Empresas no reguladas, tiendas departamentales, almacenes de electrodomésticos, prestamistas informales y otras entidades tendrían que compartir la información de sus deudores ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
El Gobierno presentó la tarde de este miércoles el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Centro de Información Crediticia (21.650) que tiene como objetivo crear un módulo adicional en la base de datos que opera la Sugef para que entes no regulados puedan incluir los detalles de sus clientes.
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La idea es que los estudios crediticios que realizan los bancos, mutuales y otras entidades financieras antes de aprobar un préstamo a un cliente, cuenten con información más completa para conocer el verdadero perfil de endeudamiento de una persona.
En la actualidad solamente las instituciones reguladas por la Sugef aportan información al CIC. Esto permite que los prestamistas en las sombras, algunos almacenes de electrodomésticos, tiendas departamentales, entre otros; otorguen créditos que afectan el perfil de endeudamiento de una persona, pero que no se reflejan en el estudio bancario.
El proyecto de ley forma parte del paquete de ajustes que el Ejecutivo impulsa desde el pasado viernes 11 de octubre para poner en marcha un plan de salvamento que ayude a la población sobreendeudada en el país.
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Esta estrategia se complementa con otro proyecto de ley –también presentado la tarde de este miércoles– para permitir que los bancos del Estado consigan préstamos blandos de diferentes fuentes y para que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) defina la tasa de usura.
Los términos y condiciones para que los bancos públicos presten dinero a las personas con altos niveles de deudas ya fueron definidos en una directriz ejecutiva.
¿Cómo funcionará el módulo?
El módulo de consulta ampliado será operado por la Sugef con base en la normativa legal para garantizar el manejo adecuado de los datos.
La información suministrada permitirá que las entidades bancarias accedan al perfil de endeudamiento de las personas y que puedan ver el comportamiento de pago. El fin es aumentar la capacidad de administración de riesgos de las empresas en el sistema financiero nacional.
¿Quiénes tendrán que aportar información de sus clientes?
En caso de que se apruebe la ley sin ninguna modificación tras su paso por el Congreso, cualquier persona física o jurídica que otorgue créditos, incluso las supervisadas por alguna de las superintendencias sujetas al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), tendrán la obligación de aportar los datos de sus deudores.
¿Cómo se manejarán los datos?
Sugef resguardará la información bajo los mismos mecanismos que opera actualmente el CIC. Sin embargo, las personas físicas o jurídicas que prestan dinero tendrán que informar a sus clientes sobre este nuevo requerimiento.
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Los prestamistas, almacenes, tiendas o empresas no reguladas serán los responsables de recopilar y enviar la información a la Sugef.
¿Quiénes podrán ver la información?
Los datos podrán ser consultados por las entidades financieras reguladas y por las empresas no supervisadas que quieran estudiar el perfil de una persona. El cliente tendrá que firmar una autorización previa y podrá solicitar copia cuando lo desee.
¿Qué reflejaría el perfil de una persona en esta plataforma?
Los reportes que emita la plataforma no incluirán juicios de valor o calificaciones de riesgo de los deudores en sus operaciones, esos factores serán determinados por la entidad que los consulta de acuerdo con sus propios criterios internos y de mercado.
“La Sugef no será responsable por las decisiones o valoraciones realizadas por las entidades consultantes; tal responsabilidad recae sobre esas entidades. Tampoco será responsable por la exactitud o precisión de la información suministrada, pues tal responsabilidad recae exclusivamente sobre las empresas y entidades que alimentan la base de datos”, agrega el proyecto de ley.
¿Cuándo se implementará este sistema?
El texto enviado al Congreso pone un plazo de un año después de la aprobación de la ley para que la Sugef emita el reglamento correspondiente e implemente el desarrollo tecnológico que alojará la base de datos.