Este fin de semana vi por medio de las redes sociales una publicidad de la Presidencia de la República donde insta a los ciudadanos a aplicar "silencio positivo" (ver imagen adjunta). En ella aparece una mujer haciendo un gesto que da a enteder que hay que guardar silencio. Mi reacción inicial fue: "¿será posible que el gobierno nos esté mandando a callar?" Los comentarios en redes sociales reflejaban la misma impresión. Sin embargo, luego descrubrí que lo del "Silencio Positivo" es una excelente iniciativa del gobierno tendiente a simplificar trámites. ¿Cómo es posible que algo tan bueno pudo resultar en una campaña tan mala?
La respuesta lógica es que estamos ante un gobierno sumamente incompetente en donde incluso buenas iniciativas terminan siendo presentadas de la peor manera y generando reacciones negativas en la población. El gran liberal francés Frédéric Bastiat una vez dijo que lo peor que le puede pasar a una buena causa no es ser hábilmente atacada sino ineptamente defendida. No obstante, me resulta difícil creer tal nivel de incompetencia. ¿Será posible que esta publicidad le fue presentada al equipo de comunicación de Casa Presidencial, con Francisco Chacón a la cabeza, y a nadie se le ocurrió que se prestaba para malentendidos? ¿Nadie vio que la gente podría inferir que se les estaba mandando a callar? ¿En propaganda tan absurda es que irán a parar los ¢1,100 millones que la Presidencia gastará en publicidad este año?
No sé si darle el beneficio de la duda a este gobierno (siendo el beneficio de la duda creer que se trata simplemente de incompetencia). Hay razones de peso para pensar que pudo haber mala intención de por medio y que efectivamente se quiso incorporar un elemento subliminal (no tanto en realidad) dentro de la publicidad. Según explica El Financiero, el programa de "Silencio Positivo" funciona de la siguiente manera: "De presentar un trámite, que cumpla todos los requisitos solicitados, y la institución no brinde respuesta en el tiempo establecido por ley, el ciudadano tiene derecho a dar por aprobada la gestión". ¡Excelente! Sin embargo la publicidad va dirigida a que sea la población la que aplique el "silencio positivo" y que además colabore en permitir que "las cosas fluyan" en Costa Rica. El mensaje en realidad debería ir dirigido a la administración pública, que es la que traba los trámites, no a la población. Había mil y una mejores maneras de promocionar el programa que este.
Este episodio me recordó a todo lo relacionado con la denominada "ley mordaza". Como recordamos, el Colegio de Periodistas y otros actores (incluyéndome inicialmente), pegamos el grito al cielo cuando se anunció que la Asamblea Legislativa había aprobado una ley que penaba con cárcel a quienes procuraban o obtuvieran "informaciones políticas secretas". En realidad ese artículo había estado vigente desde 1970 en el Código Penal y su inclusión, con un lenguaje muy similar, en la nueva Ley de Delitos Informáticos más se debía a una chambonada que a un esfuerzo maquiavélico del gobierno por silenciar a la prensa.
No obstante, lo que pasó desapercibido es que la Ley de Delitos Informáticos añadió un elemento "electrónico" a la manera ilegal en que se obtiene información. Es decir, si alguien filtra información del gobierno (como el memorandum Casas-Sánchez) a un medio a través de un correo, un chat, un archivo ftp o cualquier otra vía electrónica, serán penalizados e irán a la cárcel. Esto no estaba antes en la legislación. Lo más grave de todo es que hoy en día la información se mueve casi que exclusivamente por medio electrónicos, por lo que al agregar esa especificación en la ley se podría estar mandando a la cárcel a cualquiera que sea condenado por soplón. Por ejemplo: los funcionarios de Hacienda que filtraron información de que el entonces ministro Fernando Herrero no pagaba los impuestos que le correspondía. ¿Fue la inclusión de ese elemento un error o un acto deliberado? Juzguen Uds. Pero aquí pueden ver un buen análisis (en inglés) sobre si se trató de una inocentada o no.
En el pasado la administración Chinchilla ha apelado a la carta de la ineptitud para tratar de tapar tortas donde claramente hubo mala fe. Cuando una funcionaria de Casa Presidencial chantajeó a "Un Techo por mi País", la respuesta del gobierno fue que se trató de "un malentendido". Cuando La Nación denunció que la mitad del gabinete de Chinchilla estaba atrasado en el pago de sus impuestos territoriales, la respuesta oficial es que fue un "lamentable descuido". Cuando se destapó la manera irregular en que Recope invitó a ferreterías para un contrato de publicidad que le terminó adjudicando a la firma Procesos de Fernando Herrero, la excusa giró en que hubo un "error humano".
¿Es la administración Chinchilla mal intencionada o simplemente incompetente? Ninguna de las dos opciones es atractiva. El que ya ni podamos saber cuál es cierta lo hace aún peor.