Con un Estado sin capacidad para invertir sus recursos en nuevas obras, la figura de la concesión saltó para cambiar el panorama.
Fue el 22 de mayo de 1998 cuando entró en vigencia la Ley general de concesión de obra pública , Ley N° 7762, que creó el Consejo Nacional de Concesiones.
Durante ese año, se concretó la concesión del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, mediante la figura del gestor interesado, proceso que se inició en el gobierno de José María Figueres (1994-1998).
Además, en 1998 el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez utilizó un crédito externo por $5 millones para financiar los estudios para concesionar varios proyectos de infraestructura vial.
En la lista figuraban las autopistas San José-Caldera, San José-San Ramón, San José-Cartago, y la ampliación a 4 carriles de la autopista San José-Limón.
Si bien ese fue un paso para volver a poner en la categoría mundial al principal aeropuerto, el proceso de ampliación fue traumático por falta de eficacia estatal y por la carencia de una ley de concesiones afinada en materia de contratos.
Las reformas permitieron emprender proyectos como la concesión del puerto de Caldera en el 2006, y la construcción de autopistas mediante esta figura.
Empero, no todos los proyectos se han concretado. Rodríguez afirmó que entre las trabas que hay que eliminar están los procesos de expropiación que retardan las obras y encarecen sus costos, además de volverlas obsoletas.
Por su parte, el expresidente Óscar Arias, que impulsó concesiones en puerto Limón y apuró la concesión de la carretera a Caldera, afirmó que al país le urge fortalecer su esquema de concesiones ante la imposibilidad de que el Estado invierta en el desarrollo de nuevas obras.
La próxima concesión pendiente es la Terminal de Contenedores de Moín, cuyo costo asciende a $1.000 millones.