En el ocaso del tormentoso trámite del Presupuesto Nacional, la oposición cambió su apoyo a iniciativas tributarias del Ministerio de Hacienda por un renovado interés en desactivar los disparadores del gasto público.
El mensaje es claro: un Gobierno que no reduzca el gasto, desmerece el apoyo a más impuestos.
Fueron tres los dictámenes de diputados de la oposición e incluso del mismo partido oficialista que pretendían reducir algunas partidas del plan de gastos para 2015. Ninguno tuvo éxito.
Otto Guevara, jefe de fracción del Movimiento Libertario, explicó que la ausencia de acuerdos no los desvía del objetivo.
“Las filas están cerradas y la aprobación de más impuestos se pone cuesta arriba”, subrayó.
Con el rechazo a las disminuciones, se abrió el portillo para que la administración Solís cuente con el paquete original de egresos por ¢7,9 billones para el 2015.
“Los recortes al presupuesto eran las señales idóneas que se debían enviar para poner sobre la mesa la discusión fiscal”, dijo Allan Saborío, socio de la firma consultora Deloitte.
Lejos de mostrar fortaleza con la aprobación del presupuesto intacto, el trámite se interpreta como una oportunidad de consenso desperdiciada por el Gobierno.
“Perdieron la oportunidad de oro. Se debía de enviar señales claras de racionalización del gasto para conversar de carga tributaria”, enfatizó el especialista en derecho tributario.
Futuro incierto
La actual administración pretende introducir en la corriente legislativa, al menos, dos proyectos de ley para aumentar la recaudación de impuestos: convertir el impuesto de ventas actual en un impuesto al valor agregado (IVA), e introducir un sistema de renta global.
Seguros de que ninguno llegará a obtener la mayoría de votos, los legisladores de oposición ya piensan en soluciones, al menos de corto plazo, para solventar el déficit en las arcas del Estado.
Juan Luis Jiménez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, es del criterio que la discusión ahora deberá enfocarse en atacar los disparadores del gasto. La ley al empleo público encabeza la lista.
“Queremos ver al Poder Ejecutivo enviando proyectos sobre pensiones integrales, por ejemplo, solo así se podría reconsiderar la posición de discutir un nuevo plan fiscal”, sentenció Jiménez.
Una posición similar expuso Mario Redondo, jefe del partido Alianza Demócrata Cristiana. “No me veo ni votando ni favoreciendo una fácil tramitación de los proyectos”, afirmó.
Con el camino espinoso y cuesta arriba, el oficialista Víctor Hugo Morales, lanzó un llamado a que se otorgue el beneficio de la duda a la actual administración.
La certeza de que el Gobierno demostrará una clara ejecución presupuestaria, asegura, dotará de la suficiente confianza a los diputados para poder avanzar hacia un reforma fiscal progresiva.
“Tendremos la suficiente autoridad moral para poder exigir un nuevo diálogo. Por el momento, solo se habla de una autorización del gasto no de una mala ejecución de los recursos”, defendió el diputado.
El presidente Solís definió la discusión del Presupuesto Nacional como de las más inéditas de los últimos tiempos, y aseguró que lo que está por venir será un diálogo todavía más complejo pero enriquecedor.
“Veremos una Asamblea Legislativa demandando reducción del gasto, pero un presidente fiscalizando que se rompa con el despilfarro”, concluyó el mandatario en una conferencia de prensa.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno se impuso como meta lograr un aumento en la carga tributaria a un 16,18% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2018.
Desde el 2010 ese porcentaje no supera el 14%.