¿Cómo funcionará el nuevo impuesto único que pretende aplicar el Gobierno al INS?

Algunas respuestas a las principales dudas que genera la implementación del impuesto y su inusual llegada al mercado de valores

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.


Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.


Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

El Gobierno enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley para gravar las utilidades brutas del Instituto Nacional de Seguros (INS).

El impuesto permitiría una recaudación mayor, en comparación al aporte actual de la institución pública, y además dotaría de recursos frescos al Gobierno para atender el golpe económico del COVID-19 y posteriormente, adelantar pagos de deuda.

El proyecto de ley propone estimar cuánto se percibiría por ese impuesto en 12 años, y llevar ese monto al mercado de valores para obtener los recursos de forma anticipada.

A continuación, respuestas a las principales dudas que genera la implementación del impuesto y su inusual llegada al mercado de valores.

¿Cómo funcionará el impuesto al INS y la llegada de estos recursos al Gobierno?

“Es una titularización de utilidades futuras del INS”, explicó Elian Villegas, presidente ejecutivo de la institución.

El método que utiliza el proyecto de ley es una estimación de lo que el INS recibiría por concepto de utilidades brutas en los próximos doce años. A este monto se le aplica un impuesto único.

El 80% del monto que recaudaría el Ministerio de Hacienda por concepto de ese impuesto llegaría al mercado de valores a través de un fideicomiso y una emisión de valores.

Es decir, el Gobierno realizaría una emisión o varias con el monto que espera recaudar del impuesto en un periodo de 12 años.

La emisión de Hacienda sería por un monto de ¢213.000 millones y el INS, por su lado, acudiría al mercado con ¢75.000 millones mediante una emisión subordinada.

“Sería una emisión subordinada y el mercado primario lo haríamos nosotros, además, puede que nosotros lleguemos al mercado secundario posteriormente, pero eso sería tema aparte”, apuntó Villegas.

¿Qué reciben el Gobierno y los inversionistas con el fideicomiso?

Los participantes del mercado serían fideicomisarios, es decir tenedores de bonos, igual que en cualquier otro fideicomiso ellos compran y aportan su dinero a cambio de recibir un rendimiento por esos títulos.

EL instrumento abarca un periodo de 12 años en lo que Hacienda cede al fideicomiso los rendimientos que puedan generar los recursos de la recaudación del impuesto.

El monto que ellos pagan por esos bonos, los ¢288.000 millones, es el dinero que llegaría a las arcas del Ministerio de Hacienda directamente.

Se utiliza esta figura del mercado de valores de forma que Hacienda pueda recibir esos recursos de forma inmediata y sin esperar a que transcurra cada uno de esos años.

Luego de ese periodo, la figura muere y el impuesto llega directamente a las arcas del Gobierno.

¿En qué utilizará el Gobierno ese dinero?

En primer lugar, para el colchón de liquidez que está armando para apalear el impacto del COVID-19 y en segundo lugar, una vez que se haya superado esa situación, para hacer pagos adelantados de la deuda.

¿Cómo proyectaron las utilidades que percibiría el INS en doce años?

Se tomó en consideración del 2016 hasta el presente, con un cálculo muy conservador, a criterio de Villegas. De esas utilidades, se tasan solo el 80% y se asume que no van a crecer en todo ese periodo.

Del 2016 al 2019, el INS percibió una utilidad bruta promedio de ¢104.718 millones, según datos proporcionados por la entidad.

¿Los ¢288.000 millones son un estimado de lo que el Gobierno podría recibir?

“En el aproximado se calcularon tres emisiones, si mal no recuero a ocho, diez y doce años, y se calculó tomando como referencia la curva actual de Hacienda”, anotó Villegas.

Si la curva se moviera hacia abajo, esos ¢288.000 millones suben también un poco. Esta cifra no es la definitiva.

"En el proyecto de ley lo que se haría es autorizar, se define la tarifa del impuesto y se autoriza al Ministerio de Hacienda para ceder eso a un fideicomiso”, anotó Villegas.

Una vez avalado el proyecto de ley, empieza la estructuración del fideicomiso y de la emisión. Hasta ese momento se conoce el monto real de la emisión, si van a realizar una o varias emisiones, a qué plazo y rendimiento.

El monto también sufriría una variación positiva en caso de que las utilidades del INS sean mayores. Si las ganancias suben, la entidad tendrá que pagar más dinero en impuestos y ese dinero le llegará directamente al Ministerio de Hacienda.

“En todo caso lo que se ha hecho es una estimación inicial que yo le diría que fácilmente va a ser superada. Es mejor esperarse para decir números exactos a que ya el estructurador se siente y haga todos los cálculos que se necesitan”, afirmó Villegas.

¿En cuánto difiere el monto de lo que el INS aporta en la actualidad al Estado y lo que aportaría en caso de aprobarse el proyecto de ley?

Se estima que el aporte incrementaría en un 15%. Hasta ahora, el INS aporta cerca del 50% de sus utilidades al Estado, si se toma el promedio de los últimos cuatro años. Esa cifra pasaría al 65%.

La propuesta plantea que a cambio de esta figura el INS deje de aportar algunas otras cargas, siempre manteniendo el aporte al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ¿cuáles aportes se descartarían y cuáles otros prevalecerían?

Los aportes que se eliminarían son: el Consejo de Salud Ocupacional, la reserva de mejoras de riesgos del trabajo y también la reserva de capital de riesgos del trabajo. Además, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que hasta este año comenzaba a recibir un 3%.

“La reserva de capital de riesgos del trabajo es muy sólida, muy sobrecapitalizada, lo que recibe por intereses es un monto superior a lo que el INS le podría dar año a año”, anotó el presidente ejecutivo del INS.

Las que sí se conservan porque se pagan antes de utilidad y con carácter mensual, son los aportes al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y al Cuerpo de Bomberos.

Se mantienen porque es un pago que no es ni siquiera solo del INS sino de todas las aseguradoras y se realiza sobre el costo de las pólizas, no es un pago contra utilidades.

¿De dónde nace la idea y por qué?

Es una idea que el INS le planteó al Gobierno porque “es importante que el INS como empresa pública cada vez esté más cerca de los costarricenses, que entiendan que son verdaderos propietarios de las empresas públicas”, explicó Villegas.