Dos de los proyectos que buscan opciones para evitar el desalojo de los habitantes de las zonas urbanas litorales, fueron dictaminados positivamente este martes por la Comisión Permanente de Turismo de la Asamblea Legislativa para su posterior discusión en plenario.
El año pasado la presidenta Laura Chinchilla aprobó una moratoria de dos años para evitar la demolición y desalojos en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), mientras se declaraba una reforma definitiva en el tema con varias opciones enviadas a la Asamblea Legislativa.
El primero de los proyectos dictaminados, “Ley marco para la Declaratoria de Ciudades Litorales y su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial”, autoriza concesiones para la tenencia de propiedades dentro de la ZMT para las áreas que califiquen como “ciudades litorales”, siempre y cuando sean zonas urbanas que ya estén consolidadas.
La potestad de otorgar estos permisos la tendría el Ministerio de Gobernación y Policía, con una Comisión Interinstitucional adscrita al mismo y encargada de determinar su viabilidad, y que serían entregadas a personas nacionales y a extranjeros nacionalizados por periodos no menores a 5 años ni superiores a 20.
Tras la declaratoria, la Municipalidad encargada del área deberá elaborar un plan regulador de dicha ciudad litoral, donde podrán solicitar la modificación o bien la demolición y desalojo de las construcciones que no se ajusten a dicho plan.
Para el segundo proyecto, “Ley para la Regularización de las Construcciones Existentes en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre”, el objetivo es mantener los inmuebles existentes en la ZMT, siempre y cuando se ajusten al Plan Regulador Costero vigente de acuerdo a la Municipalidad pertinente.
En el caso de que no lo hagan, la Municipalidad tendrá 6 meses para prevenir a los propietarios y estos a su vez contarán con el mismo plazo para aplicar las modificaciones necesarias. Las construcciones nuevas deberán contar con una concesión otorgada por la Municipalidad y que se ajuste igualmente al Plan Regulador.
El proyecto de ley contempla además dos años para que las Municipalidades que no dispongan de uno lo hagan, tiempo durante el cual la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) decidirá la permanencia de las construcciones, en tanto no representen una amenaza para el medio ambiente.
Los textos fueron presentados el año pasado, en razón de los desalojos anunciados por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en el Caribe Sur, amparándose en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre que declara como públicos e inalienables los 50 metros desde la línea de marea baja y como zona restringida los 150 metros siguientes.
Bajo esta definición, el Minae tiene potestad de desalojar tanto negocios como casas particulares que se encuentren la ZMT, sea su propiedad privada (las propiedades inscritas antes de rigiera la ley en 1977) o a través de posesiones informales.
En el 2011, el Minae hizo valer dicha potestad para demoler los hoteles Suerre y Las Palmas, construidos dentro del refugio Gandoca Manzanillo, y solicitó a la Municipalidad de Talamanca un informe detallado de las propiedades que incumplían lo dispuesto en la Ley.