La Universidad de Costa Rica publica sus planillas con el salario mensual de cada trabajador en su sitio web. Los archivos solo se pueden descargar en formato de lectura, pero no se pueden editar.
El periodista de AmeliaRueda.com , Luis Ramírez, le solicitó al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) las estadísticas de los accidentes de los trenes en los últimos años. La institución le dio acceso a los datos, que venían estampados en una imagen estática.
EFle pidió al Banco de Costa Rica (BCR) la desagregación de todos los salarios de los funcionarios de su institución, para comprobar la desigualdad. El banco los envío en un archivo de Excel con una contraseña desconocida para no permitir el acceso real a los datos.
Hay cientos de historias de este tipo dentro de los sitios web de las instituciones públicas costarricenses o que salen de la experiencia de los periodistas y activistas de la sociedad civil.
Por desconocimiento o negligencia, todas van contra la “casa de cristal” que Luis Guillermo Solís pretendía lograr en su administración, al principio de su gobierno.
“Deseo que el Gobierno –empezando por el propio despacho presidencial– funcione como una gran vitrina o ‘casa de cristal’, que permita al ciudadano examinar y escrutar el desempeño de quienes administramos el Estado”, pronunció el Presidente en su discurso de toma de posesión.
Si bien la información pública se otorga o se expone en sus páginas web, las barreras al acceso imperan por encima de cualquier poda de arbustos frente a Casa Presidencial, en Zapote.
“Tienen miedo de que, si suben un Excel, la gente va a poder manipularlo”, sentenció la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano.
Su institución coordinó el desarrollo del Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP), que demostró las altas carencias de la información pública en los sitios web institucionales.
El rubro que evaluaba la disponibilidad de datos abiertos (uno de los cuatro pilares tomados en cuenta) fue precisamente el que recibió una calificación más baja, con un promedio de 14,27 puntos en una escala de 100.
El calvario
Incluso, las instituciones con las mejores prácticas destacadas por el ITSP fallan a la hora de presentar la información.
La UCR, que aparece en el tercer lugar del ranking del índice, fue calificado con la nota máxima en todos los rubros relacionados con el acceso a los datos de los salarios de sus funcionarios, pero esa información no es reusable fácilmente, pues se encuentra en formatos que no se pueden editar o manipular.
El Ministerio de Hacienda, que es el ente del Gobierno Central con la posición más alta dentro del ranking (24.°), carece de información sobre sus bienes inmuebles alquilados y propios, las asesorías externas que recibe y sobre las decisiones tomadas por los jerarcas de las instituciones.
Los esfuerzos de la Administración se enlistan desde el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano. Su jerarca, Ana Gabriel Zúñiga, asegura que no hay mala fe en el sector público al entregar o subir información inutilizable, sino un profundo desconocimiento.
Sin embargo, las mismas instituciones que presentan carencias en algunas informaciones poseen formatos abiertos en otros rubros.
Hacienda, por ejemplo, sí posee muchos de los documentos sobre presupuestos públicos en formatos que se pueden manipular fácilmente para sacar conclusiones y generar información de utilidad a partir de ellos.
La información carente en la institución suele ser la misma en los que fallan el resto de entes evaluados.
¿Transparencia o decoración?
El informe del ITSP destaca que los resultados del índice coinciden con la concepción tradicional de la transparencia.
“Se ve como la obligación de ofrecer información institucional pero queda limitada en temas más innovadores como la publicación en formatos de datos abiertos para facilitar su reúso”, reza el documento.
Ese reúso es clave para que el acceso a la información tenga alguna utilidad, pero para lograr que las instituciones garanticen este acceso se necesita un cambio de cultura a lo interno del sector público, resaltó la directora de Gestión y Control Administrativo de la Defensoría de los Habitantes, Hazel Díaz.
“Estamos conscientes de que tenemos que educar a la gente para que entienda que el PDF es una mala palabra”, dijo la viceministra Zúñiga.
Una ley necesaria
El Gobierno prepara desde hace dos años una política de Gobierno Abierto y una ley de acceso a la información pública.
Aunque Zúñiga especificó que no existe un capítulo dedicado al formato de los datos, sí cree que subsanará el problema.
La legislación pretende ordenar todas las regulaciones y jurisprudencia que ya existe, pero que está dispersa, comentó la viceministra.
En comparación con otros países de la región, Costa Rica tiene rezagos importantes.
El director Ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Jonathan Menkos, estableció una escala de tres niveles en la región, en la que se encuentran Guatemala y El Salvador en los primeros lugares de acceso y, Costa Rica, por debajo de ellos por su falta de ley.
“Hace falta un documento que operativice la responsabilidad de los funcionarios públicos y las instituciones”, dijo Zúñiga.