectos que van más allá del precio: pérdida de privacidad, convivencia y la necesidad de relacionarse con una persona ajena a la familia.

También es importante analizar conjuntamente vivienda y transporte.

Un apartamento más barato, pero ubicado muy lejos del lugar de trabajo, podría terminar siendo más costoso cuando se suman pasajes, combustible y el tiempo de desplazamiento.

Antes de firmar un contrato también conviene confirmar cuáles servicios, cuotas o gastos están incluidos en el alquiler y cuáles deberán pagarse por separado.

José Daniel Artavia, economista del Banco Nacional, aseguró que antes de alquilar la persona debe construir un presupuesto y separar cuánto dinero recibe cada mes y cuánto destinará a cada necesidad.

Además del alquiler o la cuota de una vivienda, recomienda considerar gastos como alimentación, transporte, servicios básicos, mobiliario, educación, salud y entretenimiento.

“También es necesario controlar aquellos gastos que pasan desapercibidos, como por ejemplo, las aplicaciones de entrega de alimentos, las suscripciones digitales, las compras impulsivas o pequeños gastos diarios pueden parecer insignificantes de manera individual, pero acumulados representan una parte importante del presupuesto mensual”, destacó.

El verdadero costo de independizarse aparece después de firmar el contrato

Uno de los errores más frecuentes al calcular el costo de independizarse es concentrarse únicamente en el alquiler.

En realidad, conviene elaborar dos presupuestos diferentes: uno para sostener la vida cotidiana y otro para instalarse.

El presupuesto de instalación puede incluir el depósito, el traslado y la compra de artículos como refrigeradora, cocina, lavadora, cama, mesa, utensilios, ropa de cama y artículos de limpieza.

Lo recomendable, según Rodríguez, es elaborar esa lista y cotizar antes de mudarse, tomando en cuenta qué bienes ya posee la persona y cuáles están incluidos en la vivienda.

Esto no significa que deba comprar todo inmediatamente.

Comprar todo de una sola vez, especialmente mediante crédito, puede comprometer durante meses un ingreso que también será necesario para alimentación, transporte, servicios y ahorro.

¿Cuánto debería ahorrar antes de mudarse?

Antes de independizarse, la persona debería contemplar tanto el costo de instalarse con lo esencial como una reserva para emergencias.

El riesgo aparece cuando la compra de muebles y electrodomésticos consume prácticamente todos los ahorros.

En ese escenario, la persona puede comenzar su nueva etapa con una vivienda equipada, pero con muy poco margen financiero.

Tampoco es necesario tener la casa completamente equipada desde el primer día.

La red de apoyo familiar y de amigos también puede utilizarse de manera organizada.

A veces las personas quieren ayudar y agradecen saber qué sería realmente útil. Recibir ese apoyo no tendría por qué ser motivo de vergüenza.

¿Se puede independizar sin fondo de emergencia?

Cuando la salida de casa puede planificarse, lo recomendable es formar una reserva antes de mudarse.

El motivo es sencillo: el alquiler, la alimentación y los servicios continúan siendo obligaciones aunque la persona pierda temporalmente sus ingresos o enfrente un gasto inesperado.

Una tarjeta de crédito puede financiar un faltante, pero ese dinero posteriormente tendrá que pagarse y podría convertirse en una deuda difícil de sostener.

Sin embargo, no todas las independizaciones ocurren en condiciones ideales.

Hay personas que necesitan salir de casa por razones de seguridad, convivencia o trabajo. En esos casos, el objetivo debe ser construir una transición financieramente viable.

Eso puede significar compartir vivienda, reducir el equipamiento inicial o establecer acuerdos concretos de apoyo.

Milagro Corrales, jefe de Relaciones Corporativas de Mucap, aseguró que se debe evitar tomar esta decisión sin tener un fondo de emergencia.

“Este dinero permitiría enfrentar situaciones como una reducción temporal de ingresos, una reparación inesperada, gastos médicos o cualquier otra situación extraordinaria sin tener que recurrir a préstamos o tarjetas de crédito para cubrir necesidades básicas. El fondo debe ser equivalente a entre tres y seis meses de gastos esenciales”, aseguró.

Estas son las señales de que todavía debería esperar

Hay señales que pueden indicar que una persona todavía no está financieramente preparada para vivir sola.

Una de ellas es necesitar endeudarse para cubrir gastos básicos incluso antes de mudarse.

También son alertas tener pagos atrasados, desconocer cuánto se gasta cada mes o necesitar ingresos extraordinarios para conseguir que el presupuesto cierre.

Otro riesgo es haber calculado únicamente el alquiler sin cotizar el equipamiento inicial, o pretender comprarlo todo a crédito sin incorporar las nuevas cuotas al presupuesto mensual.

Al final, independizarse no debería ser una carrera contra la edad ni una decisión tomada por presión social.

Cada persona parte de condiciones distintas. Lo importante es que la decisión responda a sus necesidades y posibilidades financieras y que, una vez dado el paso, pueda sostenerlo sin convertir la independencia en una nueva fuente de endeudamiento.