No se dispone aún de un registro actualizado de contribuyentes para la administración, fiscalización y cobro de los impuestos sobre casinos lo cual podría reflejar un riesgo en la recaudación correcta del mismo.
Así lo explica la Contraloría General de la República (CGR) en su informe de la auditoría de caracter especial realizado sobre el registro de los contribuyentes de los impuestos creados mediante la Ley N° 9050: impuesto a casinos y centro de llamadas para apuestas electrónicas y dado a conocer este lunes.
Entre los hallazgos, la CGR identificó que por ejemplo, en cuanto el Ministerio de Seguridad Pública reporta tres casinos autorizados estos no aparecen en el registro de contribuyentes de la Dirección General de Tributación.
Por otro lado, Tributación reporta 15 casinos que, habiendo presentado declaración en cada uno de los veintiún meses del período de cobro del impuesto, entre enero 2011 a setiembre 2012, no se reportan como autorizados por parte del Ministerio de Seguridad Pública.
La Contraloría dispone al Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, realizar a la brevedad un censo de los casinos que operan en el país, y exigir a éstos los requisitos para obtener la autorización de funcionamiento con el fin de identificar con precisión los establecimientos que están sujetos a los Impuestos sobre Casinos.
Además, le señala al Director General de Tributación, Carlos Vargas, la obligación de constituir el registro de los contribuyentes de estos impuestos con base en información suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública, la Caja Costarricense de Seguro Social y la información disponible en la misma Dirección de Tributación, "en aras de garantizar el debido recaudo de dichos tributos".
El último día dispuesto por el ente controlar para ser cumplidas las disposiciones anteriores es el 30 de abril del 2013.
La ley grava con un impuesto mensual del 10% sobre los ingresos netos de las personas físicas o jurídicas originados en los casinos; un 60% de un salario base por cada una de las mesas de juego; y un 10% de un salario base por cada máquina tragamonedas.
Además, se establece una multa de diez salarios base por cada mesa de juego en los casos en que se practiquen juegos prohibidos o no autorizados. Igual monto se establece por cada máquina tragamonedas que funcione sin la debida autorización del Ministerio de Seguridad Pública.