La iniciativa de ley para dar un subsidio económico a las personas que vieron afectados sus trabajos por la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus con el dinero producto de la fijación de los precios de los combustibles, dio un primer paso positivo en la Asamblea Legislativa aunque tal vez un poco tarde.
El proyecto de Ley de protección a las personas trabajadoras durante la emergencia por la enfermedad COVID-19 (21.909), fue votado afirmativamente por 49 diputados. Solo el legislador Pedro Muñoz de la Unidad Social Cristiana (PUSC), votó en contra. Sin embargo, este miércoles los legisladores acordaron devolver el proyecto a su primer debate para corregir los montos en los que se fijaron los precios de los combustibles y excluir el combustible otorgado al sector pesquero.
La nueva sesión del plenario será el próximo viernes 17 de abril.
El dinero que se podría acumular alcanzaría para el subsidio de al menos 400.000 familias, de acuerdo con la diputada de Liberación Nacional (PLN) Franggi Nicolás. Esto, según cálculos hechos en conjunto con el Poder Ejecutivo.
“Son más de ¢50.000 millones. Esto va a permitir aliviar esa situación, aunque sea de manera temporal”, declaró la legisladora. El dinero es una de las fuentes de dinero del plan Proteger.
Ese monto provendría de la diferencia entre el costo –ahora fijo– que los consumidores pagarán por los combustibles y el precio que habría resultado de la metodología aplicada normalmente por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Actualmente el barril de petróleo se cotiza en poco más de $30.
Sin embargo, el proyecto se enfrenta a una contrarreloj para aprovechar los bajos precios del mercado después de que los países productores de petróleo tomaran la decisión de reducir la producción del crudo con el fin de estabilizar el valor.
¿Cómo funcionará?
El subsidio, ya anunciado por el Gobierno, es exclusivo para las personas desempleadas, con suspensión temporal del contrato de trabajo o reducción de jornadas laborales, incluyendo trabajadores informales e independientes que, hayan visto sus ingresos afectados, como consecuencia de la declaratoria de emergencia por el COVID-19.
El proyecto de ley aprobado en primer debate usa como referencia de precios mínimos de los combustibles publicados el 4 de marzo del 2020 para la venta a plantel, que son los siguientes:
- Gasolina Súper: ¢543,10 por litro
- Gasolina Plus 91: ¢520,09 por litro
- Diésel: ¢434,86
Cuando el valor de los combustibles sea menor a estos, se utilizarán los que expone el proyecto. Es decir, el precio de la gasolina o el diésel no podrá ser más bajo que lo publicado el 4 de marzo.
Después, Recope deberá trasladar al Ministerio de Hacienda en los primeros cinco días del mes, la diferencia que se produzca entre los precios de plantel fijados y el monto que resulte de la metodología tarifaria que debe realizar la Aresep. En otras palabras, la diferencia entre el valor real al que se deberían vender los combustibles y el precio fijado como mínimo por el proyecto.
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Para esto, la Aresep deberá considerar el precio que hubiera resultado de la aplicación de la metodología versus el monto fijado para determinar cuánto se le transferirá a Hacienda. El importe total que se trasladará mensualmente, se obtendrá de multiplicar las ventas reales de los combustibles con precio regulado –gasolina súper, plus 91 y diésel– por la diferencia aprobada por la Aresep.
Tras este proceso, Hacienda asignará vía presupuesto de la República, como máximo cada dos meses, la totalidad de los recursos recaudados por esta vía al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y al Ministerio de Trabajo (MTSS). Este dinero sólo podrá ser destinado al financiamiento del subsidio.
El mismo texto aprobado establece que cuando los precios internacionales de referencia de los combustibles afectados por la ley superen los montos fijados, quedará sin efecto esta transferencia. Este es un escenario que se podría enfrentar en un futuro próximo después de que los países productores del crudo tomaran cartas en el asunto.
¿Petróleo para abajo, gasolina fija?
El COVID-19 se trajo abajo distintas actividades económicas a nivel mundial, incluyendo la petrolera.
El 31 de marzo del 2020, en plena pandemia del coronavirus y alimentado por el conflicto político entre Rusia y Arabia Saudita, el precio del barril de Brent alcanzó su punto más bajo en los últimos 18 años: $22,74. Mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos, cerró aún más abajo, en $20,48.
Al 12 de abril el precio se había recuperado levemente hasta los $31,27 por barril de Brent y a $22,46 el de WTI, según datos recopilados por Bloomberg.
Un año antes, para el primer trimestre del 2019, Costa Rica tuvo una factura petrolera de $401,1 millones, según números del Banco Central de Costa Rica (BCCR). En ese año, el precio promedio del barril de petróleo se cotizó internacionalmente en $63,92, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Unas horas antes de que los diputados votaran en primer debate el proyecto de ley, que después se devolvería a esta misma instancia, la OPEP y otros productores de petróleo llegaron a un acuerdo global catalogado “sin precedentes” para contener la caída de los precios del crudo.
A través del recorte de la producción de 9,7 millones de barriles diarios, equivalentes a una décima parte del suministro mundial durante dos meses, los países productores pretenden no solo estabilizar, sino que aumentar el precio del crudo. Este recorte empezará a regir el 1.º de mayo del 2020, pero forman parte de un plan a largo plazo.
“Para el siguiente período de seis meses, del 1.º de julio al 31 de diciembre de 2020, el ajuste acordado será de 7,7 millones de barriles al día. Esto será seguido por un ajuste de 5,8 millones de barriles al día por un período de 16 meses, del 1.º de enero de 2021 al 30 de abril de 2022”, anunció la OPEP.
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El acuerdo se logró tras la urgencia. El precio del crudo amenazaba con seguir a la baja y los países productores lograron una alianza que semanas atrás parecía imposible.
Inicialmente, la OPEP solicitó a México la reducción de 400.000 barriles en dos meses como parte de los 9,7 millones totales. El país se opuso, su representante se retiró de la mesa de negociación y dio a traste con el primer proceso de recorte.
Finalmente, este 12 de abril, Estados Unidos accedió a recortar 300.000 barriles a nombre de México, mientras que el Gobierno de López Obrador solo tendría que suprimir 100.000 de su producción.
Donald Trump aseguró que “Estados Unidos ayudará a México y ellos nos los reembolsarán luego”. El presidente de los Estados Unidos aseguró que el monto no es demasiado para su nación, mientras sí representa un duro golpe para los mexicanos.
Tras la solución del recorte mexicano, Rusia y Arabia Saudita son los países que tendrán los mayores recortes de producción de crudo. Los árabes habían aumentado sustancialmente su producción e incluso ofrecieron descuentos a ciertos mercados como parte de la guerra de precios que tuvieron contra los rusos.
Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo del mundo. El país puede producir más de 12 millones de barriles diarios, por lo que pueden aumentar y reducir su producción fácilmente en comparación con otras naciones.
Nota de redactora: Este reportaje fue actualizado el 15 de abril después de que los diputados devolvieran el proyecto de ley a primer debate.