Terminó el drama sobre la concesión de la carretera a San Ramón. La presidenta finalmente cedió al clamor popular y anunció que el contrato con la empresa brasileña OAS se rompía "por mutuo acuerdo". Quedan muchas dudas en el ambiente y probablemente nunca sepamos la respuesta a algunas de ellas: ¿por qué un contrato con tantas anomalías fue refrendado sin mayor objección por la Contraloría? ¿Quién estuvo detrás de tanta irregularidad en diversas instituciones? ¿Por qué el Ejecutivo insistió tanto en un proyecto que generaba este nivel de resistencia? Y quizás la que más me preocupa a mí: ¿cuál es el futuro de las concesiones de obra pública en el país?
Empecemos por lo básico: En circunstancias normales, anular o rescindir un contrato que fue bien negociado y bien tramitado sería un revés para la seguridad jurídica y el Estado de Derecho de un país. Sin embargo, en este caso de OAS, donde primaron tantas anomalías desde un inicio, la afrenta al Estado de Derecho era permitir que la concesión continuara. Prueba de lo irregular del proceso es el hecho de que la decisión de romper el contrato fuera "de mutuo acuerdo". Una empresa que hubiera hecho las cosas con todas las de ley no acordaría que le quiten un contrato bien ganado. Llevaría el asunto hasta los tribunales. Sin embargo, la decisión política de acabar con esta saga confirma que la decisión de otorgarle el contrato a OAS en un primer lugar fue también política, no técnica.
Lo que nos lleva a las responsabilidades políticas del asunto: La Contralora General de la República debe renunciar o debe ser destituida por haber refrendado un contrato tan irregular. A Alex Solís lo destituyeron por mucho menos. Pero las responsabilidades políticas no deben quedar ahí: la posición del ministro de Obras Públicas y Transportes es insostenible. Y también deben ser destituidos los funcionarios del Consejo Nacional de Concesiones y hasta la misma ARESEP que facilitaron con decisiones y reportes amañados la entrega de la concesión a OAS.
En cuanto a la administración Chinchilla, ha sufrido su segunda gran derrota luego del fracaso del paquete de impuestos. En este caso, el revés es más doloroso porque la decisión de desconectar al muerto tuvo que venir de la misma presidenta, y no de un tribunal como en el caso del paquete tributario. Doña Laura mostró un pésimo manejo político que le ganó la crítica de hasta su mismo partido. En la política británica se acuñó el término "el búnker" para referirse cuando un líder vive encerrado en una burbuja, rodeado de acólitos y totalmente desconectado de la realidad. Ese es el escenario que la presidenta Chinchilla nos ha regalado en las últimas semanas: vive en un búnker. Anoche salió temporalmente de este y tomó la decisión acertada. Pero no sin antes acusar a la otra parte de falta de diálogo....
El punto más delicado es el futuro de la figura de concesión de obra pública. Lo peor que le puede pasar a una buena política pública es ser ineptamente ejecutada. En esta caso, las concesiones se han prestado para todo tipo de abusos e irregularidades por parte de los políticos. No es sorprendente entonces que algunos sectores que se opusieron a la concesión de OAS ahora enfilen sus baterías contra la Ley de Concesiones y pidan su derogación. Eso sería un serio error. El Estado costarricense no está en la capacidad financiera de modernizar la infraestructura nacional. Se necesita de la participación privada en la reconstrucción y administración de carreteras (si queremos que algún día lleguen a ser autopistas), puertos y aeropuertos.
Pero para que las concesiones funcionen, como ocurre en muchos otros países, debe haber transparencia. La confianza pública en el Consejo Nacional de Concesiones, la Contraloría, y otros órganos estatales ha sido decimada. Y ciertamente no le corresponderá a este gobierno la labor de reconstruir esa confianza.
Aprendamos las lecciones correctas de todo este fiasco. Pretender abolir la figura de la concesión no es una de ellas.