Vaya nebulosa se ha levantado alrededor de la donación de $8 millones de China al gobierno costarricense. A raíz del terremoto de Nicoya, mucha gente se ha preguntado con toda razón por qué la administración Chinchilla no utiliza dichos fondos para atender la emergencia en Guanacaste. Las explicaciones dadas hasta ahora por el gobierno despiertan suspicacias.
Recapitulemos: La Nación informó de la donación el pasado 18 de agosto, cuando la presidenta Chinchilla aún se encontraba de gira por China. Según la nota, el país asiático le donaba ese dinero a Costa Rica “para que el gobierno los utilice en los proyectos que decida”. Más aún, la noticia aclaró que “Este aporte económico no reembolsable no estaba previsto entre los convenios de cooperación” suscritos por los dos países.
De inmediato muchos costarricenses tuvimos resquemores sobre cómo se iban a gastar esos $8 millones (¢4.000 millones, al tipo de cambio actual). Todavía nos pesa en la memoria el infame caso de la piñata de consultorías que se hizo con una donación de $2 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En su momento, la administración Arias, y en particular el entonces ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, afirmaron que dichos fondos no eran públicos porque nunca entraron al Tesoro Nacional. Ya que el BCIE pagaba directamente las consultorías (por decisión misma de la administración Arias), el uso de dicho dinero escapaba a los controles del presupuesto público. Al final se ejecutaron $1,6 millones en 84 consultorías a gente “allegada” a la administración Arias, incluyendo músicos y mensajeros.
A raíz del terremoto del miércoles pasado, han sido muchas las voces que sugieren que se utilice esta donación de China para atender a los damnificados o en las labores de reconstrucción de escuelas y hospitales. Sin embargo, la administración Chinchilla ha salido con múltiples excusas para no hacerlo. En declaraciones a Radio ADN, la presidenta se refirió a la donación como “una especie de línea de crédito que se utiliza en el marco de los convenios que han sido suscritos entre ambos países”, y que por lo tanto no podía utilizarse a antojo de la mandataria. En primer lugar, una línea de crédito implica que el dinero no se está recibiendo como donación, sino como un préstamo. Eso contradice la nota de La Nación, que señaló claramente que se trataba de un “aporte económico no reembolsable”. Además, si se trata de un crédito, entonces éste debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa como lo estipula la Constitución. Obviamente ese no es el caso.
También la noticia de La Nación indicaba que la donación no estaba contemplada en los acuerdos de cooperación entre ambos países, como ahora afirma la presidenta. Por lo tanto su eventual uso no estaría sujeto a lo que digan esos acuerdos. Esto no quiere decir que la nota de La Nación no pudo estar equivocada. Pero aún si la donación para el gobierno de Costa Rica no era de carácter discrecional y se necesita del visto bueno de Pekín para darle un destino a los recursos, ¿qué le impide al gobierno hacer esa solicitud? ¿Acaso los chinos van a negarse a que Costa Rica use la donación para atender una emergencia nacional?
En declaraciones a otros medios la presidenta ha dicho que, aún cuando no descarta usar los $8 millones en atender la emergencia, esa cifra es “muy pequeña” para enfrentar todos los daños en la infraestructura. De eso no hay duda, sin embargo no quiere decir que el dinero no sería útil en paliar algunos de los costos del siniestro. De hecho el mismo MEP ha dicho que necesita ¢3.000 millones para reparar las escuelas afectadas. Esto es menos del monto donado por China. La presidenta parece sugerir que, como los $8 millones no alcanzan para cubrir todos los daños, entonces mejor no utilizarlos del todo en la recuperación del terremoto.
En lo que sí fue rápida la administración Chinchilla fue en pedir donaciones a los costarricenses para atender a los damnificados mediante una campaña llamada “Fuerza Costa Rica”. En el pasado los costarricenses han contribuido con impresionante generosidad ante estas situaciones. Pero siempre queda la duda del por qué el gobierno sale a pedir contribuciones para atender a damnificados si ya cuenta con tres instituciones (Banhvi, Invu y Mivah) que en teoría cuentan con amplios recursos para atender estas situaciones de vivienda. Eso sin mencionar a la Comisión Nacional de Emergencias. De hecho, antes los escándalos que rodearon a la CNE tras el terremoto de Cinchona, no es de sorprenderse que muchos costarricenses prefieren dar sus contribuciones a organizaciones de la sociedad civil y no al gobierno.
Finalmente, cabe destacar que toda donación extranjera debe entrar al presupuesto de la República (al menos que la administración Chinchilla quiera hacer las del caso BCIE) una vez que se establezca en qué se va a gastar. De tal forma, debe someterse a los controles propios de la administración pública, incluyendo la aprobación legislativa del presupuesto. Pero seguimos esperando a que el gobierno defina en qué va a gastar dicho dinero—y continúa la duda de por qué la reticencia a usarlo en la emergencia nacional.
Luego del episodio de la trocha fronteriza, es natural que muchos estemos a la defensiva sobre cómo se usaran esos $8 millones donados por China. No es por nada que el 75% de los costarricenses ven como corrupta a la administración Chinchilla. ¿Está de más ser desconfiado?