Por: Ana Swanson y Kenneth P. Vogel.   9 agosto, 2018
ZTE, empresa china de telecomunicaciones, libró una campaña de cabildeo furiosa, y finalmente exitosa, para obtener un aplazamiento de las penas en el Congreso estadounidense.
ZTE, empresa china de telecomunicaciones, libró una campaña de cabildeo furiosa, y finalmente exitosa, para obtener un aplazamiento de las penas en el Congreso estadounidense.

En abril, cuando Estados Unidos le impuso abrumadoras sanciones a la empresa china de telecomunicaciones ZTE, esta recurrió a una solución muy estadounidense: un ejército de cabildeo en Washington.

Durante tres meses, esta empresa con sede en Shenzhen, China, se abocó a desarrollar una campaña —que resultó exitosa a fin de cuentas— para obtener el indulto de las sanciones que amenazaban con imposibilitarle continuar sus operaciones y estropear las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China. Contrató a antiguos congresistas y asesores legislativos, así como a un funcionario de la campaña de Trump, para intentar convencer a los congresistas mediante acciones de cabildeo tras bambalinas del tipo de las que el presidente Donald Trump se ha mofado desde hace tiempo por considerar un problema del “pantano”.

Congresistas importantes se reunieron con los cabilderos de ZTE. Senadores muy destacados departieron en una fiesta organizada por Hogan Lovells, el principal despacho jurídico que representa a ZTE. Además, el comité de acción política de ese despacho hizo donativos a legisladores con poder para influir en el destino de ZTE.

Algunos de los cabilderos hicieron alarde en círculos privados de que sus acciones sabotearon el intento del Congreso de mantener las sanciones a ZTE.

En total, la subsidiaria estadounidense de la empresa, ZTE USA, gastó casi $1,4 millones en un plazo de tres meses para intentar influir en los congresistas y funcionarios del gobierno. En el 2017, la empresa invirtió en total $960.000 en cabildeo, según los registros de cabildeo del Congreso.

El miércoles, esas acciones rindieron fruto cuando el Senado aprobó un proyecto que establece un castigo mucho más moderado que el propuesto en un principio y que le permitirá a ZTE evadir multas considerables por contravenir las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán y Corea del Norte.

“Es evidente que les parece una buena inversión, pues si se hubieran conservado las sanciones más severas, el golpe habría sido tremendo, como se pretendía”, opinó el senador demócrata por el estado de Maryland, Chris Van Hollen, quien respaldaba las sanciones más severas.

Mucho en juego

Si bien Van Hollen no quiso especular sobre la posible influencia del cabildeo en algunos senadores, afirmó que no deben ignorarse las medidas tomadas por la empresa. “No tengo el poder de leer la mente”, dijo. “Me limito a leer los informes pertinentes, y en este caso demuestran que ZTE gastó más que cualquier otra empresa en muy poco tiempo”.

Había mucho en juego para ZTE. Aunque no es muy conocida en Estados Unidos, la empresa es una especie de tesoro nacional en China, donde da empleo a decenas de miles de trabajadores y es el proveedor de muchos de los teléfonos inteligentes del país. También era un cliente importante de Qualcomm, el fabricante de circuitos integrados de San Diego que el gobierno identificó como vital para el éxito de Estados Unidos en la construcción de la siguiente generación de tecnología inalámbrica.

Sin embargo, el futuro de ZTE comenzó a tambalearse a mediados de abril, cuando el Departamento de Comercio prohibió a la empresa comprar productos estadounidenses por un plazo de siete años como castigo por mentir con respecto a las acciones tomadas para resolver los problemas que produjo la contravención de sanciones. Tal prohibición podría haber acabado con el negocio global de telecomunicaciones de ZTE y dejado a muchos trabajadores chinos sin empleo, lo que habría causado un gran desprestigio al presidente chino, Xi Jinping.

ZTE contrató de inmediato al despacho Hogan Lovells, cuyo director de actividades de cabildeo es Norm Coleman, exsenador de Minnesota, según los registros respectivos del Congreso. Hogan Lovells encabezó las acciones de cabildeo en el Congreso además de encargarse de aspectos legales como las negociaciones con la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, según algunas personas que conocían el plan de cabildeo.

A través de su subsidiaria ZTE USA, la empresa pagó a Hogan Lovells $1,28 millones hasta finales de junio, el periodo correspondiente a los registros más recientes, para realizar acciones de cabildeo en la Casa Blanca, el Congreso, el Departamento de Comercio y el del Tesoro con respecto a “posibles problemas de seguridad nacional” y de otro tipo relacionados con las sanciones.

Como Hogan Lovell realizó el cabildeo a través de la subsidiaria estadounidense de ZTE, sus cabilderos solo tuvieron que presentar informes al Congreso que revelan muy poco acerca de sus actividades. En contraste, cuando una empresa representa a clientes extranjeros debe llenar registros más detallados y presentarlos ante el Departamento de Justicia conforme a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.

“Los cabilderos de ZTE se concentraron en convencer a los funcionarios indecisos aprovechando los mensajes de Twitter en que Trump expresaba apoyo a la empresa y escepticismo acerca de las sanciones, según testigos directos de tales actividades. También utilizaron otros argumentos más comunes, como el daño que provocarían las sanciones”.

ZTE también contrató a la empresa de cabildeo y relaciones públicas Mercury Public Affairs, que realizaba actividades de cabildeo en la Casa Blanca y el Departamento de Comercio a través de un exfuncionario de campaña y transición de Trump. Mercury registró sus actividades de cabildeo con el Departamento de Justicia, según explicó en los documentos correspondientes, porque “el trabajo realizado conforme al acuerdo respectivo podría redundar en beneficio de la República Popular de China”. Tales registros indican que la empresa recibió pagos de $75.000 al mes como contraprestación por actividades como “organizar reuniones con funcionarios del gobierno estadounidense para tratar temas relacionados con las sanciones impuestas por Estados Unidos a su mandante extranjero”.

La suerte de la empresa de telecomunicaciones pareció mejorar en mayo, después de que Xi intercedió personalmente por ella ante Trump y el presidente, preocupado por las relaciones con China, se comprometió en público a ayudar. El 7 de junio, el Departamento de Comercio declaró haber logrado un acuerdo para rescindir las sanciones a cambio de que ZTE pagara una multa de $1.400 millones, sustituyera a sus altos ejecutivos y estableciera un equipo de funcionarios responsables por las acciones de cumplimiento ante el gobierno estadounidense.

Congresistas republicanos y demócratas por igual, alarmados ante la posibilidad de que una empresa tecnológica china evadiera las sanciones de Estados Unidos, tomaron medidas de inmediato para impedir que la Casa Blanca retirara la prohibición. Congresistas como Van Hollen, el senador republicano por el estado de Florida, Marco Rubio, y el líder demócrata Chuck Schumer, senador por Nueva York, insertaron una disposición en un proyecto sobre autorización militar que restauraría la prohibición. Al parecer, contaba con el respaldo de dirigentes de ambos bandos.

Los cabilderos de ZTE se concentraron en convencer a los funcionarios indecisos aprovechando los mensajes de Twitter en que Trump expresaba apoyo a la empresa y escepticismo acerca de las sanciones, según testigos directos de tales actividades. También utilizaron otros argumentos más comunes, como el daño que provocarían las sanciones.

A mediados de julio, cuando los congresistas más distinguidos comenzaron a intentar unificar los borradores del Senado y la Cámara para preparar la versión definitiva de la ley militar, incluida la disposición relativa a ZTE, Hogan Lovells demostró cuán estrechos son sus vínculos con los congresistas.

Al menos dos miembros del comité conjunto de la Cámara de Representantes y el Senado, el senador republicano por California del Sur, Lindsey Graham, y el representante republicano de California, Ed Royce, dirigieron discursos durante una fiesta organizada por Hogan Lovells para celebrar el lanzamiento de nuevos servicios del despacho en los que combinan actividades de cabildeo y relaciones públicas.

Versión simplificada

No se sabe a ciencia cierta si esa interacción influyó de alguna forma en sus puntos de vista. Las oficinas de ambos congresistas se negaron a hacer comentarios.

Dos días más tarde, el 20 de julio, se anunció en algunas noticias que la ley modificada por el comité de la conferencia incluiría una versión simplificada de una disposición para volver a aplicar las multas en contra de ZTE.

Graham expresó su respaldo a tal decisión, a pesar de las objeciones bipartidistas. “Si así logramos que se apruebe la ley, estoy dispuesto a adaptarla”, dijo Graham a Bloomberg News.

Después de que el Congreso eliminó las disposiciones más severas, los funcionarios de Mercury alardearon con algunos clientes y posibles clientes sobre el papel crucial que desempeñó el despacho para eliminar las sanciones, como prueba de que se encontraba en una excelente posición para ayudar a otros clientes extranjeros que ya estaban en la mira del gobierno, según dos personas enteradas de las conversaciones sobre el tema.

Los funcionarios de Mercury y Hogan Lovells no respondieron a nuestras solicitudes de comentarios.

La ley, aprobada el miércoles, contiene disposiciones para ampliar las revisiones de seguridad nacional a las inversiones chinas en Estados Unidos, una victoria para muchos que han criticado las prácticas comerciales de China. No obstante, las disposiciones con respecto a ZTE tan solo prohíben que el gobierno compre sus productos, una medida que muchas oficinas federales ya aplicaron.

Varios asesores del Congreso afirmaron que el respaldo del presidente para moderar las sanciones contra ZTE influyó mucho más en las acciones de los congresistas que cualquier acción de cabildeo. En mayo, la Casa Blanca envío al Capitolio al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y al secretario de Comercio, Wilbur Ross, para convencer a los legisladores republicanos de desistir de sus críticas a ZTE. Un mes más tarde, invitó a los congresistas republicanos a una reunión en la que también se abordó el tema del futuro de esa empresa.