Por: Manuel Avendaño Arce.   23 enero
Un proyecto de ley propone que 14 empresas del Estado aporten hasta el 30% de sus utilidades para pagar la deuda pública del Gobierno. Fotografía: Archivo GN.

Las 14 empresas estatales que tendrían que trasladar parte de sus utilidades al Ministerio de Hacienda para pagar la deuda pública por cuatro años, no podrán aumentar los precios y tarifas a sus clientes finales para recuperar el dinero que perderán.

El Gobierno envió a la Asamblea Legislativa, la tarde del viernes 22 de enero, el proyecto de Ley de aporte solidario y temporal sobre la utilidad de las empresas públicas al pueblo costarricense para el ajuste fiscal (22.384).

Esta es una de las medidas negociadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para poner en marcha un programa de ajuste fiscal ligado a un crédito de Servicio Ampliado por $1.750 millones. La meta de este plan es revertir el déficit primario (ingresos menos gastos) en un superávit del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) al 2023 y bajar la deuda pública al 50% de la producción nacional.

El proyecto de ley pretende que un grupo de empresas del Estado; en el que figuran los bancos públicos, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), Correos de Costa Rica, entre otras; destinen hasta el 30% de sus ganancias anuales para mejorar la situación de las finanzas públicas.

El Gobierno definirá mediante un decreto anual, el monto que cada una de las compañías estatales tendrá que aportar en función de sus resultados, el cumplimiento de sus metas y las condiciones de mercado. En total la transferencia conjunta de las 14 entidades debe sumar 0,20% del PIB.

De esta manera, los aportes de algunas empresas como el INS, el Banco Nacional (BNCR) o Correos de Costa Rica, podrían ser previsiblemente más altos en relación con otras entidades como la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva), que atraviesa momentos financieros críticos y más bien necesitó de capitalización extraordinaria para evitar la quiebra.

El artículo 2 del proyecto de ley prohíbe expresamente que estas empresas cambien o modifiquen de cualquier manera sus estructuras de costos con la finalidad de trasladar la carga del aporte a los usuarios o consumidores finales.

En la exposición de motivos del expediente, el Gobierno aclara que “las empresas públicas en este acto (de aportar) fungen, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para que el Estado pueda garantizar mejores condiciones de vida a la ciudadanía, sobre todo a los estratos más desfavorecidos”.

“Las empresas e instituciones que estarían cubiertas bajo el ámbito de esta legislación son ya de por sí patrimonio de las y los costarricenses. Así entonces, más allá del hecho de que aportan al fisco en sus distintas actividades, así como cualquier otro entre privado, es en coyunturas como la presente, donde el Estado también encuentran un valor agregado en su patrimonio empresarial y sobre ello apoyarse para solventar las crisis”, se agrega en el texto.

En el caso del ICE, el INS, el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer); el aporte del 30% se aplicaría sobre la utilidad disponible después del pago de impuestos y cualquier otra carga a favor del Gobierno Central.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, explicó en entrevista con EF, que esta medida busca generar un rendimiento importante por cuatro años para evitar el impacto directo en la población, específicamente sobre los grupos de menores ingresos o en condición vulnerable.

Estas son las 14 instituciones que, en caso de aprobarse la normativa en el Congreso, tendrían que destinar parte de sus utilidades anuales al Gobierno Central:

➨ Banco de Costa Rica (BCR) y sus subsidiarias.

➨ Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y sus subsidiarias.

➨ Instituto Nacional de Seguros (INS) y sus subsidiarias.

➨ Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

➨ Correos de Costa Rica.

➨ Editorial Costa Rica (ECR).

➨ Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

➨ Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

➨ Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

➨ Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).

➨ Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

➨ Junta de Protección Social (JPS).

➨ Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa).

➨ Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Reacciones en el Congreso

Rodolfo Peña, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuestionó la falta de medidas para recortar el gasto gubernamental a largo plazo y para aplicar reformas estructurales.

“Si el Gobierno quiere el apoyo de la Unidad, para este acuerdo con el FMI, debe replantear el gasto público, replantear la agenda de reactivación económica y excluir la parte de más impuestos”, agregó el legislador.

Luis Fernando Chacón, líder de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), recordó que las medidas para recortar el gasto ya habían sido impulsadas como un contrapeso por parte de la Asamblea Legislativa en la discusión del presupuesto nacional 2021.

“La otra gran apuesta para bajar el gasto es la ley de empleo público que irá alcanzando en los próximos 12 años hasta 1,30% del PIB con las medidas de regulación establecidas”, comentó el liberacionista.

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Chacón considera que ahora se abre un proceso de amplia discusión y análisis de los proyectos de ley en Cuesta de Moras con el fin de proteger a los grupos de menores ingresos.

Para Xiomara Rodríguez, jefa de fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), la propuesta debe ser evaluada en los próximos días con el objetivo de determinar el impacto de las medidas y su viabilidad política.

“Nuestra fracción va a revisar la letra menuda del acuerdo con el FMI. Recordemos que en la reunión pasada con el Fondo, ellos no imponen nada, las condiciones las pone el Gobierno, así que a nosotros nos corresponde revisar eso, y esperar que, dentro de esas condiciones lo que haya es reactivación económica y generación de empleo”, concluyó la diputada.

El plan de ajuste fiscal propone generar reducciones en el gasto público de 3,59% del PIB al 2025 y aumentar ingresos en 4,74% de la producción nacional al mismo año.