El clima político revuelto a causa de acciones de Casa Presidencial redujo al mínimo la productividad de la Asamblea Legislativa en lo que del actual periodo de sesiones extraordinarias que inició el 1°. de diciembre.
Esta fase legislativa, que culmina el 30 de abril entrante, se caracteriza por que la agenda de trabajo de los diputados está bajo control de la Presidencia de la República, que convoca para su debate aquellos proyectos de ley de su interés.
Pero desde que los diputados regresaron del receso de fin y principio de año, el 19 de enero pasado, han dedicado el 100% de su tiempo a debatir el caso Soley-Brenes, en el que el exviceministro de la Presidencia, Daniel Soley ofreció varias embajadas a la procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, según ella, para que renunciara anticipadamente al cargo por presuntas diferencias con el Poder Ejecutivo.
El tema cerró todo espacio para la discusión de proyectos de ley durante enero.
De temporal en temporal
Antes, a principios de diciembre, otro embrollo también frenó los intentos de diálogo para poner a caminar la agenda legislativa: el levantamiento del veto a la reforma procesal laboral.
Los dos hechos alejaron a Casa Presidencial y a la oposición representada en el Congreso, y son causantes de que los diputados solo cuenten con dos proyectos aprobados en momentos en que está a punto de consumirse el segundo mes de extraordinarias.
Se trata del presupuesto extraordinario para el 2014, por ¢21.000 millones y de la reforma a la Constitución Política para declarar a Costa Rica como país multiétnico y pluricultural.
Presidencia sin negociador
Los grandes temas convocados y que tienen relación con temáticas urgentes, como la de infraestructura y la fiscal, no presentan mayores avances en sus trámites y, dadas las circunstancias políticas actuales, tampoco pareciera que lo tendrán en el futuro cercano al carecer la Presidencia de un negociador aceptado por la oposición ante la renuncia de Daniel Soley, quien se desempeñaba como enlace con el primer poder de la República.
Quien queda a cargo de la conducción de la relación Ejecutivo-legislativo es el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, quien no goza del aval ni de la confianza de las fuerzas opositoras más grandes, como Liberación Nacional (PLN), grupo que lo señala como el autor intelectual de las supuestas presiones contra la procuradora.
A mitad del periodo de sesiones extraordinarias, entonces, resulta una incógnita cuáles proyectos de ley de los que el Gobierno señaló como sus prioridades podrían avanzar lo suficiente para recibir el visto bueno de los diputados.
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