La reunión entre los presidentes de los tres poderes de la República, este martes, en Casa Presidencial, fue una donde los interlocutores pensaron con la cabeza y no con el hígado o el corazón.
Así se resume la actitud pacificadora que asumieron Laura Chinchilla, Víctor Granados y Luis Paulino Mora, luego de dos semanas de tensiones después de que el Plenario no reeligiera para un nuevo período al magistrado Fernando Cruz, miembro de la Sala Constitucional.
En un manifiesto de 10 puntos, los presidentes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, respectivamente, aseguraron estar preocupados por la situación que se generó tras la decisión de 38 diputados quienes votaron en contra de la permanencia de Cruz.
Asimismo, se comprometieron a impulsar dos proyectos de reforma constitucional que pretenden modificar las potestades de la Sala Constitucional, centro de las disputas recientes.
Según la presidenta Laura Chinchilla, su compromiso es que a partir del 1° de diciembre, cuando inicia el período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el eje central de la agenda que el Poder Ejecutivo proponga a los diputados serán las reformas estructurales que se necesitan para desenmarañar al Estado costarricense.
Cambios a la Sala IV en camino
Al respecto Víctor Granados detalló que los proyectos que se tramitarán ya están avanzados en su trámite. Uno pretende redistribuir las competencias de la Sala Constitucional creando tribunales que resuelvan los recursos de amparo y los recursos de habeas corpus, mientras que los magistrados se dedicarían en exclusiva a resolver acciones de inconstitucionalidad.
El otro proyecto que ahora forma parte del compromiso entre los tres poderes, es uno que busca limitar la potestad que tienen en la actualidad los diputados de enviar en consulta facultativa de constitucionalidad proyectos de ley aprobados en primer debate, mediante la firma de al menos 10 diputados.
Según el presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, pese a que ninguno de los planes es de autoría del Poder Judicial, por mandato legal la Sala Constitucionalidad deberá ser consultada sobre los contenidos de ambos, momento en el que externarán sus criterios.
Empero, el alto juez agregó que este es el momento oportuno para iniciar la discusión de reformas estructurales que impidan nuevos conflictos entre poderes como el ocurrido recientemente entre la Corte y el Congreso.
Según Laura Chinchilla, ya llegó el momento de que el país enfrente el debate de ideas y de proyectos de ley para reformar al Estado. Ella asegura que la sociedad costarricense está preparada para enfrentar el debate.
En ese contexto, adelantó, el Poder Ejecutivo impulsará a manera de proyectos de ley las conclusiones a las que llegue una comisión de expertos políticos, nombrada por ella, y que tiene como fin último determinar cuáles son las reformas necesarias para fortalecer la institucionalidad y desamarrar la toma de decisiones.
El documento lo entregarán los notables en enero próximo.
Un llamado a la paz
La mandataria y los presidentes del Congreso y de la Corte coincidieron al asegurar que la reunión sirvió para encontrar nuevas fórmulas y canales para resolver los conflictos entre los poderes de la República.
"El contenido de la declaración lo que busca es señalar hacia dónde tenemos que enrumbar los esfuerzos para solucionar las diferencias que, lejos de ser anecdóticas, nos sirven para destacar por dónde tenemos que transitar; en nuestras conversaciones primaron los temas de fondo", indicó la presidenta en referencia a los acuerdos rubricados por los tres jerarcas de los tres poderes.
"Como miembro de la Sala Constitucional yo no puedo negar que hace bastante tiempo se han venido presentando en el quehacer político fricciones por los temas de diversa índole que resuelve la Sala. Me satisface mucho el compromiso de la presidenta para convocar los proyectos. Llegado el momento, no vamos a soslayar la discusión", afirmó Luis Paulino Mora.
En tanto que Víctor Granados, también con un discurso más conciliador que el que utilizó la semana pasada, sostuvo que respetaba la decisión de la presidenta de mantener en sus funciones al ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, a quien él y un grupo de diputados de diversas fracciones desconocieron como interlocutor del Poder Ejecutivo con el Parlamento, a raíz de su papel en la no reelección del magistrado Cruz.
Según Granados, ahora espera que los legisladores que componen el Parlamento se comporten con responsabilidad y apoyen los acuerdos firmados este martes en Casa Presidencial.