Para quien la desconoce, la ley es perjudicial, dice el axioma. En Costa Rica, sin embargo, conocer la ley a cabalidad es prácticamente imposible.
Según estimaciones del Sistema Costarricense de Información Jurídica (Sinalevi), el país ha recopilado cerca de 19.723 leyes en sus casi dos siglos de existencia. La mayoría –más de 18.000– siguen técnicamente vigentes.
Eso incluye textos obviamente obsoletos como la declaratoria a la guerra al Imperio Alemán en 1918, pensiones a personas que fallecieron en el siglo pasado o exoneraciones para importar materiales o bienes que ya ni existen.
Empero, otras muchas leyes de hace décadas siguen vigentes, y podrían generar inseguridades en el futuro. De hecho, al menos unos 4.790 textos emitidos en los últimos dos siglos deberían derogarse por desuso, porque riñen con otras leyes o por su enorme desconexión con la realidad.
Eso es lo que propone un grupo de nueve proyectos de ley que (aunque planteados en la legislatura pasada) retomó fuerza en las últimas semanas, por iniciativa del Movimiento Libertario. El rebrote coloca en la palestra, de nuevo, un debate postergado por los diputados por años: revisar, limpiar y ajustar el ordenamiento jurídico en que vivimos.
El pasado domingo 11 de junio Costa Rica estrenó una nueva ley que castiga con prisión el maltrato animal. Entre sus artículos, el texto pena con cárcel de tres meses a un año a quien promueva las peleas entre animales, como las peleas de gallos. Empero, en el caso de las peleas de gallos, una ley lo prohíbe desde hace 128 años. La ley 47 de 1889 se creó justo con ese motivo y sigue vigente.
Así, hay miles de leyes promulgadas desde hace décadas que regulan la importación del trigo, crean impuestos a la exportación del café, prohíben la siembra de tabaco, exoneran a las iglesias católicas de importar un auto, entre otras miles de opciones. ¿Por qué debería importar que estas leyes, en desuso y olvidadas, estén técnicamente vigentes?
“En los sistemas jurídicos, el principio es que ninguna ley entra en desuso”, dice Arnoldo Segura, director legal del Colegio de Abogados. “La ley siempre va a estar vigente y no deja de existir hasta que esta sea derogada o abrogada”, agrega.
El problema, considera, es que tenemos cientos de leyes antiguas vigentes que no se adaptan o no sirven a la realidad social. En ocasiones esa legislación genera preceptos contradictorios y, a menos de que la ley se derogue o se anule en la Sala Constitucional, es el juez el que debe considerar qué leyes son las que aplican en esos casos de contradicción.
Además, los jueces no pueden alegar que no existe una ley para resolver algún conficto. Eso implica que, a veces, deben juzgar un tema aplicando leyes análogas. Si la única legislación análoga sobre el tema se emitió hace un siglo y sigue vigente, esta puede considerarse. Es decir, estas leyes generan inseguridad jurídica.
“Es evidente que (la inseguridad) se da cuando las leyes dejan portillos abiertos o se contraponen”, explica Gloria Bejarano, exdiputada del periodo 2010-2014.
'Deróguese lo que se le oponga'
Bejarano fue la principal proponente de nueve proyectos de ley que pretendían reducir esa inseguridad. La exdiputada socialcristiana relata que la costumbre parlamentaria al crear nueva legislación era añadir un párrafo que solía decir “esta ley deroga a todo lo que se le oponga”.
“Pero, por otro lado, la ley indica que ninguna ley está derogada en tanto no sea explícitamente derogada. Lo cual dejaba evidentemente en vigencia todas las leyes que no habían sufrido el proceso de derogatoria tal y como corresponde”, dice.
Es correcto. En realidad, solo un 7,5% de las 19.723 leyes en el país han sido expresamente derogadas o vetadas, según cálculos de Sinalevi.
Así, Bejarano le pidió al Directorio Legislativo conformar una comisión para reunir a expertos y empezar el trabajo de reunir las leyes que, desde hace años, deberían estar derogadas.
Los primeros listados provenían de la propia Procuradoría General de la República, pero en la comisión también trabajaron miembros del Colegio de Abogados, asesores, técnicos del congreso y estudiantes de derecho.
El primer texto (acompañado con la firma de 55 de los 57 diputados) proponía derogar las primeras 196 leyes (las menos polémicas, se pretendía), vino otro de 191 específicamente sobre exoneraciones, otro con 139 sobre pensiones, otro con 178 escritos sobre impuestos, uno más de 35 leyes sobre temas de energía y otros (de 997, de 999, de 1.000, de 1.055) de temáticas diversas.
“Esa ya era una labor que le atribuía la Constitución a los diputados”, subraya Francisco Salas, director del Sinalevi.
Iniciativa regresa al debate
El Congreso tiene claro que su función es producir nuevas leyes, pero la historia es otra si se trata de derogar textos obsoletos, y –menos aún– en esas cantidades.
Eso, quizás, fue lo que provocó que las nueve iniciativas de Bejarano pasaran de contar con el apoyo de la mayoría de los diputados, a esperar suspendidas por más de tres años sin avances concretos para llegar a Plenario.
La primera de esas iniciativas, de hecho, ya llegó al archivo, pero la bancada del Movimiento Libertario la presentó de nuevo, y busca consensos para impulsarla.
“Me interesa mucho que la Asamblea pueda eliminar esta enorme cantidad de leyes, es una responsabilidad eliminar todas estas posibles fuentes de inseguridad jurídica”, dice el libertario Otto Guevara.
“Estoy en un proceso de cabildeo a favor de estos nueve proyectos. Quisiéramos poder dictaminar algunos de estos, antes de que nos vayamos”, dijo.
Nueve proyectos para ordenar la legislación
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