Los 42 diputados presentes en la sesión de este lunes votaron a favor el "Tratado sobre el Comercio de Armas".
La iniciativa fue impulsada por Costa Rica en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y es el tercer país a nivel mundial que aprueba la propuesta, antes lo habían votado Islandia y Guyana.
Los Gobiernos del expresidente Óscar Arias y el de la presidenta Laura Chinchilla fueron los que lograron hacer avanzar las negociaciones.
En junio pasado Arias incluso citó a reunión en su casa a los jefes de fracción y al presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza, para solicitarles un trámite ágil para el tratado.
Temprano este lunes la presidenta Chinchilla pidió al Congreso votar hoy mismo el proyecto, una de las prioridades en la agenda de proyectos que Casa Presidencial convocó para las actuales sesiones extraordinarias.
Ahora el proyecto deberá ir en consulta preceptiva de constitucionalidad a la Sala Constitucional que lo estudiará durante el próximo mes antes de que el Parlamento le dé segundo debate.
Pese a que los diputados lo avalaron por unanimidad, varias bancadas reconocieron que el tratado es apenas un primer paso para regular el trasiego de armas a nivel mundial.
Tal es el caso de José María Villalta del Frente Amplio. Según el diputado, el acuerdo se queda corto en sus intenciones producto de las negociaciones entre países en el seno de la ONU.
Por su parte el presidente del Congreso destacó el hecho de que Costa Rica sea el tercer país del mundo que ratifica el tratado.
"El país es símbolo de paz a nivel mundial y está en la obligación de implementar este tratado cuanto antes, pues además es coautor y uno de los máximos impulsores del mismo", destacó Mendoza.
El tratado, en su Artículo 2, establece que regirá para el comercio de carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería de gran calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, buques de guerra, misiles y lanzamisiles y armas pequeñas y armas ligeras.
La iniciativa estable que cada uno de los Estados firmantes establecerá y mantendrá un sistema nacional de control para regular la exportación de municiones disparadas, lanzadas o propulsadas por las armas convencionales.
Además prohíbe a los países firmantes a realizar transferencias de armas convencionales si la misma supone una violación de las obligaciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, o si tiene conocimiento de que los artefactos bélicos se utilizarán para cometer genocidios, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas, u otros crímenes de guerra.
Un año después de la entrada en vigor del tratado, cada Estado presentará un informe inicial sobre las medidas adoptadas para aplicarlo.