Poco a poco, los ciudadanos, el Estado y las empresas adoptan la firma digital de documentos. El Sinpe –como autoridad certificadora– ha expedido cerca de 45.000 certificados de persona física. Comparando este crecimiento con el de otros países, vemos que la adopción de la firma digital en Costa Rica es de las más dinámicas. Pero, ¿a qué se debe?
En primer lugar, en el marco legal de Costa Rica, los documentos electrónicos con firma digital certificada tienen ventajas sobre los de papel con firma manuscrita: estipula que los algoritmos utilizados preservan la integridad de la firma y los documentos firmados, de manera que no se alteren ni falsifiquen; y que los certificados emitidos relacionan inequívocamente al firmante con el documento electrónico; es decir, el firmante no puede quitarse de ser el autor de la firma digital. ¿Cuánto esfuerzo y costos procesales tendrán los juicios y arbitrajes tratando de establecer la autoría de una firma manuscrita o la alteración de un documento en papel?
En segundo lugar, ahí están los costos. Es una verdad de Perogrullo que la administración sin papel es más barata; que el costo de una transacción en línea puede costar el 1% de lo que cuesta en una plataforma de servicios. Pero lo más asombroso, el costo del certificado digital está entre los más baratos del mundo. Gracias a la madurez tecnológica del Banco Central, Costa Rica pudo implementar una autoridad certificadora digital con bajos costos y sin fines de lucro, para facilitar su adopción y uso. Pero, inexplicablemente y sin justificación conocida –usando la plataforma del Sinpe– recientemente el Banco Nacional ha duplicado el precio del certificado digital, lo cual es un golpe innecesario al momento del despegue del uso de certificados digitales por la sociedad costarricense. Lo menos que podemos esperar como país es que el Banco Nacional rectifique esta extraña decisión.
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