“A la Asamblea Legislativa le corresponde el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto del Gobierno de la República”.
Así define el Ministerio de Hacienda la labor que debe desempeñar el Congreso cada año ante la presentación del plan de gastos que realiza el Ejecutivo para atender necesidades en educación, salud, pensiones y pago de la deuda, entre otros.
En ese entendido, y durante los últimos diez años, los diputados le han aplicado un freno al gasto pretendido por los gobiernos en sus proyectos de ley del presupuesto por el orden del 0,01%, en promedio.
Se trata de aproximadamente unos ¢4.592 millones anuales menos para gastar.
Algunas administraciones han tenido mejor suerte que otras. Es decir, han obtenido autorización de todo su plan de gastos, algunas hasta más dinero del pretendido originalmente.
Mientras nos enrumbanos a los meses de encendido y tradicional pulso en la Comisión de Hacendarios cabe preguntarse: ¿cuánto limitan el gasto los diputados?
Los más y menos dadivosos
EF realizó un análisis de los planes de gasto presentados por los gobiernos durante los últimos diez años.
La administración Chinchilla Miranda fue la que tuvo mayor éxito con su presupuesto en Cuesta de Moras.
En el 2010, el proyecto de ley pretendía elevar el presupuesto nacional en un 6,05%, porcentaje que terminó por alcanzar casi un 10%, por autorización de los diputados.
“Los diputados aprobamos un límite máximo al gasto, autorizamos un rango para que el Ejecutivo pueda moverse dentro de esos límites. Queda a su discreción si termina gastando menos (subejecución) o realiza transferencias o movimientos a lo interno”, explicó Antonio Álvarez, actual presidente del Congreso.
Por el contrario, fue en el segundo año de la actual administración cuando se presentó la contracción más grande de un plan de gastos, por -2,2%.
Eso sí, la mayor acción de recorte llegó como contención a una propuesta de gasto que pretendía elevarse en un 19,89%; el crecimiento más alto de la última década.
Situación similar se vivió durante la administración Arias Sánchez. Para el 2009, se reportó el segundo mayor recorte experimentado en un presupuesto (-1,42%) durante el periodo en análisis.
Una vez más, esa respuesta exigente de la Asamblea respondió a un proyecto de presupuesto que quería crecer en un 14%.
Para el diputado Ottón Solís, los resultados no evidencian un fallo del Congreso, pues la ley les exige la aprobación o no de los presupuestos, “no sus recortes”.
Sin embargo, es claro que en el actual entorno económico sí le imprime nuevas exigencias a los legisladores.
Todo ello en el entendido de que los márgenes de acción para frenar el gasto son limitados.
Por ejemplo, para el ejercicio presupuestario del 2017, el margen de maniobra que le queda a las autoridades de Gobierno para reasignar recursos o disminuir montos es del 5%.
El resto del dinero público está amarrado. Un 54% responde a mandatos legales; otro 34% a constitucionales.
Uno de ellos y de los que tiene más peso es el pago de deuda. Un 33% del presupuesto presentado para el 2017 se destinará a ese rubro.
En los últimos años, la deuda del Gobierno se ha incrementado en casi un 50%, pasando de un monto equivalente al 24,7% de la producción en el 2008 a un estimado del 49,1% el próximo año.
Pese a ello, la responsabilidad de los legisladores sí puede ir más allá.
Álvarez Desanti es del criterio de que los diputados cuentan con la potestad para la modificación de leyes existentes o, bajo nuevas propuestas, ayudar a las finanzas del Estado.
Ejemplo de ello fue la recién aprobada reforma a las pensiones con cargo al presupuesto, que le generarían al Estado un ahorro de ¢21.000 millones anuales.
“Como país nos hemos retrasado mucho para tomar decisiones en cuanto ala contención del gasto, pero es importante darse cuenta de que se están haciendo esfuerzos y que se seguirán haciendo”, dijo Álvarez Desanti.