.  2 febrero
María empeoró la ya grave situación financiera de Puerto Rico, los líderes de la isla reconocieron que no podrán pagar ninguna porción de su deuda de más de $70.000 millones en los próximos cinco años.
María empeoró la ya grave situación financiera de Puerto Rico, los líderes de la isla reconocieron que no podrán pagar ninguna porción de su deuda de más de $70.000 millones en los próximos cinco años.

​La devastación que provocó el huracán María ha causado que la situación económica de por sí urgente que padecía Puerto Rico empeorara aún más: el miércoles 24 de enero los líderes de la isla reconocieron que, debido a los daños, no podrán pagar ninguna parte de su deuda, que asciende a más de $70.000 millones, sino hasta de dentro de cinco años.

Poco antes de que llegara el huracán, Puerto Rico había hecho planes para pagar un total de $3.600 millones a los acreedores para el 2022. Esa era una fracción del importe a pagar si la isla, un territorio estadounidense, no hubiera incumplido.

Ahora, Puerto Rico espera que este año su presupuesto tenga un saldo negativo de $3.400 millones —un déficit que tardará cinco años en finiquitarse— debido a los estragos de la tormenta.

El gobernador Ricardo A. Rosselló señaló que las medidas eran necesarias para ayudar al gobierno de la isla a lograr un presupuesto equilibrado, como lo solicita la junta de supervisión federal que controla las finanzas atribuladas de Puerto Rico.

Sin las reformas económicas, el déficit sería cercano a $8.000 millones, estimó el gobierno de Rosselló.

Después de años de apoyar una economía en problemas con préstamos insostenibles, el ajuste financiero de cuentas de Puerto Rico era inevitable.

Economía se contrajo 11,2 %

El impacto duradero del huracán, como lo muestra un nuevo plan, solo empeorará la situación y extenderá el sufrimiento de los trabajadores y negocios de la isla. La moratoria de deuda de cinco años fue parte de un plan fiscal actualizado que Puerto Rico tuvo que presentar ante la junta el pasado 24.

Se había aprobado un primer borrador, con ciertas excepciones, antes de que los huracanes Irma y María chocaran con la isla caribeña en setiembre. Sin embargo, ese plan tuvo que ser rediseñado ante la inmensa devastación que provocó María, la cual generó la salida de miles de puertorriqueños de la isla entre despidos y apagones.

Cerca de un tercio de la gente siguen sin electricidad, a más de cuatro meses de la tormenta. “Ya estábamos en recesión en Puerto Rico”, afirmó Rosselló.

Agregó que debido al huracán “el impacto social fue significativo, por el éxodo y la disminución de la población que hemos tenido y calculamos tener en el futuro en la isla”.

El gobierno proyecta que su población se reducirá 19,4 % en los próximos cinco años, con un éxodo total de más de 600.000 personas.

En el nuevo plan fiscal, el gobierno depende de forma importante del dinero federal tanto para reparar los daños como para reavivar la economía, la cual, según el plan, se contrajo 11,2 %, cerca del triple de lo que el gobierno calculaba el año pasado.

El gobierno necesita recibir $35.300 millones en asistencia pública de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés). No obstante, la isla espera obtener “bastante más” en ayuda, después de haber solicitado $94.400 millones al Congreso en ayuda para desastres.

Sigue estando en tela de juicio si el Congreso aceptará la solicitud de ayuda para desastres.

“Ya estábamos en recesión en Puerto Rico. El impacto social fue significativo, por el éxodo y la disminución de la población que hemos tenido y calculamos tener en el futuro en la isla", manifestó el gobernador Ricardo A. Rosselló.

La asistencia para el huracán se mantuvo separada del proyecto de ley de gasto temporal del mes pasado, y los legisladores, envueltos en una lucha política por el tema migratorio, aún deben decidir cuándo podrían abordar el proyecto de ley de ayuda.

El nuevo plan fiscal solicita dedicar $17.000 millones del dinero federal en la reconstrucción y mejora de las centrales eléctricas que en este momento pertenecen a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (Prepa, por su sigla en inglés), un monopolio que se encuentra en todo lo largo y ancho de la isla y que, según algunos cálculos, es una de las empresas eléctricas públicas más grandes de América del Norte.

Las plantas producen electricidad quemando petróleo, una materia prima obsoleta que es sucia y expone a los puertorriqueños a la oscilación de los precios del hidrocarburo.

El año pasado, los funcionarios de Prepa planeaban gastar tan solo $2.400 millones en la modernización de las plantas y en el cambio a fuentes más limpias de energía.

El gobierno federal ha cuestionado si Puerto Rico tiene tan poco dinero en efectivo como dice.

El 9 de enero, el Departamento del Tesoro y FEMA notificaron a Puerto Rico que no podía comenzar a tomar parte del préstamo de $4.900 millones aprobado por el Congreso como ayuda por el desastre natural porque el territorio aún tiene cerca de $1.700 millones en efectivo disponibles para gastar, así como otros $6.900 millones en efectivo “en depósitos en más de 800 cuentas en todas las entidades gubernamentales del Estado Libre Asociado”.

Recientemente, la junta supervisora preguntó a los funcionarios puertorriqueños sobre los $6.900 millones que se descubrieron en diciembre. Se señaló que cerca de $4.300 millones estaban atados en financiamientos para otras agencias gubernamentales, aun cuando los servicios públicos están sufriendo para salir adelante.

Gastos excesivos

En mayo del año pasado, Puerto Rico se declaró en una forma de bancarrota, lo cual ofreció a la isla la posibilidad de decidir cuánto recortar las pensiones, los pagos de deudas y otras obligaciones que se encuentran bajo la supervisión del tribunal federal.

La junta representará al gobierno puertorriqueño en los procedimientos, pero primero debe aceptar el plan fiscal del gobernador para el 23 de febrero. Si no accede a este, tiene la capacidad de imponer su propio plan fiscal en la isla.

La junta ha estado en desacuerdo con los líderes de Puerto Rico sobre la manera de restaurar el equilibrio fiscal después de años en los que la isla ha gastado más de lo que tenía y ha pedido préstamos para compensar la diferencia.

Por ejemplo, la junta ha insistido en reducir un promedio de 10 % las pensiones de los empleados públicos, como una forma de distribuir el sufrimiento económico de forma más equitativa entre los puertorriqueños. El 24, Rosselló mencionó que los pensionados eran una población demasiado “vulnerable”.

"La Junta Supervisora considera que la implementación de reformas estructurales y la inversión en infraestructura fundamental son la clave para la restauración del crecimiento económico y el incremento de la confianza de los residentes y los negocios”, mencionó en un comunicado Natalie Jaresko, la directora ejecutiva de la junta.

“Lo que buscamos para certificar los planes revisados es garantizar que estos reflejen la realidad de Puerto Rico posterior al huracán y que brinden una base realista” para la recuperación y la sustentabilidad.