Falta mayor decisión para madurar mercado de telecomunicaciones en Costa Rica

Telecomunicaciones exigen más acciones institucionales

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El mercado de telefonía celular cumplió dos años de entrar a su fase de competencia en noviembre pasado.

Para Hannia Vega, exviceministra de Telecomunicaciones que estuvo en la etapa de apertura, se han cumplido con algunas de las metas, como el aumento del uso del servicio de telefonía móvil y un mayor uso de Internet y teléfonos inteligentes.

Empero, todavía quedan tareas sin resolver, que ella misma dejó en la lista de pendientes.

Vega, quien retornó a su puesto de asesoría parlamentaria, se ha mantenido durante los últimos dos años alejada de la arena pública de telecomunicaciones. Accedió a conversar con EF porque considera que ya ha pasado tiempo suficiente.

En el 2012, la penetración de telefonía celular alcanzó el 116%. ¿Se tiene el resultado que se quería con la apertura?

Sí, sabíamos claramente que habría un salto cuantitativo porque el diseño de la política buscaba un fuerte movimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como operador, pero también pensamos que el diseño del concurso era atraer operadores de alto nivel, y no empresas “patito”, para que el mercado se moviera.

Entonces, el ritmo de crecimiento es el deseado…

Los operadores han hecho un esfuerzo por cumplir las metas. Más eso no significa que todo haya fluido de una forma que fuera fácil. Por ejemplo, no pensamos que, pese a los esfuerzos preparatorios en materia municipal, íbamos a tener la reacción tan difícil (para instalar torres) como se tuvo en América Latina.

“Ninguno de los operadores puede decir que no iba suceder, porque en todos los países de América Latina y el mundo ha pasado. Nadie quiere una torre cerca. Nosotros nos preparamos un año antes”.

Si se preparon, ¿qué falló?

Varias cosas. Agendas locales, un grupo de alcaldes mucho más creativo que vieron en esto una oportunidad de oro para solucionar temas locales y un poco de ideología en algunas municipalidades. Particularmente entró ruido en un momento, al inicio, que fue cuánto podemos cobrar.

“En ese instante, el tema de los permisos para instalar torres se complicó porque la cosa no se vio como un asunto de interés público, sino como un tema de “arreglemos algunos temas locales”. Y cuando se emiten criterios (de reglamentos) diferentes a los de la mayoría, los operadores se empiezan a sentir incómodos, porque querían criterios estándares país”.

Todavía hay problemas en algunas municipalidades. ¿Hay solución?

Sí, la Sala Constitucional dio una orden país (de instalar torres), sí hay una directriz presidencial, sí hay una comisión mixta donde participan operadores y municipalidades para ponerse de acuerdo y reglamentos en la mayoría de las municipalidades...

“Hay que acudir, y pocas veces lo voy a decir, a sede judicial, porque en algunos casos ya hay desacato de la orden de la Sala IV. Y en otros casos, hay una lentitud por omisión de gestión. Creo que es un tema más de responsabilidad”.

Quiere decir que hace falta una decisión política o es un asunto de las empresas...

Creo que hace falta una decisión política, porque nosotros tenemos un contrato como país con los operadores (Claro y Movistar). No es una persona quien firmó el contrato; es el Estado.

“Me parece que deberíamos evaluar como país si conviene que unas cuantas municipalidades sigan teniendo un tema que afecta tanto a los habitantes de la comunidad, como a quienes transitan por esa localidad”.

Se estima que el ritmo de la penetración del servicio celular no será tan acelerado. ¿Cuál debería ser la siguiente etapa?

Ya no es un tema de acceso, pero puede crecer porque hay gente que querrá más servicios. Los que tienen un servicio 3G (que permite navegar en Internet) van a querer un servicio 4G (que ofrece velocidades más altas). Vamos evolucionando como una masa.

“Si es cierto que el gran salto se dio en ese momento (primeros dos años de competencia en el mercado celular). Lo que podría emocionar al mercado claramente son los servicios 4G LTE”.

Algunos operadores consideraban que no estábamos preparados para servicios 4G LTE.

Lo pongo de esta manera. Si no lo estuviéramos, el ICE, Claro y Movistar no evolucionarían a 4G LTE. Hay una población, que podría ser selecta al principio, que va a querer el servicio. Pero el mercado costarricense ha demostrado a los operadores que el comportamiento no es igual al resto de los países (de la región), incluso con las tarifas que pagamos, con las asimetrías que tenemos en Internet, (con una velocidad para bajar contenidos superior a la velocidad para subirlo a la nube).

“Podemos sorprender a los operadores en su estimación de quiénes querían 4G LTE, como los sorprendimos con la demanda de teléfonos inteligentes”.

Hay presión de los operadores por aplicar el modelo de pago por descarga para los usuarios pospago. ¿Concuerda con la política de uso de Internet?

Aquí habrá una gran disyuntiva. Si estamos apuntando a que los habitantes se apropien de la tecnología y sean constructores de contenido, tiene que existir un incentivo para tener la posibilidad de difundir ese contenido.

“Pero si eso va a chocar con que las tarifas (de consumo por descarga) limiten la posibilidad de difundir ese contenido, vamos a entrar en una contradicción. Lo que leo es que el Estado costarricense ha hecho un esfuerzo extraordinario para crear esos nichos de mercado que requieren esa parte (el servicio de Internet) de los operadores. Por ejemplo, la estrategia de banda ancha recomienda la simetría (bajar y subir contenido con el mismo ancho de banda a la nube)”.

¿Cuál es el camino?

Tenés varias alternativas como generar incentivos por medio de subsidios para las pymes (creadores de contenido). Y el subsidio se daría hoy si hubiéramos cumplido como país con las metas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para bajar la brecha más dura en estos cinco años.

“Ya estaríamos pensando en la segunda fase de Fonatel, que serían para inversión y no para brecha. Tenemos un retraso”.

Cinco años de retraso ...

Cinco años desde que se emitió la Ley General de Telecomunicaciones (que abrió el mercado). Desde el primer colón que puso el ICE (en el fondo) se debe hablar de Fonatel. Eso son cuatro años.

La mayoría de las tarifas de los servicios de telecomunicaciones se mantienen de la época del monopolio. ¿Ha cumplido su tarea Sutel?

No es solo (tarea de) Sutel. Cuando se estaba en monopolio, fue un asunto de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Tampoco caigamos en que como no se han dado aumentos tarifarios, significa que no se cumplió. Recordemos que para dar un cambio tarifario, hay que tener una justificación y esta no nace del aire. Hay razones de inversión y costos. Ha sido también un problema de operadores.

La Sutel tiene pendiente un estudio para definir si conviene liberalizar las tarifas. ¿Es el momento?

Me parece que para este año se debieron haber liberalizado tarifas, las de telefonía celular e Internet. Esperaba, desde afuera, que este año fuera, al menos, el servicio de Internet fijo.

“No me imaginé que llegáramos al 2014 sin eso. Ese es un estudio que corresponde a la institución pública y no al operador”.

En la Sutel y los operadores hay un uso frecuente del término confidencialidad. ¿Era tan opaco el modelo cuando se creó esta posibilidad en la ley?

Para nada y lo he dicho hasta el cansancio. Cuando se estableció la ley, se dijo que la declaración (de un tema) como confidencial debía ser un asunto de estrategia comercial de las empresas.

“Pero lo que terminó siendo, y sigue siendo hoy, es que nadie sepa lo que hago y eso es muy grave en el caso de Costa Rica, donde hay un operador público”.

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