Hace unos días, los diputados aprobaron una moción para excluir a las empresas públicas que operan bajo competencia del proyecto de ley de empleo público.
Estoy de acuerdo que las empresas públicas queden excluidas del proyecto de ley de empleo público siempre y cuando se abra totalmente el mercado pertinente a la libre competencia para que sea esta última la que regule los salarios de las empresas públicas. El problema es que ninguna empresa pública opera bajo libre competencia.
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Por ejemplo, el sistema financiero en Costa Rica está tan excesivamente regulado que estrangula a la libre competencia y limita la existencia de entidades financieras. Mientras que, en Panamá, donde hay libre competencia en el sistema financiero, operan unos 70 bancos, en Costa Rica apenas tenemos unos 12. En otras palabras, es mentira que el Banco Nacional y el BCR operan bajo régimen de competencia. Lo correcto sería afirmar que el sistema financiero costarricense opera bajo régimen de oligopolio creado por ley y que está protegido de la competencia por el exceso de regulaciones que impone la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Es necesario que los salarios de las empresas públicas se ajusten a su productividad. Para ello es necesario sacar a las empresas públicas del proyecto de ley de empleo público, pero esto debe venir acompañado del rompimiento de monopolios, oligopolios y barreras de entrada creados por ley. También es indispensable que las empresas públicas operen sin subsidio ni proteccionismo por parte del gobierno.
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En el caso de las empresas públicas, deben ser el libre mercado y la libre competencia los que se encarguen de equiparar los salarios a su productividad. Solo en un mercado de libre competencia sabremos si los salarios de las empresas del sector público son consecuencia de la explotación al consumidor o de su productividad. Ninguna empresa con salarios privilegiados puede sobrevivir en un mercado abierto a la verdadera competencia.
En cualquier curso de Principios de Economía se aprende que todo lo que limite la libre competencia se traduce en una explotación al consumidor, en una pérdida del bienestar, en aumento del desempleo, en menor crecimiento, en precios más altos y en una disminución de la calidad. Toda regulación limita la libre competencia y es por eso que la primera debe evitarse. Es decir, solo la ignorancia, la avaricia de poder político o la corrupción (entendida como un acto para beneficiar a ciertos grupos a costa de la pérdida de bienestar del país) justifican la existencia de monopolios y oligopolios creados por ley.
Sin embargo, no hay nada en la Economía que justifique la existencia de empresas públicas. Como bien dice el Banco Mundial en su informe El Estado como empresario: “… el Estado es menos eficaz que el sector privado.” Con esto, sus decisiones, “… perjudican el crecimiento económico y hacen más difícil que la genta supere la pobreza.”
Es decir, lo que procede con las empresas públicas, no es solo someterlas a la más dura e irrestricta libre competencia, sino que debemos privatizarlas a todas, sin excepción, donde el 51% de las acciones se venda en subasta al mejor postor y que el restante 49% de las acciones se distribuyan gratuitamente entre todos los costarricenses mayores de edad. En mi artículo Democraticemos las empresas públicas, detallo la propuesta de venta de empresas públicas.