TECNOLOGÍA

Diputados enfrían batalla sobre colegiatura obligatoria de informáticos

Plenario deja de lado pleito por agremiación obligatoria de informáticos; empresas no bajan la guardia.

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La discusión sobre la colegiatura obligatoria de informáticos y profesionales en computación se enfría en la Asamblea Legislativa mientras se aviva entre profesionales y empresarios.

La polémica que levantó el proyecto de Ley del Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) suavizó las posiciones de algunos diputados y volcó las de otros, a pesar de que el proyecto fue dictaminado positivo de forma unánime por la Comisión de Asuntos Sociales.

“A mí no me desvela que ese proyecto se apruebe, así de sincero se lo digo”, apuntó Ronny Monge, diputado de Liberación Nacional que pertenece a la comisión.

La posibilidad de que esta obligación afecte a los trabajadores que han obtenido sus conocimientos de forma empírica o técnica fue el principal punto de discusión para el grupo de legisladores y lo es ahora para empresarios.

La diputada Carmen Quesada, del Movimiento Libertario, presentó un dictamen negativo de minoría una semana después de que el plan recibiera el aval, pues se encontraba fuera del país en el momento en que se presentó el proyecto en la Comisión.

Su principal preocupación es que las modificaciones a la Ley Orgánica del CPIC excluyan a quienes carecen de título universitario.

“¿Qué va a pasar con los informáticos que trabajan en las escuelas sin estar graduados? Yo vengo de una zona rural y eso nos afecta a todos”, alegó la diputada de la provincia de Limón.

Un 42% de los técnicos graduados por el Ministerio de Educación Pública (MEP) entre 2006 y 2012 se encuentra entre las áreas de la ciencia y la tecnología.

“Hay montones de ejemplos de gente que no necesariamente son profesionales que podrían quedar afectadas por este tipo de proyecto de ley”, dijo Otto Rivera, vicepresidente de la Cámara de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (Camtic).

De hecho, la Cámara reunirá a varios profesionales para trabajar en una contrapropuesta.

El Colegio, por su parte, insiste en que los estudiantes y profesionales empíricos no están contemplados dentro de la ley, por lo que no los afecta.

Para Jorge Rodríguez, legislador por el Partido Unidad Social Cristiana, el hecho de que el CPIC confirmara que no habría afectación para estas personas, fue razón suficiente para aprobarlo.

Sin embargo, esta discusión ya no es una prioridad para ninguno de ellos. Los diputados descartaron que el proyecto sea convocado en este periodo de sesiones extraordinarias, pues ocupa uno de los últimos lugares en la corriente. Además, dada su baja popularidad, carece de padrinos legislativos.

Una preocupación más

“Si a mí me obligan a colegiarme, prefiero irme a trabajar a otro país. Me voy para Panamá”. Oscar Vindas, un joven informático, se expresa así con respecto a la colegiatura obligatoria.

La colegiatura podría representar un retroceso en la búsqueda de recurso humano que en este momento es escaso en comparación con su demanda. En este punto coinciden los empresarios.

“En Costa Rica el desempleo ronda el 9%. Ningún informático está en esa lista, en nuestro gremio más bien faltan personas que satisfagan la demanda local y global”, comentó Óscar Retana, director de operaciones de la empresa de tecnologías de la información Gridshield.

El primer Informe de la Ciencia y la Tecnología corroboró su opinión. Entre 2001 y 2011 la cantidad de títulos otorgados en campos de ingeniería y tecnología casi se estancó en un 6% y solo 38 de las 75 carreras acreditadas en el país corresponden a estas áreas.

Según la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (Cinde), imponer una colegiatura obligatoria es también interponer una barrera de entrada para empresas y transnacionales.

“Si a esto sumamos la limitación que representaría la nueva norma afectaríamos directamente la competitividad del país ante las empresas”, dijo Jorge Sequeira, director general de Cinde.

“Es como pretender tener emprendedores y obligarlos a colegiarse en el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas”, agregó Federico Castro, de operaciones de TI en Intel.

Sin valor agregado

“La colegiatura no le agrega ningún valor al profesional en informática”. El dueño de esta frase es Arturo Londoño, gerente de Tecnologías de la Información de Intel. Sin embargo, podría ser casi cualquier empresario del país.

La calurosa discusión sobre el proyecto de ley reveló una tendencia aún más profunda: para los empresarios, un informático colegiado es igual que uno que prefiera no serlo.

“No hay nada que motive al profesional a incorporarse al colegio”, opinó Emy Jiménez, gerente general de la empresa de soluciones tecnológicas GSI.

Este es uno de los puntos de combate del Colegio de Profesionales: generar un valor para quienes se agremien.

“No podemos incentivar a los profesionales con una bolsa de empleo, ni podemos gestionar que haya una competencia leal porque la regulación no lo permite”, comentó Catalina Blanco, gerente general del CPIC.

La intención del Colegio, insiste su gerente, es fortalecerse para unir cada vez a más profesionales, con el fin de defenderlos de manera adecuada.

Mientras tanto, la Asamblea Legislativa comienza a perder interés en el tema y los empresarios enfilan sus armas ante la posibilidad de ver afectados sus intereses y los de sus trabajadores.

Interpretaciones

¿Puede la modificación de la Ley Orgánica del CPIC afectar a técnicos o autodidactas?

Según su artículo 4, los colegiados serán profesionales, graduados por lo menos con el grado de bachiller universitario, en informática y computación. Según el CPIC, la colegiatura obligatoria no afecta directamente a quien no esté graduado, pues está fuera del marco de acción de la ley.

El abogado penalista Alexander Rodríguez anota un punto para el análisis. El Código Penal en su artículo 315 señala una penalización a quien ejerza una profesión sin la habilitación necesaria, si esta es obligatoria.

En dado caso, la ley debería definir expresamente cuáles son los límites de acción de un profesional. Si no lo hace, queda a la libre interpretación del juzgado si una persona está incurriendo en un delito por ejercer funciones que podría estar realizando un profesional agremiado.

Fuente Alexander Rodríguez, abogado.

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