IMPACTO DE PROYECTOS DE IMPUESTOS EN SECTOR

Advierten sobre más trámites y cargas para servicios de telecomunicaciones

Varias iniciativas afectarían a los operadores y la eventual aprobación de un impuesto al valor agregado afectaría lo que pagan los usuarios en los servicios


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Los servicios y operadores de telecomunicaciones podrían verse afectados por una serie de proyectos de ley que establecerían nuevos impuestos y trámites, mientras que a nivel internacional más bien se analiza la actualización de la lista de productos tecnológicos para otorgarles cero arancel dado su aporte a la educación y desarrollo de las diferentes economías.

Así fue advertido en el seminario "Reforma Tributaria y su eventual impacto en el sector de servicios (telecomunicaciones)", el cual se realizó este martes en el Hotel Crowne Plaza y fue organizado por Ciber-Regulación Consultores, una firma especializada en este sector.

"El éxito alcanzado por la industria de telecomunicaciones desde 2009 lo hace —a los ojos de los diputados— como candidato ideal para imponerle nuevas cargas", afirmó Andrés Oviedo, especialista en impuestos de Ciber-Regulación.

Oviedo enumeró los proyectos que actualmente circulan en la Asamblea Legislativa y que podrían impactar a los operadores directamente, ya sea con más impuestos y cargas como con más trámites.

Se trata de los expedientes: 18966 que adiciona un artículo al Código de Normas y Procedimientos Tributarios; y 19245 para mejorar la lucha contra el fraude fiscal (que contiene 16 artículos que impactarían al sector).

Además, Oviedo afirmó que la eventual aprobación de un impuesto al valor agregado afectaría lo que pagan los usuarios en los servicios de telecomunicaciones, que incluyen televisión por paga, Internet, y telefonía fija o celular, principalmente.

El expecialista explicó que, por ejemplo, en el expediente 19245 se propone que los operadores deben estar al día en el pago de sus obligaciones para obtener cualquier contrato, autorizacion, licencia o permiso.

Sin embargo, hay un problema con esta propuesta: si el operador tiene un desacuerdo con la autoridad tributaria o con otras instancias respecto al monto a pagar, quedaría paralizado para obtener contratos o permisos pues no obtendría la certificación ya que esa autoridad no se la va a dar.

Otro caso se da con el artículo que establece que el operador debe estar inscrito ante la Administración para poder obtener una patente o licencia.

En este caso se crea un trámite más, en lugar de seguir la tendencia a la reducción de trámites, y coloca la carga de la prueba sobre el operador. Lo que procede es que la Administración sea la que cuente con sistemas de información integrados para comprobar que la compañía está inscrita.

Oviedo indicó que en la actualidad los 117 operadores de telecomunicaciones deben cumplir con al menos 11 obligaciones que incluyen cargas sociales, impuesto sobre la renta, impuesto general sobre las ventas, patentes comerciales, canon de regulación y canon de espectro.

"No se puede decir que el sector no aporta", enfatizó Oviedo.

A contracorriente

La posibilidad de establecer nuevas obligaciones, que afectarían al sector y a los servicios de telecomunicaciones, estaría a contracorriente de la tendencia global de estimular al sector tecnológico y de telecomunicaciones.

Francisco Monge, subdirector general de comercio exterior del Comex, explicó que para el segundo semestre del 2015 podría finalizar la negociación sobre la actualización del Acuerdo de Tecnología de la Información (ITA), la cual se realiza en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

De ser así, a la lista de más de 200 productos tecnológicos con arancel cero, se agregarían otros 210. "No hay prevista fecha exacta. Se espera que ocurra este año", dijo Monge.

El proceso para actualizar el ITA se inició en 2012 impulsado por ocho países, entre ellos Costa Rica. Actualmente hay 25 miembros, incluyendo a la Unión Europea (UE).

Precisamente la etapa en que se encuentran es en la negociación final entre China, Estados Unidos y la UE.

El ITA se estableció en 1997 —impulsado y firmado entre otros países por Costa Rica— y la actualización incluiría productos que surgieron en los últimos años.

Por ejemplo, cuando se estableció el ITA las impresoras no tenían funciones de multifuncionales (impresión, fotocopiadora, scanner) ni las computadoras incluían facilidades multimedia.

Monge explicó que actualmente hay confusión sobre las reglas aplicables, se restringe el acceso de nuevos productos y se limita la disponibilidad de nuevas tecnologías.

Insistió que el ITA —junto con la reducción de barreras a la importación de productos de computación en los años 80 en Costa Rica- ha permitido la difusión de los servicios y dispositivos tecnológicos, al tiempo que contribuyó en la diversificación productiva y de las exportaciones.

"Cuando Costa Rica firmó el ITA, era una economía agroexportadora", dijo Monge.

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