“Se eliminó la licencia de cinco días con goce de salario por cambio de vivienda”.
Esa fue una de las 13 clausulas que se derogaron de la convención colectiva más recientemente negociada entre la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el sindicato de trabajadores.
Adicional a ello, el acuerdo entre las partes dejó sin continuidad otros 23 beneficios laborales como el uso del transporte para la junta directiva del sindicato.
Sin embargo, dejó intactos el tope de cesantía y el subsidio por enfermedad, que permite a los trabajadores de la Refinadora recibir el 100% de su salario cuando se incapacitan.
El Gobierno y la presidencia ejecutiva de la institución tildan la negociación de histórica. Lo son.
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Se trata de la primera vez desde 1969 que la convención se renegocia a la baja. Los cambios permitirían ahorros de ¢5.048 millones en los tres años que tiene de vigencia la convención.
“La discusión debe ir más allá de si se negoció a la baja o al alza, sino en función de lo que las instituciones necesitan y cómo eso se traduce en beneficios nacionales”, subrayó Carlos Alvarado, ministro de Trabajo.
Empero, para diferentes analistas y hasta para distintas agrupaciones como la Cámara de Industrias o la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), se está ante una negociación insuficiente para reducir de forma sustancial los gastos operativos de la institución.
“El monto de la convención sigue siendo elevado, desproporcionado e insostenible”, criticó Franco Arturo Pacheco, presidente de la Uccaep.
Lo importante es...
Para el presente año, Recope presupuesta unos ¢25.813 millones para cubrir los costos de la convención colectiva.
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Es decir, los recortes que tendrán impacto en un primer año significarían tan solo un 5,2% (¢1.362 millones) del total presupuestado por la institución para hacerle frente a la convención.
Llegar a ese monto significó un año y medio de negociaciones entre las partes.
La administración Solís Rivera se atribuye el acuerdo como uno de sus logros pues emitió un decreto que obliga a las instituciones a denunciar sus convenciones vigentes.
Justamente, para este año, 14 convenciones ya han sido denunciadas. Quedan sujetas a la revisión de algunos artículos o bien la totalidad de la convención.
“Estamos ante un cambio de paradigma. No creo que venga una nueva administración a echar este acuerdo para atrás. En nuestro caso toda la convención fue revisada y los acuerdos no fueron pocos”, manifestó Sara Salazar, presidenta ejecutiva de Recope.
Como parte del acuerdo también se definió limitar la intervención sindical en las decisiones administrativas de Recope, mayoritariamente en procesos de recursos humanos.
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¿Y los de mayor peso?
Pese a todas las manifestaciones de satisfacción del Gobierno, las cláusulas eliminadas no terminan de convencer.
El artículo 36 de la convención dicta: en los casos de incapacidad comprobada, Recope reconocerá a los trabajadores un subsidio, que sumado al que pague la Institución aseguradora, sea igual al 100% del salario que estuviese devengando el servidor.
Entre el 2011 y el 2015 Recope pagó ¢1.878 millones por concepto de subsidio de enfermedad, según publicó el diario La Nación.
Otra de las condiciones especiales que asegura la convención colectiva para los empleados de Recope es el tope de cesantía, que bajó de 24 años a 20 en el 2013.
Ese año la entidad pagó un promedio de ¢30,7 millones de cesantía a los 143 que se pensionaron.
Mantener condiciones de este tipo le resta fuerza al acuerdo.
“Es una forma de influir en la opinión pública, se renuncia a algunos privilegios menores pero se mantiene los que realmente generan problemas financieros a Recope y al país”, comentó el economista Melvin Garita.
Otros privilegios sostenidos como el de cesantías y vacaciones extraordinarias , que le costarán a la entidad ¢4.000 millones, se suman a la lista de puntos, sin tratar, que generan descontento.
“Con una refinería cerrada hace más de cinco años, es inexplicable que la institución mantenga todavía la planilla intacta”, sostuvo en una columna de opinión el ingeniero Jorge Woodbridge.
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Hacia allá vamos
El texto de la nueva convención será efectiva una vez sea homologada por la cartera de Trabajo.
Mientras eso sucede, acciones de inconstitucionalidad hacen fila ante la Sala IV.
Una de ellas fue presentada por la Cámara de Industrias. En ella se denuncian ocho rubros de la convención de Recope.
A criterio de la Cámara, los mismos suman cerca de ¢5.000 millones, y pese a que no son requeridos para brindar el servicio, el costo se carga a los precios de los combustibles.
“Los consumidores no deben seguir financiando por medio de tarifas los privilegios en el sector público y que también restan competitividad a Costa Rica”, concluyó Pacheco.
También se disminuyen 23 beneficios laborales
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