El reconocimiento —otorgado a organizaciones que representan valores como sostenibilidad, innovación, excelencia, progreso social y vínculo con el país— destaca el aporte de la empresa “en la construcción de un ecosistema de pagos más inclusivo, seguro y eficiente para todos los costarricenses, mediante soluciones que conectan personas, negocios e instituciones”.

EF conversó con la country manager de Mastercard para Costa Rica y Nicaragua, Kattia Montero, quien señaló que “al ser una empresa global hemos podido traer las mejores prácticas, expertos, tecnología y experiencia de otros mercados para adaptarlas a la realidad nacional y aprovechar así nuestra red mundial para atender las necesidades del país”.

“Fuimos pioneros en trabajar con entidades de gobierno para mostrar cómo se implementan estos modelos en otros mercados y cómo Costa Rica puede avanzar hacia un ecosistema de pagos digitales en sectores donde generar el mayor impacto”, agregó.

Transporte, PYMEs y turismo

Mastercard ha impulsado procesos de digitalización en sectores clave de la economía costarricense, como el transporte público, las PYMEs y el turismo.

En transporte, la empresa participó en la modernización de los pagos electrónicos y gracias a esa labor, actualmente más de 2.000 autobuses y todos los trenes aceptan pagos con tarjeta, celular o dispositivos inteligentes, lo que permite a los usuarios realizar transacciones más rápidas y reducir el uso de efectivo.

Además, se habilitó la tarjeta prepago Monedero SINPE-TP, que facilita el acceso a pagos digitales para población no bancarizada, disminuyendo las barreras de entrada.

En el segmento de PYMEs, por su parte, persisten las brechas relevantes que el trabajo de la marca con distintas organizaciones ha tratado de remediar.

Según indica la Encuesta de Inclusión Financiera y Pagos Digitales de la empresa (publicada en marzo de este año), el 72% de los costarricenses desea usar menos efectivo y el 91% considera que debería haber mayor aceptación de pagos digitales en comercios; pero solo el 27% de los pequeños negocios acepta estos métodos.

Esto evidencia que, aunque el país muestra avances en la digitalización bancaria, aún existen retos en adopción a nivel comercial.

“Ahí hay una brecha de aceptación en la que vamos a seguir trabajando”, dijo Montero.

Finalmente y en empresas turísticas, Mastercard ha trabajado con actores como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y Canatur para digitalizar la experiencia de los visitantes. Un ejemplo de ello es la plataforma Tico Treasures, que permite a más de 100 MIPYMEs del programa Artesanías con Identidad vender y exportar sus productos.

Estos avances le permitieron a Mastercard licenciarse Marca País con nota alta.

“Buscamos que las empresas del programa implementen prácticas reales en sostenibilidad en su operación diaria, por lo que evaluamos aspectos como economía circular y equidad de género”, explicó la directora de esencial Costa Rica, Adriana Acosta, al referirse a la calificación. “La incorporación de empresas globales como Mastercard fortalece su conexión con los ciudadanos y sus colaboradores”.

“Soy costarricense y he servido al país a lo largo de mi carrera. Es un honor representar a Mastercard en la recepción de este licenciamiento, resultado de años de trabajo y de un compromiso colaborativo con empresas y entidades públicas para impulsar una economía más digital e inclusiva”, concluyó Montero.

Artículo realizado con el apoyo de Mastercard. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.

Si usted anda buscando trabajo y vive en Cartago, esto le puede cambiar el panorama. Hay becas disponibles para capacitarse en pocos meses y entrar a una de las industrias que más empleo genera en el país.

Las oportunidades para conseguir trabajo en Cartago siguen creciendo y ahora hay una opción concreta para quienes no tienen empleo.

El Instituto TECNIA confirmó que extenderá durante todo el 2026 sus programas de formación técnica en la provincia, como parte del programa Empléate.

¿La razón? La alta demanda de personal en la industria médica, uno de los sectores que más trabajo genera en Costa Rica.

¿Busca trabajo? Harán feria con más de 40 empresas en Ciudad Colón

Actualmente, este sector suma más de 58.000 empleos directos a nivel nacional, impulsado en gran parte por empresas ubicadas en zonas francas, especialmente en Cartago, donde cada vez se necesita más personal capacitado.

¿Es mecánico? DEKRA busca personal y hará ferias de empleo en Heredia y San Carlos

Por eso, se están habilitando más de 70 cupos mensuales dirigidos a personas que no tienen trabajo y quieren capacitarse rápido.

Las becas están pensadas para mujeres entre 18 y 35 años y hombres entre 18 y 24 años. Los cursos duran entre dos y tres meses y se imparten de forma presencial en el centro de Cartago.

Pero no es solo estudiar

Quienes entren al programa reciben el 100% de la beca, además de apoyo para transporte, alimentación y acompañamiento para conseguir trabajo una vez que terminan.

¿Busca trabajo? Municipalidad de Santa Ana anuncia miniferia de empleo con varias vacantes

Este instituto en los últimos cinco años, más de 1.500 personas se han graduado de estos programas y cerca del 75% logró colocarse en el mercado laboral, muchos en cuestión de semanas.

Según explicó Alejandra Vargas, directora ejecutiva del instituto, la decisión de extender el programa responde a lo que están pidiendo las empresas.

“Debido a la creciente demanda de talento técnico por parte de las empresas, especialmente en Cartago, hemos decidido extender estos programas durante lo que resta del 2026, con el objetivo de que más personas puedan formarse y encontrar una oportunidad laboral en el menor tiempo posible”, señaló.

Aunque el enfoque principal está en Cartago, también hay programas en otras zonas del país en áreas como turismo, inglés, logística, servicio al cliente y procesos productivos.

Si le interesa, puede aplicar en el sitio web oficial tecnia.cr, escribir al correo info@tecnia.cr o llamar a los teléfonos 6087-4450 y 4002-1470 para más información.

Presentado por: IFX

Cuando un pago no pasa, una transferencia queda “en proceso” o una compra se queda a medias, el problema rara vez se entiende como lo que es: operación detenida. Se frena el servicio, se acumulan reclamos y se pierde algo difícil de recuperar: la confianza. En la práctica, cada interrupción también se traduce en costos: ventas que no se concretan, tiempos de atención que se disparan y reputación que se desgasta.

Lo que para el usuario es un clic o un “confirmado”, para el país es parte de un flujo económico que se mueve cada vez más por canales digitales. Esa escala ya se refleja en los números: la consultora Statista estima que el valor de las transacciones que se realizaron a través de e-commerce fueron de USD 1.802 millones en 2025 y las proyecciones indican una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) entre 8% entre 2025 y 2029; destacando el potencial del país para expandir su ecosistema digital.

Este crecimiento trae un tema clave: el riesgo operativo. Cuando la banca, el comercio y los servicios se mueven en canales digitales, una caída ya no es “un incidente de sistemas” y transforma en transacciones fallidas, clientes que no pueden comprar y servicios que dejan de responder. Ante dicha realidad, los centros de datos se convierten en infraestructura física crítica: donde operan equipos de cómputo, almacenamiento y redes que permiten que plataformas, transacciones y servicios digitales funcionen de forma permanente y estable.

“Los centros de datos son como las carreteras de la economía digital: no se ven cuando funcionan, pero cuando fallan el país se congestiona. Por ahí circulan pagos, compras, comunicaciones y operaciones de empresas; si esa ‘vía’ se interrumpe, no es un problema técnico, es productividad perdida”, destaca Diego Cardoza, Country Manager de IFX Codisa en Costa Rica

La importancia se vuelve más evidente en los momentos de mayor presión. Piense en una quincena, una campaña comercial o un evento masivo: miles de personas entran al mismo tiempo a aplicaciones bancarias, plataformas de compra o servicios de mensajería. Si la infraestructura no soporta la demanda, el usuario lo percibe de inmediato: lentitud, caídas, transacciones en “proceso” y canales intermitentes.

A partir de ahí, el rol de los centros de datos se materializa en tres frentes cotidianos. Primero, las transacciones financieras. Cada pago o transferencia activa verificaciones que deben completarse en segundos para que el usuario vea un “confirmado” claro y consistente. Cuando fallan, aparecen los síntomas conocidos: lentitud, canales intermitentes, con impacto inmediato en servicio y operación.

Luego está la comunicación digital, que muchas veces se da por sentada. Un mensaje de WhatsApp o Telegram no es solo “enviar”: implica entrega y sincronización a gran escala. Y el correo —todavía central para trabajo, comercio y trámites— requiere autenticación, enrutamiento, filtros y almacenamiento para que el mensaje salga, llegue y quede disponible desde cualquier dispositivo.

Finalmente, están los servicios digitales y el comercio electrónico: compras en línea, apps, streaming y videollamadas. En picos de demanda como quincenas, campañas comerciales y eventos en vivo, la infraestructura marca la diferencia entre un servicio estable y uno que se cae o se vuelve lento. Ahí es donde los centros de datos se vuelven una base silenciosa de competitividad: permiten que las empresas operen, vendan y atiendan con continuidad, incluso cuando el uso se dispara.

En la práctica, los centros de datos ya son parte de la infraestructura que sostiene la economía digital. A través de ellos transitan pagos, compras, comunicaciones y servicios que millones de personas usan a diario. En un país donde crecen las transacciones en línea y la dependencia de canales digitales, su operación deja de ser un asunto técnico y se convierte en un factor crítico de confianza.

Para más información visite: www.ifxnetworks.com.

Para

BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.

En una nota interna, la directora de recursos humanos, Janelle Gale, dijo que la decisión es parte de los esfuerzos de Meta para “gestionar la empresa de forma más eficiente y compensar las inversiones” del grupo, inmerso en la carrera del desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

A fines de diciembre Meta contaba con 78.865 empleados, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

En 2022, la empresa matriz de Facebook e Instagram inició su primera ronda de despidos, que afectó a 11.000 puestos de trabajo, seguida de una segunda ronda en marzo de 2023, que incluyó otros 10.000 recortes de empleo.

Entre finales de 2023 y finales de 2025, la plantilla de Meta creció en más de 11.000 empleados.

Si bien la inteligencia artificial no se mencionó como la razón de la reducción de personal anunciada el jueves, a finales de enero el director ejecutivo Mark Zuckerberg había establecido una relación directa entre esta tecnología y el ahorro de costos.

“Los proyectos que antes requerían grandes equipos ahora los completa una sola persona altamente cualificada”, afirmó.

Como resultado, “estamos apostando por las contribuciones individuales y reduciendo el tamaño de los equipos”.

Al mismo tiempo, Meta está invirtiendo sumas colosales en el desarrollo y uso de la IA.

La compañía, con sede en Menlo Park, California, planea invertir entre 115.000 y 135.000 millones de dólares en 2026, principalmente para garantizar la infraestructura suficiente para la IA, desde chips hasta centros de datos.

A finales de febrero, Meta anunció un acuerdo con AMD para la compra de millones de chips por al menos 60.000 millones de dólares.

Si usted es de las personas que gusta viajar dentro de Costa Rica y al exterior, es posible que utilice la plataforma de reservaciones Booking.com. Y probablemente dejó ahí sus datos, que ahora podrían estar en manos de los ciberdelincuentes.

No es la única persona que lo hace. Booking no publica el número exacto de usuarios registrados, pero se sabe que la plataforma recibe hasta 650 millones de visitas mensuales a nivel global y que en 2024 su app superó los 100 millones de usuarios, con las reservas móviles representando cerca del 60% del total.

Desde 2010, registra más de 6.800 millones de llegadas de huéspedes en las propiedades que ofrecen sus servicios de hospedaje a través suyo.

Y todo eso aumenta año con año. En su último informe financiero, la compañía indicó que las pernoctaciones aumentaron un 8 % con respecto a 2024, lo mismo que los ingresos (13%) que llegaron en 2025 a $26.917 millones a nivel global.

Pero semejante monstruo no está exento de ciberataques. Booking confirmó al sitio neoyorquino de noticias BleepingComputer que unos hackers accedieron a los datos “de algunos usuarios, específicamente a la información de sus reservas”.

“Detectamos actividad sospechosa relacionada con el acceso no autorizado de terceros a la información de reserva de algunos de nuestros huéspedes”, dijo Sage Hunter, responsable del área de comunicaciones de Booking, a BleepingComputer.

También dijo que tomó medidas inmediatas: restableció los PIN de las reservas existentes y pasadas e informó directamente a los usuarios afectados por correo electrónico. Además, llamó a los usuarios a tener cuidado con correos electrónicos y llamadas telefónicas sospechosas, recordándoles que el servicio nunca solicitará información confidencial ni transferencias bancarias.

Los tipos de datos comprometidos incluyen: nombres completos, direcciones de correo electrónico, direcciones postales, números de teléfono y comunicaciones compartidas con los proveedores del alojamiento.

Sofisticación

La confirmación del ciberataque se realizó después de que “algunos” usuarios de Reddit alertaron que recibieron mensajes con información privada de sus reservaciones, aunque no está claro si estos informes se relacionan con el hackeo a Booking.

Ahí documentaron los mensajes sospechosos recibidos mediante correos electrónicos y WhatsApp con datos personales como nombres completos, detalles específicos de las estadías y en los que realizaban solicitudes urgentes de pago.

La firma de ciberseguridad ESET advirtió que el ciberataque demuestra la sofisticación de los ciberdelincuentes, donde se hacen pasar por la empresa o por socios hoteleros, utilizando datos reales para llevar adelante estafas.

“El uso de datos reales para construir mensajes falsos es una táctica común de la ingeniería social”, dijo Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica. “Ante este tipo de incidentes, la precaución debe extremarse no solo frente a correos electrónicos, sino también ante contactos por WhatsApp y mensajes enviados dentro del chat de la plataforma”.

ESET recomendó a los usuarios el cambio de contraseñas, activar la autenticación en dos factores, desconfiar de mensajes que le urgen a pagos inmediatos, tener cuidado con enlaces externos, recordar que WhatsApp no es una vía segura para transacciones, verificar por canales independientes y recordar que las empresas no suelen solicitar datos de tarjetas ni pagos a través de enlaces enviados por WhatsApp o correo electrónico.

La solicitud fue presentada por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a partir de los costos de importación más recientes en un contexto internacional inestable.

Los cálculos consideran la volatilidad del mercado petrolero internacional asociada al conflicto en Medio Oriente y a las tensiones cercanas al estrecho de Ormuz, ruta clave para el transporte de crudo y derivados.

El expediente tarifario toma como referencia los precios de adquisición de combustibles refinados entre el 13 de marzo y el 9 de abril de 2026, periodo en el que se registró un repunte en las cotizaciones.

De aprobarse la petición, el diésel tendría el mayor aumento, con ₡134 adicionales por litro, para situarse cerca de ₡699.

La gasolina regular enfrentaría un incremento de ₡122 por litro y alcanzaría un precio aproximado de ₡750.

La gasolina súper subiría ₡82 por litro, con un valor final cercano a los ₡714.

El gas licuado de petróleo (GLP) en cilindro de 25 libras mostraría un ajuste adicional de ₡396, según las proyecciones incluidas en la gestión tarifaria.

Con estos valores, se presentaría un comportamiento atípico en el mercado interno, ya que el litro de gasolina regular quedaría por encima del precio de la gasolina súper.

La Aresep tramita el ajuste mediante el procedimiento ordinario, que incluye la apertura de una consulta pública para que personas usuarias y organizaciones presenten observaciones sobre la propuesta.

El calendario prevé que el periodo de consulta concluya el miércoles 29 de abril de 2026 y que la Intendencia de Energía emita su resolución el 30 de abril, una vez analizados los criterios técnicos y las opiniones recibidas.

En caso de aprobación, los nuevos precios empezarán a regir tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, lo que se proyecta para los primeros días de mayo, de acuerdo con la práctica habitual en ajustes de combustibles.

El impacto final sobre transporte, costos logísticos y gasto de los hogares dependerá de la resolución que adopte la Aresep al cierre del trámite y de la evolución posterior de las cotizaciones internacionales de petróleo y derivados.

El Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley para atraer Talento Especializado de Carácter Internacional (expediente 25.402), que subraya la existencia de una “brecha estructural entre la oferta de talento y las necesidades del sector productivo”. Actualmente, el expediente se encuentra bajo análisis en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.

La propuesta surge como respuesta a las necesidades inmediatas de empresas vinculadas con investigación, desarrollo e innovación, así como a la incorporación de docentes en instituciones que imparten formación técnica o especializada. Pero deja por fuera la atención de la crisis educativa que se manifiesta en las aulas escolares y colegiales, donde se origina el rezago en la adquisición de conocimientos.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos esta realidad.

Acceda a todos los capítulos de este podcast en nuestros canales de Youtube y Spotify.

Los sistemas avanzados de asistencia al conductor, conocidos mundialmente por sus siglas ADAS, han dejado de ser un “extra” tecnológico o un lujo reservado para catálogos de alta gama para transformarse en la nueva columna vertebral de la seguridad en las carreteras nacionales. El consumidor costarricense ya no solo busca un carro que lo proteja durante un accidente, sino uno que sea capaz de anticiparse al riesgo y ayudar activamente al conductor a evitar el siniestro.

Detrás de esta transformación estructural convergen dos elementos: por un lado, las marcas ofrecen vehículos cada vez más equipados con cámaras, radares y software inteligente de última generación y por otro, emerge un consumidor costarricense mucho más informado, con expectativas elevadas y una disposición absoluta a cambiar de marca si siente que no está obteniendo el nivel de seguridad tecnológica que busca para su familia. Esta demanda ha provocado que las asistencias pasen de ser alertas pasivas a intervenciones activas.

La revolución ADAS en Costa Rica: Cuando el auto toma el control

Originalmente, los sistemas se enfocaban en emitir advertencias sonoras o visuales ante un peligro potencial, como la alerta de colisión frontal o el aviso de salida de carril. Sin embargo, la tendencia actual va mucho más allá, integrando la capacidad de tomar acciones correctivas de forma autónoma. Esto incluye la frenada automática de emergencia (AEB), que puede aplicar los frenos si detecta una colisión inminente y el conductor no reacciona a tiempo, y el asistente de mantenimiento de carril (LKA), que puede girar sutilmente el volante para mantener el vehículo centrado, solo por señalar algunos ejemplos.

Esta transición hacia la prevención activa está directamente ligada a la visión de lograr “cero accidentes” en las carreteras. Al combinar sensores sofisticados, cámaras de alta resolución y potentes unidades de procesamiento, los vehículos modernos son capaces de percibir su entorno de manera más completa y reaccionar más rápido que un ser humano. En eventos como la Expomóvil 2026, estas tecnologías se presentan como la punta de lanza de la seguridad vehicular, demostrando que el futuro de la conducción no solo será más cómodo, sino más seguro.

“El cliente valora cada vez más las tecnologías que protegen a su familia y que le evitan gastos mayores por accidentes, especialmente aquellas que actúan automáticamente en situaciones de emergencia. Aunque aún existe algo de cautela frente a sistemas totalmente autónomos, sí hay una clara disposición a pagar más por asistencias que ayuden a prevenir choques o reducir su gravedad”, explicó Igor Ortiz, gerente regional de producto de Chevrolet y Cadillac Grupo Q.

Esta transición hacia la prevención activa está directamente ligada a la visión de lograr “cero accidentes” en las carreteras. Al combinar sensores sofisticados, cámaras de alta resolución y potentes unidades de procesamiento, los vehículos modernos son capaces de percibir su entorno de manera más completa y reaccionar más rápido que un ser humano.

Sin embargo, para que esta revolución sea efectiva, debe dejar de ser un privilegio de pocos. Gustavo Cabezas, gerente regional de producto de Hyundai Grupo Q, explica que la evolución ha sido tan acelerada que funciones antes reservadas para el segmento de lujo ahora vienen de serie en modelos de gran volumen, como el Tucson. Según el vocero, la apuesta de la marca es clara: llevar la seguridad avanzada a más usuarios, permitiendo que el vehículo ya no sea un simple observador, sino un ente que interviene directamente para mitigar riesgos.

En esa misma línea de evolución, Alonso Chacón, coordinador de Capacitación e Investigación de Grupo Purdy, señala que hemos pasado de una tecnología reactiva a una “predictiva y preventiva”. Para Chacón, la diferencia clave hoy es que los vehículos interpretan el entorno en tiempo real para apoyar activamente la conducción. El objetivo, según explica, no es sustituir a quien va al volante, sino acompañarlo para reducir el error humano, que sigue siendo la principal causa de siniestros en carretera.

Esta transición hacia la prevención activa está directamente ligada a la visión de lograr “cero accidentes”. Al combinar sensores sofisticados y potentes unidades de procesamiento, los vehículos perciben su entorno de manera más completa. Esto ha generado que el cliente llegue a eventos como la Expomóvil con referencias claras sobre plataformas como Toyota Safety Sense, Lexus Safety System+ o EyeSight de Subaru. Según el experto de Purdy, la seguridad avanzada se percibe ya como una “inversión en tranquilidad” que, en muchos casos, termina inclinando la balanza entre un modelo y otro.

A este ecosistema tecnológico se suma la propuesta de BYD, cuya integración vertical como fabricantes de su propio software y baterías les ha permitido acelerar la implementación de sistemas inteligentes. La marca ha introducido en el mercado local soluciones como el “Ojo de Dios”, una plataforma única que integra cámaras y radares de última generación para ejecutar frenados autónomos y controles de crucero adaptativos con una precisión superior.

Para Roberto Sánchez, gerente de mercadeo de BYD Costa Rica, la clave del éxito en Costa Rica ha sido la democratización tecnológica. Al desarrollar sus propios componentes, han logrado ofrecer paquetes de seguridad avanzada en versiones competitivas, permitiendo que el usuario no tenga que saltar a un vehículo premium para obtener protección de punta. Además, destacan que el perfil del comprador de movilidad eléctrica suele ser más abierto a la innovación, mostrando una rápida confianza en los sistemas que actúan de forma autónoma una vez que experimentan su eficacia en el tráfico urbano.

Incluso, esta confianza tecnológica está redefiniendo el mercado de segunda mano. Para los participantes del mercado automotriz consultados, un vehículo que ofrece mayor protección activa resulta más competitivo y suele conservar mejor su valor en el mercado de usados. Esta es una visión que las marcas comparten, señalando que los compradores de vehículos usados valoran cada vez más la presencia de ADAS, lo que representa una ventaja clara frente a modelos con equipamiento básico.

Si la oferta y la tecnología siguen avanzando al ritmo actual y el mercado continúa premiando a los modelos mejor equipados en seguridad, Costa Rica estará cada vez más cerca de un parque vehicular donde la protección activa no sea un privilegio, sino una norma que salve vidas en las carreteras diariamente.

Expomóvil 2026: ¿De qué países vienen los vehículos disponibles?

De modelos de entrada a opciones de lujo: el rango de precios y la oferta de marcas en Expomóvil 2026

La segunda cervecería mundial después de AB InBev registró un volumen de cervezas de 53,6 millones de hectolitros entre enero y marzo, frente a los 54,1 millones de hectolitros en el mismo período de 2025.

“Desde inicios del año, el comercio mundial se volvió más complejo e inestable, lo que tiene repercusiones en la disponibilidad y los costos de la energía en ciertos mercados”, aseguró el director general Dolf van den Brink.

“Eso genera presiones inflacionarias susceptibles de afectar la confianza de los consumidores a mediano plazo”, lamentó.

La compañía ha enfrentado varios meses de dificultades, y en febrero anunció la eliminación de entre 5.000 y 6.000 empleos en los próximos dos años.

Heineken tiene alrededor de 87.000 empleados en todo el mundo. En Costa Rica opera mediante la figura Heineken Costa Rica, tras la adquisición del negocio de bebidas de Fifco.

Pese a las dificultades, la empresa mantuvo sus previsiones anuales, apostando por un aumento de entre 2% y 6% de su beneficio de explotación excluyendo elementos excepcionales y amortizaciones, su medida de referencia.

“Nuestras previsiones se basan en la hipótesis de una perturbación temporal, y no prolongada, del comercio mundial de energía”, indicó la empresa.

“Se está produciendo un cambio real en este tipo de cáncer, que no había experimentado avances médicos en 40 años”, explica a la AFP el biólogo Patrick Mehlen, investigador del centro oncológico Léon Bérard de Lyon, en el este de Francia.

Pero desde hace unos diez años, “hay más financiación, por lo que hay más interés por parte de los investigadores”, mientras que este cáncer “afecta cada vez a más jóvenes sin que se entienda muy bien por qué”, prosigue.

Esta aceleración empieza a dar sus frutos frente a un cáncer que sigue siendo especialmente mortal, ya que a menudo se diagnostica tarde y es muy resistente a los tratamientos.

Diferentes cifras, tanto en Estados Unidos como en Francia, estiman que, al cabo de cinco años, aproximadamente una de cada diez personas sigue con vida.

Ante el aumento de los casos y el carácter muy agresivo del cáncer de páncreas, varios estudios estiman que, en los próximos años, se convertirá en el segundo más mortal en los países desarrollados, después del de pulmón.

Sin embargo, varios anuncios recientes apuntan a mejores perspectivas. Son el resultado de investigaciones en distintas fases de avance y que siguen múltiples enfoques terapéuticos.

La noticia más destacada, celebrada por numerosos oncólogos, fue publicada a mediados de abril por la start-up farmacéutica estadounidense Revolution Medicines, que dio a conocer unos resultados claramente positivos para un fármaco denominado daraxonrasib.

Este actúa sobre una proteína presente en varios tipos de cáncer, y especialmente en el de páncreas, que favorece la división celular descontrolada. Se ha probado en pacientes cuyo cáncer ya había hecho metástasis, en comparación con la quimioterapia convencional, cuyo modo de acción es mucho menos específico.

La mitad de los pacientes tratados con daraxonrasib -un tratamiento que se toma por vía oral- sobrevivieron más de 13 meses, es decir, el doble de tiempo que el grupo que recibió quimioterapia. El avance puede parecer menor, pero es, para esta patología y en esta fase, un paso sin precedentes.

Seis meses, “no es poco”

En Estados Unidos, un hombre contó su experiencia: el exsenador republicano Ben Sasse, que anunció su cáncer a finales de 2025, tomó desde entonces este tratamiento y detalló sus efectos en una larga entrevista concedida a The New York Times.

“A mediados de diciembre, me quedaban tres o cuatro meses de vida”, explicó este hombre de algo más de cincuenta años.

Ahora, “estoy mucho mejor”, se congratuló, sin hacerse ilusiones sobre una posible curación y sin ocultar los violentos efectos secundarios, como atestiguaba su rostro con heridas.

Más allá de este avance tan esperado, otras líneas de investigación también permiten vislumbrar la esperanza de tratar mejor el cáncer de páncreas en los próximos años, como es el caso de un estudio dirigido por Patrick Mehlen y publicado el miércoles en la revista Nature.

El equipo del investigador francés no ha evaluado un tratamiento destinado a eliminar directamente los tumores, sino que probó una molécula que tiene como objetivo impedir que estas células cancerosas inicien un proceso que las hace resistentes a medicamentos como la quimioterapia.

Este fármaco se ha probado en unos cuarenta pacientes, afectados por un cáncer de páncreas que ya se había extendido por todo el órgano sin haber hecho aún metástasis, y que estaban en tratamiento con quimioterapia. Su supervivencia parece prolongarse varios meses más de lo que se observa habitualmente.

“Se les da una media de seis meses más de vida, lo que en esta patología no es poco”, asegura Mehlen.

No obstante, este estudio se encuentra aún en una fase temprana: se llevó a cabo con un número reducido de pacientes y, sobre todo, sin compararlos directamente con un grupo que no recibiera el fármaco en estudio. Los investigadores tienen previsto iniciar a finales de 2026 un ensayo que cumpla estos criterios.

Mehlen espera que, a largo plazo, su fármaco no solo pueda acompañar a la quimioterapia, sino también al innovador tratamiento de Revolution Medicines.

“El siguiente paso”, según él, será “combinar (el daraxonrasib) con nuestro fármaco, con el fin de prolongar aún más la supervivencia de los pacientes”.

La marihuana fue reclasificada como una droga con un potencial moderado o bajo de dependencia física y psicológica, lo que “amplía el acceso de los pacientes a tratamientos y da a los médicos más herramientas para tomar decisiones de salud mejor fundamentadas”, afirmó el fiscal general interino, Todd Blanche, en X.

Anteriormente, la marihuana compartía clasificación con la heroína y la metanfetamina en la conocida como Lista I, una categoría reservada para las drogas “sin uso médico aceptado y con un alto potencial de abuso”, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Ahora se ha trasladado al tercer nivel de los cinco que contiene esta lista del gobierno de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia afirmó que esta medida se toma para responder a una orden ejecutiva firmada en diciembre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tiene como objetivo aumentar la investigación de los usos medicinales de la marihuana.

Participar en esta auditoría exige cubrir el costo del proceso, por lo que las firmas asumen el pago de una cuota para medir su entorno de oficina; sin embargo, el valor exacto de esta tarifa no es de conocimiento público.

Asumir este importe resulta insuficiente para asegurar un espacio dentro del ranquin, pues cada empleador necesita aprobar el cuestionario Trust Index con un mínimo de 65% de respuestas favorables de su planilla.

Proteger la identidad del personal rige la aplicación de esta herramienta estadística; el anonimato existe porque los datos viajan directamente a los servidores de Great Place to Work, impidiendo que las gerencias identifiquen las respuestas de cada individuo.

Contrastar los resultados actuales frente a la edición anterior evidencia caídas en las casillas del reporte; seis corporaciones bajaron de posición tras el cruce de información reciente aportada por los trabajadores.

Revisar la base de datos ubica a 3M Global Service Center Costa Rica con un descenso de ocho lugares; este centro de servicios profesionales pasó de la ubicación 10 al puesto 18 en un periodo de 12 meses.

Cloudera reportó una pérdida de cuatro espacios dentro de la clasificación general del país; la corporación desarrolladora de tecnologías de la información bajó de la sexta casilla al lugar 10 de la lista.

Thomson Reuters Costa Rica Servicios S.A. igualó una baja de cuatro peldaños en el análisis de este año; el negocio de análisis de datos pasó de la ubicación 12 para situarse en el lugar 16.

Aeris Holding CR cedió posiciones en la tabla del registro laboral; la administradora aeroportuaria retrocedió de la tercera casilla al sexto lugar del reporte tras el procesamiento de sus encuestas.

TradeStation reportó un retroceso de un puesto frente a otros participantes de la industria informática; la creadora de plataformas bursátiles pasó de la ubicación 16 al escalón 17 en esta revisión.

Marriott International registró una caída de un peldaño en las métricas de esta temporada; la marca hotelera pasó del lugar 18 a la posición 19 dentro de las posiciones nacionales.

Definir estas casillas depende de un cálculo algorítmico interno de Great Place to Work; dos variables matemáticas dictan un 85% de la nota final de la organización evaluada.

El sistema informático cruza los niveles de confianza del empleado con el desarrollo del potencial humano en la oficina; las herramientas estadísticas miden la equidad de oportunidades sin importar el cargo de la persona encuestada.

Conservar el lugar de un año a otro obliga a reducir las brechas de trato a lo interno del personal; la evaluación numérica castiga las diferencias de percepción detectadas entre hombres y mujeres de un mismo departamento.

Añadir el 15% restante de la calificación depende de otros tres factores organizacionales; los instrumentos métricos cuantifican las dinámicas de liderazgo junto con la innovación y los valores corporativos vigentes.

Reprobar esta evaluación impide el ingreso a la lista pública; Great Place to Work mantiene en estricta confidencialidad la identidad de aquellas firmas que pagan la tarifa y no superan el porcentaje de aprobación.

Según explicó la organización mediante un comunicado de prensa, la decisión entra en vigor el 23 de abril y responde a la necesidad de alinear la estructura corporativa con los marcos regulatorios vigentes en Costa Rica: la normativa local exige que las operaciones bursátiles de comercio se realicen a través de una sociedad de objeto único.

De igual forma, las actividades de compra y venta ordinaria de bienes raíces, supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) bajo el artículo 15 bis, también requieren una gestión diferenciada.

Nueva arquitectura corporativa

Bajo este nuevo esquema, las funciones quedan distribuidas de la siguiente manera:

• TBI Puesto de Bolsa de Comercio S.A. (Transcomer British International Costa Rica): esta entidad asume de forma integral la operación bursátil de comercio, incluyendo la comercialización de los productos denominados MACAB. Asimismo, absorbe los nombres comerciales, derechos de marca, estructuras fiduciarias, dominios y relaciones contractuales con proveedores e inversionistas.
• Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio: la sociedad original, que ya se encuentra inscrita ante la Sugef, mantendrá exclusivamente la actividad de compra y venta ordinaria de bienes inmuebles.

Visión estratégica y supervisión

Óscar Gutiérrez Lachner, presidente de TBI Puesto de Bolsa de Comercio S.A., aseguró en el comunicado que esta reorganización forma parte de una estrategia de digitalización e internacionalización que el grupo ha gestado durante meses.

“La separación de nuestras líneas de negocio fortalece nuestra operación, amplía nuestro alcance y nos permite acompañar mejor a nuestros inversionistas, generando más valor”, afirmó Gutiérrez. La empresa sostiene que este paso facilitará los procesos de supervisión y optimizará la gestión en beneficio de sus aliados estratégicos y clientes.

Impacto en el inversionista

Para los actuales inversionistas de productos MACAB, la transición se ejecutará de manera transparente. El grupo confirmó que todas las condiciones de las operaciones suscritas originalmente se mantienen sin cambios.

A partir de hoy, TBI Puesto de Bolsa de Comercio S.A. se convierte en la entidad titular de dichas operaciones. Las autoridades de la empresa indicaron que las futuras inversiones deberán realizarse directamente en las cuentas de esta nueva entidad.

Presentado por: Suzuki

El nuevo Suzuki eVitara llega a Costa Rica como la apuesta de Suzuki por una movilidad más sostenible y tecnológica. De la mano de Inchcape Costa Rica, la marca introduce su primer modelo 100% eléctrico, marcando un paso importante dentro de su evolución hacia nuevas soluciones de transporte y tecnologías más limpias.

Este lanzamiento responde a la transformación del mercado automotor y al creciente interés por alternativas de movilidad más eficientes, posicionando al eVitara como una opción moderna, versátil y adaptada a las necesidades del conductor costarricense, es ideal para toda la familia.

Humberto Alpizar, gerente de ventas de Suzuki.

Autonomía, tecnología y comodidad

El Suzuki eVitara ofrece una experiencia de conducción ágil, silenciosa y libre de emisiones, gracias a su motor eléctrico y batería de 61 kWh, que le permiten alcanzar una autonomía de hasta 428 km (WLTP), ideal tanto para el uso diario como para recorridos más largos

Además, su compatibilidad con carga AC y DC facilita su integración con la infraestructura de carga disponible en el país.

El eVitara ha sido diseñado para brindar una experiencia tecnológica completa, incorporando:

• Pantalla digital de instrumentos y pantalla multimedia
• Conectividad Apple CarPlay y Android Auto
• Cargador inalámbrico
• Sistema de sonido premium Infinity

A esto se suman modos de manejo (Eco, Normal y Sport), que permiten adaptar la conducción según las preferencias del usuario.

Seguridad avanzada

El modelo integra un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), elevando el estándar de seguridad en su segmento:

• Control crucero adaptativo
• Asistente de mantenimiento de carril
• Monitor de punto ciego
• Alerta de tráfico cruzado
• Cámara 360°
• 7 airbags

Espacio, diseño y versatilidad

Con capacidad para cinco pasajeros y una distancia entre ejes de 2,700 mm, el eVitara ofrece un interior cómodo y funcional, acompañado de un diseño moderno que refleja la nueva etapa de Suzuki en electrificación

Su configuración de SUV lo convierte en una opción ideal para quienes buscan practicidad sin renunciar a tecnología y sostenibilidad.

Una nueva etapa para Suzuki

Con la introducción del eVitara, Suzuki refuerza su compromiso con la innovación y la movilidad sostenible, ampliando su portafolio con una propuesta alineada a las tendencias globales y a la evolución del mercado local.

Inchcape Costa Rica, como distribuidor oficial, continúa impulsando soluciones que combinan tecnología, eficiencia y accesibilidad, acercando nuevas alternativas de movilidad a los clientes del país.

Para

BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.

El primer reto, por tanto, es ponerse de acuerdo sobre las prioridades. Esto no debería ser demasiado difícil, ya que algunas son evidentes. Seguir haciendo frente a la agresión territorial de Rusia es un claro imperativo estratégico, y el apoyo financiero a Ucrania contribuye a allanar el camino hacia la paz y una nueva ronda de ampliación de la UE. Las elecciones de este mes en Hungría, que derrocaron al primer ministro Viktor Orbán tras 16 años en el poder, han eliminado un obstáculo embarazoso que ponía cada vez más en peligro la seguridad de la UE.

Pero lograr un mayor crecimiento económico en toda Europa no es menos urgente, dado que una base industrial y tecnológica sólida es un requisito previo para la seguridad y la autonomía estratégica en un mundo cada vez más peligroso. Importantes informes sobre la competitividad de la UE y las deficiencias del mercado único, elaborados por el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y el expresidente del Gobierno italiano, Enrico Letta, respectivamente, han puesto de relieve los principales retos e identificado las soluciones necesarias.

Sin embargo, más allá de generar una oleada de titulares cuando se publicaron, las conclusiones de Draghi y Letta apenas han tenido repercusión en la agenda política de la UE. Casi ninguna de sus propuestas se ha llevado a cabo, y esta falta de seguimiento sigue siendo evidente en los datos macroeconómicos. Al parecer, están sucediendo demasiadas otras cosas como para que los responsables políticos de la UE presten a los retos de competitividad y productividad de la economía la atención que requieren.

Pero eso no es precisamente una excusa tranquilizadora. Los líderes europeos deben abandonar sus ilusiones y reconocer lo que está en juego. Ante un crecimiento moderado, déficits persistentes y una considerable carga de deuda pública, no hay forma de que los Estados miembros de la UE aumenten el gasto en defensa y, al mismo tiempo, mantengan sus sistemas de bienestar en los próximos años. Para empeorar las cosas, se prevé que la población en edad de trabajar de Europa disminuya en torno a un 12 % en la próxima década, lo que supondrá una carga aún mayor para las finanzas públicas y limitará aún más los recursos disponibles.

Esas necesidades son enormes, ya que el gasto en defensa de la mayoría de los Estados miembros de la UE sigue estancado en torno al 2 % del PIB. Sin embargo, si algo han demostrado los últimos 15 meses es que Europa ya no puede permitirse retrasar inversiones importantes en su propia seguridad y en su base industrial de defensa. Hace solo unos meses, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con apoderarse de Groenlandia, un territorio soberano de Dinamarca, Estado miembro de la OTAN. Y más recientemente, la frustración de Trump ante la negativa de Europa a sumarse a su guerra contra Irán ha sembrado serias dudas sobre si Estados Unidos acudiría en defensa de Europa.

Los europeos deben afrontar la realidad. Buscamos garantizar nuestra seguridad física, establecer una disuasión frente a posibles agresores (empezando por Rusia), descarbonizar nuestra economía y mantener un apoyo constante a una de las poblaciones más envejecidas del planeta, todo ello mientras nos enfrentamos a un crecimiento débil, una elevada deuda y un declive demográfico. Solo mediante reformas sustanciales podremos alcanzar nuestros objetivos.

Afortunadamente, en la reunión del Consejo Europeo celebrada en marzo, los jefes de Estado y de Gobierno europeos se comprometieron a completar el mercado único para finales de 2027. Si se toman en serio la implementación de las reformas que esto requeriría, la situación fiscal y estratégica de Europa podría mejorar sustancialmente.

El comercio dentro del mercado único, tal y como existe actualmente, sustenta cerca de 60 millones de puestos de trabajo europeos y ya ha generado beneficios económicos equivalentes al 8-9 % del PIB de la UE. Al completar el mercado único —es decir, creando un mercado único para la conectividad digital, la energía y el capital de inversión—, la UE podría añadir otro 1-2 % al PIB durante la próxima década, algo que se necesita urgentemente. De hecho, esa es una de las estimaciones más conservadoras. Según el informe Draghi, «las fricciones comerciales que aún persisten en la UE significan que Europa está dejando sobre la mesa alrededor del 10 % del PIB potencial».

Pero para que esto sea posible, la UE debe convertir el crecimiento y el dinamismo económico en una prioridad absoluta. Al fin y al cabo, el éxito en este frente es la única forma de evitar el fracaso en muchos otros.

Europa no está condenada al fracaso. Contamos con el talento, las universidades y el Estado de derecho que las empresas necesitan para prosperar. Nuestra moneda común es fuerte y nuestra calidad de vida es superior a la de cualquier otro lugar del mundo. Pero, en lugar de permitir que estas fortalezas nos lleven a la complacencia, debemos reconocer que todas ellas están en peligro. Debemos empezar a afrontar nuestro mayor desafío con la urgencia que requiere.

---

Carl Bildt es exprimer ministro y exministro de Asuntos Exteriores de Suecia.

El leasing es una modalidad de financiamiento que le permite pagar de forma mensual la cuota de un carro sin que este aparezca a su nombre; además, según la entidad con la que cierre el trato, puede obtener cuotas más bajas.

Una vez saldado el monto total, puede elegir entre dos opciones: pasar el bien a su nombre o cambiarlo por un modelo más nuevo que desee, sin mucho papeleo.

Por el contrario, una prenda vehicular le otorga un plazo similar, con precio ligeramente más elevado, pero inscrito como su propiedad.

Si se pregunta cómo se utilizan, en la práctica, estas dos opciones y hasta dónde pueden llegar las diferencias entre cuotas para decidir cuál le resulta más conveniente, El Financiero consultó a siete entidades financieras presentes en la Expomóvil 2026 para brindarle los detalles a continuación.

Lo que debe considerar

Que el bien esté registrado como de su propiedad o la de una entidad financiera no se trata solo de quién es el dueño oficial.

Mari José Acuña, gerente senior de productos de crédito de DAVIbank, explica que el leasing funciona como una alternativa al crédito tradicional en la que el cliente no adquiere el vehículo de inmediato, sino que paga por su uso durante un plazo definido.

Las condiciones tradicionales de pago se mantienen: el plazo lo acuerdan ambas partes y el total se paga mes a mes, generalmente durante ocho años. La diferencia radica en lo que sucede al terminar de pagar.

Con una prenda crediticia, una persona que llega hasta el octavo año y realiza el último pago queda libre de la deuda y con su vehículo. En el caso del leasing, llegado ese momento, y según la agencia de automóviles con la que se haya involucrado, puede elegir si seguir bajo esta figura pero con uno nuevo o pedir que se le traspase la propiedad.

“Los mayores usuarios de esta modalidad son empresas que requieren cambiar su flota de vehículos con regularidad. Sin embargo, es ideal para quienes desean tener el vehículo del año con frecuencia o gustan tomarlo como medida de protección patrimonial. Además, no se registra como pasivo en los estados financieros, lo que lo convierte en una herramienta útil para empresas o trabajadores independientes”, comenta.

Cristina Alarcón, gerente comercial de Davivienda, coincide en que esta figura es recomendable para trabajadores independientes, pues las cuotas “se pueden reportar como parte de los gastos a la hora de la declaración de renta y en la contabilidad de quienes reciben este tipo de ingresos”.

En otras palabras, permite que el pago del vehículo se registre como un gasto del negocio, lo que en la práctica reduce la base sobre la que se calcula el impuesto sobre la renta y mejora cómo se ven los estados financieros, sin dejar de tener acceso al vehículo.

Ahora bien, proteger el patrimonio no es una característica implícita de esta figura, sino que legalmente puede utilizarse de esta manera; al estar a nombre del banco, no se puede embargar. Es decir, si por alguna circunstancia usted se ve obligado a entregar sus bienes para saldar un monto obligatorio, no le pueden quitar el carro.

Esto no significa que se le exima de enfrentar responsabilidades legales ante accidentes o descuidos de uso en carretera. De llegar a presentarse alguna de estas situaciones y se comprueba que fue su responsabilidad, las sanciones continúan su curso normal.

Cuotas más bajas

En un crédito prendario tradicional, la póliza se emite a nombre de la persona propietaria del carro, mientras que en el leasing el dueño registral es la arrendadora y la póliza se maneja como un seguro colectivo.

De acuerdo con Mayid Sauma, vicepresidente de Banca de Personas, Medios de Pago y Pyme de BAC, esto funciona como una bonificación constante.

“Los siniestros de un cliente se diluyen dentro de toda la cartera asegurada y, por esa razón, la prima no se encarece con la misma facilidad que en una póliza individual cuando el conductor acumula choques. El resultado es que en la modalidad de leasing normalmente es una prima un poco más baja, además, el costo del seguro tiende a fluctuar menos que en un crédito prendario clásico”, asegura.

Si bien es cierto que algunas entidades pueden ofrecer cuotas mensuales y deducciones en la prima cuando se gestiona un préstamo con leasing, es importante aclarar que no todas lo hacen.

Por ejemplo, de las entidades consultadas, Davivienda manifestó no contar con beneficios exclusivos para esta modalidad, sino que los montos se gestionan igual que si fuese una prenda.

Ahora bien, siendo que la mayoría sí lo hacen, es posible encontrarse con diferencias relevantes.

José Paulo Martínez, gerente de operaciones de Cafsa, explica cómo lo aborda esta entidad con algunos de los modelos de vehículos disponibles en Grupo Purdy.

Un Toyota Raize High Line 2026, a un precio de $25.590 en Expomóvil, que se financie con una prenda a ocho años da una mensualidad desde los $387. En cambio, de tratarse de leasing, al mismo plazo parte desde los $369. En ambos casos la cuota incluye el componente del seguro.

Aunque la diferencia es de $18, en un año puede transformarse en $216 de diferencia.

Utilicemos otro modelo, ejemplificado por Martínez. La cuota mensual para un crédito prendario a ocho años de un Toyota RAV4 LE 2026, por un precio total de $39.900, es de $595; en leasing, de $549. Esto representa un margen de $46 mensuales, o $552 al año.

“Ahora bien, si una persona pactó un leasing financiero a 96 meses (ocho años) y en el mes 60 (cinco años) quiere cambiar de vehículo siendo cliente de Grupo Purdy y de Cafsa, puede hacerlo: entrega el carro actual, corta el contrato y se formaliza una nueva operación de arrendamiento para el vehículo nuevo”.

En caso de esta entidad específica, no se “arrastran” los meses pendientes del contrato anterior; se liquida esa relación y se abre una nueva, con las condiciones vigentes (tasa, comisión, promociones) al momento del cambio.

Todo funciona como un alquiler, con la facilidad de cambiar más rápido el vehículo con la agencia que utilice sin necesidad de tener que salir a buscar un comprador.

En cuanto al pago de revisiones vehiculares y marchamo, también depende de la entidad. Por ejemplo, Cafsa sí pone a disposición esta cobertura, mientras que DAVIbank traslada esta responsabilidad al cliente como si de una prenda se tratase.

La elección entre un crédito prendario y el leasing dependerá enteramente de su perfil financiero y sus objetivos a largo plazo.

Si usted es un profesional independiente o empresario que busca optimizar su carga tributaria mediante la deducción de gastos, y además prefiere renovar su vehículo cada cierto tiempo sin complicaciones de reventa, el leasing se perfila como la herramienta ideal.

Por el contrario, si su prioridad es poseer la propiedad registral del bien desde el primer día y planea conservar el automóvil mucho más allá de la vida del préstamo, la prenda tradicional es una opción sólida.

En consecuencia, el dólar abandonaría los mínimos históricos y podría comenzar a subir a partir de mayo, según anticipan algunos economistas consultados por El Financiero.

Esta presión externa hará que se gasten más dólares para pagar la factura petrolera, lo cual provocaría un impacto considerable en el mercado cambiario.

Dado que Costa Rica no produce ni refina petróleo, el país se ve obligado a comprar en el extranjero toda la gasolina, el diésel y el gas que consume.

Al ser importador neto, el país se convierte en un rehén del precio internacional.

Por ende, la situación se torna complicada debido a la incertidumbre y los cierres que se viven en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el tránsito mundial de crudo.

Por este paso transita el 20% del petróleo mundial, también se ve afectado parte del comercio de fertilizantes y un gran número de materias primas como el maíz, el trigo y el arroz.

Bajo este panorama, si el barril de petróleo se vuelve más caro, Costa Rica deberá salir a comprar muchos más dólares para pagar la factura energética.

Esta necesidad urgente y masiva hace que la divisa se vuelva más cotizada (aumento de demanda), elevando su precio y provocando que el tipo de cambio suba, lo que se traduce en una pérdida de valor para el colón.

Para detallar con un ejemplo, este 21 de abril, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó un nuevo aumento solicitado por Recope.

Esto quiere decir que el litro de gasolina súper aumentará ₡82, el de gasolina regular subirá ₡122, el litro de diésel subirá ₡134 y el cilindro de gas de 25 libras aumentará ₡396, de acuerdo con los precios propuestos por Recope. Estos nuevos precios entrarán en vigencia en mayo.

El intendente de Energía de la Aresep, Mario Mora, confirmó que este segundo aumento —porque el otro se aprobó el 17 de abril— es un efecto directo del conflicto bélico en Medio Oriente, que ha generado el alza en el precio del petróleo, así como en los productos terminados que importa Costa Rica.

El fantasma del 2022 y el impacto en cascada

Históricamente, existe una correlación directa entre ambos indicadores. Así se evidenció durante el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania en el primer semestre del 2022, cuando el precio del petróleo superó los $120 y el dólar rozó los ¢700 en medio de la incertidumbre global y las presiones importadas.

Un escenario similar podría repetirse en la actualidad.

El escalamiento y la prolongación de la guerra en Irán no solo representan una crisis geopolítica global, sino también el detonante principal de un inminente encarecimiento del crudo.

Asimismo, funcionaría como una fuerza externa capaz de quebrar la tendencia a la baja del dólar y empujar al colón hacia la depreciación, aseguró Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central y economista de la firma Consejeros Económicos y Financieros S.A. (Cefsa).

En sintonía con esta postura, Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy, advirtió que la prolongación del conflicto y la ausencia de un acuerdo de paz mantendrían al alza las cotizaciones internacionales, generando nuevas presiones sobre el mercado cambiario nacional.

“Si la guerra se prolonga y no hay un acuerdo de paz, el precio del petróleo seguirá subiendo y Recope empezará a demandar más dólares. Ahí va a depender mucho del Banco Central, que tiene suficientes reservas, si lleva o no esa demanda al Monex”, señaló Corrales.

A criterio del especialista, lo recomendable sería permitir que parte de esa presión se refleje de manera natural en el mercado cambiario.

“En mi criterio, debería llevarla y reflejar algún incremento, aunque sea leve, en el tipo de cambio para romper la tendencia a la apreciación que hemos tenido en los últimos meses”, agregó.

Además, Corrales explicó que un barril por encima de los $100 encarecería no solo los combustibles, sino también materias primas, fertilizantes, materiales de construcción, alimentos y otros bienes importados.

“Eso incrementaría las importaciones y metería una demanda adicional de divisas, superior a la estimada por el Banco Central, que rondaría el 30% ($600 millones extra), cifra que yo veo muy conservadora”, aseveró.

Dicho escenario empujaría al alza el tipo de cambio, aunque el economista reconoce que la autoridad monetaria posee capacidad de contención.

“No creo que el Banco Central lo deje pasar más allá de los ¢500 por dólar, nivel que tuvo por mucho tiempo, porque cuenta con reservas monetarias internacionales suficientes para sostener el tipo de cambio”, manifestó, destacando la estrecha relación entre el crudo y la divisa en el país.

Por su parte, Malberth Cerdas, docente de Administración de Negocios y Economía de la Universidad Fidélitas, aterrizó el impacto directo al consumidor.

“En un escenario en el que el precio del petróleo sube a $100 por barril, la gasolina en Costa Rica podría subir entre ¢200 y ¢300 por litro. Esto afectará el tipo de cambio, ya que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) debe comprar dólares en los mercados internacionales para pagar esas importaciones”, detalló.

Cerdas añadió que, ante esta mayor necesidad de compra de la refinadora, la demanda adicional presionaría el mercado, generando un aumento moderado.

Cuánto subirá, aseguró, dependerá del equilibrio entre la entrada de divisas por exportaciones, turismo e Inversión Extranjera Directa (IED), frente a los requerimientos energéticos.

Postura del Banco Central y abundancia de dólares

Existe un elemento que podría frenar el alza: la resistencia del Banco Central a que el dólar aumente de precio.

“Esta lectura sugiere que la autoridad monetaria se siente más cómoda con un colón fuerte, posiblemente como ancla para contener las expectativas de inflación, a pesar de los costos para el sector productivo”, analizó Cubero.

En ese sentido, el Banco Central ha reiterado en múltiples ocasiones que “continuará su participación en el mercado cambiario con el fin de atender los requerimientos propios y del Sector Público no Bancario, así como para mitigar fluctuaciones violentas. En la medida en que las condiciones del mercado cambiario lo permitan, continuará con el fortalecimiento del blindaje financiero del país”.

Como prueba de ello, desde el 19 de febrero al 14 de abril de 2026, el ente emisor compró $575 millones en operaciones de estabilización para evitar una mayor caída del dólar debido al exceso de divisas.

Sin embargo, esta intervención no impidió que el precio cayera ¢42 en el último año, pasando de ¢497 el 2 de enero de 2026 a ¢455 el 21 de abril de 2026.

Esta sostenida baja responde, principalmente, al aumento de exportaciones (con liderazgo de dispositivos médicos), una fuerte Inversión Extranjera Directa (IED) y una depreciación internacional de la moneda estadounidense.

Posición más conservadora frente al mercado

Frente a los pronósticos alcistas, Luis Gómez, analista económico y bursátil de Grupo Financiero Acobo, considera que el impacto del crudo sería limitado en el contexto actual del país.

“Algunos analistas insisten en que el alza en el precio del petróleo que se aprobó para mayo provocará que el precio del dólar suba. No obstante, desde mi punto de vista, el tipo de cambio se ve afectado por diversos factores, y el incremento internacional del crudo es solamente uno de ellos”, explicó.

Gómez profundizó en su análisis señalando que, frente a un tipo de cambio con disminuciones tan significativas en los últimos meses, es probable que la factura petrolera se absorba sin grandes sobresaltos, acotando la presión sobre el mercado cambiario.

En concordancia con esta visión, Daniel Ortiz, economista de la firma Cefsa, mencionó que el efecto no será automático ni proporcional, precisamente porque el volumen de dólares circulando empuja la balanza hacia la apreciación del colón.

“Además, el tipo de cambio depende de varios factores de oferta y demanda, y las importaciones de combustibles son solo un elemento. Me parece que, si la política monetaria se sigue manejando igual, es posible que la demanda de dólares de las personas para otros fines no cambie. Es importante tener en cuenta que Costa Rica hoy tiene tres veces más reservas internacionales que las que tuvo en 2022; por lo tanto, es posible que no se repita una situación como la de ese entonces”, argumentó Ortiz.

Finalmente, la proyección de Ortiz anticipa que el tipo de cambio se mantendrá por debajo de los ¢500, aunque su evolución definitiva dependerá del desenvolvimiento de estos múltiples determinantes.

El hallazgo revela un doble mensaje: la administración tributaria empieza a ganar herramientas para identificar fraudes complejos, pero todavía enfrenta limitaciones estructurales que condicionan su capacidad de gestión y de cobro.

La Dirección General de Tributación (DGT) utilizó sistemas de análisis de datos —como el Microsoft Anomaly Detector— para cruzar información y detectar inconsistencias en las facturas y las declaraciones. Según Hacienda, este tipo de herramientas permite identificar patrones que antes pasaban desapercibidos.

No obstante, el avance tecnológico no elimina otros problemas de fondo: el sistema tributario costarricense sigue dependiendo en gran medida de la buena voluntad de los contribuyentes y la opacidad sigue caracterizando a gran parte de su información financiera y contable.

¿Cuántos “dientes” tiene realmente el fisco costarricense para garantizar el cumplimiento tributario?

Confianza y pocos recursos

El pago de impuestos en Costa Rica se rige por el principio de “autodeterminación”: son los propios contribuyentes quienes declaran sus ingresos y calculan lo que deben pagar al fisco.

A partir de ahí, la tarea de Hacienda consiste en verificar, detectar incumplimientos y perseguir a quienes no pagan.

Ese diseño implica una limitación de origen. Tal como lo resumió el exministro de Hacienda, Nogui Acosta, la administración debe concentrarse en “perseguir a los omisos y a los morosos”, en lugar de tener un control directo sobre las operaciones de interés tributario desde el inicio.

Esas palabras las usó en una entrevista con EF publicada en enero de 2025, cuando todavía estaba al frente de la cartera.

A esa lógica se suma una restricción operativa: el personal disponible para fiscalizar es reducido.

El director general de Tributación, Mario Ramos, señaló que la institución cuenta con apenas 30 inspectores para vigilar a los mil grandes contribuyentes, que aportan cerca del 70% de la recaudación del impuesto de renta, y apenas se suman otros 67 agentes —jefaturas incluidas— para los otros cientos de miles de obligados tributarios adicionales.

Esta desproporción obliga a Hacienda a priorizar. La estrategia pasa por identificar y dar seguimiento a los contribuyentes más riesgosos, en lugar de intentar un control generalizado.

Tecnología como multiplicador

En ese contexto, la aplicación de nuevas tecnologías digitales ha implicado un avance significativo para la administración tributaria.

La cantidad de auditores es “limitada”, según reconoce el propio Ramos. Pero las nuevas herramientas digitales ahora hacen que sea más fácil identificar a los contribuyentes que realizan “maniobras complicadas” y “hacer fiscalizaciones de una manera un poco más rápida y más asertiva”.

El reciente descubrimiento del fraude con facturas falsas por ¢80.000 millones es el ejemplo más reciente y, según Ramos, no debería ser el último.

“Las herramientas no nos sirven para hacer las fiscalizaciones específicamente, pero sí nos sirven para identificar a los contribuyentes que podrían ser más riesgosos. Con base en eso, podemos hacer un poquito más eficientes las fiscalizaciones”, subrayó.

Según datos de Tributación, fiscalizaciones similares aplicadas en 2025 permitieron recuperar alrededor de ¢8.000 millones deducidos de forma irregular por comprobantes electrónicos sin sustento real.

¢8.000 millones representa una cifra relativamente pequeña para Costa Rica, donde el presupuesto nacional casi alcanza los ¢13 billones. Sin embargo, Hacienda considera que el impacto definitivo de las herramientas digitales vendrá con mayores niveles de cumplimiento voluntario y fiscalizaciones más complejas, conforme se consoliden los nuevos sistemas digitales y su integración.

Límites que persisten

A pesar de estos avances, hay áreas donde la capacidad de Hacienda sigue siendo muy reducida.

Uno de los principales vacíos es el control de las transacciones en efectivo o fuera del sistema formal, que operan sin facturas ni registros, y son casi imposibles de detectar para la administración tributaria.

El tema se vuelve más complejo con plataformas como el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe), a través del cual se movieron unos ¢12,5 billones en 2025, sin que Hacienda pueda determinar cuál porción de ese dinero podría corresponder a transacciones comerciales no declaradas.

Una de las principales limitaciones para controlar este tipo de transacciones es el secreto bancario que protege la confidencialidad de las operaciones financieras de los costarricenses. En el país, solo se puede levantar ese velo por orden judicial, frente a la existencia de investigaciones penales o casos específicos de delincuencia organizada.

Para Rudolf Lücke, actual ministro de Hacienda, el acceso a más información por parte de la administración tributaria es un debate pendiente, aunque sea de forma restringida o anonimizada.

Según dice, no se trata de que Hacienda “sepa cuánta plata tiene la gente”, pero sí de que pueda analizar patrones sospechosos o irregulares. “Si tuviéramos acceso a más información”, declaró, “sería aún más fácil hacer un cobro efectivo de los impuestos”.

Un problema de escala

El reto no es un problema menor y así lo evidencian las cifras disponibles.

Según las últimas estimaciones sobre el incumplimiento tributario en Costa Rica —basadas en datos hasta 2021 y publicadas en 2024— la evasión del IVA equivale a un 2,94% del PIB, mientras que la del impuesto sobre la renta alcanza un 2,72%.

En conjunto, esos incumplimientos representan un 40% adicional de lo que efectivamente recaudó el Estado en 2021.

En otras palabras, incluso mejoras parciales en la capacidad de control podrían tener un impacto significativo en los ingresos públicos.

El debate de fondo

Estas cifras han sido utilizadas por el Ministerio de Hacienda para impulsar cambios legales que amplíen sus herramientas de fiscalización.

El ministro Lücke considera que el nuevo gobierno de la presidenta Laura Fernández, con mayoría legislativa, podría finalmente aprobar reformas que han enfrentado resistencia en el Congreso.

Entre ellas, está el proyecto de Fortalecimiento del Control Tributario que impulsó sin éxito la actual administración, el cual planteaba varios cambios al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Puntualmente, buscaba ampliar la responsabilidad de socios y administradores en estructuras utilizadas para evadir impuestos, simplificar los procesos de fiscalización, endurecer algunas sanciones y permitir el cobro de deudas por la vía administrativa, sin depender de largos procesos judiciales.

La iniciativa no logró trascender en la actual Asamblea Legislativa, dominada por la oposición. Los diputados se mostraron escépticos a dar más poderes a la Hacienda: un órgano directamente del gobierno, susceptible a usar su poder con fines políticos y no solo técnicos.

El debate trasciende lo tecnológico. El sistema impositivo costarricense se sigue basando en la confianza, pero surgen dudas sobre si es suficiente.

A continuación, se detallan los puestos disponibles y las condiciones de cada uno:

Plazas disponibles y remuneración

El concurso contempla cuatro perfiles específicos con las siguientes condiciones salariales:

• Profesional Municipal 2A (Abogado/a): Es el puesto con la mayor remuneración, con un salario global con restricción al ejercicio liberal de la profesión de ₡1.819.786,09. Requiere licenciatura en Derecho, incorporación al colegio respectivo y de 2 a 3 años de experiencia.
• Profesional Municipal 2A (Ingeniero/a Electromecánico): Con un salario global bajo restricción contractual de ₡1.683.633,89. Se solicita licenciatura en la carrera, incorporación profesional y experiencia de 2 a 3 años.
• Técnico Municipal 2 (Coordinador/a de Archivo): Ofrece un salario global de ₡1.087.650,00. Requiere diplomado o técnico universitario en Archivística y 3 años de experiencia.
• Operativo Municipal 1B (Albañil): El salario global es de ₡647.250,00. Se requiere primer y segundo ciclo de Educación General Básica concluido y 6 meses de experiencia.

Requisitos y documentación obligatoria

Los interesados deben presentar una serie de documentos para que su postulación sea considerada:

1. Formularios de participación: Deben estar debidamente completados (disponibles en la página web de la Municipalidad).
2. Identificación: Fotocopia de la cédula de identidad vigente.
3. Atestados: Títulos académicos y de capacitaciones originales (con sus respectivas copias firmadas al reverso).
4. Cartas de recomendación: Dos documentos recientes (no más de un año de emitidos).
5. Declaración Jurada: Documento de parentesco con funcionarios municipales (disponible en la web).

Fechas y lugar de recepción

El proceso de recepción de documentos será sumamente breve y bajo modalidad presencial. Los candidatos deben tomar en cuenta los siguientes detalles:

• Periodo: Únicamente del 22 al 24 de abril de 2026.
• Horario: De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
• Ubicación: Proceso de Recursos Humanos, cuarto piso del edificio de la Municipalidad de Alajuela (ubicado 100 metros oeste de la Iglesia de la Agonía).

Nota importante: La municipalidad aclaró que no se recibirán documentos fuera de las fechas señaladas y que cualquier formulario incompleto o que no cumpla con los requisitos descritos resultará en la exclusión inmediata del proceso de selección.

La idea de resolverlo a través de servicios de formación virtuales no es nueva, pero la caja negra de ese viaje hasta llegar a la actual propuesta en Hello Brete muestra los titubeos, las marchas atrás, no poca improvisación y vacíos en el Estado.

Desde 2018, durante el gobierno de Carlos Alvarado, se planteó la necesidad de una plataforma de aprendizaje virtual en el área de idiomas, aunque al año siguiente se suspendió la idea. Tras la pandemia, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) retomó el proyecto. Pero primero debía analizar si se desarrollaba la plataforma internamente o si la adquiría a un proveedor externo. Quedó pendiente.

Entre el último trimestre del 2022 y el primero del 2023, se retomó otra vez el proyecto, dado el interés del gobierno de Rodrigo Chaves en la iniciativa, y se realizó una exploración del mercado, la cual incluía revisar los requerimientos tecnológicos y las condiciones administrativas de un servicio en línea. Ese fue el primer vistazo. Luego se pasó a investigar con más profundidad y con miras a un proyecto de contratación.

Una instrucción de la presidencia ejecutiva del INA formalizó la tarea y le aumentó su relevancia para que el proyecto estuviera listo en el corto plazo. El equipo a cargo se formó en setiembre de 2024. Su primera tarea fue realizar la investigación de mercado y estimar la demanda para una plataforma de gestión de procesos de ingreso, matrícula, formación, soporte, monitoreo y control para el autoaprendizaje del inglés.

Hello Brete Costa Rica: Open English y el INA ofrecerán 500.000 licencias para aprendizaje de inglés; vea cómo concursar por una

Formulario de ‘Hello Brete’ para beca en Open English genera alertas sobre datos que pide y su gestión

¿Qué responde el INA a las críticas sobre la adjudicación y datos exigidos en becas de ‘Hello Brete’ para estudiar inglés con Open English?

Desde el inicio se determinó que el servicio debía alinearse al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el cual establece los niveles estandarizados de competencia lingüística (desde A1 hasta C1), tal como se consigna en los documentos del expediente de la licitación en el Sistema de Compras Públicas (Sicop).

El estudio de mercado enumeró los inconvenientes que tenía el Centro Virtual de Formación del INA con tecnología de código abierto. La lista no es corta (ver recuadro: Una plataforma limitada). Según el documento, la demanda insatisfecha de formación era de 34.654 personas al año, unas 2.800 personas por mes.

El informe no abordó varias claves: los niveles de deserción y de alcance de los cursos virtuales de idiomas en comparación a los presenciales. En el seno de la junta directiva del INA también surgieron cuestionamientos.

La representante empresarial en ese momento, Eleonora Badilla, planteó dudas sobre el estudio (que consideró una simple encuesta), la necesidad de invitar a todas las empresas (“grandes o pequeñas”) e instituciones relacionadas con la educación, los retos de la formación totalmente virtual, la dificultad para lograr los niveles requeridos de inglés en menos de un año y el acceso a la conectividad de Internet en Costa Rica. En el país casi 90% de los hogares tienen conectividad, pero la mayoría mediante el móvil y la brecha digital se amplió al uso de la tecnología.

Asimismo, Badilla —que ocupó el cargo entre mayo de 2018 y abril de 2024, cuando fue destituida— planteó la falta de formación para el personal docente nacional y de un mecanismo para evaluar la gestión de la empresa contratada.

Inicia licitación

Tras la presentación del estudio, el 13 de marzo de 2025, el presidente ejecutivo del INA, Christian Rucavado, solicitó a tres departamentos incluir en el presupuesto del 2026 unos ¢917,6 millones en la subpartida de otros servicios de gestión y apoyo para atender una iniciativa de una plataforma en inglés.

El centro de costos elegido fue el Centro Nacional Especializado en Comercio y Servicios. Dos días después, la gerente, Paula Valenciano, reiteró la instrucción a los mismos departamentos.

Al final de junio de ese 2025, el INA inició un sondeo de mercado para obtener cotizaciones de las empresas proveedoras interesadas. Se envió invitación a cinco entidades, incluyendo la Fundación Omar Dengo, Open English y Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa). Varios días después, el 7 de julio, se tenían sobre la mesa seis cotizaciones con precios mensuales entre $7 y $19 mensuales por estudiante.

El reporte sobre las cotizaciones recibidas indicó que la mayoría estaban parcial o totalmente alineadas con el marco europeo sobre idiomas. Asimismo, que dos de las plataformas aseguraron que podían atender unos 75.000 usuarios en forma simultánea y que una tenía capacidad hasta para 3 millones de personas (la de Open English).

Con esta previsualización del mercado, el 6 de agosto, el INA aprobó el pliego de condiciones del cártel, publicado ese mismo día en Sicop.

La recepción y apertura de ofertas se realizó casi 60 días después, el 30 de setiembre de 2025, con la presentación de las propuestas de Say Pura Vida By Open Education (Open English) & Racsa, Grupo PBS MTNET, Valdespe, Interchange Leader School, Edutech y Applica.

Según el análisis de las ofertas realizado por el INA, Say Pura Vida, Valdespe y Edutech cumplían los requerimientos del cartel, mientras que el precio de $82,99 anual por usuario y de $77,99 (cuando se excedan las 71.023 licencias) ofertado por la primera estaba dentro de los márgenes establecidos. La recomendación fue adjudicar al consorcio de Say Pura Vida, de Open English y Racsa.

La junta directiva del INA aprobó esa contratación a principios de noviembre. El acuerdo fue: “adjudicar al oferente consorcio Say Pura Vida By Open Education & Racsa (Radiográfica Costarricense a 6,82% y Open Education LLC 93,18%) por un monto unitario por usuario de licencia anual incluido IVA de $82.99 y con un precio privilegiado cuando se excedan 71.023 licencias de usuarios anuales incluido IVA de $77.99 y con un plazo contractual de cuatro años”.

Aunque las otras empresas apelaron, el INA lo ratificó en diciembre pasado. Luego las firmas recurrieron a la Contraloría General de la República a principios de 2026, que rechazó los recursos de objeción alegando falta de fundamentación en la mayoría de los recursos y falta de interés legítimo en el caso de una de las empresas. “Es importante indicar que el modelo de aprendizaje escogido por la entidad contratante es decisión y responsabilidad de la entidad contratante”, indicó la Contraloría el pasado 16 de abril.

El 9 de marzo de 2026 fue aprobado el contrato propiamente entre el INA y Say Pura Vida, con una garantía de ¢23 millones en caso de incumplimiento.

Un mes después, el 13 de marzo, el gobierno anunció que se brindará 500.000 becas. Podrían ser 2 millones de licencias en los cuatro años, dijo Andrés Moreno, fundador y CEO de Open English, en una entrevista realizada por El Financiero. Las dos cifras son muy superiores a la demanda que identificó el estudio del INA. El costo total estimado es de unos $72 millones.

Lo que debe cumplir

La licitación mayor 2025 LY-000011-0002100001, adjudicada al consorcio de Say Pura Vida By Open Education y Racsa, estableció las condiciones de pago, empresariales y de funcionamiento del servicio que deben cumplir las partes.

Para el pago, el INA generará órdenes de compra (modalidad por demanda) para los nuevos ingresos de personas y realizará cortes de usuarios activos para cancelar el total, según el precio unitario por mes vencido y dentro de los 30 días naturales. También se establecen las situaciones excepcionales para el pago y la posibilidad de una reconsideración del costo según las circunstancias que se presenten.

En las condiciones empresariales se estableció que la empresa debe contar con tres años de brindar servicios de enseñanza del inglés de manera consecutiva en el mercado (Open English opera desde 2007) y contar con el personal certificado que tenga al menos dos años de enseñanza del inglés.

Y en las condiciones técnicas se establece cómo funcionará el servicio.

Entre las obligaciones del proveedor adjudicado está que debe brindar una plataforma virtual de autoaprendizaje que facilite el ingreso, la matrícula, la formación, el soporte educativo y tecnológico, el monitoreo y el control de servicios de enseñanza de inglés. El servicio debe estar disponible las 24 horas y debe brindar tutorías sincrónicas (es decir, “en vivo”).

En el primer paso, se dispondrá de un formulario donde se solicita información al usuario. Los datos pedidos son definidos por el INA. Precisamente, este documento virtual generó una fuerte polémica debido a que incluye preguntas que incumplen la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley N° 8968).

Una vez que es admitida, la persona realiza una prueba o evaluación en esa plataforma para ubicarla en el nivel correspondiente y para que inicie la capacitación.

Sobre la formación se establece que debe estar estructurada según el estándar europeo, aceptado tanto para inglés avanzado como “en el sector empleador”, y abarcar las cuatro habilidades lingüísticas (habla, escucha, lectura y escritura).

Los usuarios deberán poder acceder a la plataforma desde dispositivos móviles, tabletas, computadoras o Chromebooks, para lo cual debe ser responsiva (adaptarse a las pantallas) y compatible con los principales navegadores en web o app. Se debe cumplir, a la vez, con los protocolos locales de ciberseguridad establecidos por el Ministerio de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

La firma proveedora es responsable de que la plataforma opere correctamente en cada uno de sus pasos, además de soportar la concurrencia de al menos 71.023 personas usuarias en un mismo momento, con posibilidad de ampliarla sin que esto implique costos adicionales.

Debe operar a través de los servicios usuales de computación en la nube de firmas globales reconocidas y, en caso necesario, debe brindar soporte técnico constante para dar respuesta según la necesidad del usuario y en un máximo de 24 horas.

Para la capacitación propiamente, el servicio debe cumplir con requerimientos de flexibilidad, contar con asistencia de inteligencia artificial (un profesor avatar) como complemento a la hora de estudiar, brindar sesiones con los docentes humanos y ofrecer la posibilidad para solicitar o reservar sesiones sincrónicas con intermediación humana también.

A nivel de contenidos se establece que deben estar asociados con la vida real y que deben abarcar: lecciones estructuradas, recursos didácticos, prácticas y material complementario (lectura, escritura, habla y escucha) y mecanismos de evaluación constante, además de un tablero de medición de progreso.

Se debe incorporar, además, herramientas de reconocimiento de voz para calificar la habilidad de conversación e identificar los posibles errores. De esta forma, se activan los mecanismos de retroalimentación.

Otro requerimiento es el control de ingresos y deserciones, que incluirá a las personas inactivas durante más de 15 días. Cuando es así, la empresa debe enviar el respectivo reporte. Asimismo, deberá enviar una alerta al INA cuando la tasa de deserción alcance o supere el 17%.

El INA también pidió que la plataforma debe contar con sistemas biométricos: reconocimiento facial, de voz y de huella digital. Estas funcionalidades permitirían la identificación y la autentificación de la persona cuando se matricula, inicia cada sesión académica y realiza la evaluación.

Eso sí, cada persona deberá dar su consentimiento informado según la Ley N° 8968, uno de los puntos críticos de la plataforma dado que la gestión de los datos no está clara, según los expertos legales en privacidad de la información.

“La licencia (lo que se paga a Racsa y a Open English) deberá tener una vigencia de un año, iniciando el día de activación por la persona usuaria, durante el cual la estructura formativa debe llevar a la persona usuaria a alcanzar como mínimo el nivel B1 según el MCERL”, se indica. “De iniciar en otro nivel, debe permitir avanzar al menos dos bandas de acuerdo con el MCERL durante ese año”.

Una vez aprobado el curso, se entrega al INA la información requerida para generar el certificado digital que indique el nivel alcanzado.

A lo largo de este proceso, liderado por la Gerencia de Pensiones como parte de una hoja de ruta construida desde hace varios meses, se analizaron más de mil iniciativas provenientes de consultas públicas, procesos de socialización y aportes de distintas instancias técnicas.

Actualmente, estas propuestas se encuentran en una fase de priorización mediante una metodología basada en criterios de impacto sobre la sostenibilidad financiera, la cobertura y la suficiencia de las pensiones.

Esto permitirá redactar una estrategia integral que recoge todas las opiniones, la cual contempla medidas administrativas, reglamentarias y estructurales, y que se presentará a fin de mes.

El rol de la Junta Directiva en los próximos pasos

A partir de la presentación del documento, corresponderá a la Junta Directiva definir los siguientes pasos, los plazos y el alcance de las eventuales medidas que se decida impulsar.

Cada una de las acciones está siendo sometida a análisis y eventual aprobación por parte de las autoridades.

Es importante señalar que la implementación de algunas medidas depende exclusivamente de decisiones internas de la institución, mientras que otras requieren procesos más amplios de discusión y coordinación con otros actores del Estado y la sociedad civil a nivel nacional.

“El documento no constituye una reforma cerrada, sino un conjunto de acciones de carácter administrativo, reglamentario y estructural que servirán como base para la toma de decisiones. Algunas de estas medidas podrán ser implementadas directamente por la institución, mientras que otras requerirán discusiones de alcance nacional”, aseguró Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja.

La institución indicó que los anuncios oficiales dependerán de los acuerdos que se adopten tras la revisión de la estrategia, lo que anticipa decisiones relevantes en el corto plazo sobre el futuro del sistema de pensiones.

La postura y advertencias de la Supen

Los avances del proceso dependerán, en definitiva, del trabajo de la Junta Directiva de la Caja, que será la encargada de poner los insumos técnicos necesarios para iniciar la discusión y valoración formal de las propuestas planteadas, según confirmó la oficina de prensa de la Superintendencia de Pensiones (Supen).

La entidad agregó que su posición ha sido consistente en promover medidas que permitan impactar a la mayor cantidad de personas posible, procurando al mismo tiempo minimizar el golpe individual.

Asimismo, la Supen ha insistido en la necesidad de que la discusión inicie formalmente considerando los procesos internos de la CCSS y el estricto cumplimiento del plazo mínimo de conservación de derechos, que es de al menos 18 meses. Cabe recordar que, en la reforma anterior, el período transitorio otorgado a los cotizantes fue incluso de 24 meses.

Urgencia ante el déficit y el riesgo fiscal

El régimen del IVM enfrenta uno de los escenarios más complejos desde su creación.

Por primera vez, en el 2025 los ingresos no alcanzaron para cubrir la totalidad de los gastos anuales, en un contexto marcado por el envejecimiento acelerado de la población, el menor crecimiento de cotizantes y mayores presiones sobre las reservas del sistema.

Desde hace varios años, los estudios técnicos han identificado la necesidad de realizar ajustes para fortalecer el régimen y proteger las pensiones actuales y futuras. En los últimos 10 a 15 años, los análisis actuariales han servido de base para adoptar medidas relevantes:

Actualmente, el régimen se encuentra en una nueva etapa de análisis orientada a seguir construyendo soluciones de largo plazo, con una propuesta de estrategia que será presentada a la Junta Directiva en abril de 2026.

La ausencia de ajustes oportunos podría generar una presión creciente sobre las reservas del régimen, lo que, en el tiempo, incrementaría las necesidades de financiamiento y podría implicar mayores compromisos para el Estado.

Este escenario tendría efectos no solo sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino también sobre el equilibrio de las finanzas públicas, razón por la cual resulta clave avanzar con responsabilidad en el análisis y construcción de soluciones.

Una solución más

Un estudio realizado por la Universidad Nacional propone fortalecer la base contributiva mediante mayor formalización laboral, esquemas simplificados para independientes y microempresas, incentivos fiscales y más fiscalización contra la evasión.

La entidad encontró que diez cantones concentran el 60,19% de los cotizantes al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.

Ocho de esos cantones están en la Gran Área Metropolitana: San José, Heredia, Alajuela, Escazú, Cartago, Montes de Oca, Santa Ana y Goicoechea; además de San Carlos y Pérez Zeledón.

San José lidera con un 25,59% de participación, muy por encima de Heredia (7,35%) y Alajuela (5,47%).

“Es por eso que consideramos que se debe analizar en la Caja esta fuerte desigualdad territorial, ya que los cantones con mayor actividad económica, empleo formal y mejores salarios son los que sostienen gran parte de las cotizaciones, mientras zonas rurales y costeras presentan menor aporte”, destacó Leiner Vargas, economista de la UNA.

La empresa abrió un concurso externo para contratar a una persona que brinde apoyo administrativo a la Gerencia General de la terminal aérea.

La plaza se ofrece bajo la figura de asistente administrativo y tiene como foco la atención directa de las tareas que se generan en la oficina de la gerencia.

El anuncio no detalla el rango salarial para este puesto, por lo que las personas interesadas deberán consultar ese punto durante el proceso de reclutamiento.

Según la información difundida, la recepción de currículos se mantendrá abierta hasta el 21 de mayo de 2026 por medio de un contacto definido.

La convocatoria solicita que las postulaciones se envíen al correo electrónico walter@humanaxislatam.com, que recibirá los documentos de las personas candidatas.

En el requisito académico, la empresa pide bachillerato universitario en alguna de estas áreas: administración de empresas, recursos humanos o finanzas.

También exige dominio de paquetes de Office para manejo de documentos, hojas de cálculo y presentaciones asociadas a la gestión de la gerencia.

Otro requisito clave es el inglés avanzado, que figura como condición indispensable para atender comunicaciones y documentación en ese idioma.

La oferta señala además que las personas aspirantes deben contar con al menos dos años de experiencia en puestos similares de asistencia administrativa.

Coriport indica que la posición requiere capacidad para organizar y planificar tareas que se derivan de la agenda de la Gerencia General.

El perfil incluye la responsabilidad de manejar información confidencial, por lo que la empresa demanda un alto nivel de discreción en el desempeño del rol.

Dentro de las habilidades blandas, la convocatoria menciona la necesidad de una comunicación efectiva para interactuar con la gerencia y con otros equipos internos.

Quienes cumplan con estos requisitos formales y de experiencia podrán enviar su currículo dentro del plazo establecido y participar en el proceso de selección para el aeropuerto de Guanacaste.

Este viernes 17 de abril se dio a conocer que el país tendrá una nueva conexión aérea a una ciudad canadiense, inédita. Dicho sea de paso, este mercado norteamericano ha mostrado un fuerte dinamismo recientemente.

La aerolínea canadiense Air Transat anunció oficialmente la apertura de una nueva conexión directa y sin escalas entre la ciudad de Quebec (Aeropuerto Internacional Jean-Lesage) y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La operación, que iniciará el próximo 15 de diciembre con una frecuencia semanal (miércoles), se integrará de forma permanente al catálogo de la compañía, convirtiéndose en el séptimo enlace directo entre Costa Rica y los principales centros urbanos de Canadá.

Esta decisión comercial responde al sólido desempeño de Canadá como el segundo mercado emisor de turistas hacia territorio costarricense. De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), solo en el primer trimestre de 2026 el ingreso de viajeros canadienses por la vía aérea creció un 27,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un registro histórico de 146.841 visitantes.

William Rodríguez, ministro de Turismo, destacó que esta nueva ruta es el resultado de un trabajo sistemático de promoción en ciudades clave. “Nos complace informar esta noticia porque Quebec constituye la séptima ciudad con vuelo directo desde Canadá, reflejando el sólido posicionamiento de Costa Rica en nuestro segundo mercado emisor”, señaló el jerarca.

Por su parte, Sebastian Ponce, director comercial de Air Transat, subrayó que la demanda por destinos de sol y playa se mantiene sumamente fuerte, lo que les permite ampliar su presencia en mercados de alto potencial.

El perfil del turista canadiense resulta estratégico para el sector por su poder adquisitivo y prolongada estadía. Estudios recientes del ICT indican que estos viajeros promedian 15 noches en el país y mantienen un gasto diario cercano a los $227 por persona. Su principal motivación es la búsqueda de climas favorables y actividades de naturaleza, lo que impulsa la economía local durante la temporada de invierno del hemisferio norte.

Con este nuevo enlace, Costa Rica suma a Quebec a su red de conexiones directas que ya incluye a Montreal, Toronto, Ottawa, Winnipeg, Vancouver y Calgary.

Costa Rica cerró el primer trimestre con cifras históricas en llegada de extranjeros

¿Planeando viajar? Conozca las rutas aéreas que se han abierto en Costa Rica en 2026

Las principales dudas son sobre sobre el tipo de datos que se solicitan en el formulario que las personas deben llenar en línea para optar por una beca, su tratamiento y la responsabilidad de su gestión. Asimismo, este 16 de abril se dio a conocer que el proceso licitatorio fue cuestionado por otras firmas que concursaron.

El pasado lunes 13 de abril el gobierno y el INA dieron a conocer, en el marco de la feria de empleo realizada en la Antigua Aduana, el lanzamiento de becas para estudiar inglés y que las personas interesadas deben postularse a través de un formulario en línea en el sitio web. Una vez que la persona es aceptada se utiliza un sistema biométrico para identificación y acceso a la plataforma Open English.

El INA no respondió las consultas sobre los cuestionamientos en la adjudicación ni sobre las dudas sobre el formulario remitidas por El Financiero.

El contrato es por un monto de $82,99 por licencia, de acuerdo con información del Sistema de Compras Públicas (Sicop). La suma total es según la cantidad de becas o licencias otorgadas. El gobierno había indicado que se esperan brindar 500.000 becas inicialmente.

Objeciones en contratación

Sobre las objeciones a la adjudicación otorgada al consorcio de la firma Say Pura VIda! by Open Education y Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), la Contraloría General de la República informó que rechazó de plano los recursos de tres firmas interesadas (Productive Business Solutions, Applica y Capacitación y Desarrollo Profesional Valdespe) por falta de fundamentación.

Estas tres empresas habían objetado claúsulas sobre notificaciones de horas de estudio, control de deserciones e inactividad, notificaciones de resultados, interoperabilidad, protección de datos, desglose de precios, requerimientos de currículums del personal, y requisitos para docentes nacionales diferentes para extranjeros.

También se rechazó, por falta de legitimidad, la objeción de la compañía Edutech de Centro América y se declararon sin lugar otras dos apelaciones de Valdespe, que cuestionaron la revisión de precios en moneda extranjera y que, al ser un servicio disponible las 24 horas, se requería un costo mínimo.

La Contraloría resolvió que al tratarse de una modalidad de “cuantía inestimada y entrega según demanda”, el pliego no estableció un número fijo de docentes ni una cantidad determinada de horas obligatorias. “Por lo tanto, cada empresa es libre de estructurar sus costos según su propia eficiencia y modelo de negocio”, indicó la Contraloría.

La entidad recordó que el modelo de aprendizaje escogido es decisión y responsabilidad del INA.

Preocupaciones

El Financiero consultó a la firma Ecija, especializada en normativa legal de tratamiento de datos personales, entre otros campos, sobre el formulario de Hello Brete.

“Hay varios campos del formulario que generan señales de alerta desde la perspectiva de la Ley 8968”, respondió Mauricio París, socio de Ecija Legal y especialista en derecho digital. “Los más evidentes son los que la propia ley clasifica como datos sensibles en su artículo 3, cuya recolección está prohibida salvo excepciones muy específicas”.

París se refiere a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales en Costa Rica, aprobada en 2011.

París explicó que las solicitudes de información sobre si la persona pertenece a la población LGBTQI+ y grupo étnico están prohibidas por la Ley 8968, aparte que no existe justificación legal aplicable. Lo mismo ocurre con la solicitud de información de género, que va más allá del sexo biológico y roza información de carácter íntimo, la cual está protegida por esa norma.

Aunque se establece la opción “prefiero no decir”, el formulario debería explicar para qué se usa esa información.

Lo mismo ocurre cuando se pide información sobre el estado migratorio y de origen, discapacidad (al ser información biomédica, catalogada como dato sensible por la ley), la dirección exacta de residencia por señas y el sistema de datos biométricos (reconocimiento facial, de voz, huella digital y autenticación ocular) que se activa en cada sesión y evaluación.

Estos datos biométricos representan uno de los tipos de información más sensibles que existen, gestionado por actores cuya identidad y ubicación no quedan claras en el consentimiento.

Extralimitado

Si bien se trata de un programa de becas públicas que podría justificar la recolección de ciertos datos socioeconómicos para focalizar el beneficio en poblaciones vulnerables o en desventaja, como operan muchos programas sociales del Estado, esa justificación tiene límites claros que el formulario no respeta.

“El principio de calidad de la información del artículo 6 de la ley exige que los datos recolectados sean adecuados y proporcionales al fin declarado, y que ese fin esté explicitado claramente”, dijo París.

En este caso, el formulario no explica que los datos se usan para priorizar poblaciones vulnerables. Simplemente los solicita como parte obligatoria del proceso de matrícula, sin distinción ni explicación de propósito.

El especialista agregó que hay datos cuya recolección no se justifica bajo criterios razonables para este programa:

Estado civil: no es un indicador de vulnerabilidad socioeconómica ni tiene relación con la capacidad de aprender inglés.

Información laboral detallada como nombre de la empresa, actividad económica, teléfono de oficina. “Si el objetivo fuera conocer la situación laboral general, bastaría con una pregunta simple sobre si trabaja o no”, dijo París.

Teléfono y contacto de emergencia con parentesco es algo propio de una matrícula presencial con riesgo físico, no de una plataforma digital de idiomas.

Dirección exacta con puntos de referencia para un curso completamente en línea, carece de propósito claro y justificado.

Pertenencia a población LGBTQI+ no es un criterio de vulnerabilidad socioeconómica y su recolección no encuentra sustento legal independientemente del objetivo del programa.

“Respecto a los demás datos de la sección ‘Inclusión Social’ (etnia, condición de refugiado, privación de libertad, jefatura de hogar, embarazo), si la intención del INA es caracterizar a su población beneficiaria para fines de política pública, la ley lo permite”, explicó Mauricio París.

Y agregó: “Pero con una condición fundamental: esos datos deben recolectarse de forma voluntaria, anonimizada y con una explicación clara de su propósito estadístico, separada del proceso de matrícula. Mezclarlos en un formulario obligatorio donde no aceptar implica quedar fuera del programa es exactamente lo que la ley prohíbe”.

Aspectos estructurales

Hay varios aspectos estructurales que merecen atención especial más allá de los datos específicos.

“El responsable real no es quien aparenta ser”, advirtió París.

El formulario inicial presentaba al INA como responsable de los datos. Sin embargo, el consentimiento informado revela que quien opera la base de datos y la plataforma es el Consorcio Say Pura Vida, que a su vez opera sobre la plataforma de Open English. Esta cadena de actores no queda clara desde el inicio del proceso, lo que viola el principio de transparencia que exige la Ley.

Tampoco se identifican en el consentimiento las empresas que integran el consorcio, no indica su naturaleza jurídica, no dice dónde están constituidas ni proporciona una dirección física o jurídica propia.

“El único punto de contacto que ofrece es un correo electrónico con dominio de Open English, no del consorcio. Esto es un incumplimiento del artículo 5 de la ley, que exige informar de manera precisa e inequívoca la identidad y dirección del responsable de la base de datos. Si un ciudadano quisiera ejercer su derecho de acceso, rectificación o supresión de datos no tendría ante quién hacerlo de manera efectiva”, resaltó París.

Vicio grave

El especialista también advirtió que el consentimiento informado tiene un vicio estructural grave.

La Ley 8968 exige que el consentimiento sea previo a la recolección de datos. En este caso, el documento aparece al final del formulario, cuando la persona ya ingresó toda su información personal, incluyendo datos sensibles. Además, se advierte explícitamente que quien no acepte quedará excluido del programa.

“Eso no es consentimiento libre: es una firma bajo presión, lo que le resta validez jurídica”, afirmó Mauricio París, de Ecija Legal.

Tampoco cumple la Ley la transferencia de datos. El consentimiento menciona únicamente de forma concreta la migración de datos al Sistema Estadístico de Monitoreo del INA. Para cualquier otra transferencia, utiliza una fórmula que se repite dos veces: que se informará al usuario si surge alguna transferencia a terceros.

Eso invierte la lógica que exige el artículo 14 de la Ley: el consentimiento debe ser previo y específico, no una promesa de notificación futura.

“El elemento más llamativo de esta omisión es que el consentimiento nunca menciona explícitamente a Open English como destinatario de datos, a pesar de ser la plataforma donde el estudiante opera, donde se activa el sistema biométrico y cuyo dominio aparece en el correo de contacto. Una empresa que gestiona reconocimiento facial y de voz de los estudiantes debería estar identificada expresamente, y no lo está”, dijo París.

Relacionado con esta situación es que los datos biométricos son gestionados por Say Pura Vida en una plataforma de Open English, empresa con operaciones internacionales.

“El consentimiento no especifica en qué país se almacenan esos datos ni bajo qué legislación”, advirtió París. “Dado que se desconoce la composición y domicilio del consorcio, tampoco es posible determinar si los datos de costarricenses están siendo procesados fuera del país”.

Entrega de datos por una beca

“En síntesis, un ciudadano que quiere aprender inglés termina entregando sus datos biométricos, su orientación sexual, su etnia y su condición de salud sin saber realmente a quién se los está entregando, sin un consentimiento verdaderamente libre y sin certeza de dónde termina su información”, explicó Mauricio París.

El especialista indicó que el problema no es la intención del programa (que es legítima en su objetivo de beneficiar a poblaciones vulnerables).

Sin embargo, tiene errores graves en la forma en que se implementó: sin transparencia sobre los actores involucrados, sin separar adecuadamente los datos de elegibilidad de los datos estadísticos, y sin respetar las garantías que la ley establece para el tratamiento de información sensible.

En este artículo, exploramos las principales opciones.

El ‘menú’

Cuando se habla de opciones para elevar los ingresos del Estado sin crear nuevos tributos, usualmente se mencionan las siguientes cinco propuestas:

— Exoneraciones

Para el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, un primer espacio de acción sería recortar exoneraciones que se consideren injustas o poco productivas.

La administración de Rodrigo Chaves ya presentó un proyecto para eliminar algunos beneficios tributarios que consideraba obsoletos, pero el Congreso lo rechazó y ahora —con una nueva mayoría legislativa— el gobierno de Laura Fernández podría retomarlo.

Entre los cambios planteados estaban eliminar las tarifas reducidas del IVA sobre los boletos aéreos y la comercialización de madera, así como establecer una tasa del 2% para la importación y venta de equipo médico y suprimir los beneficios para la importación de vehículos destinados al alquiler turístico.

La eliminación de exoneraciones, sin embargo, podría ser mayor. Lücke cree que también se podría revisar la tarifa reducida del 1% que hoy se aplica sobre la canasta básica de forma generalizada, llevando la tarifa de todos esos productos hasta el 13% general y compensando a los hogares más vulnerables mediante devoluciones.

“El arroz tiene hoy una tarifa del 1% del IVA, pero esa misma tarifa la paga una cadena hotelera para todos sus desayunos”, señaló. “¿Por qué un restaurante de lujo recibe el mismo trato que un hogar de bajos ingresos?”, cuestionó.

El planteamiento que hace el ministro ya había surgido durante el trámite de la reforma fiscal del 2018; sin embargo, había sido desechado por los legisladores de aquel entonces. Según las estimaciones más recientes del Ministerio de Hacienda, con corte al 2024, la tarifa reducida del IVA a la canasta básica le resta un aproximado de ¢500.000 millones anuales al fisco: casi el presupuesto completo del Poder Judicial en este 2026.

En años recientes también se ha planteado recortar otras muchas exoneraciones de gran alcance; sin embargo, ninguna idea se ha concretado hasta el momento. Entre otras opciones, se han mencionado los beneficios de los que gozan las rentas de las cooperativas, los premios de lotería, componentes salariales como el aguinaldo o el salario escolar, o hasta las empresas de zona franca.

“Ahí hay un montón de ingresos que están”, había dicho el viceministro Luis Molina en una audiencia legislativa a finales de 2025; pero reconoció que “son discusiones muy serias”.

— Control tributario

Otra vía para incrementar los recursos estatales es reducir la evasión fiscal y el incumplimiento tributario, que Hacienda estima en un 5,66% del PIB con datos hasta el 2021.

Para el ministro Lücke hay margen para mejorar, pero en gran parte se necesitan cambios legales.

En esa línea, el gobierno insiste en retomar el proyecto de Fortalecimiento del Control Tributario, que tampoco avanzó en la actual administración. La iniciativa planteaba varias reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios; entre ellas, ampliar la responsabilidad de socios y administradores de personas jurídicas involucradas en esquemas de evasión, simplificar fiscalizaciones, endurecer sanciones y permitir el cobro administrativo de deudas.

“Es una reforma que los actuales diputados casi que ni vieron y que le daría mayores capacidades a la administración tributaria”, afirmó el ministro. “No puede ser que una empresa haga una importación en seis meses, después no pague impuestos y luego desaparezca; y que tampoco podamos conocer sus representantes legales o si la entidad era parte de otra empresa, por poner un ejemplo”, subrayó.

El 5,66% del PIB representa más de ¢2 billones anuales y cerca de un 40% de la recaudación total, por lo que incluso una mejora parcial puede ser significativa en las cuentas globales.

— Sinpe

Otro foco de evasión comúnmente mencionado es el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe), específicamente Sinpe Móvil, por donde se movieron ¢12,5 billones en 2025.

Hacienda no sabe cuánto de ese dinero corresponde a transacciones comerciales no declaradas.

Resolver esta situación es esencial, según el criterio de Fernando Rodríguez, quien fue viceministro de Ingresos entre 2014 y 2018, y actualmente trabaja en la Universidad Nacional (UNA).

“Se podría crear una declaración informativa, como ya existe para tarjetas, donde los bancos entreguen información que permita darle seguimiento a quienes mueven grandes volúmenes de dinero”, señaló en una reciente entrevista con EF; en la cual advirtió que la existencia de transferencias no declaradas “es obvia”.

Lücke coincide en el diagnóstico, pero advierte que el tema es sensible.

Según explica, se requiere acceso a información para identificar la magnitud del problema y explicarlo correctamente a la población, de modo que el asunto no se perciba como un nuevo impuesto generalizado sobre el Sinpe, sino como el cobro de una tasa que hoy es evadida solo por algunos de sus usuarios.

Otros exministros de Hacienda como Elian Villegas y Nogui Acosta también han reconocido la relevancia del asunto; sin embargo, los avances para su resolución han sido exiguos.

— Renta global

Los últimos dos gobiernos también plantearon reformar el pago de renta a un sistema global, con el fin de unificar los ingresos de cada contribuyente para calcular su impuesto de renta en un solo paso.

Este cambio podía provocar que algunas personas con ganancias múltiples tuviesen que pagar más impuestos por ellas; sin embargo, la iniciativa siempre se planteó con un impacto fiscal limitado y nunca logró reunir el apoyo político suficiente.

El nuevo gobierno de la presidenta electa Laura Fernández podría retomar la propuesta, pero todavía no se compromete con ella. Consultada en una conferencia de prensa, señaló que primero querría revisar la iniciativa antes de dar cualquier otro paso.

— Economía local

Más allá de los cambios tributarios, algunos economistas también apuntan a un problema de fondo más complejo: la debilidad de la economía local, sobre la que recaen la mayoría de los impuestos.

Sectores como comercio y agricultura son claves para la recaudación, pero han perdido dinamismo frente a las zonas francas, que lideran el crecimiento económico pero gozan de amplias exoneraciones. Según las estimaciones de Hacienda, los beneficios de las empresas en regímenes especiales superan los ¢700.000 millones anuales,

Según señaló el expresidente del Banco Central (BCCR), Rodrigo Cubero, en una reciente conversación con EF, el desafío es relativamente claro: “la economía doméstica es la base de la recaudación” y debe reactivarse.

Esa tarea podría requerir políticas más agresivas, financiamiento y otros incentivos, según añadió Rodríguez; pero sería esencial para sostener los ingresos fiscales en el largo plazo.

El dilema político y temporal

A pesar de que son múltiples, las vías para mejorar la recaudación fiscal son todas relativamente complejas de impulsar o de aplicar.

Recortar exoneraciones e incrementar el control tributario podría tener costos políticos, técnicos y económicos; mientras que la tarea de reactivar la economía local es un proceso que podría tardar años y cuyos efectos fiscales no tendrían por qué ser inmediatos.

En tanto, la estrechez presupuestaria es la única respuesta ante la falta de nuevos ingresos para un Estado grande y se traduce en servicios públicos con menor espacio para generar eficiencia.

Esta métrica revisa factores que van más allá del salario. El análisis mide el nivel de confianza hacia las jefaturas, el sentido de pertenencia de los equipos y el ambiente diario dentro de las instalaciones de trabajo.

El modelo de la firma señala que un buen entorno laboral requiere consistencia. Lograr una posición en la lista exige que la percepción del personal se mantenga estable en cualquier puesto o departamento de la organización.

Los resultados de este ciclo muestran una fuerte presencia de corporaciones de servicios globales. Estas entidades operan desde distintas zonas del país para brindar soporte técnico y atención financiera hacia el exterior.

Reglas de evaluación

Las organizaciones no ingresan de forma automática al registro; su participación es voluntaria y asumen el pago económico por la auditoría.

La calificación final depende de la herramienta Trust Index. Consiste en una encuesta de 60 preguntas que el personal responde directamente para medir aspectos como el trato equitativo y la comunicación.

Los datos recolectados se cruzan con una revisión documental de las políticas internas de cada compañía. Este segundo paso verifica que los programas de gestión humana coincidan con las normas de la casa matriz.

El cálculo determina un puntaje estadístico para cada participante. Las empresas superan la prueba y logran la certificación oficial únicamente si obtienen un 65% de respuestas positivas para la edición correspondiente al año 2026.

Las 10 posiciones

El procesamiento de los datos ordena a las unidades de negocio según el rendimiento numérico en la prueba. La parte alta de la tabla expone a las firmas que lograron las calificaciones superiores de satisfacción interna.

El desarrollo de software y el soporte de redes informáticas abarcan cuatro de las 10 casillas superiores. Este sector mantiene una competencia diaria por captar especialistas técnicos con alto dominio del idioma inglés.

El listado detalla a las razones sociales que encabezan la medición actual:

1. Cisco (tecnologías de la información)
2. World Wide Technology (tecnologías de la información)
3. Experian (servicios financieros y seguros)
4. AstraZeneca Global Finance Services & Source to Contract Excellence (biotecnología y farmacéutica)
5. DHL (transporte)
6. Aeris Holding CR (aeroespacial)
7. Transunion Global Capability Center Costa Rica Limitada (tecnologías de la información)
8. AstraZeneca Camcar (biotecnología y farmacéutica)
9. Centro de Convenciones de Costa Rica (entretenimiento)
10. Cloudera (tecnologías de la información)

Las empresas tecnológicas Cisco y World Wide Technology dominan la clasificación. La naturaleza digital de sus funciones les facilita ofrecer esquemas de teletrabajo para flexibilizar la rutina de sus planillas.

La industria de las ciencias de la vida ocupa dos escaños mediante divisiones operativas de la firma AstraZeneca. Estas áreas se dedican al manejo de finanzas globales y a la administración comercial en la región.

El manejo de datos transaccionales ubica a Experian en el tercer puesto del registro estadístico. El segmento logístico retiene el quinto lugar mediante las operaciones de distribución de carga de la sociedad DHL.

La administración de la infraestructura del principal aeropuerto del país marca su presencia en la sexta casilla mediante Aeris Holding CR. Este modelo de negocio sincroniza labores de campo con funciones administrativas.

La gestión de espacios para eventos masivos ingresa a la lista con el Centro de Convenciones de Costa Rica. Sostener indicadores favorables en este sector exige modelos de rotación de personal adaptados a las exigencias logísticas.

La evaluación certifica a estas corporaciones por un periodo de un año. Cumplido este ciclo de vigencia, cada entidad requiere someterse nuevamente a la recolección de encuestas si desea mantener su presencia dentro del ranking oficial.

Great Place to Work mantiene en confidencialidad la identidad de las empresas que participan pero no alcanzan el umbral mínimo del Trust Index. El listado público expone de manera exclusiva a las operaciones que cumplen con los requisitos de publicación.

Este liderazgo no es casualidad, sino el resultado de un ecosistema que ya agrupa a más de 90 multinacionales, incluyendo a 13 de los 20 fabricantes de equipo original (OEMs) más importantes del globo. El análisis destaca que Costa Rica es el único mercado emergente de la región que ha logrado entrar en el prestigioso ranking de hubs de Life Sciences de la firma Cushman & Wakefield.

El salto del “ensamblaje” a la inteligencia

La investigación de EY revela un cambio de paradigma en la operación local: estamos dejando de ser una gran maquila de precisión para convertirnos en un laboratorio de alto valor. Actualmente, ya existen 10 compañías realizando actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) en suelo nacional, lo que abre una veta de negocio inédita para servicios de ensayos clínicos y gestión de datos complejos.

A esto se suma la madurez digital del sistema de salud. Mientras otros países apenas digitalizan expedientes, Costa Rica ya aplica modelos de Inteligencia Artificial sobre el EDUS para realizar diagnósticos predictivos en pacientes con diabetes, optimizando la capacidad operativa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La sombra de la fragmentación

No obstante, el reporte lanza un aviso de cautela para los tomadores de decisiones. En su “Mapa de Riesgos”, EY ubica a Costa Rica en un nivel de riesgo “Medio”. La razón: a pesar de nuestra robustez técnica, los procesos regulatorios siguen percibiéndose como fragmentados.

Esta debilidad institucional es terreno fértil para la competencia. Panamá, por ejemplo, es calificado con un riesgo “Bajo-Medio” tras la implementación de su Ley 419, la cual permite el reconocimiento automático de registros de agencias de alto estándar como la FDA o la EMA, acelerando la entrada de nuevos productos al mercado.

El análisis de EY es claro: el futuro del sector en el país dependerá de nuestra capacidad para convertir la regulación en una ventaja competitiva y no en un lastre. Con un mercado regional de distribución y retail médico que ya factura más de $4.500 millones, el margen de error para Costa Rica se reduce ante vecinos que avanzan con mayor agilidad normativa.

Las plazas vigentes corresponden a funciones de gerencia, desarrollo de software, servicio de caja y transporte de valores dentro del conglomerado financiero.

Cada puesto define requisitos académicos, años de experiencia y un rango salarial específico, además de la ruta para concursar en la plataforma de empleo.

El salario más elevado se ofrece en el cargo de gerente de área productos, que supera los ₡3,5 millones mensuales según la información oficial.

A continuación le detallamos las principales condiciones de cada vacante y los enlaces de postulación directa en el portal de empleo.

La plaza de gerente de Área Productos tiene como objetivo definir y dar seguimiento a la estrategia de desarrollo y gestión de productos y servicios del Banco, con foco en competitividad y rentabilidad.

Para este puesto se solicita licenciatura universitaria o bachillerato universitario con maestría relacionada al área, incorporación al colegio profesional respectivo y formación en ciencias económicas.

La experiencia requerida es igual o mayor a cinco años en cargos con personal a cargo, enfocados en gerencia y en el diseño de estrategias para productos y servicios financieros.

Entre los conocimientos deseables se incluyen certificación en inglés avanzado, dominio de Microsoft Office 365, metodologías ágiles, análisis comparativo (benchmarking), innovación financiera y normativa interna y externa.

El rango salarial informado para la gerencia de área productos supera los ₡3,5 millones mensuales, con contrato en San José.

Quienes deseen participar en este concurso pueden consultar la oferta completa y postularse en el enlace: https://www.elempleo.com/cr/sitio-empresarial/bcr/gerente-de-area-productos/874932

Otra vacante corresponde al puesto de técnico desarrollador de software (.NET) Banprocesa, que se ubica en la subsidiaria Banprocesa S.R.L.

El BCR solicita bachillerato universitario en ciencias de la informática e incorporación al colegio profesional correspondiente para esta posición técnica.

La experiencia mínima es de más de dos años en desarrollo de software y uso de herramientas de especialización dentro del área tecnológica.

El perfil técnico incluye dominio de .NET Core, .NET Framework, C#, bases de datos MS SQL y Oracle, y desarrollo web con Web API, MVC, REST APIs, HTML, CSS, JavaScript y Angular.

También se valoran conocimientos en principios SOLID, procesos ETL, prácticas de DevOps, WPF y uso de Entity Framework en las soluciones.

El rango salarial para esta plaza se sitúa entre ₡1 millón y ₡1,5 millones mensuales, bajo un contrato indefinido.

El anuncio menciona beneficios como médico de empresa, posibilidad de teletrabajo, asociación solidarista y un esquema de vacaciones que inicia con 15 días anuales.

Las personas interesadas pueden revisar el detalle de la oferta y aplicar mediante el enlace: https://www.elempleo.com/cr/sitio-empresarial/bcr/tecnico-desarrollador-de-software-net-banprocesa/875694

En el ámbito de servicio al público, el BCR mantiene abierto el concurso para cajero (a) bancario con disponibilidad para laborar en Tilarán.

El requisito académico para esta posición es bachillerato en educación media, sin necesidad de experiencia previa en funciones bancarias.

La experiencia se indica como “sin experiencia”, aunque se señalan conocimientos en servicio al cliente, manejo de efectivo y comprensión del plan estratégico comercial, ética y valores institucionales.

El rango salarial para la plaza de caja se ubica entre ₡550.000 y ₡650.000 mensuales, con contrato indefinido y disponibilidad para laborar en Tilarán.

Quienes cumplan el perfil pueden consultar los detalles del concurso y postularse en el enlace: https://www.elempleo.com/cr/sitio-empresarial/bcr/cajero-a-bancario-con-disponibilidad-para-laborar-en-tilaran/875666

La cuarta vacante corresponde al puesto de oficial de transporte de valores San José, orientado a la custodia y traslado de valores y al apoyo en la atención de cajeros automáticos.

Para esta función se acepta educación primaria completa o bachillerato en secundaria y se pide un año de experiencia total, con al menos 6 meses en el campo de seguridad.

El perfil técnico incluye certificación vigente de idoneidad mental para portación de armas, curso básico de seguridad, registro de huellas dactilares al día y licencia de conducir B1.

Se requieren además conocimientos en protocolos de radio, uso de equipos de seguridad y manejo de armas de fuego como parte de las tareas asociadas.

El rango salarial comunicado para esta plaza va de ₡450.000 a ₡550.000 mensuales, bajo modalidad de contrato definido.

Las personas que deseen concursar por este puesto pueden acceder a la publicación y completar su postulación en el enlace: https://www.elempleo.com/cr/sitio-empresarial/bcr/oficial-de-transporte-de-valores-san-jose/875029

El Banco gestiona estas vacantes mediante su espacio empresarial en el portal de empleo, donde la persona interesada debe ingresar al anuncio específico, presionar “aplicar” y completar o registrar su currículo en línea para formalizar la postulación.

¿Qué es exactamente Liquid Glass?

Liquid Glass es un nuevo lenguaje de diseño desarrollado por Apple que WhatsApp ha adoptado para modernizar su interfaz.

Se trata de un material visual dinámico que combina “las propiedades ópticas del vidrio con una sensación de fluidez”, donde las superficies translúcidas permiten ver sutilmente el contenido de fondo, generando una sensación de mayor profundidad.

Los elementos de la aplicación como botones, pestañas y menús adoptan un estilo semitransparente con bordes redondeados, mientras que la interfaz se adapta automáticamente tanto al modo claro como al oscuro.

Cambios visibles en la interfaz

Uno de los cambios más notables es la barra de navegación inferior, que ahora presenta un efecto flotante con cierta transparencia, dando la impresión de estar suspendida sobre el contenido. En lugar de un diseño fijo y opaco, esta barra responde con animaciones más suaves al interactuar, haciendo que la navegación entre secciones de chats, novedades y configuración sea más dinámica.

El teclado dentro de la aplicación también ha sido renovado, presentando fondos translúcidos y una mejor integración visual alineada con los principios de Liquid Glass. Las transiciones entre pantallas ahora son más fluidas y continuas, mejorando significativamente la experiencia general del usuario sin modificar las herramientas ni la funcionalidad básica del servicio.

Despliegue gradual y dispositivos compatibles

WhatsApp ha implementado un despliegue gradual de Liquid Glass. La actualización está llegando primero a usuarios de iOS, aunque su adopción es progresiva y todavía no está disponible para todos los dispositivos. Esta estrategia permite que la empresa analice el rendimiento y recopile las opiniones de los usuarios antes de una adopción total.

No todos los celulares pueden ejecutar Liquid Glass correctamente, ya que requiere cierto nivel de capacidad gráfica y versiones actualizadas del sistema operativo. Durante las próximas semanas, más cuentas recibirán la actualización, tanto en WhatsApp Messenger como en WhatsApp Business.

El contexto de Apple y la tendencia de diseño

Liquid Glass forma parte de una evolución más amplia impulsada por Apple en sus nuevos sistemas operativos. Apple describe Liquid Glass como un metamaterial digital que dobla y da forma a la luz, comportándose y moviéndose orgánicamente como un líquido liviano, respondiendo a la fluidez del tacto y al dinamismo de las aplicaciones modernas.

El objetivo del lenguaje de diseño es unificar la apariencia de los elementos de interfaz en distintos dispositivos, haciéndolos consistentes.

Para WhatsApp, esta adopción representa el alineamiento con los principios visuales recientes del entorno de Apple, modernizando una aplicación que cotidianamente es utilizada por más de 2 mil millones de personas.

Este cambio no altera la forma fundamental de usar WhatsApp, sino que transforma exclusivamente cómo se presentan visualmente las herramientas existentes, priorizando una experiencia más limpia, moderna y visualmente atractiva.

El Gobierno de Costa Rica decretó asueto nacional para el sector público el próximo 8 de mayo de 2026, día en que se realizará la ceremonia oficial de traspaso de poderes. La medida fue formalizada mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45.680-MGP, firmado por el presidente Rodrigo Chaves Robles.

La disposición aplica a todas las oficinas y dependencias del Estado, incluyendo ministerios, instituciones autónomas, empresas públicas y municipalidades. El objetivo es facilitar la asistencia o el seguimiento ciudadano del acto cívico que marca el inicio de una nueva administración.

“Este es uno de los actos más poderosos de nuestra democracia: el momento en que el poder cambia de manos de forma pacífica, ordenada y transparente”, señala el comunicado divulgado por Casa Presidencial.

El documento establece excepciones para los servicios esenciales, definidos como aquellas labores que no pueden interrumpirse sin afectar derechos fundamentales o la seguridad pública.

Entre ellas se incluyen:

• Atención médica de urgencias y hospitalización, a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
• Operaciones de seguridad ciudadana y control fronterizo, bajo el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Servicio Nacional de Guardacostas.
• Gestión de emergencias y rescates, coordinada por el Sistema Nacional de Emergencias (911) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
• Servicios de tránsito y control vial, administrados por la Policía de Tránsito.

También quedarán activos los servicios de energía, agua potable y telecomunicaciones, a través de entidades como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), aunque es posible una reducción de la capacidad de atención a los usuarios.

Estas instituciones deberán mantener personal disponible para garantizar la continuidad de operaciones críticas en los distintos sectores del país.

El sector privado no está comprendido dentro del decreto, por lo que cada empresa decidirá si otorga el día libre a sus trabajadores conforme a sus políticas internas o convenios laborales.

La declaratoria rige únicamente para el viernes 8 de mayo y no afectará los días hábiles subsiguientes.

Con esta disposición, el Ejecutivo establece el marco operativo para las actividades administrativas y cívicas asociadas al traspaso de mando, un procedimiento que se realiza cada cuatro años conforme al calendario constitucional.

La iniciativa brinda en su inicio 500.000 becas para estudiar inglés a través de la plataforma de la firma Open English. La contratación se formalizó mediante la adjudicación al consorcio Say Pura Vida, del que también es parte Radiográfica Costarricense S. A.

Ni Open English ni Racsa respondieron todavía las consultas enviadas por El Financiero sobre las críticas planteadas públicamente.

Proceso bombardeado

En el caso del programa Hello Brete se realizó una licitación pública internacional en la que participaron otras compañías y donde fue elegido el consorcio Say Pura Vida! by Open Education & Racsa.

Tras el lanzamiento público del programa en la Antigua Aduanas durante una feria de empleo, surgieron diversos cuestionamientos. En ese evento estuvieron presentes autoridades del Poder Ejecutivo y Andrés Moreno, fundador de la firma Open English.

La Contraloría General de la República publicó el jueves, ante diversas consultas, un resumen de los recursos de objeción presentados por otras firmas que concursaron a la adjudicación a favor de Say Pura Vida.

Según ese resumen, los recursos fueron rechazados debido a falta de fundamentación técnica u otros motivos formales.

El Financiero consultó al INA su postura sobre los cuestionamientos que plantearon las diferentes compañías que participaron en el proceso de licitación y que no resultaron adjudicatarias.

El INA no respondió sobre los recursos planteados ante la Contraloría y solo indicó que el contrato establece que el costo por licencia es de $82,99 anual, unos $6,92 mensuales. Se trata de unos $41,5 millones por año por las 500.000 becas iniciales.

“Se trata de una contratación según demanda y de cuantía inestimada, lo cual permite comprar de manera congruente con la demanda recibida”, explicó la entidad.

Dudas sobre datos exigidos

En el formulario que las personas interesadas en una beca para estudiar inglés con Open English se solicita información personal que un experto legal considera que es innecesaria. Además, preocupa el tratamiento y la responsabilidad de su gestión de esa información.

La primera preocupación es que la solicitud exige información personal que no está permitida por la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales en Costa Rica (N° 8968), aprobada en 2011, y que no sería necesaria para una solicitud de beca o ayuda pública.

“La Prodhab tiene fundamentos sólidos para abrir una revisión de oficio y corregir esta situación”, dijo Mauricio París, socio de Ecija Legal y especialista en derecho digital, en respuesta a la consulta de El Financiero. “Un ciudadano que quiere aprender inglés termina entregando sus datos biométricos, su orientación sexual, su etnia y su condición de salud sin saber realmente a quién se los está entregando, sin un consentimiento verdaderamente libre y sin certeza de dónde termina su información”.

La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) es la entidad pública, que garantiza a toda persona su derecho fundamental a la autodeterminación informativa.

El INA, a través de su oficina de prensa, respondió que los datos solicitados en el formulario de Hello Brete se utilizan exclusivamente para fines estadísticos y para el cumplimiento de las obligaciones legales e institucionales ante entes de control del Estado, “permitiendo evaluar el alcance e impacto de los servicios”.

La entidad argumentó que el tratamiento de estos datos se realiza conforme a la normativa vigente y a lo establecido por la Ley 8968, “todo en concordancia con verificación de regulaciones” establecidos por la Prodhab.

Según el INA se garantiza “en todo momento su confidencialidad, mediante los instrumentos jurídicos debidamente formalizados cómo de la contratación”.

“Esta práctica no es exclusiva del programa, es parte de los procesos institucionales de matrículas en el INA”, recalcó la entidad. “En ningún caso los datos condicionan el acceso al servicio; su suministro es voluntario y todas las preguntas incluyen la opción ‘prefiero no contestar’, por lo que, en garantía de la correspondiente confidencialidad, no se limite el derecho de la persona para obtener el servicio”.

La aerolínea estadounidense, que también ha recortado en un 5% sus vuelos para 2026, pretende recuperar el 100% de los costos adicionales derivados del encarecimiento del combustible debido a la guerra en Oriente Medio.

El director ejecutivo Scott Kirby calificó los precios del petróleo como “increíblemente volátiles”, pero dijo que el plan de la compañía se basa en el supuesto de que “el valor del combustible podría mantenerse al alza durante más tiempo”.

Aunque la compañía aún no ha visto una disminución de sus clientes debido al aumento de precios, United podría recortar más vuelos en 2027 si la demanda baja, dijo Kirby.

El martes United informó de un aumento de sus ganancias durante el primer trimestre, pero redujo sus estimaciones para todo el año debido a los costos del combustible para los aviones.

La aerolínea prevé que los precios promedien 4,30 dólares por galón en el segundo trimestre, un 55% más que el promedio del primer trimestre.

Otras aerolíneas también han anunciado incrementos de tarifas y recortes de capacidad en respuesta al fuerte aumento de los precios del petróleo desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero.

El jefe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo pidió el 17 de abril a las autoridades que establezcan “planes bien coordinados” en caso de que haya racionamiento de combustible para aviones.

Las preocupaciones sobre la escasez de combustible para aviones son más agudas en Asia y Europa que en Estados Unidos, señaló el director financiero de United, Michael Leskinen. “No creemos que la falta de disponibilidad vaya a ser un problema en absoluto en Estados Unidos. Es un problema de precios”, dijo Leskinen.

“Sin embargo, incluso en Europa y Asia, al día de hoy pensamos que es un problema de precios, no de disponibilidad”, añadió Leskinen, señalando que podrían producirse “cortes puntuales” en Europa y Asia si el conflicto se prolonga.

Su comparecencia de este 22 de abril encajó milimétricamente en la narrativa que Costa Rica ha construido para su candidatura: una secretaria general que quiere “preparar a la ONU para el futuro” sin dinamitar sus equilibrios políticos.

El contexto: una sucesión inédita

La audiencia de este 22 de abril forma parte de los “diálogos interactivos” que la Asamblea General celebra esta semana con los cuatro aspirantes que, de momento, compiten por suceder a António Guterres el 1 de enero de 2027. Son Michelle Bachelet (Chile), Rafael Grossi (Argentina), Rebeca Grynspan (Costa Rica) y Macky Sall (Senegal), tres latinoamericanos y un africano, en un proceso que combina presión por mayor transparencia con los viejos reflejos de realpolitik en el Consejo de Seguridad.

La presidenta de la Asamblea, Annalena Baerbock, enmarcó estas audiencias como un “momento decisivo” para una ONU bajo ataque político y financiero, recordando que el próximo secretario general deberá lidiar con impagos de Estados miembros, guerras abiertas y un cuestionamiento directo del derecho internacional. Subrayó además la carga simbólica de la elección: el resultado enviará un mensaje sobre si Naciones Unidas representa realmente a los 8.000 millones de personas que dice servir, “la mitad de las cuales son mujeres y niñas”.

“La paz está amenazada porque la confianza en la organización está disminuyendo y porque el tiempo se agota para recuperarla”, declaró durante una audiencia de tres horas ante los Estados miembros.

“Si soy elegida secretaria general, seré una pacificadora. Actuaré antes de que estallen los conflictos; seré la primera en levantar el teléfono. Iré donde se libran las guerras. Hablaré con todas las partes”, prometió.

Como mediadora, “propondré diez ideas” para resolver cada conflicto, “e incluso si fracasan, aceptaré el precio del rechazo y seguiré intentándolo”, añadió.

“Nos hemos convertido en una organización conservadora en materia de riesgos”, lamentó también.

Quién es Grynspan y qué ofrece

Grynspan no llega a Nueva York como una desconocida en el ecosistema multilateral: es economista costarricense, exvicepresidenta de Costa Rica (1994–1998), exsecretaria general iberoamericana y actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), cargo que asumió en 2021 y del que se ha separado temporalmente para competir por la Secretaría General. Ha sido, en varios de esos organismos, la primera mujer en ocupar el puesto, y ha construido reputación como negociadora en temas de comercio, desarrollo, seguridad alimentaria y respuesta a crisis, incluida la derivada de la guerra en Ucrania.

El gobierno de Rodrigo Chaves formalizó su candidatura el 3 de marzo, presentándola como una figura con “trayectoria, liderazgo y compromiso con el multilateralismo” en un momento que exige experiencia, criterio independiente y visión estratégica. La Cancillería y la Casa Amarilla destacan tres ejes en su propuesta: reforzar el papel de la ONU en paz y seguridad, profundizar la reforma interna para hacerla más eficaz —especialmente en desarrollo sostenible— y preparar a la organización para los retos del futuro.

Las ideas fuerza de su defensa

El arco de ideas que Grynspan llevó a la Asamblea encaja con la plataforma que ella misma y el gobierno costarricense han venido delineando desde octubre pasado. Cinco vectores concentran su defensa:

1. Una ONU reformista pero no rupturista. Grynspan se define como una “multilateralista de talante reformista”, dispuesta a impulsar cambios institucionales para que la ONU deje de operar con “dinámicas obsoletas”, pero sin prometer revoluciones imposibles frente al poder de veto de las grandes potencias. Su discurso pivota sobre la idea de una renovación que preserve el núcleo de la Carta pero reorganice prioridades y métodos para recuperar eficacia y credibilidad.
2. Tres pilares como hoja de ruta. Su programa retoma explícitamente los tres pilares de Naciones Unidas —paz y seguridad, desarrollo, y derechos humanos— y los reordena en clave de ejecución: sentar a la ONU “en las mesas de negociación más importantes del mundo”, consolidar su rol en prevención de conflictos y conectar la agenda de desarrollo con una reforma interna que reduzca la fragmentación. La promesa es menos grandilocuente que operativa: una secretaría general con capacidad de gestión, de coordinación interagencial y de mediación política.
3. Desarrollo y finanzas como ventaja comparativa. A diferencia de otros candidatos con perfil más político o de seguridad, Grynspan capitaliza su experiencia al frente de la UNCTAD y del Grupo de Respuesta a la Crisis de Alimentación, Energía y Finanzas impulsado por Guterres. Eso le permite plantearse como una mediadora entre Norte y Sur en debates sobre deuda, comercio, transición energética y financiamiento del desarrollo, temas que hoy definen la legitimidad del sistema multilateral tanto como las guerras.
4. Género, región y representatividad sin victimismo identitario. La candidatura costarricense se apoya en dos déficits históricos del sistema: nunca ha habido una mujer secretaria general y América Latina no ocupa el puesto desde Javier Pérez de Cuéllar, cuyo mandato terminó en 1991. Pero Grynspan ha insistido en que quiere ser evaluada por su carrera profesional y no por su fe judía, y ha presentado su identidad —de mujer, latinoamericana, judía— como fuente de empatía y no de sesgo, en línea con las posiciones oficiales de la ONU sobre Gaza y la solución de dos Estados.
5. Legitimidad de origen: un consenso político inusual en Costa Rica. La Cancillería subraya que su postulación cuenta con respaldo de todas las instituciones del Estado y de las principales fuerzas políticas, algo poco frecuente en la polarizada escena costarricense reciente. Esa “unidad nacional” se ha convertido en un argumento adicional frente a los Estados miembros: la idea de que la candidatura no es un proyecto personalista ni de un gobierno de turno, sino una apuesta de Estado.

Lo que está en juego para Costa Rica y la región

La presencia de tres latinoamericanos en la terna —Bachelet, Grossi y Grynspan— revela el momento de ambición de la región, pero también un riesgo evidente de división del voto regional en un proceso donde, al final, el filtro decisivo sigue siendo el Consejo de Seguridad. Costa Rica apuesta a que el perfil tecnopolítico de Grynspan, su red en organismos económicos y su trayectoria como puente entre Europa y América Latina puedan pesar en capitales que desconfían tanto de liderazgos excesivamente ideologizados como de figuras sin experiencia multilateral.

Para San José, la candidatura ya funciona como una operación de política exterior de alto retorno simbólico, aun si no culmina con la elección. Coloca al país en el centro de la conversación sobre reforma de la ONU, refuerza su narrativa histórica como actor de paz y multilateralismo, y ofrece una plataforma de visibilidad que contrasta con su reducido peso económico y militar.

Escenarios tras la comparecencia

La sesión de este 22 de abril cierra el ciclo de audiencias públicas, pero abre la fase decisiva de negociaciones opacas entre capitales y dentro del Consejo de Seguridad, donde las cinco potencias con veto conservarán la capacidad de bloquear candidaturas. En ese terreno, la moderación de Grynspan —su promesa de reforma sin estridencias, su énfasis en gestión y su perfil de “multilateralista profesional”— puede ser tanto un activo como una limitación frente a una opinión pública que reclama cambios más drásticos en el sistema.

Si algo dejó claro su comparecencia es que Grynspan busca ser leída menos como una outsider que irrumpe para “arreglar” la ONU y más como la gestora de una transición ordenada en un momento de alta entropía geopolítica. El resto del proceso dirá si ese mensaje de reforma pragmática puede imponerse a las lógicas tradicionales de poder que, hasta ahora, han definido quién ocupa “uno de los trabajos más difíciles del mundo”.

El Fondo Monetario Internacional se creó para proporcionar liquidez de emergencia y ayudar a los países en momentos como estos. Sin embargo, la mayoría de sus miembros tienden a evitarlo, porque saben que sus programas a menudo empeoran las cosas. Afortunadamente, ahora que el FMI está llevando a cabo una revisión formal de su trayectoria, tiene la oportunidad de cambiar de rumbo. Puede hacer balance de la abrumadora evidencia de que sus programas no cumplen sus objetivos y diseñar programas que tengan en cuenta las características y los retos específicos de cada país.

Sin duda, los problemas de algunos países reflejan su propio gasto desmesurado. Pero durante la última década, la mayor parte de la crisis de la deuda en el Sur Global se ha debido a fuerzas que escapan al control de los gobiernos, como guerras y conflictos, subidas de los tipos de interés, el cambio climático y la pandemia de COVID-19. Sin embargo, independientemente del origen del problema, el FMI tiende a aplicar una solución «única para todos»: para recibir financiación de emergencia, hay que recortar el gasto y desregular la economía.

Cabe destacar que esto es lo contrario de lo que hacen las economías avanzadas cuando se enfrentan a crisis. En el caso de la COVID-19, los países ricos gastaron billones de dólares—un 6 % del PIB, de media, en 2021— para absorber el impacto. La justificación del FMI para esta contradicción es que, aunque la austeridad pueda causar dolor a corto plazo, creará las condiciones para que el capital privado regrese al país.

Investigaciones recientes sugieren lo contrario. Por ejemplo, un nuevo estudio del Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston muestra una relación ambigua o negativa entre los programas del FMI y la formación de capital. Además, un análisis de los 21 artículos revisados por pares y los informes del FMI más recientes sobre el tema revela que los programas del Fondo no tienen ningún impacto en cambiar las estructuras de exportación que hicieron vulnerables a los países receptores en primer lugar.

Incluso las propias investigaciones del FMI han constatado repetidamente que sus programas no alcanzan las previsiones de crecimiento. Esto se debe en gran medida a que el FMI subestima los efectos negativos de la consolidación fiscal sobre la economía en general (a pesar de las afirmaciones de que el Fondo ha reformado su enfoque, sus programas no se han vuelto menos contractivos en las últimas décadas). Pero también se debe a que el FMI suele actuar como si las causas de las restricciones de la balanza de pagos fueran internas. En realidad, las crisis de la balanza de pagos suelen desencadenarse por choques exógenos, como el derivado de la guerra de Irán.

Como si las deficiencias económicas de los programas del FMI no fueran ya suficientemente preocupantes, también causan un daño colateral significativo al aumentar la pobreza, la desigualdad, los resultados negativos en materia de salud (como la mortalidad neonatal) y la deforestación, lo que a su vez puede socavar la estabilidad política, generando consecuencias que pueden repercutir a nivel internacional.

Pocos casos resumen mejor estas dinámicas que el reciente programa del FMI en Kenia, del que uno de nosotros (Ndūng’ū) presenció de primera mano. A principios de 2024, el país se enfrentaba a una crisis de liquidez. Dado que los pagos totales de la deuda y los costes del servicio de la deuda del ejercicio fiscal 2025-26 se llevaban aproximadamente el 56 % de los ingresos públicos, Kenia tendría muy poco margen fiscal para invertir en crecimiento y desarrollo. Sin embargo, incluso en estas condiciones tan restrictivas, el programa del FMI le exigía recortar el gasto y subir los impuestos.

Tales exigencias reflejan un malentendido fundamental. En países como Kenia, cuyo amplio sector informal es difícil de gravar, unos tipos impositivos más elevados no generan mayores ingresos. Las autoridades kenianas habían planeado reducir los tipos impositivos y ampliar la base impositiva, tal y como ha hecho Etiopía. Sin embargo, el FMI consideró que este enfoque era demasiado arriesgado. Kenia también tenía un plan para hacer frente a las pérdidas fiscales debidas a exenciones y deducciones, que ascendían aproximadamente al 2,94 % del PIB, pero el FMI se opuso a las reformas propuestas, argumentando que no se ajustaban a sus propios objetivos del programa a corto plazo.

El resultado, demasiado predecible, de la dura austeridad fue una ola de conflictos sociales y políticos, que dejó al país aún más vulnerable a crisis como la actual. Los niveles de deuda y los costes de servicio de la deuda han seguido aumentando, el crecimiento económico permanece estancado, y la pobreza y el desempleo están aumentando rápidamente. Dado que los jóvenes se ven especialmente afectados por estas tendencias, el potencial de agitación social no ha hecho más que crecer.

El Consorcio Africano de Investigación Económica ha llevado a cabo numerosos estudios que demuestran que las estrategias orientadas al crecimiento, acompañadas de políticas de redistribución, constituyen un mejor camino hacia la recuperación. En lugar de imponer una consolidación fiscal estandarizada, el FMI debería diseñar programas específicos para cada país con el fin de reactivar el crecimiento e impulsar la recaudación fiscal.

El FMI tiene un papel fundamental que desempeñar en la arquitectura financiera internacional, pero no está cumpliendo su misión. Por primera vez desde 2018, tiene la oportunidad de cambiar de rumbo a través de su Revisión del Diseño de Programas y Condicionalidad, que se encuentra actualmente en curso.

En lugar de insistir en un enfoque ineficaz, el FMI debería apoyar a los países en desarrollo para que adopten respuestas anticíclicas ante las crisis, similares a las políticas que los principales accionistas del Fondo eligen para sí mismos. Lograr una transformación económica a largo plazo ya es bastante difícil sin que el FMI obstaculice la inversión y la diversificación necesarias.

---

Kevin P. Gallagher es profesor de Política de Desarrollo Global y director del Centro de Política de Desarrollo Global de la Universidad de Boston. Njūgūna S. Ndūng’ū es exministra de Finanzas de Kenia, exgobernadora del Banco Central de Kenia y exdirectora del Consorcio Africano de Investigación Económica.

Hasta ahora, el tratamiento en Estados Unidos estaba reservado para adultos y niños con más de ocho años de edad. Con la nueva medida, podrá ser empleada en niños de más de un año.

La aprobación de la agencia estadounidense de medicamentos (FDA) “subraya la importancia de actuar sobre el sistema inmunitario en una etapa temprana de la diabetes autoinmune tipo 1, con el fin de influir en la progresión natural de la enfermedad al retrasar la pérdida de producción de insulina por parte del páncreas”, explicó Christopher Corsico, director global de desarrollo de Sanofi, en un comunicado.

El tratamiento no cura sino que ralentiza la progresión de esta enfermedad crónica al frenar la reacción autoinmune.

Actúa cuando la diabetes es detectable pero antes de la aparición de síntomas (fase 2) para frenar su evolución hacia la fase clínica de la enfermedad (fase 3), que requiere inyecciones de insulina para reducir la glucemia.

Kimber Simmons, profesora asociada de pediatría del Barbara Davis Center de Estados Unidos, destacó que “esto es especialmente importante porque estos niños suelen presentar el riesgo más elevado de progreso rápido e imprevisible”.

La Comisión Europea aprobó en enero la aplicación del mismo tratamiento de Sanofi bajo el nombre de “Teizeild”, solamente a partir de los ocho años.

Sanofi adquirió en 2023 la empresa estadounidense de biotecnología Provention Bio por 2.900 millones de dólares, buscando reforzarse en los tratamientos contra la diabetes y las enfermedades inmunitarias.

En esa comparación, una de las dudas más frecuentes gira alrededor de los vehículos híbridos. Aunque a primera vista un híbrido enchufable y uno no enchufable parecen responder a la misma lógica —combinar combustión y electricidad—, en la práctica ofrecen experiencias distintas y exigen hábitos de uso diferentes.

Según explica Toyota en su sitio oficial, un híbrido convencional o no enchufable combina un motor de combustión con uno eléctrico y una batería que se autorrecarga mediante la recuperación de energía durante la conducción, especialmente en desaceleraciones y frenadas, por lo que no necesita conectarse a la red. Esa es la principal ventaja operativa de esta tecnología: permite reducir consumo sin obligar al conductor a desarrollar una nueva rutina de carga.

Lexus también presenta su tecnología híbrida como una operación combinada entre energía eléctrica y combustión, pensada para mejorar eficiencia y suavidad de marcha sin depender de enchufes externos. Desde el punto de vista del usuario, eso convierte al híbrido no enchufable en una transición más simple para quienes quieren bajar su factura de combustible, pero todavía no desean condicionar el uso del vehículo a la infraestructura de carga.

El híbrido enchufable, en cambio, da un paso más en la electrificación. De acuerdo con Toyota, este tipo de vehículo también combina ambos motores, pero incorpora una batería de mayor capacidad que sí debe recargarse conectándola a la red eléctrica, lo que le permite recorrer distancias más amplias en modo totalmente eléctrico.

Volkswagen, en una guía publicada en su sitio oficial, plantea la misma diferencia con claridad: tanto los HEV (siglas en inglés de Hybrid Electric Vehicle, o híbridos no enchufables) como los PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, o híbridos enchufables), integran un motor de combustión y otro eléctrico, pero en los enchufables la batería es de mayor capacidad, el motor eléctrico puede ofrecer más apoyo y la recarga no depende solo de la frenada regenerativa, sino también de una toma de corriente o estación de carga. En otras palabras, el híbrido enchufable compra más autonomía eléctrica, pero a cambio exige mayor disciplina de uso.

La consecuencia práctica de esa diferencia es decisiva para el comprador. Un híbrido no enchufable puede ser más conveniente para quien busca eficiencia sin cambiar hábitos, mientras que un enchufable tiene más sentido para quien dispone de carga en casa, en el trabajo o en su trayecto habitual y puede sacar provecho diario de esa capacidad adicional.

Toyota explica que el híbrido enchufable usa una batería más grande que se carga en la red eléctrica y, por eso, puede recorrer cierta distancia solo con electricidad. Como ejemplo, la marca señala que el RAV4 Plug-in —que es enchufable— puede circular hasta 75 kilómetros en modo eléctrico, o hasta 98 kilómetros en recorridos urbanos, mientras el Toyota C-HR Plug-in —también enchufable— anuncia hasta 66 kilómetros de autonomía eléctrica.

En el híbrido no enchufable, la promesa comercial es distinta. Toyota Costa Rica sostiene que sus híbridos se autorrecargan mientras circulan y que, con una conducción adecuada, pueden alcanzar un aprovechamiento de combustible de hasta 30% frente a un vehículo convencional de gasolina. Volkswagen añade que, aunque los híbridos convencionales también pueden circular en modo eléctrico, lo hacen por distancias mucho más cortas que los enchufables.

La lectura de mercado en una feria como la Expomóvil 2026 pasa, precisamente, por entender esa diferencia. No todos los consumidores están comprando la misma solución, aunque todos miren la misma tendencia: reducir consumo, bajar emisiones y mantener una estructura financiera manejable.

Ahí está una de las claves comerciales de la actual oferta automotriz. Si una persona adquiere un híbrido enchufable, pero no tiene acceso frecuente a carga, parte del beneficio de esa tecnología se diluye; si opta por un híbrido no enchufable, obtiene una electrificación menos profunda, pero también una operación más sencilla y predecible.

Para el visitante de la Expomóvil, entonces, la pregunta correcta no es cuál tecnología suena más avanzada, sino cuál encaja de verdad con su patrón de manejo. En un mercado donde el precio sigue siendo decisivo, pero donde el costo de uso pesa cada vez más, la diferencia entre un híbrido enchufable y uno no enchufable ya no es solo un asunto mecánico: es una decisión de infraestructura, eficiencia y presupuesto.

Sin embargo, para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica es el país que menos diferencia hace: para el sistema tributario, la carga de un soltero es exactamente la misma que la de un matrimonio con dos hijos

Esta realidad fiscal choca de frente con una transformación demográfica histórica, donde los hogares costarricenses son cada vez más pequeños y el país enfrenta las tasas de fecundidad más bajas de su historia.

El peso inamovible de ser familia en Costa Rica

De acuerdo con el informe Taxing Wages 2026, Costa Rica presenta una “preferencia fiscal por las familias” de exactamente 0,0%.

En la práctica, esto significa que la cuña fiscal —el peso de los impuestos y cargas sociales sobre los costos laborales— se mantiene inamovible en un 27,7%. Este porcentaje es idéntico tanto para un trabajador soltero y sin hijos como para una pareja casada, con dos dependientes, en la que solo un miembro aporta ingresos.

Este nulo alivio tributario coloca al país en el último lugar de la OCDE en cuanto a apoyo familiar, compartiendo posición únicamente con México y Turquía.

Para ponerlo en perspectiva, el promedio de los países de la OCDE otorga a las familias con un solo proveedor una cuña fiscal 8,9 puntos porcentuales menor que la de los trabajadores solteros. En naciones como Polonia o Eslovaquia, esta brecha a favor de los hogares con hijos es abismal, superando los 20 y 18 puntos porcentuales de alivio, respectivamente.

El análisis de la OCDE revela que las familias costarricenses que perciben el salario promedio no reciben transferencias universales en efectivo ni gozan de beneficios fiscales adicionales por sus dependientes que disminuyan su carga tributaria. Todo el peso recae en las contribuciones a la seguridad social, sin que el Estado ofrezca un “descuento” o incentivo por la crianza.

El invierno demográfico: hogares más pequeños y menos hijos

Esta rigidez en la política fiscal coincide con un momento crítico para la estructura de la población en el país. Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) dibujan un panorama donde las familias extensas están desapareciendo para dar paso a configuraciones mucho más reducidas.

Para el año 2025, el promedio de miembros por hogar en Costa Rica bajó a apenas 2,83 personas, una disminución frente a los 2,91 miembros que se registraban el año anterior. Además, los hogares unipersonales —aquellas personas que deciden vivir solas— prácticamente se duplicaron en las últimas dos décadas, pasando de representar el 9,2% en el año 2004 a un significativo 18,3% en 2024.

Pero el dato más revelador sobre el futuro demográfico del país es la tasa global de fecundidad, la cual se desplomó a 1,12 hijos por mujer en 2024. Esta cifra no solo es la más baja en la historia registrada por el INEC, sino que ubica a Costa Rica muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional (estimado en 2,1 hijos por mujer) y la consolida entre las tasas más reducidas de toda América Latina. Hace apenas una década, en 2014, ese indicador era de 1,78 hijos por mujer. La tasa bruta de natalidad confirma esta tendencia de contracción, situándose en 8,9 nacimientos por cada mil habitantes en 2024 y cayendo a 8,74 nacimientos en 2025.

Un sistema tributario ciego ante la demografía

Mientras varias naciones europeas y asiáticas debaten constantemente cómo ajustar sus cuñas fiscales para incentivar la natalidad y apoyar la economía de los hogares con dependientes, el sistema costarricense permanece ciego ante la composición familiar.

Con una carga social plana del 27,7% que no distingue entre tener cero o múltiples hijos, y un invierno demográfico que ya es una realidad, el país enfrenta el reto de evaluar si su estructura actual es sostenible frente a una sociedad que, presionada por el costo de vida y la falta de incentivos, ha decidido reducir drásticamente el tamaño de sus familias.

Por ello, en Lab de Ideas recopilamos una serie de consejos que le permitirán planificar su compra. Tome nota.

Como recomendación general, expertos de Veinsa Motors y Ford Costa Rica aconsejan revisar desde casa las páginas de las marcas y concesionarios para definir los modelos de interés.

El Banco Nacional y el grupo financiero CAFSA, por su parte, proponen establecer un rango de presupuesto total antes de llegar a la feria (este debe incluir la prima, la cuota máxima a pagar por mes, el precio de los seguros y un estimado del marchamo).

Una vez claros estos aspectos, las entidades sugieren tomar en cuenta las promociones que ofrece la feria pero sin comprometerse de inmediato, ni dejarse llevar solo por el atractivo de la cuota mensual: es decir, es necesario comparar tasas, plazos y costos totales del crédito.

¿Y si es mi primer carro?

En el caso de los compradores novatos, los expertos enfatizan en la importancia de priorizar la seguridad, la facilidad de manejo y el costo total controlable.

De acuerdo con Juan Lozano, experto técnico de Autopits, es clave elegir un automóvil según su uso habitual:

“Si es un carro para manejar dentro del GAM, por ejemplo, lo recomendable es elegir uno con cilindraje pequeño que permita ahorrar en gasolina”.

Asimismo, tanto Lozano como los expertos de Toyota sugieren consultar sobre el equipamiento de seguridad, solicitar un test drive y tomar en cuenta el mantenimiento preventivo que requiere el modelo de interés.

También es importante considerar que algunos bancos y aseguradoras encarecen la póliza para conductores sin historial, por lo que una buena opción es solicitar una simulación de la prima anual y mensual del seguro para novatos.

Además, si se requiere financiamiento, se recomienda que la cuota no supere un porcentaje razonable de su ingreso (por ejemplo, entre un 15% y un 20%) para prevenir el sobreendeudamiento.

De gasolina a carro eléctrico

Si ya es propietario de un vehículo pero desea dejar su carro de combustión por un eléctrico y aprovechar Expomóvil para hacer la transición, expertos de KP Energy Solutions y Emotors recomiendan:

• Comparar lo que actualmente gasta en combustible, cambios de aceite, filtros, afinaciones y reparaciones, con lo que invertiría en electricidad y mantenimiento de un vehículo eléctrico.
• Tomar en cuenta su patrón de uso, como la cantidad de kilómetros que recorre a diario y el tipo de trayecto (cuestas, tráfico pesado o rutas largas), ya que esto definirá la autonomía real y el tamaño de batería que necesita.
• Mapear la infraestructura de carga que utilizará, considerando el tipo de enchufe en casa, la instalación eléctrica, la potencia, la necesidad de un cargador de pared y disponibilidad de electrolineras en sus rutas frecuentes.
• Consultar sobre la garantía de la batería, la degradación esperada, el costo de reemplazo y la disponibilidad de repuestos. Asimismo, se recomienda optar por marcas y modelos con respaldo local comprobado.
• Averiguar mediante ARESEP los incentivos y exoneraciones vigentes para vehículos eléctricos en Costa Rica (impuestos reducidos o exonerados hasta ciertos montos), ya que influyen en el precio final frente a un vehículo de gasolina equivalente.

En un entorno con múltiples opciones, condiciones y tecnologías, contar con información clara y un plan definido puede marcar la diferencia entre una compra impulsiva y una decisión estratégica.

Año con año no es sorpresa para nadie ver que se suman nuevas marcas, tanto de modelos eléctricos como de combustión, de China y de otros mercados. Incluso, hay concesionarios que apuestan por Costa Rica para “probar” sus unidades en suelo costarricense y posteriormente llevarlos a otros mercados.

La Expomóvil suele ser el escenario ideal para presentar lo nuevo en la industria automotriz y la edición 2026 no es la excepción. Por ello, si usted está pensando en aprovechar la feria para comprar un vehículo, aquí le presentamos un recuento de las nuevas marcas y modelos que ya están empezando a circular en Costa Rica y sus precios.

Agencia Datsun, distribuidor oficial de Nissan en Costa Rica desde hace casi 70 años, ha presentado dos nuevos modelos para robustecer su portafolio, específicamente en la categoría de SUVs: el Kait, un vehículo de gasolina, motor de 1600 cc, con capacidad para cinco pasajeros y con 17 asistencias de conducción. La segunda novedad es el X-Terra, una SUV 4x4 “off-road” con motor 2,5 turbodiésel y una capacidad máxima de siete pasajeros.

Por su parte, la agencia Cori Motors presentó varias novedades en su portafolio, que incluye desde nuevos modelos de su marca insignia: BYD, hasta la ampliación de su portafolio con nuevas marcas.

En el marco de la Expo, se presentó el ATTO 8 DM-p 2026, un híbrido enchufable que es considerado tope de línea. Se trata de una SUV con capacidad hasta para siete pasajeros que hace su debut en el mercado nacional; además, la oferta se complementa con el TI7, una alternativa 100% eléctrica, que concentra el enfoque de la marca en arquitectura tecnológica y seguridad.

En cuanto a nuevas marcas, Cori Motors presentó el Denza BAO 3, una unidad SUV de la submarca Denza —considerada la línea premium de BYD— que cuenta con una autonomía de hasta 501 kilómetros. Dentro de sus características destaca el arranque remoto, conducción remota y limitador inteligente de velocidad, junto con elementos de confort como faros LED y techo panorámico.

Además, en una apuesta por una movilidad eléctrica accesible, Cori amplió su portafolio con las marcas Wuling y NIO: en el caso de la primera contará con modelos como Bingo, Bingo Plus, Starlight S y E-Van Max. Wuling llega al país de la mano de Smart Cars by Grupo Cori Motors como distribuidor autorizado.

También en el campo de la movilidad eléctrica, este 2026 llegaron a Costa Rica los modelos de NIO, que también incluyen las marcas ONVO y firefly. Entre sus principales diferenciales destacan el sistema de intercambio de baterías que permite reemplazos en minutos, NOMI, su asistente de inteligencia artificial, y un conjunto de tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción orientadas a la seguridad y la experiencia del usuario.

En Costa Rica, la oferta inicial incluye los modelos NIO ET5 Touring, NIO EL6 y NIO EL8, así como el ONVO L60. Adicionalmente, el ONVO L90 estará disponible en preventa, mientras que la marca firefly complementa el portafolio con una propuesta urbana, compacta y eficiente.

Distribuida por FACO —la misma que tiene a cargo la representación de Honda en el país—, ya están disponibles cuatro unidades de la marca Leapmotor, otra opción en vehículos eléctricos. Esta marca china ya vende en Costa Rica los modelos B10 Life, B10 Design, C10 Reev y el C16; todos SUV.

La llegada de Leapmotor responde a una estrategia clara: ofrecer una alternativa sólida dentro del creciente segmento de vehículos eléctricos en Costa Rica. En un contexto donde múltiples marcas han ingresado al país, FACO busca diferenciarse mediante el respaldo de su trayectoria y un enfoque riguroso en calidad y seguridad.

De la mano de AutoStar, otra marca china acaba de hacer su debut en Costa Rica: se trata de smart, la cual presentó dos modelos en la edición 2026 de la Expomóvil, el #1, #3 y Brabus. Nuestro país se convirtió en el mercado número 40 en el que la marca tiene presencia y el primero en la región centroamericana.

Los modelos smart lanzados en Costa Rica han sido diseñados por el equipo global de diseño de Mercedes-Benz, parte de las marcas que distribuye AutoStar en Costa Rica.

En cuanto a nuevos modelos, destaca también la presentación del Mitsubishi Destinator, un SUV de tres filas de asientos con capacidad para siete pasajeros, ideal para familias. En su versión GT, incorpora un motor gasolina turbo de 1.5L, 4 cilindros con inyección directa y multipunto, que desarrolla 161 hp y 250 Nm de torque.

En seguridad, incorpora un completo paquete con asistencias avanzadas como mitigación de colisión frontal, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, cámaras 360°, sensores de parqueo y múltiples airbags, garantizando protección integral para todos los ocupantes.

Igualmente, Distrito Automotriz (Inchape) presentó el modelo más reciente de Suzuki: el Across. Cuenta con motor de 1.5L, que genera 101 hp y 137 Nm de torque, con opciones de tracción 2WD y el sistema ALLGRIP 4WD, así como transmisión manual o automática.

Uno de los pilares del nuevo Across es su completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), que eleva los estándares de seguridad dentro del segmento. Entre sus principales sistemas destacan el frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego y cámara 360°, así como seis bolsas de aire.

También, la firma Hyundai aprovechó la feria automotriz para presentar el nuevo Palisade, un SUV híbrido, con capacidad para siete pasajeros y una autonomía de más de 1.000 km, según datos del fabricante. Su sistema híbrido alcanza una potencia combinada de 328 hp, incorpora tracción total inteligente y propone una experiencia donde el confort y la tecnología se combinan para beneficio de los ocupantes.

Precisamente este es el modelo más caro de Hyundai en el país, distribuidos por Grupo Q.

Otro detalle a tomar en cuenta es que el rango de precio de los modelos van desde los $13.990 hasta opciones superiores a los $200.000. Si usted desea asistir a la Expomóvil, organizada por Aivema, puede hacerlo hasta el próximo domingo 26 de abril, con horarios de lunes a sábado de 11:00 a.m. a 10:00 p.m., y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

La entrada tiene un costo de ¢3.500 y puede adquirirse en línea para facilitar el ingreso, mientras que el parqueo tiene un valor de ¢4.000. Cabe aclarar que los niños menores de 12 años y adultos mayores no pagan entrada.

Estos son los 10 carros más baratos disponibles en la Expomóvil 2026

Lujo sobre ruedas: estos son los 10 carros más caros de la Expomóvil 2026

El cruce de los datos muestra cambios en las posiciones de las marcas. La comparación de la lista de este año con la publicación de 2025 evidencia la salida de compañías.

El reporte de 2025 contabilizó 25 empresas en su tabla de resultados. La edición de 2026 redujo el bloque a 20 casillas.

Una docena de firmas perdieron su posición dentro del listado de la encuestadora. Estas empresas retenían los puestos de mando hace un año.

Compañías que salen del listado

• Stryker (ocupó la posición 4 en 2025)
• Nestlé (ocupó la posición 5 en 2025)
• Philip Morris International (ocupó la posición 7 en 2025)
• SAP (ocupó la posición 8 en 2025)
• Dos Pinos (ocupó la posición 11 en 2025)
• SC Johnson (ocupó la posición 13 en 2025)
• Cafinter S.A. | ECOM Costa Rica (ocupó la posición 19 en 2025)
• GFT Costa Rica S.A. (ocupó la posición 20 en 2025)
• Accenture (ocupó la posición 21 en 2025)
• Grupo Financiero Cafsa Costa Rica (ocupó la posición 22 en 2025)
• Ingenio Taboga S.A. (Ocupó la posición 23 en 2025)
• BAT (ocupó la posición 25 en 2025)

La organización no especifica si la salida de la lista se debe a que estas empresas dejaron de pagar para ser tomadas en cuenta.

Auditoría

Las empresas asumen el pago de dinero por el proceso de evaluación. Las organizaciones figuran en la tabla de posiciones porque pagan la factura del estudio y cumplieron con una nota mínima.

La nota de cada marca depende de la herramienta Trust Index. Este instrumento aplica una encuesta de 60 preguntas a los trabajadores de la planilla.

Las compañías logran la certificación al obtener un 65% de respuestas a favor. Además, el proceso exige la entrega de documentos sobre beneficios al personal.

La firma evaluadora mantiene en secreto la identidad de las empresas que reprueban la medición. Las marcas desaparecen de la publicación al no superar la nota o al rechazar el pago del trámite.

El sector de manufactura registra la ausencia de Stryker. Esta corporación operó en el cuarto escalón del documento durante la edición de 2025.

La industria de consumo borra la participación de Compañía Nestlé Costa Rica S.A. Esta operación retenía la quinta posición de la tabla hace un año.

El negocio del tabaco resta dos marcas del conteo de empleadores. La corporación Philip Morris International abandonó el séptimo lugar del reporte.

La empresa British American Tobacco (BAT) desapareció de las métricas. Esta comercializadora de cigarros ocupaba la vigésima quinta posición en los datos de 2025.

El sector de software presenta la salida de la corporación SAP. Esta firma creadora de programas de computadora figuraba en el octavo puesto de la medición.

La industria lechera pierde a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos RL. Esta organización nacional retenía el undécimo escaño en la publicación de hace un año.

El sector de manufactura anotó la salida de la corporación SC Johnson. La operación de producción desaparece del decimotercer lugar de la lista de patronos.

El rubro de agricultura sufrió el retiro de la organización Cafinter S.A. Esta división productora operaba en la decimonovena casilla de los resultados de 2025.

El cultivo de caña sumó la baja de Ingenio Taboga S.A. Esta productora de azúcar ocupaba el lugar 23 de las posiciones de las empresas evaluadas.

La consultoría eliminó a GFT Costa Rica S.A y a la firma Accenture. Ambas ocupaban los puestos 20 y 21 de la tabla.

El sector de finanzas restó a Grupo Financiero Cafsa Costa Rica de la publicación. La firma administradora de créditos retenía el lugar 22.

Presentado por: Changan

En un evento a la altura de su despliegue, Changan dio de qué hablar en la Expomóvil con la presentación de nueve vehículos que refuerzan su propuesta de valor en el país, con opciones pensadas para distintos perfiles de conductor y necesidades de movilidad actuales.

Galletas de la fortuna, coctelería a cargo de mixólogos y otros detalles convirtieron el stand de Changan en un punto de encuentro dentro de la Expomóvil, donde decenas de asistentes se acercaron a conocer la propuesta de la marca y disfrutar de la experiencia.

Con la introducción de SUVs como el Changan CS15, Changan CS35 MAX, Changan CS55 y el Changan CS75, la marca amplía su presencia en uno de los segmentos más relevantes tanto en Costa Rica como en Latinoamérica.

“Esto demuestra que Changan cuenta con un portafolio amplio y competitivo. Inchcape ha mantenido una relación sólida con la marca, lo que nos ha permitido traer estos productos al país”, señaló José Solano, gerente de marca de Changan para Costa Rica.

Como parte de su apuesta tecnológica, la compañía también presentó su línea REEV (Range Extended Electric Vehicle), con la que avanza hacia una movilidad más limpia, eficiente y alineada con las nuevas exigencias del mercado.

Esta tecnología permite recorrer mayores distancias sin depender exclusivamente de estaciones de carga, reduciendo la ansiedad en trayectos largos. Además, incorpora opciones híbridas enchufables que combinan propulsión eléctrica y de combustión.

Entre los modelos destacados se encuentran:

• Changan Hunter REEV: pickup orientada al sector productivo, con enfoque en eficiencia energética.
• Deepal S05 REEV: SUV de diseño y tecnología avanzada, con autonomía de hasta 1.200 km.
• Changan CS55 iDD: SUV híbrido enchufable que equilibra desempeño, eficiencia y accesibilidad para el uso diario.

“Changan apuesta al crecimiento de su portafolio. Con estos nuevos modelos buscamos diversificar la oferta, atender a un público más amplio y ofrecer soluciones reales a nuestros clientes”, agregó Solano.

La presentación también incluyó el Honor S, una van orientada al transporte de pasajeros y trabajo, así como el Changan Alsvin Plus, un sedán que combina eficiencia y una experiencia de manejo equilibrada.

Con este portafolio, Changan reafirma su intención de ofrecer alternativas que van desde sedanes eficientes hasta vehículos de rango extendido, pensados para quienes buscan mayor autonomía y menos preocupaciones en carretera.

La marca continúa consolidando su crecimiento en Costa Rica y a nivel global, donde ya tiene presencia en más de 60 países. Durante la Expomóvil, mantiene sus puertas abiertas para recibir a los visitantes y brindar asesoría según sus necesidades.

Para

BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.

La organización busca un perfil capaz de liderar la toma de decisiones clave, impulsar la innovación y fomentar el crecimiento sostenible del negocio con un alto impacto a nivel nacional.

Perfil académico y requisitos legales

Los aspirantes al cargo deben cumplir con una serie de criterios académicos y normativos rigurosos:

• Formación: Licenciatura en Ciencias Económicas, Ingeniería o Derecho. Se valorará preferiblemente el grado de Maestría.
• Idiomas: Manejo avanzado del idioma inglés.
• Colegiatura: Incorporación vigente al colegio profesional respectivo.
• Normativa: Cumplir con los requisitos del acuerdo CONASSIF 15-22.
• Certificaciones adicionales: Se dará prioridad a candidatos con la credencial CFA® (o niveles aprobados), formación en mercados internacionales, derivados financieros o acreditación como corredor de bolsa.

Experiencia profesional e

La entidad requiere de una trayectoria comprobada en niveles de toma de decisiones:

• Alta Gerencia: Mínimo de cinco años (dentro de los últimos diez) en puestos de Alta Gerencia, Dirección o niveles inmediatamente inferiores en instituciones nacionales o internacionales.
• Sector Financiero: Experiencia sólida en gestión comercial o procesos operativos en entidades supervisadas por entes reguladores.
• Especialización: Preferiblemente con experiencia previa en el sector bursátil, gestión de activos y relación directa con organismos reguladores.

Conocimientos técnicos estratégicos

El nuevo Gerente General deberá demostrar dominio en áreas críticas para la operación bursátil y pública, tales como:

• Operación del Sistema Financiero Nacional e Internacional.
• Marco legal, reglamentario y normativo del sistema financiero (público y privado).
• Planeación estratégica, gestión de riesgos y dirección de proyectos.
• Contratación administrativa y administración pública.
• Gestión de activos, puestos de bolsa y conocimientos en fondos de inversión o pensiones.

Competencias y habilidades blandas

Más allá de la experiencia técnica, BN Valores enfatiza la necesidad de un liderazgo integral que incluya visión estratégica, pensamiento crítico y analítico, y una marcada orientación a resultados.

Asimismo, se busca un perfil con alta capacidad de innovación, habilidad para identificar oportunidades de negocio y sensibilidad social.

El proceso de aplicación se realiza a través de este formulario digital, el cual permite completar la información y conocer el detalle completo de las funciones del cargo:

Mientras la región en su conjunto enfrenta un crecimiento moderado del 2,1% para 2026, las economías de Centroamérica muestran una dinámica superior al promedio, aunque con El Salvador situándose como el país con el menor ritmo de expansión para el cierre de 2027.

Proyecciones de crecimiento del PIB real (2026-2027)

De acuerdo con los cálculos del personal del Banco Mundial, este es el comportamiento esperado para las economías de la subregión:

Fuente: Cálculos del personal del Banco Mundial (Corte al 6 de abril de 2026).

Características y motores por país

El dinamismo de la subregión se explica por una combinación de factores internos y su creciente inserción en mercados globales. A continuación, se detallan las características que definen el rumbo de cada economía según el organismo:

1. El Salvador: El menor crecimiento pese a mejoras en seguridad

Aunque se proyecta como el país con el menor crecimiento para 2027 (3,0%), El Salvador ha logrado aliviar restricciones históricas gracias a mejoras significativas en su entorno de seguridad. Esto ha impulsado el turismo, el comercio minorista y la inversión en sectores transables. Además, los flujos de remesas han fortalecido la liquidez interna y el consumo.

2. Panamá: Líder en dinamismo

Panamá se posiciona como el país que más crecerá en la región hacia 2027, alcanzando un 4,1%. Su economía se beneficia de una fuerte integración en las cadenas de valor regionales y la robustez de sus sectores de servicios vinculados a la logística.

3. Guatemala y Honduras: El impulso de las remesas

Ambas naciones mantienen un crecimiento sólido respaldado fundamentalmente por:

• Flujos de remesas: Esenciales para el sostén del consumo de los hogares.
• Exportación de servicios: Un área de expansión constante en sus carteras comerciales.
• Cadenas de valor: Mayor integración en los procesos productivos regionales.

4. Costa Rica: El modelo de alto valor y nearshoring

Costa Rica destaca por una estrategia orientada a sectores de tecnología y disciplina fiscal. Sus principales fortalezas incluyen:

• Servicios de alto valor y dispositivos médicos: Pilares de sus exportaciones actuales.
• Inversiones por nearshoring: Atracción de capital extranjero que busca cercanía con los centros de consumo hemisféricos.
• Gestión de deuda: El país muestra avances sustanciales en la reducción de su carga de deuda mediante el cumplimiento de la regla fiscal y el control del gasto.

5. Nicaragua: Estabilidad en la tendencia

Nicaragua mantiene una proyección de crecimiento constante del 3,4% para ambos años. Al igual que sus vecinos, se apoya en la dinámica de las remesas y la demanda externa de sus productos principales.

Retos compartidos: productividad y capital humano

A pesar de las cifras positivas respecto al resto de América Latina, el Banco Mundial advierte que el futuro de estas economías depende de reformas estructurales. La región centroamericana aún enfrenta brechas en infraestructura y, sobre todo, en capital humano. El informe subraya que la educación pública en la región está por debajo de los estándares mundiales, lo que limita la disponibilidad de técnicos y empresarios capaces de asimilar nuevas tecnologías.

Para sostener estas tasas de crecimiento, el organismo recomienda fortalecer las instituciones y reducir la incertidumbre política, permitiendo que el capital privado responda con mayor firmeza una vez que la incertidumbre global se disipe.

Ellos y, según la industria, quienes se actualizan, se capacitan y se certifican en las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA). Todos los demás oficios están en alto riesgo de sustitución. Hasta Mark Zuckerberg, el fundador y CEO de Meta, está pensando en reemplazar a sus asistentes personales por asistentes virtuales.

La tendencia es clara. “Este año estará definido por la integración profunda de la IA en todos los niveles”, afirmó Wilson Calderón, director técnico asociado de ManageEngine para América Latina, una división de Zoho Corp. que ofrece más de 60 soluciones integrales para la gestión de tecnologías de información empresarial.

La IA conectará todo el tejido empresarial, desde los sistemas informáticos hasta el negocio, aplicaciones y plataformas de servicios y la ciberseguridad, considerando el retorno de la inversión y el retorno con propósito, que considera el impacto ambiental.

Las estimaciones lo confirman. Un estudio de Microsoft indica que Costa Rica lidera la adopción de la IA en la región, mientras Gartner señala que el 70% de las empresas latinoamericanas aumentarán su inversión en entrenamiento en IA.

Un estudio de ManpowerGroup advierte que las empresas enfrentan un rediseño profundo de los roles laborales, en el que personas, tecnología, talento freelance y agentes de IA “colaborarán” de manera integrada, dando origen a estructuras organizacionales más ágiles y dinámicas.

De manera simultánea, la expansión de las redes móviles de quinta generación (5G) implicará para el sector empresarial la posibilidad de implementar soluciones para sus equipos de ventas, gestión de la producción en plantas agrícolas y manejo de flota vehicular. Además, sus apps de clientes y ventas en línea deberán ajustarse a la nueva tecnología móvil.

En sus informes económicos más recientes, el Banco Central de Costa Rica destaca que el sector de servicios de información mantiene un alto crecimiento. Esta situación se debe a la mayor demanda de soluciones a nivel local e internacional provocadas por el aceleramiento de la transformación digital y la necesidad de mayor competitividad, reduciendo costos, actualizando tareas y procesos y optimizando operaciones.

Cambios laborales

Todo esto modifica los perfiles más demandados por las empresas y en especial en la industria de tecnología, donde según el Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) de Costa Rica se concentran en siete áreas tecnológicas y en nuevas competencias.

Las organizaciones requieren profesionales capaces de diseñar soluciones tecnológicas complejas, gestionar datos con criterio estratégico, proteger activos de información y operar infraestructuras digitales bajo estándares de calidad y seguridad.

“Hoy el mercado laboral no solo busca más profesionales en tecnología, sino profesionales con mayor especialización y profundidad técnica”, explicó Juan Carlos Vega, miembro de la Comisión de Acreditaciones del CPIC. “Las organizaciones necesitan talento capaz de desarrollar soluciones complejas, gestionar datos estratégicamente y proteger activos de información con estándares de calidad y seguridad”.

Las profesiones digitales con mayor demanda se concentran en áreas como:

Telecomunicaciones: la difusión de 5G en cada mercado, fibra óptica y de nuevas tecnologías para redes locales (wifi 5, wifi 6 y wifi 7 para velocidades de hasta 46 Gbps) exige personal que permita aprovecharlas.

Desarrollo de software: se requiere personal para desarrollo de soluciones, aplicaciones e integraciones de sistemas a las nuevas necesidades corporativas, tanto para las nuevas redes de telecomunicaciones como que integren funcionalidades avanzadas.

IA: se requiere personal capacitado en IA para aprovechar las plataformas y aplicaciones basadas en los grandes modelos de lenguaje (como ChatGPT, Gemini, Copilot, etc.), desarrollar soluciones que utilicen esos modelos y realizar diseño, programación y codificación de sistemas y agentes de IA (software que automatiza tareas) usando herramientas de IA como Claude Code, GitHub Copilot, Cursor o CodeGPT.

Análisis y gestión de datos: es un empleo de alta demanda debido a la explosión de información que almacenan las empresas y su necesidad de convertir datos en insumos útiles para tomar decisiones estratégicas basadas en evidencias para ser competitivas.

Ciberseguridad: la rápida digitalización de las empresas y el alto crecimiento de los ciberataques convierten a la seguridad digital en una prioridad crítica y transversal para empresas e instituciones.

Computación en la nube: la migración de empresas hacia entornos digitales, la necesidad de escalabilidad (aumentar y ajustar recursos según la demanda), la reducción de costos, los mayores requerimientos de agilidad, seguridad avanzada e implementación de nuevas tecnologías (IA y Big Data) y el aumento del trabajo remoto (desde la casa o de campo) mediante sistemas, plataformas e infraestructura como servicios (SaaS, PaaS e IaaS, por sus siglas en inglés respectivamente) requieren personal capacitado en las compañías.

Gobierno y gestión de TI: las empresas necesitan integrar tecnologías como la IA, la nube y la ciberseguridad, garantizando al mismo tiempo la seguridad, la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo y la alineación de la tecnología con la estrategia de negocio.

Claves para obtener empleo

Con la tecnología evolucionando constantemente, la formación y actualización profesional constante es un componente estructural de la empleabilidad.

El reaprendizaje acelerado y el desarrollo continuo de habilidades se consolidan como una condición indispensable para la empleabilidad. Esto obliga a colaboradores y a empleadores a realizar esfuerzos en ese sentido.

“El verdadero impacto se produce cuando las empresas logran combinar la innovación con el desarrollo del talento humano. La ventaja humana seguirá siendo el factor determinante en la competitividad empresarial”, dijo Scarleth Tercero, gerente de ManpowerGroup Costa Rica.

Pero los especialistas en empleo, los representantes de los servicios de reclutamiento y las empresas señalan la necesidad de certificarse. Esto no es un requerimiento secundario.

Los clientes de las empresas tecnológicas, empezando por las instituciones estatales que realizan contrataciones públicas, incluyen en los carteles de compras —entre sus requisitos— que sus proveedores de soluciones tecnológicas cuenten con personal certificado en técnicas específicas y estándares internacionales.

Una venta millonaria puede perderse si no se cuenta con personal certificado en el área, las técnicas o los estándares solicitados. Un empleo puede perderse por falta de actualización y de certificaciones en esas áreas, técnicas y estándares exigidas en los requerimientos del puesto.

Prepararse para una certificación implica profundizar en marcos metodológicos, buenas prácticas, normativas técnicas y criterios de calidad reconocidos globalmente. Asimismo, se fortalece la capacidad operativa del profesional y su comprensión integral del entorno tecnológico y de negocios.

“Cuando las soluciones digitales inciden en procesos estratégicos y en el manejo de información sensible, contar con profesionales que operen bajo criterios técnicos claros y estándares reconocidos aporta estabilidad, confianza y calidad al ecosistema tecnológico del país”, concluyó Vega.

Además, ¿de qué forma demuestra una persona que tiene conocimientos, habilidades y destrezas en un área específica y que está actualizada? La certificación cuenta.

Ante consultas de El Financiero, Sugef confirmó la suspensión de Transcomer como entidad inscrita ante esa Superintendencia por lo dispuesto en la Ley 7786 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

En una búsqueda realizada por El Financiero en el padrón disponible en el sitio oficial sugef.fi.cr, la sociedad bajo la cual se describe a Transcomer aparece como “suspendida” y detalla que se dedica de forma profesional y habitual a la compra y venta de bienes inmuebles bajo la cédula jurídica 3-101-341865.

De acuerdo con la respuesta enviada por el departamento de comunicación de Sugef, los sujetos inscritos al amparo del artículo 15 bis de la Ley 7786 deben cumplir una serie de obligaciones. “Cuando se verifica un incumplimiento de esas obligaciones, la Superintendencia General de Entidades Financieras puede ordenar la suspensión de la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados. A esa situación corresponden las suspensiones vigentes a la fecha”, detalla la respuesta de la entidad.

Las obligaciones a las que la entidad alude están contenidas en el Acuerdo SUGEF 11-18, que es una normativa de esa entidad.

La Ley 7786 establece una lista de actividades en las que sus responsables deben inscribirse ante Sugef. Esta inscripción no supone autorizaciones de funcionamiento y tampoco es equiparable con la supervisión regular que lleva a cabo la Superintendencia sobre las entidades que realizan intermediación financiera. Sin embargo si una de estas empresas carece de registro adecuado podría tener limitaciones en los servicios que obtiene de entidades financieras supervisadas.

La Superintendencia no detalló cuáles fueron obligaciones que presuntamente Transcomer habría incumplido para que se le ordenara la suspensión.

Por su parte, Transcomer confirmó que se encuentra en este registro por su actividad de comprar y vender bienes inmuebles de manera ordinaria.

Al respecto, su director de comunicación corporativa, Wilberth Quesada, detalló que entregaron a Sugef información solicitada sobre compras y ventas de propiedades junto con datos financieros. “No obstante, dada la complejidad inherente a nuestro modelo operativo, la Superintendencia ha requerido mayor claridad en la interpretación de esta información, lo que derivó en la suspensión del registro de dicha actividad (compra y venta de bienes inmuebles) desde octubre de 2025″, añadió.

Quesada detalló que a pesar de la antigüedad de la sanción la empresa sigue operando sus negocios con “total normalidad y sin implicación para los inversionistas”.

“La suspensión solo tiene incidencia sobre las compras y ventas de bienes inmuebles, no sobre sus operaciones bursátiles, que es el negocio principal de Transcomer y que es el regulado por la Bolsa de Comercio. Sobre la condición impuesta por la Sugef, la empresa ha presentado las acciones administrativas y legales correspondientes” dice la respuesta enviada a este medio.

La normativa existente señala que la suspensión es una medida precautoria y no es una cancelación ni una revocación de la entidad en el registro.

La legislación establece que quienes resulten suspendidos tienen tres meses para cumplir con lo requerido por la Sugef. Si no se subsana dentro de ese plazo, el Acuerdo 11‑18 dispone que la Sugef cancelará de pleno derecho el asiento de inscripción, salvo que la empresa se oponga; en ese caso, se inicia un procedimiento administrativo de revocación.

Implicaciones

Según el acuerdo Sugef 11-18, las entidades financieras pueden establecer relaciones comerciales con clientes que realicen actividades descritas en los artículos de la Ley 7786, pero con la condición de que se implementen las políticas, procedimientos y controles requeridos.

Parte de esas acciones consisten en verificar que el sujeto obligado al registro se encuentre debidamente inscrito ante la Sugef y también que se definan medidas para cuando esa condición se encuentre suspendida o se niegue a inscribirse.

El artículo 23 de la normativa emitida por Sugef dice que las entidades financieras no podrán prestar sus servicios a las empresas o personas que del todo no estén inscritos o su registro haya sido cancelado o revocado. Esta no es la situación actual de Transcomer, cuyo estado es de suspensión.

De acuerdo con la respuesta de Sugef, las implicaciones para bancos, cooperativas y toda entidad financiera que se relacione con Transcomer en este momento depende de lo que cada una de ellas establezca, siempre al amparo del artículo 23 del Acuerdo 11-18.

Se trata del Hotel y Villas Tangerí, ubicado frente al mar en Jacó que anunció el 18 de abril que dejaría de funcionar.

El Financiero contactó a Sergio Rojas, uno de los miembros de la familia propietaria y que se mantenía al frente de la operación.

Rojas confirmó que el último día de operaciones sería el domingo 19 de abril de estas instalaciones que tenían habitaciones y villas para varias personas, junto con un restaurante.

“Después de más de 40 años, Hotel Tangerí cierra sus puertas, pero no su historia. Nos llevamos cada risa, cada atardecer y cada momento compartido con ustedes. Gracias por ser parte de este camino… siempre serán parte de nuestra casa”, dice un mensaje publicado por la empresa en su cuenta de Facebook.

El motivo del cese de funciones es la venta de la propiedad, la cual dará paso a un desarrollo residencial, dijo Rojas a EF, aunque no brindó detalles de esa operación.

Este hotel es uno de los negocios que funcionó en Jacó desde antes del boom turístico de la zona que ocurrió con la construcción de hoteles y especialmente con torres de apartamentos o residencias en distintas zonas aledañas al balneario entre poco después del año 2000.

Rojas añadió que para el momento del cierre trabajan en el lugar 32 personas que se encargan de velar por el funcionamiento de 14 habitaciones, 9 villas y 2 restaurantes.

Además señaló que la familia dueña seguirá operando uno de los restaurantes y una zona comercial compuesta por 14 locales comerciales.

Tangerí pertenecía a la familia Rojas Esquivel, la cual solamente tenía ese negocio ligado al sector turístico.

En esta edición, habrá más de 350 modelos distintos de carros, tanto eléctricos, como de combustión e híbridos. También estarán presentes marcas de motocicletas, cuadraciclos y motos de agua, así como ventas de accesorios, incluyendo llantas, lubricantes, dispositivos de seguridad, ceras y servicios de spa automotriz.

Si usted está buscando adquirir un vehículo nuevo, hay opciones que inician en los $13.990 en adelante. Se trata del Suzuki Alto K10, un hatchback compacto pensado para ciudad, de dimensiones reducidas, bajo consumo de combustible y un interior simple pero funcional, ideal para quienes priorizan economía y facilidad de parqueo.

Le presentamos el listado de los diez carros con menor precio en la feria.

En conjunto, estos diez modelos de menor precio en la Expomóvil 2026 tienen un denominador común: son vehículos predominantemente compactos, urbanos y eficientes, con presencia creciente de alternativas eléctricas e híbridas dentro de los rangos de entrada. La mayoría están dirigidos a conductores que buscan reducir el impacto en su presupuesto —ya sea por consumo de combustible, mantenimiento o financiamiento—, sin renunciar a contar con un vehículo nuevo de agencia y con garantía.

De esta manera, la feria no solo exhibe el abanico de opciones de lujo o alta gama, sino que también se convierte en una vitrina clave para democratizar el acceso al carro nuevo entre los segmentos de ingreso medio que buscan su primer vehículo o un segundo auto más económico para la familia.

Los visitantes podrán disfrutar de un horario extendido de lunes a sábado de 11:00 a.m. a 10:00 p.m., y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. El costo de la entrada es de ₡3.500 y se puede comprar de manera virtual en www.expomovilcr.com, lo que facilita la compra desde cualquier lugar y permite ingresar directamente sin filas ni atrasos. Niños menores de 12 años y adultos mayores no pagan. El parqueo, administrado por Pedregal, tiene un valor de ₡4.000.

Expomóvil 2026: este es el carro más barato que podrá encontrar

De modelos de entrada a opciones de lujo: el rango de precios y la oferta de marcas en Expomóvil 2026