Dentro de la iniciativa de una reforma fiscal aceptamos, como necesaria, la modificación de las leyes del Impuesto sobre la Renta y Ventas. Sin embargo, rechazamos los demás proyectos que se están impulsando, pues buscan asfixiar, aún más, a los contribuyentes. Tres ejemplos.
1. Ley de Contingencia Fiscal, progresiva, solidaria y justa: Procura aumentar la tarifa del Impuesto sobre la Renta para personas jurídicas y personas físicas con actividades lucrativas a un 36% y crear tarifas del 8%, 15%, 20%, 25% y 30% para las personas físicas asalariadas.
2. Cláusula antielusiva general: Procura ampliar, aún más, los poderes de interpretación a favor de la Administración Tributaria.
3. Ley para la transparencia de las sociedades inactivas: Crea una presunción de pleno derecho en el sentido de que todas las sociedades mercantiles realizan actividades lucrativas y deben ser tenidas como contribuyentes.
Llama poderosamente la atención que, en medio de esta voracidad fiscal, no se dedique una sola línea a la protección de los derechos del contribuyente. Lejos están la Administración Tributaria y los legisladores (muchos de ellos involucrados en la comisión de los “Panama papers”) de buscar el avance del sistema tributario para lograr certeza y transparencia en las actuaciones de esa administración.
Propongo que, junto a esos proyectos, se tramite uno para crear una procuraduría para la defensa de los derechos de contribuyente. Una figura similar existe en México, en donde se encuentra alivio ante las acciones u omisiones del fisco. La oportunidad de crear esta procuraduría se perdió en 2012, cuando, mediante la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria se incluyó el Título VI (Derechos y Garantías del Contribuyente) en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Desgraciadamente, esos derechos han quedado sin tutela, la cual podría ser tomada por la procuraduría que propongo.