Las consultas que los diputados hacen de proyectos de ley ante la Sala Constitucional están de nuevo en el banquillo.
Han sido acusadas por varios gobiernos, que les achacan ser pieza para trabar el engranaje legislativo y portillo para que la Sala IV entre en el ámbito político.
Sus defensores alegan que son una herramienta de minorías parlamentarias para defenderse de acciones ilegales de mayorías.
La polémica volvió a la mesa, porque los notables retomaron la acusación en el informe de la “Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática”, y recomendaron, por mayoría, condenarlas a su eliminación, acaso porque no son pocos los expedientes revisados en 24 años de existencia de la Sala Constitucional.
Números purifican la consulta
Sin embargo, lejos de las tesis políticas oficialistas, la realidad numérica puede usarse en defensa de la consulta facultativa.
Las cifras parecen absolverla de ser mero mecanismo para frenar leyes y pasan el dolo a la poca calidad de las normas.
Según un informe redactado por el abogado y asesor parlamentario, Bernal Arias, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Costa Rica, de las 266 leyes aprobadas entre el 1° de mayo del 2010 y el 30 de noviembre del 2012, 85 fueron enviadas a consulta a la Sala IV.
Es decir, un 32% de la producción legislativa de este periodo constitucional ha pasado por el tamiz de los magistrados.
De ese total de 85 consultas, 59 fueron preceptivas (obligatorias) y 26 facultativas.
En este último grupo, según Arias, la Sala encontró errores en 13 proyectos; es decir, la mitad.
En este grupo, 6 textos tenían vicios en su trámite y los 7 restantes tuvieron yerros de fondo.
Los números no son muy distintos cuando se echa el almanaque para atrás.
Según datos de la Sala Constitucional, de los 188 proyectos consultadas por los diputados en los últimos 15 años, 70 presentaron errores, es decir un 37,2%.
Es así como las matemáticas evidencian que la consulta no ha sido un trámite estéril, y por el contrario, ha alertado de vicios en la preparación de las leyes.
Cuando el tiempo es condena
Pero esa misma cantidad de acciones juega en contra de la herramienta, por dilatar el proceso legislativo de forma cuantiosa.
No debe resultar extraño, entonces, que el propósito de los “notables” es que existan menos trabas para que las iniciativas entren pronto al altar de las leyes.
Con su supresión, la comisión propuso encerrar a ese diablillo de la espera y liberar al ángel del control constitucional a posteriori, que solo procederá durante los cuatro años siguientes a la entrada en vigencia de la ley.
“Una inmesa mayoría de proyectos que se van a consulta es por dudas infundadas, prueba de que se usa para paralizar el procedimiento legislativo”, dijo al respecto el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides.
El jerarca recriminó que los diputados, en complicidad con la propia Sala IV, abusan de la consulta al permitirse enviar a revisión un mismo proyecto en varias ocasiones.
Los diputados Luis Fishman de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Luis Gerardo Villanueva, de Liberación Nacional (PLN), coinciden en señalar la consulta como el principal foco del conflicto de poderes entre el Congreso y la Corte, por lo que ambos acuerpan su eliminación.
Mejor consulta que nada
Aunque reconoce que, en efecto, la consulta facultativa en ocasiones conspira contra la rapidez a la hora de legislar, el presidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Granados, se inclina por mantener vigente ese instrumento.
Granados comparte la tesis de Rodolfo Piza, “notable” que propuso conservar la consulta facultativa, siempre que la cantidad de firmas de diputados aumente de las 10 actuales a 15.
Piza, por su parte, explicó que su propuesta se encamina a que la consulta se mantenga sin paralizar la votación de los proyectos de ley, convirtiéndola en una acción de inconstitucionalidad.
“Tiene más ventajas que desventajas, la principal es que la consulta evita el trauma del vacío legal cuando una ley es declarada inconstitucional”, sostuvo.
Carlos Góngora, jefe de fracción del Movimiento Libertario, calificó la consulta como un instrumento de democracia parlamentaria que protege a los diputados con tesis distintas.
Hoy la consulta, una vez admitida, implica que un plan deba esperar al menos un mes para su votación en segundo debate.
Empero, si los jueces le detectan errores, el mismo deberá ser devuelto al momento procesal donde se cometió el yerro, lo que implica una pérdida de tiempo.
El criterio de los notables y las opiniones de los usuarios de la consulta, los diputados, dejan ver que hasta ahora no hay consenso sobre la idoneidad o no de incurrir en esa espera.
La resultados prácticos, sin embargo, indican como necesario ese purgatorio donde van los proyectos antes de dar el paso al marco normativo.
Y el alto porcentaje de errores cometidos por los diputados al legislar parecieran convertirlo en obligatorio.
Los números así lo prueban.