La reforma al Sistema de Banca para Desarrollo es de las pocas luces que brillaron entre las sombras de la producción de leyes del Parlamento durante la primera legislatura 2014-2015.
Ese es el punto más alto de una gestión empañada por escándalos y decisiones originadas en Casa Presidencial que influyeron en el escaso diálogo con el Poder Legislativo y entre la bancada oficialista y las de oposición.
El producto final es el estrecho margen que tuvo el Poder Ejecutivo para persuadir a los diputados de apoyar su agenda.
Un punto a favor
En el caso de la reforma a Banca para Desarrollo, el proyecto para su reforma se aprobó el 9 de octubre del año pasado, después de que una comisión lo estudiara durante cuatro años.
La médula del plan era hacer más accesible el uso de ¢280.000 millones que aporta la banca privada a través del canon por operar cuentas corrientes y del 5% de las utilidades de la banca estatal para facilitar el acceso a créditos a los pequeños emprendedores.
Fuera de esa iniciativa, la agenda económica cayó en el mismo bache que la restante legislación que llegó a manos de una Asamblea Legislativa sobrepoblada por nueve fracciones.
Tal conglomerado ha sido una especie de bestia de muchas cabezas que Casa Presidencial no ha podido domar por los altibajos en la gestión del Ministerio de la Presidencia a cargo del destituido Melvin Jiménez.
Infraestructura, de cal y arena
La labor del exministro es en parte culpable de que la primera legislatura de este periodo constitucional fuera, hasta la semana pasada, la menos productiva de los últimos cinco gobiernos.
De las 50 leyes aprobadas, un 25% fueron autorizaciones a municipalidades, iniciativas sin ningún interés nacional.
El analista político Constantino Urcuyo cree que el resultado era de esperar, pues no puede existir un proceso legislativo fluido con nueve fracciones.
“Ese es el resultado del multipartidismo centrífugo. Es un problema estructural”, añadió.
Al apartar paja y grano, en este último grupo se detectan tres proyectos de trascendencia, aprobados para mejorar la calidad de la maltrecha infraestructura pública, especialmente la vial.
El primero de ellos es la reforma a la ley de expropiaciones, que permite reducir de tres años a un promedio de ocho meses el lapso para que el Estado se apropie de terrenos vistos para la construcción de infraestructura. Así, los diputados quitaron una piedra del camino de grandes proyectos postergados por años.
Otro hito fue el aval al uso del fideicomiso para financiar obras viales, que se estrenará con el proyecto de reconstrucción de la carretera San José-San Ramón, con un costo de $470 millones.
Tras un intenso debate, el plenario también votó a favor el crédito con China por $395 millones para ampliar 107 kilómetros la ruta San José-Limón.
El aval se produjo pese a que el Grupo Consenso, conformado por entidades técnicas como el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) llamaron la atención sobre las falencias que contiene el anteproyecto de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), yerros que los expertos creen que perjudicarán el buen desarrollo de la obra.
Los congresistas omitieron los señalamientos y aprobaron el crédito.
También, la Asamblea Legislativa aprobó en marzo un presupuesto extraordinario que contenía $450 millones facilitados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el desarrollo de obras viales en Cartago y Puntarenas, y obras portuarias en el Pacífico.
Como es notorio, el principal legado que dejan los congresistas al cabo de su primer año se centra en materia de infraestructura.
Carreta tributaria se atascó
Algo distinto ocurrió con la agenda fiscal. Las bancadas de oposición han sido fieras contra propuestas hechas por el Gobierno para detener el contrabando y el fraude contra la hacienda pública.
Ambas iniciativas carecen de avances destacables durante este primer año de labores del gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, que optó por detener en dos ocasiones el envío al Congreso de dos proyectos para reformar el impuesto sobre la renta y para convertir el impuesto sobre las ventas en el impuesto al valor agregado (IVA).
Sendos planes se debatirán en algún momento de la segunda legislatura.
Desde ya, hay dudas entre la oposición y sectores como el empresarial y el sindical.
Patronos y representantes de los trabajadores critican la propuesta del Gobierno de aumentar de un 13% a un 15% la tasa del impuesto sobre las ventas; los criterios sobre las variantes al cobro de la renta no son más positivos.
El ministro designado de la Presidencia, Sergio Alfaro, aceptó que esos planes representan una de las complejidades más relevantes que deberá enfrentar al iniciar labores, este 1.° de mayo.
Además de la reformas tributarias para recaudar un 2% de la producción adicional por año, Hacienda prepara una propuesta para limitar las exoneraciones fiscales, que alcanzan cerca de un 5,7% del Producto Interno Bruto (PIB) por año.
El ministro de Hacienda y primer vicepresidente, Helio Fallas, también alista una iniciativa para obligar al Gobierno Central a ejecutar todos los recursos que las instituciones tengan en la caja única del Estado.
Una nutrida propuesta fiscal que Alfaro ve necesario concretar durante el 2015 por su urgencia para el país, que está bajo presión de organismos financieros internacionales y de la calificadoras de riesgo para que reduzca el faltante de recursos en el erario.
Comercio: actor ausente
La situación de la agenda de proyectos de comercio exterior fue muy distinta de la de proyectos fiscales durante este primer año.
Según datos facilitados a EF por el Departamento de Servicios Parlamentarios, en la primera legislatura el Congreso no discutió ningún tratado de libre comercio (TLC) ni proyectos afines.
Durante estos primeros 12 meses, la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea se dedicó a dictaminar 30 convenios de diversa índole, pero ninguno relacionado con la agenda comercial del país.
Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior (Comex), tiene una explicación para ese hecho. De acuerdo con el jerarca, el mandato del presidente Solís es que el país no negociará ningún nuevo acuerdo comercial hasta que logre la efectiva administración de los tratados ya vigentes.
Explicó que la directriz presidencial es que cualquier oferta de negociación de un nuevo TLC sea evaluada por Comex a la luz de estudios técnicos que aporten un criterio objetivo sobre el costo-beneficio para el país de entrar en relaciones con nuevos socios.
Convulsión política afectó
La legislatura que agoniza también dejará para los registros el levantamiento del veto sobre la reforma procesal laboral.
Esa es la modificación más importante que ha sufrido hasta ahora el Código de Trabajo.
La decisión de Solís de quitar el freno que había puesto su antecesora, Laura Chinchilla (2010-2014), desestabilizó la de por sí floja relación de Zapote con empresarios y Cuesta de Moras, lo que causó la primera de las tres crisis políticas ocurridas durante estas sesiones extraordinarias.
El levantamiento del veto provocó una ola de desconfianza en el Gobierno, proveniente del empresariado y de las bancadas de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Partido Liberación Nacional (PLN).
Esta polémica se encadenó con las dudas de la oposición sobre la legalidad del trámite del presupuesto ordinario para el 2015, por ¢7,9 billones, cuya votación ocurrió entre cuestionamientos de inconstitucionalidad, confirmados más tarde por la Sala Constitucional.
El trámite del presupuesto, de paso, minó la credibilidad del presidente del Directorio Legislativo, Henry Mora, de Acción Ciudadana (PAC).
Así acabó el 2014 en el Congreso. Enero del 2015 empezaría con un nuevo escándalo.
Esta vez el involucrado fue el ministro de la Presidencia saliente, Melvin Jiménez, a quien la oposición señaló como el autor intelectual del ofrecimiento de una embajada a la procuradora Ana Lorena Brenes, para que dejara el cargo, desde el cual ha tenido roces con la Presidencia.
Después de esa convulsión, la segunda que sufría Zapote en las sesiones extraordinarias, Jiménez metió en un rincón su labor como vocero del Gabinete.
Un papel que retomó a principios de abril solo para verse envuelto en otro lío. Esta vez relacionado con la nueva ley de radio y televisión, donde la presunta oferta de otra embajada al viceministro de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Allan Ruiz, acabó con su destitución.
Era la tercera razón que el Ejecutivo le daba a la oposición para que dedicara el tiempo legislativo al control político en su contra.
“La falta de un manejo político adecuado permitió que esos escándalos generaran mucho ruido en la Asamblea, lo que contribuyó a la improductividad”, destacó el politólogo y asesor legislativo Daniel Calvo.
Para la segunda legislatura que iniciará este 1.° de mayo, las expectativas cambian.
La llegada de Sergio Alfaro da cabida a la posibilidad de una mejor organización de las prioridades del Gobierno en materia legislativa.
Esa fue una carencia que mostró la Presidencia durante todo su primer año de labores y que se notó en las convocatorias desordenadas de proyectos de ley que envió Zapote a la Asamblea Legislativa.
El orden llevaría mayor productividad a Cuesta de Moras.
Pendientes
Reforma fiscal: Es urgente porque el país está bajo presión de organismos financieros internacionales que le piden reducir el déficit fiscal.
Tarifas eléctricas: Casa Presidencial desechó los planes que había en la corriente legislativa para bajar las tarifas y a hoy no ha hecho una nueva propuesta.
Ajustes a reforma procesal laboral: Aunque el presidente Solís ofreció enfocar prioridades sobre un proyecto en esa dirección, este no ha sido convocado para su debate en estas sesiones extraordinarias.
Fuente Archivo EF.