Según Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en el lanzamiento de su Informe Económico en febrero del 2016, "Costa Rica dedica un 7% de su Producto Interno Bruto (PIB) al gasto en educación. En la OCDE únicamente algunos países nórdicos y Nueva Zelanda gastan un porcentaje mayor. Sin embargo, los resultados educativos son bajos. Sólo el 40% de la fuerza laboral ha terminado la secundaria, muy lejos de los niveles de la OCDE (75%) y también de otros países en América Latina. Asimismo, la prueba PISA muestra que, en matemáticas, Costa Rica ocupa la posición 56 de un total de 64 países".
El informe también menciona que en los últimos años ha habido una desaceleración en el crecimiento en la productividad y menciona que uno de los factores obedece a que las universidades públicas contribuyen con muy poco al gasto público en investigación y desarrollo. A lo anterior se suma un sesgo en el gasto universitario en carreras que generan poco valor agregado, como ciencias sociales, y poco gasto en carreras de ciencias, matemáticas, ingenierías y tecnología.
Según el Quinto Informe Estado de la Educación, el 50% de los estudiantes de las universidades estatales provienes del 40% más rico del país. Tan solo un 22,6% de los estudiantes de las universidades estatales "pertenecen a los hogares de menores ingresos". Es decir, con el presupuesto de las universidades estatales se subsidian a más estudiantes ricos que a pobres y se convierten así en un instrumento que, en vez de mejorar la distribución del ingreso, la empeoran. Si una política social significa trasladar ingresos de los ricos a los pobres, con estas cifras las universidades estatales resultan ser antisociales.
Las universidades públicas tienen varias fuentes de ingresos. Una de ellas es el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) la cual es una transferencia directa del Presupuesto de la República. Este fondo ha ido creciendo a una tasa muy superior a la inflación. Para el año 2011, el monto del FEES fue ₡252.8 mil millones de colones y en el 2015 llegó a ₡410.5 mil millones. Esto representó un crecimiento del 62.4% mientras que, durante ese mismo periodo, la inflación creció tan solo un 19%. Para el 2016, el monto del FEES aumentó a ₡440.8 mil millones que se traduce en un aumento adicional del 8.32% en términos reales.
El presupuesto del FEES significó en la Universidad de Costa Rica (UCR), un promedio de ₡3.8 millones por estudiante para el 2011. Esa cifra se elevó a ₡5.3 millones por estudiante, por año, para el 2014. Tomando en cuenta que a un estudiante de la UCR le toma en promedio 8 años para obtener un bachillerato, usando cifras del 2014, un bachillerato le costaba al pueblo de Costa Rica la suma de ₡42 millones. Sin lugar a duda alguna, esta cifra debe ser aún más alta hoy.
Tomemos en cuenta que el FEES no es la única fuente de financiamiento de los centros de enseñanza superior. Según el diario La Nación en su edición del 29 de febrero del 2016, la UCR cobró a alumnos de posgrado una cuota "voluntaria" de ₡11 millones.
En otras palabras, Costa Rica tiene un gasto enorme en educación pública y los resultados dejan mucho que desear como bien lo manifiesta la OCDE. Esto es preocupante porque este gasto en educación se financia con el sudor del contribuyente por medio del pago de impuestos. La educación es algo importantísimo y un valioso instrumento para el desarrollo humano, tanto material como espiritual. Se dice que el Gobierno debe ejercer una función social al proveer bienes como salud y educación a personas que, por su nivel de ingreso, no son capaces de pagarlo. ¡Estoy de acuerdo! Pero el desperdicio es un pecado y debe ser repudiado socialmente. Debemos buscar siempre la manera más eficiente de hacer las cosas.
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Según la ciencia económica, y en particular lo que nos enseña James Buchanan -Premio Nobel en Economía- con su teoría del public choice, es que el abuso en las instituciones públicas es algo natural, no circunstancial. Por tanto, el abuso del burócrata es algo que no se puede corregir con reformas legislativas. El burócrata, nos dice Buchanan, tiene los mismos valores y es tan imperfecto como cualquier otro agente económico privado. El burócrata no es ningún ángel en busca del bien común sino un ser humano, que busca su propio bienestar y responde dando prioridad a sus propios intereses. Para Buchanan, es pueril asumir la visión maniquea que el agente privado es avaro y se interesa solo por el lucro mientras que el burócrata está libre de esos males. Para el public choice, el ser humano tiene de manera universal la misma naturaleza sea consumidor, empresario, sindicalista, extranjero o burócrata. Por lo tanto, concluye el public choice, es absurdo creer que los objetivos de solidaridad se pueden realizar mejor por medio del burócrata que por la iniciativa privada operando bajo libre competencia. Dado lo anterior, se concluye que ni los políticos ni los burócratas deben tener poderes discrecionales, que no deben de manejar empresas y que el gasto público debe ser mínimo.
El public choice nos lleva a la pregunta, ¿es necesaria una universidad (empresa) administrada por burócratas y financiada con recursos de los contribuyentes para garantizar el acceso de buenos estudiantes, pero de bajos recursos económicos, a la educación superior? La respuesta sería negativa y debemos buscar formas alternativas de llevar a cabo el objetivo social.
Veamos el caso del Instituto Nacional de Seguros (INS) que no es ni propietario ni administrador de talleres de vehículos. El INS se limita a pagar la reparación a los talleres respectivos. De igual manera, no es necesario que el Gobierno administre universidades. Lo importante es que el Gobierno subsidie a los estudiantes de muy bajos recursos con la educación superior, sea con facilidades de crédito, o con becas parciales o totales. Estos subsidios se pueden realizar a través del sistema financiero o por medio de una institución como Conape. Con los adelantos tecnológicos existentes, bien se puede crear una página de acceso libre con la lista de los beneficiados y los montos recibidos de modo que el mismo pueblo pueda velar por la transparencia del uso de estos fondos públicos.
Con esta propuesta, nos ahorramos el despilfarro de las universidades estatales. Además, nos garantizamos que el 100% de los recursos serán destinados a los estudiantes que realmente lo necesitan y con ello mejoramos la distribución del ingreso, la equidad y las oportunidades. Con esta propuesta, no se destinaría un solo cinco al pago de burócratas universitarios, ni a sus privilegios en puestos administrativos, ni a financiar publicaciones poco profesionales de estos centros superiores.
El uso eficiente de los recursos públicos es importante y necesario pero independiente de la calidad del servicio. ¿Cómo podemos garantizar la mejor calidad posible en la educación superior? La respuesta ya lo ha dado la ciencia económica. Solo la libre competencia garantiza la mejor calidad posible al menor precio posible con la mejor distribución posible y la mayor variedad que las condiciones permitan. Muchos defienden a las universidades estatales aludiendo a la buena calidad de su enseñanza. No obstante, solo la incompetencia requiere subsidio; la calidad no. Si las universidades públicas son de calidad, no necesitarían de financiamiento alguno por parte del gobierno. La calidad es producto de la libre competencia, no de la planificación central. Profundizaré en el tema de cómo mejorar la calidad en la educación superior en una futura entrega.
¡Privaticemos a las universidades públicas porque no son necesarias para mejorar la justicia social! ¡No hace falta ni una sola universidad estatal! La opción de emular el sistema del INS en la educación superior es muchísimo más barata, eficaz y eficiente tanto en su objetivo social como en el buen uso de los recursos.
En fin, los problemas que denuncia la OCDE en relación al abuso, ineficiencia e ineficacia en el uso de recursos en las universidades públicas es algo muy serio que, siguiendo las enseñanzas del public choice, no se resolverá con recortes, ni con eliminación de los "pluses" salariales, ni con nuevas leyes que vengan a regular el salario en el sector público. No viene al caso discutir cosas como si es justo el salario que actualmente reciben los funcionarios. El asunto es buscar maneras más eficaces para lograr la justicia social. El asunto es cuestionar la existencia misma de muchas instituciones públicas, incluyendo a las universidades estatales.