"Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados".
El Talmud
El lunes advertía en mi columna de La Nación que de cómo resuelva la Sala Constitucional el recurso de amparo que presentaron los exdiputados Danilo Chaverri y Rolando Laclé contra las reformas a los regímenes de pensiones de lujo, dependerá si el país es reformable o no. Si en un caso tan grosero de abuso y privilegio los magistrados abrazan la tesis de "derechos adquiridos" de los demandantes, pues apague y vámonos: hacer otras muy necesarias reformas en materia de pensiones y remuneraciones –que irremediablemente tocarán intereses creados– será imposible dada la obstinación jurídico-ideológica de la Sala IV.
El elefante en el cuarto –y uno que admito que ignoré olímpicamente– es el hecho de que los magistrados son indirectamente juez y parte en este caso particular, puesto que lo que sigue en el orden del día de los diputados es reformar el régimen de pensiones del Poder Judicial, que es una bomba de tiempo. Si los magistrados fallan a favor de Laclé, Chaverri y Cía., aduciendo que ellos tienen "derechos adquiridos" sobre sus millonarias pensiones con cargo al presupuesto (léase, "contribuyente"), pues estarán reforzando la jurisprudencia que luego protegería a sus propias pensiones de cualquier recorte. ¿Así quién no?
El Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial es una bomba de tiempo. Un informe actuarial del 2012 señaló que el régimen ya se está comiendo sus reservas y que, de no hacerse nada, estas se acabarán en el 2026. El "déficit actuarial" –es decir, la diferencia entre los beneficios prometidos y la proyección de ingresos– equivale nada menos que al 20% del PIB. La raíz del desastre es sencilla: el monto y las condiciones en que los 12.000 empleados judiciales se pensionan no guardan mayor relación con lo que cotizan durante su vida laboral. Esa diferencia la pagamos los contribuyentes –e igualmente pagaremos la cuenta cuando el fondo colapse–. La disparidad entre cotización y beneficios es tal que para hacer sostenibles los privilegios que disfrutan, los trabajadores del Poder Judicial tendrían que cotizar el 96% de sus salarios.
Los diputados están discutiendo un proyecto de ley para ponerle coto a algunos de estos abusos. Dentro de las reformas contempladas está la de limitar a ¢4,7 millones el monto de la pensión máxima que pagaría el régimen. Por si quedaba alguna duda de por dónde irán los tiros con el recurso de amparo de Laclé y Chaverri, ayer los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dejaron muy claro en una audiencia legislativa que se oponen a dicho tope en sus pensiones y que más bien favorecen uno de "apenas" ¢7 millones mensuales. No olvidemos que, al final del día, estos magistrados serán quienes tengan la última palabra sobre si las reforma a los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto afecta "derechos adquiridos" o no.
Cuentas claras, chocolate espeso. Estamos ante un escenario donde los magistrados son juez y parte, y si por la víspera se saca el día, saldrán en defensa de la tesis de que estas reformas no pueden afectar " privilegios derechos adquiridos" –incluidos los propios, claro está–. De confirmarse este escenario, poco podremos hacer por evitar que Costa Rica continúe a paso firme hacia el despeñadero fiscal.