Los luditas fueron un movimiento obrero que se hizo famoso en el siglo XIX en Inglaterra por su hostilidad a las máquinas. En los primeros años de la Revolución Industrial, desarrollos tecnológicos como las máquinas de tejer, despertaron una feroz oposición por parte de un sector de los trabajadores porque, según ellos, destruían puestos de empleo. Algunos de ellos recurrieron incluso a la violencia y el sabotaje. Desde entonces, se conoce por ludismo a los grupos que se oponen ferozmente a los avances tecnológicos por temores que carecen de sustento científico o económico. En Costa Rica tenemos luditas criollos, y quieren meternos un golazo en la Asamblea Legislativa.
Desde hace más de una década, los movimientos dizque ambientalistas vienen en una agresiva campaña contra los cultivos transgénicos en el país. El año pasado su lucha alcanzó un cénit cuando el Ministerio de Agricultura autorizó la siembra de una variedad de maíz genéticamente mejorado. A partir de entonces, estos grupos han logrado que la gran mayoría de las municipalidades del país se declaren libres de transgénicos (un saludo a la bandera sin ninguna implicación jurídica) y además, a través de los exdiputados Claudio Monge (PAC) y José María Villalta (FA), entre otros, han presentado un proyecto a la corriente legislativa para declarar una moratoria nacional a la siembra de cultivos genéticamente mejorados. De aprobarse este proyecto, Costa Rica pasaría a ser territorio ludita.
Como señalé hace más de un año en este blog, no existe evidencia científica que indique que los cultivos genéticos representan una amenaza a la salud humana o el ambiente. Es más, Costa Rica lleva más de dos décadas cultivando transgénicos. En el 2012 el país contaba con 443 hectáreas de algodón, piña, soya y banano transgénicos. También en años recientes se ha cultivado maíz, tiquisque, plátano y arroz modificado genéticamente. Hasta el momento ningún grupo ambientalista ha logrado documentar y demostrar problema alguno con estos cultivos.
El proyecto de ley en la Asamblea Legislativa (18.941) decretaría una moratoria en todo el territorio nacional a la liberación y cultivo de organismos mejorados genéticamente, hasta que la Asamblea Legislativa establezca que existe “certeza y consenso científico sobre los diversos riesgos que los organismos vivos modificados implican”. La trampa del proyecto es doble: 1.- Pone a la Asamblea Legislativa como árbitro final de un tema que es netamente científico, y 2.- señala como objetivo último que haya "certeza y consenso científico" cuando, si hay una rama en la que nunca se podrá determinar certeza absoluta de algo, es en la ciencia. Si el mismo principio hubiera sido adoptado ante otros desarrollos tecnológicos como la electricidad, el motor de combustión interna o la aviación, todavía viviríamos en el siglo XVIII.
La realidad es que los cultivos transgénicos son una de las tecnologías más estudiadas en las últimas décadas. Literalmente Se han realizado literalmente cientos de estudios al respecto y no se ha logrado encontrar que representen mayor amenaza a la salud humana y al ambiente. Recientemente se publicó una reseña de 1783 trabajos publicados en la última década en revistas científicas indexadas sobre la seguridad de los cultivos mejorados genéticamente. La conclusión fue que estos no representan un riesgo ni para los consumidores, ni para el ambiente, ni para especies animales autóctonas. Otra reseña de 610 publicaciones científicas de los últimos 30 años elaborado por ChileBio en junio del 2013 igualmente concluyó que "el consenso científico a nivel global es que los alimentos derivados de los cultivos transgénicos actualmente disponibles son seguros para niños, mujeres y hombres, no producen alergias, no son tóxicos, y son equivalentes nutricionalmente a sus contrapartes convencionales".
En Costa Rica, un grupo de unos 40 destacados científicos liderados por catedráticos universitarios como los Dres. Marta Valdez, Federico Albertazzi, Griselda Arrieta (UCR) y Giovanni Garro (ITCR), publicaron un comunicado de prensa este fin de semana donde manifiestan su oposición al proyecto de ley, indicando que este "implica un retroceso en la investigación, el desarrollo económico y científico del país". La Dr. Valdez añade que Costa Rica caería en la "edad de piedra en la producción de alimentos" de aprobarse esta legislación, señalando que "no tiene criterio científico tramitar una moratoria". Finalmente, los científicos mencionan los ejemplos de México y Ecuador donde se han tenido que retractar de moratorias similares debido a que no tenían ningún sustento científico.
Curiosamente, este fin de semana la revista Perfil de Argentina publica una entrevista con Mark Lynas, quien en los años ochenta fue el líder ambientalista que desató la lucha contra los cultivos mejorados genéticamente. Las declaraciones actuales de Lynas no dejan espacio para la duda: "El movimiento antitransgénico lleva a la muerte a los pobres". La razón es sencilla: gracias a la biotecnología agrícola, hoy la humanidad tiene acceso a semillas mejoradas que son resistentes a plagas, a inundaciones, a sequías o a suelos ácidos o arcillosos. El mejoramiento genético promete una nueva revolución agrícola que nos permitirá alimentar a una población que continúa en crecimiento. La alternativa es un desastre ambiental. Según David Tilman, de la Universidad de Minnesota, la demanda mundial por alimentos se duplicará para el 2050. Si eso ocurriera, y la productividad agrícola permaneciera constante, tendríamos que duplicar la cantidad de tierra dedicada a la agricultura y la ganadería (que ya se encuentra en un 40% de la tierra disponible del planeta).
No podemos permitir que el oscurantismo anticientífico guíe nuestras políticas públicas. No hay duda que los luditas criollos continuarán luchando contra sus molinos de viento. Esperemos que los actuales diputados y la administración Solís Rivera se guíen por la apabullante evidencia científica a favor de los cultivos transgénicos.