Hay claras diferencias entre ambas. Todos entendemos la necesidad de reducir el déficit fiscal que no solo por el deterioro de la imagen internacional que se seguirá reflejando en la caída de los indicadores de la viabilidad como país, sino fundamentalmente porque en algún momento esto pude implicar la potencial imposibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras, entre ellas, los salarios de los trabajadores del Estado. Y en ese momento no habrá marcha o huelga que provoque el milagro de generar dinero de donde no hay.
Hace unos meses hablamos de la oportunidad que tiene el gobierno de generar una reforma con verdadera visión de largo plazo, y no solo para cuadrar las cuentas. Por ello, lo importante de la reforma es: (i) ¿realmente es una reforma o un parche?, (ii) ¿hace uso de todos los instrumentos posibles?, (iii) ¿toca todos los intereses que debe tocar?, y finalmente, (iv) ¿tiene una visión de largo plazo?, es decir, ¿ayuda a construir la viabilidad financiera del futuro?
Esas cuatro preguntas ayudan a entender frente a lo que estamos. Es cierto que se necesita urgentemente generar ingresos; pero no por ello se deben asumir malas políticas para generar resultados. Hace algunos años en Perú se puso un impuesto a los cheques. Obviamente, las grandes operaciones siguieron haciéndose con cheques por lo que la política generó recaudación. Pero las pequeñas operaciones con cheques dejaron de hacerse y fueron reemplazadas por pagos en efectivo. ¿La consecuencia? Más robos. Ese es el problema de los parches. Pueden generar ingresos pero tienen consecuencias secundarias no deseadas.
En segundo lugar, uso de instrumentos. Todos sabemos que cuando las cuentas se exceden, debemos aumentar los ingresos, reducir los gastos o ambas. ¿Se ha reducido todo lo que se debe reducir? Este es el momento de analizar lo que el Estado debe y no debe hacer, con visión de largo plazo. Y tomar acciones consistentes con esa visión.
En tercer lugar, los intereses particulares. Lamentablemente, cuando llueve todos se mojan. Aquí no hay lugar a privilegios. Y para no violentarlos, se hace referencia al hecho de ser un país de leyes. Me gustaría ilustrar mi punto con un ejemplo. Si ponemos una ley que diga que los semáforos son solo “referenciales”, es decir que su cumplimiento es optativo, ¿tienen idea la cantidad de accidentes que pueden generarse? Pero finalmente es la ley, y las leyes son para cumplirse. ¿Alguien podría defender una ley de ese tipo?
En ese sentido, si una persona con cierta responsabilidad en el sistema financiero nacional, puede ganar más que quien dirige la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, quien define la política monetaria del mundo; debemos suponer que tiene atestados extraordinarios. Pero no es así.
Finalmente, ¿ayuda a construir un mecanismo financiero de largo plazo para mantener las cuentas en una sana senda? Bueno, eso es lo que deberíamos esperar de una reforma fiscal.