Esta es probablemente la más simple y a la vez polémica de las preguntas. Simple porque el empresario solo necesita condiciones para hacer las cosas, ni regalos ni subsidios. Polémica porque a lo largo del tiempo, los estados se han preocupado por dar “lo que no se necesita”, o “darle de comer al que tiene manos”.
Para nadie es un secreto que durante mucho tiempo los estados nacionales han desarrollado políticas asistenciales para favorecer el empleo, la distribución de los recursos, en fin, para paliar los efectos de la pobreza. Lamentablemente en ese saco cayó la pequeña empresa, porque se confundió su falta de recursos con la necesidad. Y no es así. Muchas de sus limitaciones tienen que ver con un entorno adverso, que genera sobrecostos, que hace perder el tiempo. Y por supuesto, el lidiar con ello desvía tiempo y recursos, lo cual limita las posibilidades de crecimiento de las empresas. Además, nadie nace sabiendo, por lo que se requiere de un tiempo de aprendizaje, donde habrá caídas, y algunas bajas. Entonces, ¿qué se necesita?
Las empresas necesitan en primer lugar, incentivos tributarios (no subsidios), directamente, exoneración tributaria durante los primeros 2 o 3 años de operación. Pensemos por un momento que cada nueva pequeña empresa que se crea paga impuestos. Si de por sí el inicio de un negocio es lento y difícil (solo 2 de cada 10 sobrevive los primeros 2 años), ¿ganamos algo como Estado cobrando impuestos por 6 meses para que luego esa empresa deje de pagar, sea porque se fue a la informalidad, o bien porque cerró? Cobramos 6 meses para no cobrar más. Como si la empresa nunca hubiera existido. Pero si esa misma empresa no paga impuestos durante los 2 primeros años de operación, el período probablemente más complejo para la empresa y logra salir adelante (al llamado “valle de la muerte”), muy probablemente estaremos frente a una empresa con opción de desarrollo. En ese momento, es mucho más factible empezar el cobro de tributos ya que superó los vaivenes de la primera etapa del negocio. Por supuesto, esta perspectiva no es fiscalista sino emprendedora, porque es mejor cobrar a empresas consolidadas por mucho tiempo, que a emergentes por muy poco tiempo. Supone que nos interesa promover la creación y el desarrollo de nuevas empresas para fortalecer el tejido empresarial como política de Estado, más que cobrar a todo lo que se mueva.
En segundo lugar, acompañamiento en esa primera etapa de “sentar las bases del negocio”. Y no es solo recursos económicos ni recetas de libro de texto, o de “gurús”. Cada emprendimiento es un mundo diferente y requiere un tratamiento distinto. Esto significa tanto herramientas de gestión como desarrollar / fortalecer sus competencias. Pero no las que el experto recomienda, sino las que el empresario señala. Una de las limitaciones más frecuentes de los empresarios es la ausencia de habilidades en el mercadeo de los productos o servicios, es decir, lo sabemos hacer pero no lo sabemos vender. Y este proceso no es solo en intercambiar un producto por dinero; es construir una relación de largo plazo con el cliente.
En tercer lugar, mejorar las condiciones del entorno. Muchos de los costos “extra” de las empresas tienen que ver con la mala calidad de la infraestructura, los servicios públicos, la inseguridad, el contrabando, los costos de cumplimiento de la ley, etc. Un buen producto pierde competitividad por estas variables. Y el empresario no puede hacer nada al respecto.
El empresario necesita que se le faciliten las cosas, no que se las hagan. Hay en Latinoamérica demasiadas historias de gobiernos que promovieron la producción de determinado sector y que terminó siendo un salto al vacío (para las empresas). Eso redujo (o eliminó) la confianza de los empresarios (de todo tamaño, pero sobre todo de las pymes) en las instituciones. Reconstruir esa confianza pasa por acciones concretas, y de resultados rápidos.