Falta voluntad en apertura celular

Gobierno no han podido despolitizar y agilizar el ambiente para   estimular  la competencia en el sector


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A diez meses de competencia en el mercado celular, todavía hay pendientes y atrasos que están afectando las expectativas de la industria que se generaron con la apertura.

En este proceso, el factor decisivo ha sido una voluntad política que ha tenido un tono débil.

El Gobierno tiene cuatro deudas con las compañías telefónicas. El punto crítico es en el tema de la infraestructura: falta despolitizar, activar y agilizar los trámites para instalar las torres. En esto, el Ejecutivo no ha logrado coordinar o convencer a los gobiernos locales para que den los permisos respectivos.

Hay un segundo pendiente en lo financiero: actualizar el pliego tarifario para que responda a un mercado en competencia, labor en la que los operadores reclaman más agilidad a Sutel.

Además, hay dos temas en el campo técnico: falta crear una política para el acceso al espectro radioeléctrico e impulsar la portabilidad numérica. En el primero, la Contraloría jaló las orejas por el desorden en la materia; en el segundo, hay señales de que podría resolverse en febrero.

En contraste, la competencia en el mercado celular permite a la gente elegir planes y ofertas entre tres operadores. El país también aumentó la penetración de telefonía móvil en un 33,2% de mayor del 2011 a agosto de este año. El cálculo toma en cuenta datos de la Presidencia del 2011 y un informe del ICE de agosto.

Empero, los pendientes del Gobierno, con los nuevos operadores podrían exponer al país a una demanda internacional por un trato desigual en el mercado y cambios en las reglas del juego.

Esteban Agüero, abogado de la firma Aguilar Castillo Love, explicó que los problemas para obtener permisos para instalar torres e incumplir plazos en compromisos como la portabilidad implica un trato desigual entre el ICE y las empresas privadas.

“Los cambios de reglas del juego dados son un incumplimientos que podrían violentar las obligaciones de inversión que Costa Rica ha asumido con el Tratado Comercial con México y el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con el Reino de España”, dijo.

Una posibilidad que tiene presente el Gobierno y que influyó en la ampliación del plazo a Claro y Movistar para desarrollar la red que cubre la Gran Área Metropolitana que establece el contrato.

María Guzmán, viceministra del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), dijo que el riesgo de una demanda internacional se expuso a la Sala IV, para acelerar la decisión sobre la validez o no de los trámites ambientales que exige Setena para instalar las torres.

La consulta tiene paralizada la construcción de radiobases desde marzo. “Nos propusieron hacer una reforma al reglamento que presentamos en agosto, pero todavía estamos a la espera”, dijo Guzmán, quien agregó que había unos 100 trámites pendientes al acogerse el recurso.

En un laberinto

Al problema se suma que aún no todos los municipios tienen un reglamento. Solo 68 de los 81 gobierno locales poseen reglas, lo cual no implica que el problema está solucionado en estos cantones, porque un trámite puede durar más de tres meses.

Nueve municipalidades tienen el reglamento en consulta y cuatro no han aprobado el documento. Además, una torre construida puede ser clausurada ante protestas de vecinos, según información de las operadoras.

Como consecuencia, Claro y Movistar han tenido que ser creativos para llegar a más de un 90% de las zonas pobladas del país.

Porcentaje de cobertura que adelanta casi cuatro años el plan de desarrollo de la red exigido por el país. No obstante, ambas compañías tienen islas en el territorio donde no pueden dar servicio o cuya señal tiene deficiencias.

Un factor que les resta competitividad frente al ICE. La cobertura y la calidad de la señal es el principal anzuelo para capturar a los clientes, de acuerdo con un encuesta realizada por la Escuela de Estadística de la UCR, publicada por EF en julio del 2011. “Cambiamos el diseño de la red y hemos sido ingeniosos con las soluciones”, dijo Jorge Abadía, director de Telefónica (Movistar).

Con la plata en la bolsa

La imposibilidad de instalar radiobases también ha generado un impacto en los bolsillos de los operadores y la inversión que debía entrar al país.

Abadía explicó que el cambio había elevado de “manera significativa” la inversión.

Por su parte, Luis del Cid, director de Claro, confirmó que el país ha dejado de percibir más de $100 millones en nueve meses por las torres que no han instalado.

“Vinimos con un plan de negocios y de desarrollo de la red, con el objetivo de ser un elemento diferenciador respecto al operador establecido (ICE). La meta no es estar a la par de este, sino tener una mejor cobertura y calidad”, añadió el empresario. En el caso de Claro, el plan de negocios elevó su costo en un 40%.

El escenario para el ICE no es muy diferente. Jaime Palermo, gerente de clientes, manifestó que unas 300 torres se añadirían a la red este año, pero que no han podido cumplir con la meta.

El funcionario no quiso detallar el porcentaje que se había alcanzado instalar ni el impacto económico.

Empero, para Juan Manuel Campos, abogado y consultor en telecomunicaciones, las trabas para levantar las redes son un mal síntoma para el sector. “El país no garantiza al inversionista la seguridad jurídica. Es sorprendente cómo se invita a invertir en el país y el Estado no otorgan las facilidades necesarias”, dijo.

Los operadores reconocen que no esperaban que todo estuviera resuelto desde el “día uno”, luego de romperse el monopolio, pero esperaban un mayor apoyo de la Presidencia, el ministerio del área y Sutel. “No podemos hacerlo solos. Necesitamos el respaldo del Gobierno para que esto camine más rápido”, dijo Del Cid.

Además, el cambio del viceministerio de Telecomunicaciones (de Minaet a Ciencia y Tecnología) y la salida de la titular original, Hannia Vega, en medio del proceso, ha hecho que falte una “paternidad ministerial” clara.

Por su parte, Guzmán alegó que se ha tratado de agilizar los trámites al sector al pasarlos al mundo digital y asesorando a las municipalidades en el proceso. “Nunca pensamos que la diversidad a nivel municipal y la autonomía perjudicara llevar un proceso armonioso”, dijo.

Más flexibilidad

Las compañías también claman por acoplarla las tarifas a un mercado en competencia.

Palermo recordó que la solicitud para pasar de una tarifa por velocidad en Internet móvil a una por descarga se realizó antes de la apertura.

Desde el inicio de operaciones en el 2009, la Sutel no ha renovado las tarifas de llamadas de voz, mensajes de texto y multimedia. El avance se ha dado en Internet móvil, cuyo cambio a un modelo por descarga está en estudio.

“Se necesita mayor flexibilidad comercial para moldear productos y tarifas en función de las necesidades del consumidor y no en función de la regulación”, manifestó del Cid.

Las empresas también tiene necesidad de más espectro radioeléctrico para añadir tecnologías, algo que alegan las deja en desventaja frente a la facilidad del ICE en este campo.

Así, cuando se acerca el primer aniversario para la competencia celular, pareciera que el deseo que pedirían los operadores y los consumidores es una mayor voluntad para apoyar el proceso.

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