Uno de los graves errores en política es creer y respaldar la idea de que la función del gobierno es proteger a los grupos de presión. La gente olvida que cuando el gobierno protege a un sector, inevitablemente debe castigar al pueblo porque la protección nunca es gratis. Las consecuencias de esta práctica son: precios más altos, menos inversión, menos empleo, menor calidad en el servicio y peor distribución de la riqueza. En el caso de Uber, la protección al gremio de los taxistas rojos (aquellos que operan con licencia otorgada por el gobierno) no solo ha traído consecuencias económicas negativas, sino también situaciones sociales perversas al promover el odio, la violencia con el daño a la propiedad privada y la integridad física.
En economía se le llama rent-seeking o buscadores de renta a los casos donde grupos de presión usan al gobierno para obtener beneficios y mantener transferencias injustas a costa del resto de la sociedad. En otras palabras, los buscadores de renta pretenden un incremento en sus ganancias, no como consecuencia de mejoras en la productividad, ni de mayor esfuerzo propio, ni de la innovación, sino a través de la explotación de los contribuyentes o del consumidor.
Una de las maneras que operan los grupos de presión para obtener ganancias extraordinarias, es restringiendo el ingreso al mercado; es decir, limitando la libre competencia. Tal es el caso de los taxistas rojos. Sin embargo, al limitarse y reducirse la oferta de cualquier bien o servicio, el precio siempre sube y la calidad cae.
Lea: Los grupos de presión están acabando con el país.
Una de las ventajas de promover la libre competencia, es que no favorece a ningún grupo de presión. Como no se favorece a nadie, la libre competencia no genera odios, ni pugnas, ni pleitos entre distintos grupos, contribuyendo así al orden, a la paz social y al fortalecimiento de la democracia. Libre competencia es ausencia de privilegios, ausencia de monopolios y ausencia de mercados protegidos por ley, sea para el burócrata, el sindicalista, el político o el empresario. Libre competencia significa dejar de usar al gobierno como mecanismo para conseguir rentas extraordinarias que son injustas y abusivas.
En el mundo de los negocios se dice que "If it is not broken, don't fix it" (Si no está dañado, no lo arregle). Si el usuario de Uber no se queja, ¡no hay nada que arreglar, no hay nada que regular! Por el contrario, la plataforma digital de Uber ha demostrado que la regulación por parte del gobierno en esta industria es totalmente innecesaria y hace obsoletas instituciones en defensa del consumidor o de los habitantes.
A Uber se le defiende no solo por el argumento económico en contra de las políticas que favorecen a los grupos de presión sino, además, por un asunto ético y de principios básicos de convivencia social: a ninguna persona se le debe coartar su libertad para poder trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente. Es inmoral que un Gobierno limite la cantidad de personas que deseen abrir una pulpería, importar hidrocarburos, vender divisas o trasportar personas. Defender a Uber es defender la libertad de escoger, la libertad de trabajar honestamente sin necesidad de pedirle permiso al gobierno y la libertad de disponer de nuestro capital.
La libre competencia siempre ha sido buena. No solo promueve la eficiencia en el uso de los recursos, sino también la justicia porque favorece al innovador, al emprendedor, al visionario, al que trabaja más horas, al que invierte sanamente para satisfacer las necesidades de la gente, etc. ¡Esto es sano y bueno!
Ningún gobierno democrático que defienda el valor de la libertad debe interferir cuando no hay víctimas. Si un ser humano no está violando la libertad individual de un tercero, no hay razón alguna para que el gobierno meta sus narices. Tengamos presente que es de tiranos desear controlar cada aspecto de nuestras vidas. En este sentido, me tiene muy preocupado esta obsesión del Gobierno de Luis Guillermo Solís en contra de Uber, (y en general su defensa de los monopolios públicos, gremios sindicales, etc) pues no deja de recordarme al fascista Mussolini quien decía: "Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado".
La solución definitiva en cuanto a Uber, no es regularlo sino liberar el servicio de taxis, para lo cual debemos derogar las leyes 7.969 y 8.955, tal y como lo propone el proyecto de ley, bajo el expediente nº 19.695, "Ley para liberalizar el servicio de transporte en las modalidades de taxi y Seetaxi para mejorar el servicio de transporte a los usuarios". Con estas medidas, no solo se sacará al gobierno de esta actividad económica, sino que también acabaremos con el vergonzoso negocio del tráfico de las licencias de taxis rojos.