El Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa someten las anualidades a cirugía plástica mediante dos proyectos de ley paralelos.
El Gobierno pretende devolverlas a su estado original de estímulo y barrer con la impresión que tienen los empleados públicos –fundamentada en años de experiencia– de que ese aumento anual es su “derecho adquirido”, sin importar si hacen bien o mal su trabajo.
En un nuevo proyecto de ley presentado por el Ministerio de Planificación (Mideplan), en conjunto con otras carteras, el Ejecutivo optó por eliminar el sugerente nombre de “anualidad” y llamarle con uno más explícito: “incentivos al buen desempeño de los servidores públicos”.
Para ello, le pondrá un techo al premio de un 2,54% sobre el salario base para todos los empleados de todas las instituciones del Estado, algunas de las cuales desembolsan entre un 5% y un 10% adicional por empleado por año y agregan otro porcentaje cuando cumplen quinquenios.
El porcentaje sale del máximo establecido por ley para las instituciones que están bajo el amparo del Servicio Civil (Gobierno Central). También aumentará a “muy bueno” la calificación mínima de desempeño para ser acreedor del incentivo anual.
Un cambio que los especialistas en economía y en derecho laboral ven con buenos ojos, pero al que consideran insuficiente si se trata de lograr eficiencia en el sector público.
El tope a las anualidades y el aumento de la calificación también figuran en un proyecto presentado por la diputada Sandra Piszk, que tiene como objetivo ordenar las remuneraciones.
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Un estímulo inexistente
Las anualidades son el estímulo que dejó de serlo.
La persona que “anda tomando café” cuando usted llega a una oficina del Estado a hacer un trámite rápido, probablemente, es acreedora de un aumento de salario anual. Y lo considera su derecho adquirido por antigüedad.
Tienen un fundamento histórico para creerlo: un 99% de los empleados públicos del Gobierno Central lo recibieron entre el 2007 y el 2012, pues su desempeño fue calificado como “bueno”.
Si es empleado de una universidad del Estado, ese aumento será de entre un 4% y un 6%. Si lo hace en la Asamblea Legislativa, su estímulo corresponderá a entre un 3,5% y un 4,65%.
Ese aumento es un motivo de crítica frecuente por el gasto que representa para el Estado y las desigualdades que genera.
“La anualidad tiene sentido si está ligada a un plan de desempeño. No debería ser por toda la vida”, aseguró el economista Pablo Sauma, del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (UCR).
¿Mejor desempeño?
Aumentar la calificación necesaria para recibir un incentivo al desempeño es una buena intención del Gobierno, pero la clave está en en establecer un documento de medición objetivo.
Ese es, precisamente, el mayor desafío: la ley puede establecer la calificación mínima, pero no puede establecer a priori una metodología de medición adecuada por la complejidad del sistema.
“El problema es que nadie sabe qué es lo que quiere decir bueno ni muy bueno”, dijo la legisladora Piszk.
El proyecto del Ejecutivo pretende que todas las instituciones presenten ante el Mideplan su documento técnico de medición para darle un aval.
Con ello, dice la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, queda blindada la posibilidad de dar los incentivos a dedo.
Para la especialista en derecho laboral Paola Gutiérrez, establecer un mecanismo de medición es un proceso complejo.
“Decirle a un empleado que este año no tuvo el rendimiento aceptable tendría que ser por algo más que una apreciación subjetiva del jefe”, dijo la abogada.
El resultado dependerá no solo de la redacción de una buena metodología sino de que los jefes quieran y sepan cómo aplicarla.
Arenas movedizas
Someter cualquier incentivo a una cirugía requiere de dos armas primordiales: una negociación intensa con los sindicatos y una gran dosis de paciencia.
Por ahora, el plan tiene un buen clima entre las fracciones del Movimiento Libertario y Acción Ciudadana, pero aún no se mueve en las arenas movedizas de otras fracciones. También debe sortear a los sindicatos.
“Una buena articulación sindical en unidad de acción para estos desafíos, es más que aconsejable”, anotó el jerarca de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, en un comunicado.
Para ellos, más que un incentivo las anualidades son un derecho obtenido por los trabajadores por sus años de experiencia. Eliminarlas sería un acto de violencia contra sus garantías.
Quienes han presentado proyectos en esta vía tienen presente esa posición de los sindicatos y son cautelosas en aclarar que no tienen intenciones de matar al incentivo, sino de transformarlo para aumentar la productividad del sector público.
Ese aumento de la productividad fue el propósito que tuvieron las anualidades cuando se crearon, explicó el economista Sauma. El Gobierno ahora deberá demostrar si esta es una vuelva más a la misma historia.
Estas son las diez instituciones con mayores anualidades.
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Cambios en la mira
Los proyectos de ley pretenden limitar las anualidades con un techo del 2,54% y aumentar la calificación mínima para obtener la remuneración adicional. Estas son las características nuevas que plantea el proyecto del Gobierno:
Renombrar las anualidades con el nombre “ncentivos al buen desempeño de los servidores públicos”.
Ascensos: solo podrán obtenerlos los funcionarios que hayan obtenido la calificación de “muy bueno” durante dos años consecutivos.
Plazo: Todas las instituciones deberán ajustarse a las nuevas disposiciones seis meses después de que se publique la ley y tienen un plazo de dos años para implementar una nueva evaluación.
Fuente Proyecto N.° 19.787