El Gobierno presentó la tarde de este martes 22 de enero un proyecto de ley con el que pretenden regular el transporte remunerado de personas en Costa Rica, incluidos los servicios que se ofrecen mediante aplicaciones digitales como los que brinda Uber.

Este texto revive el enfrentamiento entre los taxistas y Uber en el país. Dos modalidades de transporte que conviven en el mercado desde hace tres años y cuatro meses en condiciones desiguales.

El duelo no es exclusivo de Costa Rica. Es una problemática que estalló en la mayoría de los 65 países en los que la empresa estadounidense arrancó operaciones, a partir de 2009, para conectar mediante una app a los propietarios de vehículos con quienes necesitan servicios de transporte.

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Uber ofrece en Costa Rica tarifas más bajas en relación con las que cobran los taxistas formales, quienes se quejan, reiteradamente, de que deben pagar impuestos, llevar el vehículo a revisión técnica dos veces año, cancelar el canon de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y cubrir una serie de obligaciones legales que les restan capacidad de competir.

El gigante estadounidense de transporte colaborativo inició sus operaciones en Costa Rica el 21 de agosto del 2015 y a la fecha cuenta con más de 22.000 socios conductores, 800.000 usuarios de su aplicación para solicitar servicios de transporte y en abril del 2018 abrió su centro de servicios desde donde ofrece soporte a sus plataformas en México y Centroamérica –con excepción del propio país– y en el que genera 700 empleos directos.

EF repasa los siete hechos que marcaron hasta la fecha el enfrentamiento entre Uber y los taxistas en el país.

1- Llegada sorpresa

El viernes 21 de agosto Costa Rica amaneció con la noticia de que Uber inició operaciones en el país. Con pocos socios conductores registrados la plataforma ofrecía promociones a quienes descargaran la app y solicitaran su primer viaje.

Antes de ese día se especulaba sobre el ingreso de la compañía de capital estadounidense al país, pero la fecha del inicio de operaciones era completamente desconocida.

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Sin tener el panorama muy claro, Sebastián Urbina, entonces viceministro de Transportes, aseguró que cualquier vehículo necesita un permiso del Consejo de Transporte Público (CTP) para brindar servicios remunerados y que se exponían a una multa de ¢110.000 o al decomiso administrativo del vehículo, según la Ley.

Fue así como sin aviso previo, sin permisos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sin autorización del CTP, Uber retó a todos y empezó a trabajar en el país.

Humberto Pacheco, gerente de Uber en Costa Rica para esa fecha, explicó que la empresa había analizado el panorama legal y que su operación se daría bajo la figura de "comunidades de autoabastecimiento". Uber indicó que esa figura legal ya se emplea en Costa Rica para la administración de servicios públicos como agua y electricidad.

2- Uber, ¿ilegal?

Los ánimos de los taxistas en el país empezaban a calentarse, sin datos verificables este gremio empezó a denunciar una caída en la cantidad de viajes y rechazos de los clientes, según ellos, como consecuencia de la entonces incipiente operación de Uber en el país.

El 11 de setiembre del 2015, el CTP emitió un criterio jurídico en el que calificaron la operación de la compañía estadounidense como una actividad “ilegal”.

"El servicio de transporte que ofrece Uber, a través de una aplicación, mediante el móvil, es un servicio de transporte remunerado de personas ilegal dado que no cuenta con las autorizaciones correspondientes", recalcó el documento.

El dictamen del CTP le dio fuerza a los taxistas formales quienes iniciaron una seguidilla de manifestaciones y bloqueos en las calles del país para pedirle al Gobierno acciones contundentes contra Uber.

3- Gobierno sin estrategia

El inicio de Uber, la indignación de los taxistas, la generación de empleos informales en un país que padece una tasa de desempleo estancada en niveles cercanos al 10%, la satisfacción de los usuarios y los vacíos legales que impiden regular esta actividad de la economía colaborativa. Todos estos factores conviven en la realidad del país.

El día que Uber inició en Costa Rica, Urbina sentenció que la Policía de Tránsito sería la encargada de impedir que los conductores registrados en la app prestaran servicios de transporte. A la fecha, poco más de tres años después, esto no sucede esporádica y aisladamente.

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Justamente al calor de las tensiones que se despertaron en el país, el 21 de agosto del 2015, la Policía de Tránsito decomisó los dos primeros carros de Uber, un Peugeot y un Volkswagen. Los vehículos fueron ubicados en un operativo especial realizado por las autoridades para identificar transporte ilegal de personas.

Pero los primeros intentos de las autoridades por contener el ímpetu de los noveles choferes de Uber se vieron mermados cuando la empresa informó que pagaría las multas y daría todo el apoyo legal a quienes les decomisaran los vehículos mientras ofrecen servicios de transporte con la aplicación.

4- La Fuerza Roja

Las manifestaciones de los taxistas –o la Fuerza Roja como se hacen llamar– contra Uber han sido recurrentes en los últimos tres años y cuatro meses. El último episodio de esta “furia roja” lo vivió el gobierno de Carlos Alvarado en julio del 2018.

Uno de los episodios más complejos en esta pugna se dio el 9 de agosto del 2016 cuando la Fuerza Pública intervino con enfrentamiento a golpes para levantar un bloqueo que mantenían los taxistas en la rotonda de La Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca.

Ese día, varios grupos de taxistas tomaron las calles del país desde las 5:00 a.m. y bloquearon el paso en las principales rutas nacionales.

Durante el mandato de Alvarado, los bloqueos y manifestaciones de los taxistas contra Uber, tuvieron lugar entre el 2 y el 4 de julio del 2018.

En una negociación entre el Gobierno y los líderes de los taxistas se puso fin al movimiento de protesta con base en 10 acuerdos entre los que destacan que el compromiso del Ejecutivo de "intensificar los controles de tránsito en contra de Uber y de cualquier otra plataforma digital que opera servicios de transporte de forma irregular.

5- El proyecto de ley

El acuerdo entre el Gobierno y los taxistas dio pie a la creación de una comisión mixta con la participación de todos los actores involucrados en el transporte público para buscar soluciones al conflicto.

El MOPT lideró la elaboración de un proyecto de ley que fue presentado este martes en la Asamblea Legislativa para cambiar las reglas del juego y generar condiciones que permitan a los taxistas competir con las tarifas y las tecnologías que introdujo Uber al mercado.

Esta iniciativa despertó, de nuevo, la molestia de los taxistas quienes consideran que el texto afecta directamente su actividad y su capacidad de generar ganancias para subsistir.

Gilberth Ureña, vocero de los taxistas, anunció que ya preparan una huelga indefinida hasta que el Gobierno retire el proyecto de ley y trabaje un texto conjunto con ellos en el que se tomen acciones para sacar a Uber del país.

6- El músculo de Uber

Uber genera 700 empleos directos con su centro de servicios, instalado dentro del Régimen de Zonas Francas, y además ofrece opciones de trabajo informal a más de 22.000 conductores de vehículos, en momentos en que la economía no crece al ritmo necesario para abrir nuevas plazas laborales y la tasa de desempleo cerró en un 10,2% al tercer trimestre del 2018.

Andrés Echandi, gerente general de Uber Costa Rica, indicó, durante un desayuno con la prensa el 12 de diciembre del 2018, que la empresa siempre ha tenido la disposición de negociar opciones para ser regulada en el país, pero destacaron que en el gobierno de Luis Guillermo Solís no hubo apertura para lograrlo.

En ese encuentro, Echandi aclaró que la compañía está registrada conforme a la Ley y paga sus impuestos por operar en el país, incluso agregó que estaban buscando formas para preparase ante el cobro del 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará a los servicios de transporte en el segundo semestre del 2019.

Uno de los compromisos pactados entre los taxistas y el Gobierno, en julio del 2018 para finalizar las manifestaciones en carretera, era justamente que el Ejecutivo revisara el estatus del pago de impuestos por parte de Uber y la operación de su centro de servicios en el Régimen de Zonas Francas. Hasta la fecha ni el Ministerio de Hacienda ni el Ministerio de Comercio Exterior han informado sobre este caso.

Echandi puntualizó que con el actual gobierno de Carlos Alvarado existe mayor apertura y disposición para abrir espacios de diálogo que permitan negociar una regulación para los servicios de transporte que se ofrecen en la app.

7- Intentos de regulación

El país está atrasado en la generación de regulaciones para actividades de la economía colaborativa como Uber o Airbnb.

En setiembre del 2018, Franklin Corella, entonces diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) presentó un proyecto de ley para regular los servicios de transporte de la movilidad colaborativa.

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La iniciativa propone crear dos modelos de movilidad colaborativa: abierta y cerrada.

La cerrada se aplicaría solo en empresas privadas, instituciones públicas y centros de enseñanza. Se trata de todas las iniciativas o planes que permitan a sus trabajadores hacer carpooling para reducir presas y contribuir con el medio ambiente.

Mientras que la movilidad colaborativa abierta es mucho más amplia y regulada en el texto del proyecto de ley. Se trata de servicios de transporte remunerados como los que ofrecen Uber y Cabify.

El texto propone crear una Oficina Nacional de Movilidad Colaborativa adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Esa dependencia servirá como un sistema de registro en la cual las empresas tendrán que presentar listados de sus conductores-colaboradores con datos personales para generar un control. La base de datos de los choferes debe ser actualizada cada seis meses.

Para registrarse las compañías tendrán que pagar una cuota equivalente a dos salarios mínimos (¢848.000). Sin embargo, este texto no avanzó en la corriente legislativa y no cuenta con el apoyo de los actuales diputados para convertirse en ley.

De acuerdo con Uber, este proyecto burocratiza un servicio que se ofrece mediante una aplicación y por eso el Gobierno debería pensar en liberar de cargas a los taxistas para que puedan competir en mejores condiciones contra las plataformas que brindan servicios de transporte de movilidad colaborativa.