La introducción de un impuesto sobre el valor agregado (IVA) en Costa Rica ha sido parte de las propuestas de reforma fiscal llevadas a cabo por las administraciones de Abel Pacheco, Laura Chinchilla y evidentemente se incluye en la actual propuesta presentada por el Gobierno. Si bien personalmente estoy en contra de cualquier incremento en la carga tributaria que no venga de la mano de un acuerdo de reducción del gasto público, hay que insistir en la necesidad de conocer a fondo los errores y aciertos del proyecto del IVA a fin de que todos podamos aportar a su discusión.
Las características generales son de conocimiento general: el IVA amplía la base gravando todas las transferencias de bienes y todas las prestaciones de servicios, permitiéndose la acreditación financiera de todo el impuesto pagado en las etapas previas. El IVA es uno de los impuestos que mayor peso político posee en su construcción, debido a que la discusión se centra en tres ejes: qué bienes y servicios está sujetos, qué se encuentra exento y cuál es la tarifa. Y en estos tres elementos la razonabilidad jurídica o tributaria es baja: son decisiones de índole política disfrazadas de justificaciones económicas. ¿Por qué las medicinas estarían sujetas, los servicios de educación exentos o las frutas gravadas?
El mayor error del proyecto es no “amarrar” el IVA con el Impuesto sobre la Renta. De igual manera, no termina de convencer la forma en que se pretende reducir la regresividad del impuesto, limitando la canasta básica a unos pocos productos y creando la figura de devolución “a la población en condición de pobreza y vulnerabilidad”. Asimismo, se propone una amnistía fiscal en donde todos los contribuyentes podrán pagar sus impuestos pendientes sin multas e intereses. Si bien puede generar recaudación, las amnistías generan un mal mensaje al contribuyente: no pague y juéguesela a que aprueben una nueva amnistía para pagar colones devaluados, sin multa.