Los efectos de la pandemia causada por la COVID-19 son y seguirán siendo duros para los gobiernos centroamericanos. Algunas consecuencias que el virus ha generado en la región incluyen un aumento en el gasto público y una reducción en la recaudación tributaria, lo que se traduce en la mayoría de los casos, en recurrir a más deuda que acarrea consigo problemas de sostenibilidad fiscal.
Esta fue la conclusión a la que llegó el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en el estudio de Estimación de la Situación Fiscal de Centroamérica a final de 2020, donde realizan una evaluación de los resultados fiscales de cara al cierre del año para los países de la región.
En el estudio, Costa Rica junto a El Salvador, parecen tener los problemas más pesados por resolver, cuando sus niveles de deuda ya superan más de la mitad de los presupuestos nacionales. Esta situación empuja a los estados de la región a buscar nuevos fiscales integrales.
Menos crecimiento
Según estimaciones del Instituto, la deuda de los gobiernos centrales se incrementará del 49,2% promedio estimado en 2019, hasta un 57,0% del Producto Interno Bruto (PIB) al finalizar 2020 aunque Costa Rica ya supera esa cifra.
Este incremento responde a tres fenómenos. Primero, la contracción económica, que en promedio será del 6,9% del PIB. Segundo, la merma de los ingresos tributarios esperados en más de $1.800 millones y finalmente, el aumento en los gastos de todos los países del istmo.
En relación con la contracción económica, en la lista, El Salvador es la nación que resultará más golpeada de todas con una pérdida del 10% en la producción real del país.
Nicaragua es el país en el que se reporta menos impacto. Sin embargo, de acuerdo con el instituto “las autoridades han sido incluso opacas en el suministro de información”. Por este motivo los resultados reales podrían estar “muy por debajo” de lo actualmente considerado.
Entradas irregulares
Los distintos países de Centroamérica han empleado una receta casi calcada para enfrentar el impacto económico de la pandemia. Las prórrogas tributarias o moratorias de pago han sido parte de las herramientas más utilizadas por los gobiernos, en algunos casos acompañados de amnistías.
Estas estrategias se traducen en una reducción del flujo de recursos tributarios.
Pero este no es el único motivo de la pérdida en materia recaudatoria. La reducción de los precios internacionales del petróleo que disminuyen los precios internos de los combustibles también afecta.
A esto se suma que el consumo se ve afectado por la disminución del tráfico vehicular como consecuencia de las medidas impuestas para frenar la pandemia, como por ejemplo pasa en Costa Rica. De hecho, fue una de las medidas expuestas por el Ministerio de Hacienda en el último proyecto de presupuesto extraordinario. Al haber menos ventas, los países consiguen menos con el Impuesto a los Combustibles.
En otros territorios de la región, como El Salvador, Guatemala u Honduras, la caída en la entrada de remesas provenientes desde el extranjero, principalmente Estados Unidos, es el punto que más afecta la recaudación.
En promedio, Centroamérica perderá en el 2020 cerca del 0,7% del PIB en recaudación de impuestos. Esto equivale a $1.850 millones, aproximadamente.
En Costa Rica, según dio a conocer Hacienda, el impacto causado la pandemia sobre la actividad económica y la aplicación de la moratoria fiscal por tres meses que finalizó en junio, generaron un decrecimiento de 11,63% en los ingresos tributarios, respecto al mismo periodo del 2019. Esto representa una caída en la recaudación por ¢268.754 millones (0,76% del PIB).
Esta caída se evidencia principalmente en dos rubros. El IVA decreció 4,57%, para una recaudación de ¢34.150 millones menos, mientras que Renta cayó 10,34%. A junio, el Ministerio de Hacienda dejó de recaudar ¢94.715 millones, de acuerdo con el boletín de cifras fiscales de junio del 2020.
Por el contrario, el gasto se disparará. El aumento promedio previsto por el Icefi para Centroamérica es de 3,3% del PIB, lo que se traduce en $9.000 millones.
Particularmente, de acuerdo con el Icefi, será Costa Rica el país que enfrentará un incremento menor del gasto, de “tan solo 0,5% del PIB”, influenciado por un esfuerzo de sostenibilidad de la deuda.
Más gasto y menos ingresos se traduce en una única salida en Centroamérica: incremento del déficit fiscal, el escenario en el que Costa Rica sale peor parado.
Más déficit
El déficit fiscal promedio de la región tendrá un incremento de 3,7%. Esto se convertirá en un 6,6% de déficit al cierre del 2020. Este número se da a pesar de que Nicaragua no ha publicado estimaciones al respecto y solo proyecta un aumento del déficit del 0,8% del PIB, poco confiable.
Costa Rica, por el contrario, será la segunda nación más golpeada en este ámbito. El país llegará al 8,3% de déficit fiscal antes de que termine el 2020, según el instituto. Son números más conservadores en comparación con los de Hacienda, que anunció que se cerrará el año con 9,3% de déficit financiero
Ante este escenario el Gobierno iniciará en agosto las negociaciones con el Fondo para concretar un Stand-by Arrangement (SBA) que le permitirá acceder a $2.250 millones en tres años para reestructurar la deuda pública, reducir el déficit fiscal y “sanear” las finanzas estatales.
Para un país con economía emergente, como Costa Rica, el FMI declara como un nivel prudente de la deuda, que no se supere el 50% del PIB. Según estimaciones del Icefi, el país concluirá el 2020 con una deuda cercana al 67,2% pero las proyecciones más recientes de Hacienda elevan la cifra hasta el 70,2% del PIB; el segundo más alto después de El Salvador (92,1%)
Para que la negociación con la entidad tenga éxito, es necesario el consensos con las fracciones legislativas y con otros sectores del país como cámaras empresariales y sindicatos. El Gobierno prepara, en esa línea, un mecanismo de diálogo que aún no ha sido anunciado.
La liquidez también está, por mucho, sobrepasada. La deuda para Costa Rica representaría el 532% de los ingresos tributarios del país.
Los intereses son otro punto de peso para el país. Respecto a los ingresos totales del presupuesto, Costa Rica es el país que más dedica a este rubro. En total se destina el 35,8% del presupuesto nacional, solamente a pagar intereses de la deuda.
En consecuencia, de acuerdo con el Icefi, la única manera para mantener los resultados fiscales esperados al 2021, los gobiernos de la región deberán realizar un ajuste fiscal, uno nuevo para Costa Rica después de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635) que entró en vigencia en 2019.
“Si los Gobiernos tuvieran resultados de recaudación y niveles de gasto en 2021 similares a los observados en 2020, y atendiendo a los niveles acumulada, se estima que Costa Rica tendría que realizar un ajuste fiscal del 7,9% del PIB”, detalla la investigación del instituto.
Los resultados fiscales de la región evidencian la fragilidad de las finanzas públicas centroamericana y el impacto de estas ante eventos no planificados, como la pandemia por COVID-19.
Sin embargo, lograr nuevos acuerdos fiscales dentro de este panorama, es una tarea cuesta arriba. Este escenario podría desviar al país a tomar otro tipo de medidas “erróneas”.
Estas acciones podrían ser, por ejemplo, una subida rápida del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que afectaría más a las personas más pobres. Además, disminuciones de inversión pública que limitarán la cobertura y calidad de servicios públicos, lo que reduciría la protección y asistencia social, entre otros aspectos.
“La crisis que enfrentamos, que en términos de cifras fiscales vemos reflejada en el comportamiento de los ingresos, demanda un mayor esfuerzo de todos, por eso es indispensable continuar con el esfuerzo de contención y reducción del gasto para evitar un mayor deterioro del déficit fiscal en el 2020″, declaró el ministro de Hacienda, Elián Villegas.
Sin embargo, el estudio recomienda una “negociación colectiva” de la región con los organismos internacionales para que los países obtengan el financiamiento necesario para la transformación de la deuda, en pagos más baratos y de largo plazo y buscando, de ser posible “la condonación parcial de las mismas”.