Los candidatos a la presidencia que encabezan las encuestas, plantean distintas tesis sobre la facultad de los diputados de enviar a consulta a la Sala IV los proyectos de ley que se aprueban en primer debate.
De ganar la presidencia, Johnny Araya, de Liberación Nacional (PLN), impulsaría en el Parlamento un proyecto para eliminarla del todo, mientras que el libertario Otto Guevara y Rodolfo Piza, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), la mantendrían tal y como está actualmente.
En medio está la opinión de José María Villalta, del Frente Amplio, quien la limitaría y la regularía para casos calificados.
Según Johnny Araya, la consulta facultativa de constitucionalidad debe ser erradicada porque ha convertido a la Sala IV en una "cámara alta" legislativa.
"Si algún diputado quiere ponerle trabas a un proyecto aprobado en primer debate, se busca las firmas necesarias (10 del total de 57 legisladores) y lo envía a la Sala que es la que termina autorizándolo o no", reprochó el verdiblanco.
A favor
Su opinión choca con la de Guevara. "Mantendría la consulta facultativa con el número de firmas exacto al actual. Muchos han sobredimensionado la incidencia de estos casos pero la cantidad es mínima con respecto a otros casos que estudian los magistrados", sostuvo.
Piza, en tanto, plantea conservar el mecanismo pero creando el requisito de que una consulta, para ser enviada a la Sala IV debe contar con las firmas de un 25% de los 57 diputados.
El frenteamplista Villalta sostuvo que impulsaría un proyecto para que las consultas facultativas de constitucionalidad se limiten a pedir el criterio sobre presuntos vicios en el trámite de los proyectos de ley.
"Creo que hay que legitimar al diputado para que pueda realizar la impugnación constitucional directa de una ley, en su calidad de representante del pueblo, si cree que el fondo de un proyecto puede perjudicar a la ciudadanía", comentó.
Menos poder
El otro tema que dispersa las opiniones de los candidatos es la suspensión de actos administrativos cuando la Sala Constitucional acoge una acción en su contra.
Sobre este punto, Villalta adelantó que está a favor de que se mantenga la suspensión, siempre que en esos casos los magistrados de la Sala IV tengan un plazo perentorio para votar las acciones aceptadas.
Johnny Araya, por su parte, propone conservar la suspensión de actos administrativos solo en casos excepcionales.
"No puede ocurrir que una obra, como el puerto granelero de puerto Caldera, quede en suspenso tres años gracias a un recurso que los magistrados tardaron tres años en votar en contra. Ya para entonces el proyecto valía un 70% más", criticó Araya.
Rodolfo Piza opina distinto y cree que eliminar o limitar la suspensión de actos administrativos no deben ser suspendidos bajo ninguna circunstancia.
"Nos oponemos rotundamente a los que quieren eliminar del todo la posibilidad de suspender los actos administrativos, porque entonces el poder estaría por encima de los derechos fundamentales y las libertades. Esto debe quedar tal y como opera hoy día en la práctica", indicó.
Respecto de esa potestad de la Sala, el libertario Otto Guevara opinó que se debe limitar a casos donde se pudieran violentar derechos fundamentales como la propiedad privada y el derecho de asociación, entre otros.
Crearían tribunales
La mayoría de los cambios sugeridos por los candidatos a la presidencia figuran entre los contenidos de un proyecto de ley para reformar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual fue dictaminado positivamente por los diputados el 30 de abril de este año.
Los candidatos entrevistados concordaron con la propuesta de crear tribunales que resuelvan recursos de amparo y hábeas corpus, con el fin de dejar en manos de la Sala IV únicamente la resolución de las acciones de inconstitucionalidad.