¿Alguna vez se han preguntado por qué Costa Rica no es una nación desarrollada? En serio. La pregunta no es descabellada. En los últimos 60 años el país no ha sufrido desastres naturales importantes, invasiones, epidemias, insurgencias, ni golpes de Estado. Todo lo contrario: somos un país estable, con una posición estratégica, sólidas instituciones democráticas e incluso carecemos de ejército. ¿Por qué entonces no somos ricos? ¿Qué hemos hecho mal? La respuesta radica, sin duda, en nuestras políticas económicas, que en muchas ocasiones castigan el éxito y premian el fracaso. Dos anuncios recientes reflejan esa actitud hacia el progreso.
El primero se dio en los últimos suspiros de la administración Chinchilla, cuando el Ministerio de Ambiente y Energía, mediante decreto ejecutivo, reinterpretó la Ley de Impuesto de Ventas para incluir como objeto de dicho gravámen a actividades de recreo. En la práctica, este impuesto afecta directamente a operadores turísticos de canopy, senderismo, rafting, buceo, spas, observación de aves, entre otros, que ahora deberán cobrarles a sus clientes un 13% más por concepto de impuesto de ventas.
La decisión tiene un impacto negativo muy fuerte sobre la industria turística, que no solo es la que más divisas le genera al país —la gallina de los huevos de oro, dirían algunos— sino que genera un gran valor agregado y beneficia a amplios sectores de la población. Por un lado, no olvidemos que la gran ventaja competitiva de Costa Rica es el turismo sostenible. Desde hace muchos años el gremio turístico decidió explotar este nicho, por encima del turismo masivo que caracteriza a otros lugares como Cancún. La apuesta fue exitosa y hoy otros países del área han empezado a apuntarle al mismo mercado: Nicaragua, Panamá, Ecuador y muy pronto Colombia. Sí, Costa Rica tiene bellezas naturales importantes, pero no son únicas y ahora no estamos solos: nos toca competir por turistas.
Esta decisión de la administración Chinchilla, al encarecer en un 13% el costo de hacer turismo sostenible, mina al elemento neurálgico de la competitividad turística del país. Y esto se suma a algo que ya todos sabemos muy bien: Costa Rica es un país muy caro. Tengo la suerte de viajar por América Latina y puedo dar fe que, junto con Brasil y quizá Colombia, somos de los países más caros de la región. Inflar aún más el precio de hacer turismo mediante un impuesto sin duda hará que muchos turistas opten por visitar otros países vecinos con precios más cómodos.
Pero la cosa no queda ahí. Por la manera en que se maneja el sector turístico, muchas reservaciones se contratan con uno o hasta dos años de antelación. Es decir, los operadores turísticos no pueden venir ahora y pedirles a sus clientes que paguen un 13% extra por impuesto a ventas ya hechas. Lo cual implica que, si Hacienda insiste en este cobro, los operadores tendrán que pagar de su bolsillo el impuesto, golpeando aún más a un sector que no las ha tenido todas consigo desde la crisis del 2009. Peor aún: las autoridades han empezado a cobrar este impuesto de manera retroactiva para los últimos 3 años. O sea, un gravamen que nunca se recaudó durante este lapso ahora debe ser pagado por los empresarios turísticos. La saña que muestra el fisco contra el sector es evidente.
La decisión de la administración Chinchilla, sostenida hasta el momento por el gobierno de Luis Guillermo Solís*, promete no solo ahuyentar turistas al encarecer el costo de estas actividades, sino también incentivar la informalidad, que ya de por sí es muy alta entre los operadores turísticos. Mucho pequeños empresarios de tours de caballos, pesca, guías independientes, instructores de surf, etc., ya trabajan a la sombras y el cobro del impuesto de ventas solo va a mandar a más empresarios a la informalidad. El resultado, irónicamente, podría ser menos ingresos para el fisco.
Pero mientras el Estado clava con impuestos a un sector exitoso, usa fondos públicos para subsidiar a uno moribundo. Hace unas semanas la administración Solís anunció un proyecto que pretende inyectarle ¢2.000 millones anuales al Consejo Nacional de la Producción. No solo eso, dicha iniciativa legislativa pretende perdonarle a esa institución una deuda con el fisco de alrededor de ¢15.000 millones. Hacienda dice estar dispuesto a aceptar la condonación, siempre y cuando se le compense con ingresos de otra fuente . Es decir, con nuevos impuestos. El objetivo del gobierno es que el CNP se dedique a promover de nuevo la siembra de granos en el país, con el fin de reducir las importaciones y promover el nirvana socialdemócrata de la "soberanía alimentaria". En otras palabras, subsidiar con dinero de los contribuyentes un sector de la economía que no es competitivo y deja enormes pérdidas.
Ronald Reagan una vez dijo que la lógica del Estado con la economía es la siguiente: "si se mueve, métale un impuesto. Si se sigue moviendo, regúlelo. Y si deja de moverse, subsídielo". Estas decisiones confirman dicha máxima y nos ilustran por qué continuamos siendo un país subdesarrollado.
* ACLARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN: Me han hecho saber que el 1 de agosto el MINAE emitió un nuevo decreto modificando la ordenanza de la administración Chinchilla y eliminando el cobro del impuesto de ventas sobre los operadores turísticos (contenido en el Transitorio II del decreto original). Sin embargo, el 30 de julio la Dirección de Tributación Directa emitió un criterio institucional (DGT-CI-06-14) donde se contempla el cobro del impuesto a estas mismas actividades. Aquí está la explicación de Canatur al respecto. Esto quiere decir que, si bien el cobro del impuesto fue revocado en el decreto de agosto, ahora hay una simple reinterpretación del fisco sobre el alcance del impuesto que lo deja en efecto.
ACTUALIZACIÓN II: He recibido la siguiente nota de Canatur sobre este comentario que creo que explica muy bien el aspecto legal de esta situación:
"En el segundo párrafo usted indica que la publicación del Decreto del MINAE, afecta directamente a operadores turísticos como el canopy, senderismo, rafting, etc.
El Decreto N°38295- MINAE, fue publicado el 30 de abril y buscaba aumentar las tarifas de acceso a las Áreas de Conservación y el transitorio segundo incluía el impuesto del 13% a las tarifas a dichas Áreas. El problema radicaba que de haber entrado en vigencia dicho Decreto, sentaba el precedente legal para que la interpretación se extendiera e incluyera directamente a las actividades turísticas.
¿Qué sucedió cuando el Ejecutivo modificó el Decreto N°38295- MINAE? Se eliminó el transitorio II que incluía el impuesto debido al alto impacto que generaba para la industria turística, además las nuevas tarifas a las Áreas de Conservación ya no entrarían a regir el 01 de agosto, sino tres meses después de publicado esta modificación.
¿En qué momento el problema pasó a ser con las actividades turísticas? Una semana después de la modificación del Decreto N°38295- MINAE, el sector conoció el Criterio Institucional No. DGT-CI-06-14 del 30 de julio de 2014, de la Direccción General de Tributación, el cual interpreta los términos de 'centros de recreo' y 'similares', del artículo 1, inciso C), de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas.
En la aclaración y actualización, usted hace mencion que 'emitió un nuevo decreto modificando la ordenanza de la administración Chinchilla y eliminado el cobro del impuesto de ventas sobre los operadores turísticos (contenido en el Transitorio II del decreto original)', sin embargo lo que se eliminó fue la aplicación del impuesto a las tarifas de ingreso a las Áreas de Protección y con ello, se eliminaba ese 'precedente legal' para extender el cobro a las actividades turísticas, no obstante, como bien señala, el Criterio Institucional No. DGT-CI-06-14 del 30 de julio de 2014, grava los servicios turísticos que de acuerdo a dicha interpretación están dentro del concepto de 'centros de recreo' y 'similares' que a juicio de Tributación son las 'que se entienden como un lugar o espacio físico y claramente delimitado, destinado para la gestión y realización de actividades de diversión, esparcimiento, distracción y entretenimiento, el cual normalmente cuenta con una infraestructura abierta o cerrada'".