Los diputados volverán este lunes a sesiones con la mira puesta en temas de comercio exterior y con una administración Chinchilla que busca temas para dejar un legado en su último año.
Los congresistas continuarán con el período de extraordinarias que termina en abril próximo y sus prioridades serán los segundos debates del tratado de libre comercio con Singapur y las reformas al tratado con México. Según el jefe de fracción del PLN, Fabio Molina, los dos proyectos tienen muy buen ambiente y saldrán sin ningún problema. Además esperan que lleguen al plenario el tratado comercial con Perú y el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, que ya están dictaminados en comisión.
Según Molina, en la agenda también tienen un fideicomiso educativo por $100 millones para construir 80 colegios académicos y técnicos en zonas marginales. El proyecto ya tiene dictamen y entraría para ser votado en primer debate.
Los congresistas también estarán a la espera de que el Ejecutivo envíe el proyecto de ley de fertilización in vitro para cumplir con la obligación tras la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de permitir ese proceso en el país. El ejecutivo tendrá que redactar el documento y enviarlo a Cuesta de Moras. Molina explicó que la fracción liberacionista hará todo el esfuerzo para brindarle marco regulatorio para permitir la investigación biomédica. "Haríamos un esfuerzo de negociación con los actores que son la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social". Este proyecto tiene 100 mociones interpuestas por la diputada del PAC, María Eugenia Venegas.
Menos competencia a la Sala IV
Otro de los proyectos en agenda para estos tres meses es el que modifica la ley de jurisdicción constitucional. Molina explicó que se trata de restarle competencia a la Sala IV en los procesos previos de aprobación de las leyes. "Que no exista consulta facultativa (consulta después de el primer debate) y que no se metan en el trámite legislativo. Lo estamos presentando varios diputados", dijo Molina.
La posición de los congresistas que respaldan esta iniciativa es que los magistrados constitucionales no entren a calificar el procedimiento legislativo. "La misma Sala IV está de acuerdo", añadió Molina.