La reforma fiscal ya llegó al último escalón antes de ser sometida a discusión y aprobación en el plenario legislativo. La Comisión Especial que analizó y modificó el texto, concluyó su trabajo el lunes 10 de setiembre y el resultado es una propuesta de ley mucho más severa en cuanto a recortes de incentivos, pluses y anualidades para los salarios públicos.
El Gobierno presentó en junio un texto sustitutivo que inició un rosario de cambios al calor de las negociaciones con las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa.
En Casa Presidencial consideran que el texto no es perfecto, pero cuenta con los elementos suficientes para enfrentar el creciente déficit fiscal que este año llegará al 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en medio de un complicado escenario de pago de deuda pública para el 2019.
Para el bloque opositor, liderado por Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN), quedan dudas por resolver y aumentos en algunos impuestos que van a afectar a los más pobres.
Lea en el siguiente documento la versión más actualizada de la reforma fiscal que salió de la Comisión Especial el pasado lunes 10 de setiembre.
Tijera a salarios públicos
Los tres primeros textos sustitutivos que presentó el Gobierno (el 27 de junio, el 9 y el 13 de agosto) ofrecían algunos recortes a los salarios públicos, pero no eran tan rigurosos.
Una inusual alianza entre el Gobierno y las fracciones del Partido Acción Ciudadana (PAC), Partido Liberación Nacional (PLN) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) terminó por construir un bloque sólido para impulsar el proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas hacia el Plenario.
Las condiciones eran bastante explícitas. El PLN pidió acciones más severas para recortar el gasto en salarios públicos y el PUSC abogó por una estrategia específica para reactivar la economía del país.
El tercer capítulo del expediente 20.580 se transformó en una serie de medidas más rigurosas para limitar el gasto en anualidades, pluses e incentivos salariales de los empleados públicos.
La opsición también cerró filas. Se levantó un bloque -dentro de la comisión legislativa- conformado por Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank, del PRN; José María Villalta, del Frente Amplio (FA) y Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN).
Su línea era la de oponerse a las intenciones de gravar la canasta básica (con el 2%) y la educación privada (con el 4%) del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y también, defender algunos beneficios salariales.
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Finalmente, la reforma superó la etapa más extensa de modificaciones y salió con ajustes más drásticos al pago de incentivos, pluses y anualidades.
Un ejemplo, es el cambio que se aprobó mediante la moción 380, que establece un monto nominal fijo e invariable para cada año, como tarifa con la que se pagará el incentivo de anualidad.
Otro caso es el recorte, casi a la mitad, de los porcentajes que se pagarán por prohibición de ejercicio de la carrera de forma liberal. Los primeros textos proponían un 65% para quienes tiene licenciatura y un 30% para el bachiller universitario.
La comisión ajustó estos pagos al 30% para licenciatura u otro grado académico superior y 15% para bachiller universitario.
La discordia del IVA
El Gobierno pretendía gravar los productos de la canasta básica con una tasa del 2% del IVA, pero el tema despertó roces entre los diputados y ofreció un panorama óptimo para hacer política.
Fue así como Gustavo Viales, del PLN, se apartó de la línea de su bancada y apoyó las intenciones del bloque liderado por Avendaño de dejar en 0% el IVA para la canasta básica.
El golpe significaba un recorte importante a los ingresos que pretendía captar el Ministerio de Hacienda.
Tras una negociación con el Gobierno, Viales cambió su posición y dio su voto para gravar la canasta básica con el 1% del IVA, una cifra mucho más modesta y alejada de las intenciones del Ejecutivo, pero que al menos permitirá mantener la trazabilidad del dinero y reducir la evasión fiscal.
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Otro de los cambios que se concretó con el IVA fue la liberación de la educación privada de pagar ese tributo, aunque el texto inicial pretendía cobrar un 4% a estos servicios, finalmente los diputados decidieron fijar la tarifa en el 0%.
El texto y las mociones aprobadas ya salieron de la Comisión Especial de Reforma Fiscal para pasar a manos de la Comisión de Redacción del Congreso. Ahí se consolidarán todos los cambios para enviarlo a la Secretaría del Directorio.
Se espera que, en aproximadamente un mes, los diputados inicien el trámite de discusión del proyecto para someterlo a una votación en primer debate.
El Gobierno es optimista y espera que los diputados ratifiquen la legislación en segundo debate antes de que termine el año con el fin de poner en marcha la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en 2019.