Vuelve a la palestra el debate sobre la confesionalidad del Estado con la introducción de un proyecto de reforma constitucional por parte de diputados de varias fracciones legislativas. Y en buenahora. Parece mentira que, ya entrados en la segunda década del siglo XXI, sigamos discutiendo en Costa Rica si el Estado debe o no tener fe. Lamentablemente la suerte del proyecto depende del PLN, el mismo partido cuya presidenta fue declarada la “Hija Predilecta de María” y cuyos diputados firmaron en campaña un compromiso de votar en contra de cualquier proyecto de esta naturaleza. En este tipo de temas, el conservadurismo del PLN hace palidecer al del Tea Party en EE.UU.
Para algunos podría resultar una discusión ociosa. ¿Qué diferencia hace que el artículo 75 de la Constitución declare a la religión católica como oficial? Al final de cuentas países como el Reino Unido, Dinamarca, Suecia y Holanda también cuentan con Estados confesionales. Primero cabe aclarar que estas naciones europeas son todas monarquías constitucionales donde el rey o la reina es el jefe de Estado y como tal es también la cabeza de la religión oficial. En el caso de Costa Rica, somos una república, lo cual hace del Estado confesional todavía más un anacronismo.
Sin embargo, particularmente bajo la administración Chinchilla, la confesionalidad del Estado sí ha llegado a importar significativamente. Este ha resultado ser un gobierno donde el peso de la religiosidad de la presidenta y su conservadurismo in extremis más se ha hecho sentir en la elaboración de políticas públicas. Recordemos que no más al inicio de esta administración, la presidenta anunció la creación de una comisión con la Iglesia Católica en donde se tratarían los temas “referentes a familia, matrimonio, seguridad ciudadana, desempleo y educación”. No sabemos si dicha comsión fue instalada pero lo cierto es que en temas de derechos humanos como la fertilización in vitro y las sociedades de convivencia, la administración Chinchilla ha adoptado posiciones que satisfacen por completo a la Iglesia Católica. En el caso de las sociedades de convivencia, a pesar de que hasta el mismo gobierno ahora reconoce que se trata de un tema de derechos humanos, insiste en que no es su prioridad. Sin embargo sí ha sido prioridad negociar un concordato con la Santa Sede que vendría a garantizar y hasta ampliar algunos de los beneficios con los que cuenta la Iglesia Católica en el país.
Basta con leer el artículo publicado ayer en La Nación por el embajador ante el Vaticano, Fernando Sánchez, para darnos cuenta de hasta donde llega la relación entre Iglesia y Estado bajo la administración Chinchilla. Luego de describir las misas y oraciones de las que participó la presidenta en su visita a la Santa Sede, Sánchez muestra su convicción de que dicho tour “traerá importantes frutos espirituales no solo en el ámbito personal de la Presidenta, sino también en su gestión al frente del país”. Religión y política hechos uno solo.
Como era de esperarse, el gobierno ha recibido con muy poco entusiasmo el proyecto que pretende establacer el Estado Laico. El ministro de la Presidencia dice que serán cuidadosos de que el proyecto no promueva “un Estado ateo”. Y he ahí el problema. El Estado es una ficción jurídica, y como tal, no puede tener fe, así como tampoco puede amar ni sentir frío o hambre, o ser saprissista. Sólo las personas tienen fe, entendida como el conjunto de creencias de una religión. El lugar de la religión es en el corazón de aquellos que tenemos fe, y no en las leyes o constituciones de un país. Ya es hora de que tengamos un Estado Laico en Costa Rica.