La fiesta de los privilegios en las convenciones colectivas y la piñata de las remuneraciones en el sector público superan por mucho el fallido “convivio navideño” que Recope tenía planeado organizar para 300 empleados por un monto de casi ¢7 millones, o la contratación de juegos mecánicos por ¢4 millones para animar el “almuerzo fraterno” del INA.
Por supuesto que mortifica a la opinión pública enterarse de estos preparativos, o de que el año pasado 13 entidades públicas en conjunto se gastaron ¢51 millones para pagar rezos, comidas y celebraciones.
Nada de lo anterior se soluciona con la directriz que firmó el presidente esta semana para calmar los ánimos y tantear prohibir las actividades recreativas financiadas con fondos públicos.
Está claro que el meollo del asunto no son las fiestas, ni tener que pagar una cimarrona, la chicharronada en paila, los pinchos de camarón, o las bolitas de coñac; aunque el conato de despilfarro pone sal en la herida.
Una parte importante del problema está en lograr ajustar a las posibilidades económicas del país el contenido de las más de 70 convenciones colectivas del sector público, sabiendo que esa decisión conlleva necesariamente reducir o eliminar privilegios que se han mal llamado derechos adquiridos.
De nada vale denunciar esas leyes profesionales si hace falta voluntad de los interesados para aplicar recortes. Ya hemos visto como las negociaciones se alargan por años mientras los beneficios se mantienen indefinidamente lo que podría considerarse una tomadura de pelo.
El viceministro de la Presidencia comentó en un artículo publicado en La Nación que “ han sido denunciadas todas las convenciones colectivas que incorporan cláusulas abusivas, y tenemos logros palpables… en tres instituciones”. (El resaltado es propio).
Llaman la atención varios puntos entorno a esa afirmación.
Según lo dicho, debemos tener certeza entonces de que no queda una sola convención por denunciar, es decir que TODAS están en proceso de renegociación. ¿Cuántas y cuáles son exactamente esas convenciones?
¿Habría que interpretar que las que a hoy no están denunciadas es porque no tienen cláusulas abusivas y se mantendrán tal cual están?
Es curioso que el autor de ese artículo, reconociendo la necesidad de acabar con los abusos en las convenciones, sea quien tan solo unos días atrás acordó con Patria Justa “revisar” el pronunciamiento de la Dirección Jurídica del Ministerio de Trabajo que sostiene la posibilidad de eliminar beneficios divorciados de la razonabilidad y la proporcionalidad.
En todo caso si no es por las buenas, por la vía de la negociación, queda la opción de recurrir al control constitucional sometiendo a conocimiento del poder judicial aquellas cláusulas que se consideran desproporcionadas para que sean excluidas a la fuerza.
En el caso de Recope la convención colectiva se denunció hace un año y sin embargo no hay un acuerdo con el sindicado sobre el nuevo contenido y los recortes esperados. Tanto es así que la presidenta ejecutiva de la institución acaba de presentar una acción de inconstitucionalidad para cuestionar el artículo 107 de la convención.
Para la Sala Constitucional la convención colectiva de Recope es una vieja conocida.
La amputación de una parte de los acuerdos por parte de un tercero ajeno a la negociación claramente no es lo deseable, pero en este país ha sido el único camino ante la intransigencia de entablar negociaciones racionales y razonables entre las partes interesadas.
Por lo pronto, seguimos pagando la fiesta aunque no estemos invitados.