Una chambonada: el levantamiento del veto

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El levantamiento del veto a la reforma procesal laboral es una pésima noticia para iniciar el fin de semana.

Sorprendió en su momento el veto de Laura Chinchilla pero más impresión ha causado la decisión tomada por Luis Guillermo.

Si habían dudas sobre el proyecto, ¿por qué precipitarse?.

La reforma procesal laboral ya es ley de la República, y el artículo 382 podría ponernos en aprietos.

!Pero que magnitud de contradicción!. Por un lado el Presidente levantó la prohibición y por el otro dice que pondrá en vigencia un decreto para impedir lo que él mismo ha legalizado. Una decisión a la tica.

Esto es una chambonada, lamentablemente. Nos han dado atolillo con el dedo señalando que reglamentará el tema , puntualmente el segundo párrafo del artículo 382 de lo que fue hasta hoy el proyecto 15.990.

Quedamos de nuevo en manos de la Sala Constitucional ya que varios diputados han anunciado que van a recurrir la decisión presidencial.

¿No era que con Costa Rica no se juega?. La alianza del PAC con el Frente Amplio tiene al sector productivo con la piel de melocotón, y más aún con señales e inconsistencias como las que conocimos hoy todos los costarricenses.

Se salió con la suya Casa Presidencial, y tendrán que apechugar por la decisión tomada.

Nos dice el Presidente, y el Ministro de Trabajo (quien tiene en su saco la aprobación de dos proyectos importantes: la Ley de Protección al Trabajador y ahora la reforma más grande al Código de Trabajo), que con el levantamiento del veto se verán beneficiados el 90% de los trabajadores de este país. Suena lindísimo, pero ¿cómo?.

Mantengamos los pies en la tierra: la reforma no frenará los despidos abusivos, ni acelerará la resolución de los expedientes judiciales, pero sí hace posible la huelga de servicios esenciales.

Por supuesto que el Código de Trabajo necesita modificaciones, mejoras y más, y la reforma inició siendo procesal pero terminó incluyendo una serie de normas adicionales en materia de derechos colectivos para las cuales el país podría no estar preparado.

No estamos innovando nada con el tema de las huelgas, hay muchos otros países que tienen una regulación para servicios esenciales. Lo que me pregunto es si en la práctica tendremos la inteligencia y el colmillo para hacer una correcta aplicación del texto normativo.

Según el contenido de la propia reforma vetada, los servicios públicos esenciales son aquellos que en caso de paralizarlos pondrían en peligro los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad pública, el transporte, mientras el viaje no termine, y la carga y descarga en muelles y atracaderos, cuando se trate de productos perecederos o de bienes de los cuales dependa la vida o la salud de las personas.

Para justificar la huelga en servicios esenciales, la solución es pretender garantías de mantenimiento, es decir, que la organización sindical que convoca a la paralización se comprometa a que conservarán “servicios mínimos durante el tiempo de huelga”. Y señores, aquí pueden darnos, una vez más, atolillo con el dedo.

Hagámosle un acercamiento a este detalle.

Sería necesario que el sindicato arme un plan de servicios esenciales , ¿cuál es el mínimo necesario para que no muera nadie? Pensemos, por un momento, en la pasada huelga de anestesiólogos.

Si la parte empleadora no queda a gusto, entonces ¿quién dirá ahora la última palabra? El juez de trabajo, quien por mucho que conozca la ley poco sabe de la continuidad de servicios mínimos esenciales.

Dice la reforma que la no prestación de servicios mínimos conllevará a que la huelga sea declarada ilegal. Ello no asusta a nadie, si ya de todas formas, como es costumbre en este país, las huelgas se declaran contra le ley sin mayores consecuencias. Por la ilegalidad del movimiento no se deja de pagar el salario, ni se le termina el contrato a ningún huelguista.

La legalización de la huelga en servicios esenciales va más allá de querer congraciarse con un sector social determinado, y mucho más allá de pretender figurar como impulsor de derechos laborales colectivos. Hay un tercero ajeno al conflicto, la comunidad en sentido amplio, que no debe quedar desprotegida.

El Presidente se ha dejado seducir por el sector sindical, y el levantamiento del veto han de estarlo celebrando juntos.